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El PSOE reclama al Gobierno que paralice el decreto de autoconsumo y dialogue con el sector

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Europa Press.- El PSOE reclamó al Gobierno que paralice el real decreto de autoconsumo de electricidad y abra una mesa de diálogo con el sector, con las comunidades autónomas y con el resto de grupos políticos.

El portavoz socialista en Industria y Energía y senador por Guadalajara, Jesús Alique, criticó el texto propuesto por el Gobierno en su intervención ante el Pleno de la Cámara. «Señorías del grupo popular, dejen de recorrer un camino contrario al de otros países y dejen de aferrarse a un modelo cortoplacista y anticuado que solo beneficia a las grandes eléctricas», afirmó Alique. «Si no quieren hacer caso al grupo parlamentario socialista ni al resto de los grupos, háganselo al menos al Papa, al que espero que ustedes no consideren un ecologista trasnochado y radical», afirmó el senador socialista por Guadalajara.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (I)

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La actualidad del sector energético en estos últimos estertores de la legislatura pasa por la regulación del autoconsumo que tiene el Ejecutivo planteada y de la partida de ajedrez mediática que hay a su alrededor, con tres ejes fundamentales. El primero es la depresión en términos productivos que se ha producido en el sector fotovoltaico español, fruto de las reformas operadas para la reducción del déficit de tarifa eléctrica.

La segunda tiene que ver con la elaboración argumental de un denominado “impuesto al sol” por los peajes que el Ejecutivo fija para dicho modelo de autosuministro. La tercera se está construyendo en torno a algo más libertario, un movimiento de separación del sistema, que acentúa las tendencias antiempresariales del país y cuyo punto álgido nihilista se ha cristalizado en la oposición a las pretensiones inspectoras y sancionadoras del Ejecutivo que pudieran incurrir en fraude.

El Ejecutivo parece un tanto escarmentado de la forma en que se forjó la dinámica de la burbuja fotovoltaica: ruptura de los diques de la planificación renovable en la fotovoltaica por pasividad y dejación interesada de las comunidades autónomas, descuido en la retribución, sospecha de grandes negocios en la cadena que iba desde la autorización a la puesta en funcionamiento, incluyendo procesos y flujos de financiación enormemente turbios, repotenciaciones encubiertas.

Igualmente se podrá atribuir la reclamación futura a los damnificados por una burbuja del autoconsumo en un país que va de burbuja en burbuja. En este contexto su propuesta ha sido poner pies en pared  y fijar unos peajes disuasorios, más que neutrales, viéndose impelido por una inminencia regulatoria energética en renovables de final de legislatura, fatal en los últimos gobiernos españoles (recuerdos ya tenemos).

Por otra parte, alrededor del autoconsumo energético se están planteando un ejercicio también fantasioso desde el punto de vista político. Un punto de partida es ver su posible alcance, para una sociedad, como la española, cada vez más urbana. Como punto de partida en el autoconsumo, desde el punto de vista del consumidor final, hay que partir de unas dimensiones mínimas. La primera, es que se traten de instalaciones de consumidores cuyas instalaciones tengan una potencia mínima de 5,5 kV, cuya inversión inicial se sitúa entre los 8.000 y los 10.000 euros, que requieren un mínimo de 40 metros de superficie para contar con ella.

Una inversión de tal calibre ya reduce el porcentaje de posibles consumidores que podrían acogerse a esta fórmula. Así este modelo de suministro se dirige a un colectivo con un perfil concreto: clase media-alta, rentistas, titular de viviendas individuales y con capacidad de invertir un equivalente a 10 años de consumo para buscar esa ansiada «separación» del suministro eléctrico general. Un perfil muy diferente de otros países dónde se estimula el autoconsumo por sus problemas de suministro y de capacidad. La pregunta, por tanto, es si es necesario el “estimulo” al autoconsumo en España en este estado de cosas. Es decir, una respuesta entre estímulo al autoconsumo frente a neutralidad.

CCOO afirma que los «obstáculos» al autoconsumo solo favorecen a las grandes eléctricas

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Europa Press.- CCOO considera que el mantenimiento de «los obstáculos» que están frenando el desarrollo del autoconsumo «sólo favorece a las grandes empresas eléctricas que así no pierden una parte, aunque sea pequeña, de su mercado y de sus beneficios«. El sindicato, que ha presentado alegaciones a la propuesta de real decreto del Gobierno, considera que el proyecto prohíbe expresamente este autoconsumo a los colectivos más vulnerables al negar el autoconsumo a los usuarios del bono social o a los que tienen el PVPC«.

El sindicato destaca que el autoconsumo energético representa una «pieza clave» para avanzar en la autonomía energética y en la democratización del sector eléctrico, dando entrada a nuevos actores, empresas que permitan aumentar el control y la participación social «en detrimento del actual oligopolio». Asimismo, el sindicato, que cree que debería regularse también un sistema de balance neto, asegura que representa una oportunidad para reactivar el sector de las energías renovables y de toda la industria auxiliar, «actuando como un motor de arrastre para otras actividades como la rehabilitación de edificios o las empresas de servicios energéticos, con el consiguiente impacto positivo en el empleo».

Facua dice que el borrador de Industria «paraliza» el autoconsumo y «se pliega» ante las eléctricas

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Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera que el borrador de real decreto del Ministerio de Industria para el desarrollo del autoconsumo «paraliza» esta actividad y «se pliega a los intereses de las grandes eléctricas«. De este modo, la asociación de consumidores muestra «su más firme rechazo» al proyecto de real decreto presentado por Industria para regular el autoconsumo de energía eléctrica puesto que también considera que «perjudica económicamente a los consumidores».

«Si entra en vigor, la nueva ley supondrá la paralización de un sistema de producción y consumo de electricidad más barato y más respetuoso con el medioambiente», señala. La propuesta, indica, «pretende mantener el statu quo de un sistema que ha provocado subidas de la factura de la luz para las familias del 72,3% en los últimos diez años«. Facua recuerda que España es uno de los países europeos con la factura eléctrica más cara y considera que, si sale adelante la norma, será «uno de los Estados con una regulación más restrictiva para el autoconsumo, a pesar de ser líder en horas de sol«.

La asociación lamenta además que el Ejecutivo no aproveche este decreto para «apostar por un nuevo modelo energético más sostenible», que permita una mayor eficiencia y ahorro de energía y que contemple un mayor impulso a las energías renovables. «Una legislación favorable al autoconsumo permitiría, además, que la producción de electricidad se orientase hacia un modelo de generación distribuida», de modo que la generación «no se concentra en pocas compañías como ocurre en la actualidad, sino que podrían aparecer centrales eléctricas a escala familiar o de pequeña y mediana empresa, algo que repercutiría en una mayor competencia y ampliación de la oferta para los usuarios«.

A juicio de Facua, la norma que quiere aprobar el Gobierno contradice la recomendación de implantar y fomentar en España la producción generada por los pequeños sistemas de autoconsumo realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo indica en un informe que este sistema es necesario para contrarrestar el incremento de precios de la energía eléctrica que se producirá en los próximos años, conforme aumente la demanda de energía. Facua considera también que el proyecto vulnera las directivas europeas de Eficiencia Energética y de Fomento de las Energías Renovables.

Además, entiende que la norma perjudica económicamente al autoconsumo por los «absolutamente desproporcionados» cargos por peaje de acceso a redes, al cobrar por el acceso a la red eléctrica sin que necesariamente se vaya a utilizar su energía todo el tiempo. De igual forma, la norma no recoge una compensación económica al consumidor por la energía excedente que vierta al sistema eléctrico, lo que, según Facua, puede dar lugar a conductas abusivas por parte de las comercializadoras de electricidad. «La asociación pide al Gobierno que elabore una regulación de mínimos que garantice el equilibrio entre las partes implicadas. Lo contrario supone dejar el control total a las propias distribuidoras», agregó.

Px1NME y 17 organizaciones aseguran que el borrador de autoconsumo vulnera directivas europeas

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y otras 17 organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales, han promovido la recogida de alegaciones en Internet de miles de particulares acerca del borrador de decreto de autoconsumo y diseñaron un documento propio en el que consideran que la norma elaborada por el Ministerio de Industria vulnera tres directivas comunitarias. En concreto, las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Industria por estas asociaciones consideran que la norma vulnera las directivas europeas sobre renovables, eficiencia energética y eficiencia en edificios.

Entre las alegaciones genéricas a la norma figuran denuncias como la ausencia de un procedimiento específico que regule la tramitación simplificada de las instalaciones de autoconsumo o la inexistencia del balance neto. También se critica que se penalice a los autoconsumidores que tengan almacenamiento de energía o que se produzca la pérdida del derecho a la tarifa PVPC y al bono social. Además, también se apela al concepto de «inseguridad jurídica», al dejar al criterio del Ministerio de Industria la determinación de la cuantía de los «peajes de acceso» y «otros cargos asociados a los costes del sistema» y cargos de «otros servicios del sistema».

Compleja, discriminatoria y sin transparencia

Las asociaciones señalan que la norma «penaliza con carácter retroactivo» y tiene carácter «discriminatorio» para las instalaciones de energías renovables frente a la cogeneración, que tienen una exención hasta el 31 de diciembre de 2019. También lamentan que se niegue o no se reconozca la contribución de los sistemas de autoconsumo con fotovoltaica a reducir las emisiones y la dependencia energética y producir con renovables. Aparte de la Px1NME, en el documento de alegaciones han participado asociaciones como ADICAE, Amigos de la Tierra, ASGECO, ATTAC, CECU, Ecologistas en Acción, Ecooo, EnerPlus, Facua, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Holtrop SLP, SEO/Birdlife, Som Energía, UNEF y WWF España.

«La propuesta de autoconsumo basa sus restricciones y cargos en el hecho de que el sistema presta un respaldo y unos servicios a las instalaciones de generación eléctrica, cuando más bien es al revés», apuntan las organizaciones. En concreto, explican que son las instalaciones de generación, incluidas las de autoconsumo, las que prestan un servicio al sistema, especialmente al consumir de forma instantánea la energía generada, al reducir la demanda del consumidor-generador, pero también al generar excedentes, ya que en general disminuyen la demanda total del sistema, reduciendo las pérdidas y evitando la emisión de gases de efecto invernadero, además de no tener en cuenta los beneficios de la generación distribuida, tal y como establece la directiva comunitaria de renovables.

Por último, la «extrema complejidad» de los procedimientos administrativos que define, así como «la muy deficiente redacción de la norma, confusa y hasta en ocasiones inteligible, provoca, según criterios jurisprudenciales, incidencias en el principio de seguridad jurídica y vicios de competencia«. Además, estas organizaciones también consideran que la propuesta del Ministerio de Industria «adolece de falta de transparencia y participación social activa de los ciudadanos».

El silencio de los consumidores

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La polvareda en torno al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica no ha cesado en estos días. La comunicación articulada desde la compañía informando de que  esta decisión se inscribía en una mayor profesionalización de la compañía ha dejado tras de sí un reguero de interpretaciones´en una empresa, por otra parte, muy profesionalizada desde el punto de sus servicios técnicos.

Profesionalización; ¿se refiere a despolitización por la cabeza en el sistema de turnos instrumentado por populares y socialistas?. O profesionalización se refiere al incremento del poder de lo financiero en la compañía como garantía de las inversiones técnicas que tiene previsto realizar: es decir, la posible creciente posición de los inversores institucionales en la compañía al calor de la retribución y de las inversiones reguladas (más de 4.700 millones, criticadas vanamente por la CNMC). La evolución en Bolsa lo confirma.

De hecho, se puede recordar la intervención en aquella jornada de IESE al alimón de Luis Atienza y de Antoni Llardén respecto al papel de los TSO gasista y eléctrico español en la realización de inversiones, como contribución a la salida de la crisis económica. Sólo ha cambiado uno de sus protagonistas; el discurso no.

Los consumidores domésticos asisten a todo este proceso de forma silente. Las inversiones reguladas de hoy serán los costes de acceso de mañana. Con la propia mentalidad española favorecedora de las empresas públicas, aunque estén participadas por inversores privados,  la atención de los consumidores a las pretensiones de inversión en activos regulados pagaderos por la tarifa y, por tanto, por la factura pueden pasar inadvertidos.

Del mismo modo los consumidores tienen otra tesitura añadida, la del autoconsumo, que pasa a ser un dilema del prisionero, cierto para los primeros. O bien todos los consumidores lo son en términos de igualdad y neutralidad, o bien se reivindica un tipo de discriminación positiva para incentivar sectores productivos. Aquí opera la teoría de la manta, es decir, cuanto más se tapa uno la boca, más se le salen los pies. Y, evidentemente,  consumidor que sale del sistema de suministro eléctrico, si se cumple la pretensión de evitar su participación en los costes regulados, sería un consumidor que aumenta la carga para el resto.

Consecuencia. Se advierte una cierta fatiga del discurso historicista/nostálgico en España en lo que se refiere a la energía (versión retroprogresiva promoviendo un sistema de retribución regulada administrada) y una necesidad de regeneración hacia la realidad financiera actual y sus riesgos para consumidores domésticos e industriales sobre sus costes actuales y futuros en términos de certeza. Salvo que se acaben nuevamente en los procesos de solicitud de subsidios cruzados y sea un eterno deja vu.

Soria defiende los cargos al autoconsumo eléctrico para evitar «una nueva burbuja como la provocada por las energías renovables»

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Mientras desde ámbitos diversos como la Fundación Renovables o el nuevo Ayuntamiento de Barcelona defienden el autoconsumo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió en el Senado la regulación del autoconsumo que promueve su departamento, que implica que estos consumidores, los que sigan conectados al sistema eléctrico, paguen por las redes del sistema eléctrico como lo hacen el resto, para evitar «una nueva burbuja como la que provocaron las tecnologías renovables» en años previos a la crisis.

Así lo defendió el ministro en una interpelación de la senadora de UPN Amelia Salanueva, quien admitió que estos consumidores paguen un peaje, pero pidió que lo hagan por el uso efectivo de las redes y negó que el desarrollo de este tipo de consumidores eléctricos ponga en riesgo los costes del sistema. En este sentido, la senadora señaló que «no es de recibo» que el autoconsumidor pague por los costes del sistema cuando no hace uso de los mismos.

En opinión de Salanueva, el texto del proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo es «casi ininteligible para los expertos», «choca con diversas normas aprobadas por las comunidades autónomas», «no está a favor de la normativa europea» y ha «obviado todas las ventajas del autoconsumo». «No nos parece positivo que se plantee una regulación tan negativa para el autoconsumo», concluyó la senadora.

Por su parte, Soria calificó «ficticio» el debate sobre este asunto y rechazó que se critique al Gobierno diciendo que no tiene interés en promocionar el autoconsumo. Al respecto, destacó que este Ejecutivo ha sido el primero en regularlo y en incorporarlo a la normativa sobre el sistema eléctrico. «Se está malinformando a la opinión pública cuando se está diciendo que el Gobierno no quiere el autoconsumo», proclamó el ministro.

Soria señaló que mientras el coste de la energía en el mercado ronda los 50 euros el megavatio hora (MWh), «en el caso del autoconsumo es de 130 euros». Así, indicó que el autoconsumo sólo sería rentable si «se puede prever la posibilidad de engancharse al sistema sin abonar los costes regulados ya que una parte de los costes del autoconsumo los pagarían otros consumidores». El Gobierno elaboró un borrador de normativa de autoconsumo que prevé una serie de cargos para aquellos conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema, algo que rechaza el sector, que apuesta por pagar los denominados peajes regulados sólo por la parte que se consume del sistema.

Soria defiende que todos los autoconsumidores conectados a la red tienen que pagar esos cargos porque, de lo contrario, «el resto de los consumidores estarían financiando» los costes. En ese sentido, consideró que sería «profundamente injusto» que el resto de los consumidores tengan que pagar los costes de alguien que consume su propia electricidad y está conectado a la red para poder acceder al suministro si no produce suficiente o para poder verter a la red la energía que produce pero no consume. A su juicio, los más afectados «serían los consumidores más vulnerables», precisamente, ya que son los que no pueden permitirse los equipos.

El ministro insistió en que quien autoconsuma la electricidad que produzca sin estar conectado a la red no tiene que pagar nada más que la inversión de la instalación, pero no el coste de la energía ni el IVA. Si hay enganche a la red, «hay que pagar porque si no los costes estarían siendo financiados por el resto de los consumidores», recalcó Soria. Por último, señaló que su objetivo es garantizar el desarrollo ordenado del autoconsumo porque tiene que ser compatible con la garantía de sostenibilidad técnica del sistema y con su equilibrio económico-financiero «para evitar que ocurra lo que ha ocurrido entre 2004 y 2011», indicó Soria en relación con el crecimiento del déficit tarifario del sistema eléctrico.

Fundación Renovables mira a Bruselas

Por su parte, la Fundación Renovables pide a la Comisión Europea que lance un marco regulatorio comunitario para el autoconsumo que promueva las mejores prácticas y que «evite iniciativas como la del Gobierno español en contra de la democratización de la energía y la cobertura de las necesidades energéticas como bien básico y de primera necesidad».Por ello, llama a la Comisión Europea a trabajar en una iniciativa que ponga a los consumidores «en el centro de la política energética».

«El autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general», afirmó la Fundación Renovables, antes de considerar que el proyecto de real decreto de autoconsumo «pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria«. «Estos derechos, bien instrumentados deberían garantizarse de forma más urgente para beneficiar a las personas vulnerables tanto a la pobreza energética como a los impactos más devastadores del cambio climático«, señaló.

Ayuntamiento de Barcelona presenta alegaciones

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado alegaciones a la regulación propuesta por Industria para el autoconsumo. El gobierno municipal de Ada Colau entiende el autoconsumo y la autoproducción como «una herramienta esencial para combatir la pobreza energética», y defiende «el impulso de tecnologías de eficiencia como una vía más para garantizar el acceso al derecho a la energía». Según el consistorio barcelonés, el borrador elaborado por el Gobierno español «pone trabas a la promoción de estas políticas«, por lo que la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, entregó a la CNMC una serie de consideraciones contrarias a la propuesta del Ejecutivo.

El documento de alegaciones denuncia que el proyecto «va en contra de las directrices europeas que quieren incentivar la eficiencia energética y las energías renovables, ya que incorpora barreras administrativas, económicas, al tener que pagar un peaje por una energía que no demanda en la red, y técnicas que limitan notablemente este estímulo«. En cuanto a las barreras administrativas, el ayuntamiento denuncia que el decreto exige al autoconsumidor solicitar conexión a la red tanto si inyecta como si no inyecta energía. Además, según el consistorio, la conexión a la red la debe facilitar o denegar la empresa distribuidora, y actualmente este trámite requiere más de 6 meses, «un período demasiado largo que desmotiva la inversión».

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

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Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético recaba más de 9.000 firmas para apoyar las alegaciones al decreto de autoconsumo

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Europa Press.- Más de 9.000 personas han suscrito las alegaciones al proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico, iniciativa impulsada por organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales en el marco del trámite de audiencia pública, según informó la plataforma Nuevo Modelo Energético. Según el texto de las alegaciones, el proyecto del Gobierno desincentiva totalmente la práctica del autoconsumo en España y vulnera las directivas europeas de eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.

A juicio de estas organizaciones, se impone un peaje por la energía autoconsumida, lo que denominan como impuesto al sol. Además, prohíbe que los consumidores acogidos a tarifa regulada PVPC o bono social puedan tener una instalación de autoconsumo, «lo que impide al autoconsumo convertirse en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno», señala la plataforma Px1NME. La iniciativa para recabar apoyos a estas alegaciones se prolongará, mediante una campaña online, hasta este miércoles, cuando concluye el periodo de información pública.

Marín Quemada (CNMC) insta a Industria a cambiar el decreto de autoconsumo para no «estorbar» su desarrollo

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Redacción / Agencias.- Además, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, acusó al Gobierno de retirar competencia al organismo que son propias de un regulador, lo que está motivando, según advirtió, diversos expedientes sancionadores desde Bruselas. Marín habla en la recta final de la legislatura, al tiempo que se muestra «bastante partidario del autoconsumo» eléctrico y considera que la propuesta de Industria que lo regula lo que hace es «estorbarlo».

Por ello instó al Gobierno a modificarlo y matizó que el regulador no acabó aún de analizar todo lo relacionado con el autoconsumo; un tema «bastante delicado, con pros y contras», pero del que apuesta por que sea «sensatamente reglado». En este sentido, el presidente Marín admitió que no es lo mismo un autoconsumo conectado a la red, caso en el que «algo sí parece que se tiene que pagar», que el no conectado. Asimismo señaló que «las posiciones iniciales de autoconsumo sí y sin limitación son tan frágiles como las de estorbarle al máximo para que haya el menor autoconsumo posible y se pague la mayor cantidad de impuestos».

Al respecto apuntó que «no hay que estorbar» al autoconsumo de energía, sino abordarlo con «reflexiones sensatas, con mesura y con rigor». Para ello, cree que habría que «cambiar cosas» en el borrador de real decreto que lo regula «y desde la CNMC nos vamos a esforzar en cambiarlas». «Hay que buscar situaciones de equilibrio y eliminar los intereses que hay en la periferia y que pueden ejercer sobre la decisiones daños de calidad», dijo. Marín hizo estas declaraciones después de que la CNMC publicara un informe en el que criticara la planificación de redes eléctricas de Industria y considerara imprescindible el autoconsumo de electricidad.

El proyecto de ley mantiene, entre otras cosas, los peajes para este tipo de instalaciones. «Si cargas en horas valle y vuelcas en hora punta, te estás beneficiando», apuntó Marín. «Somos partidarios del autoconsumo, pero con limitaciones», sentenció. Por otro lado, Marín señaló que, en general, el organismo que preside «no está en absoluto satisfecho» con la regulación del sector energético, que arrastra errores legislativos del pasado. De hecho, Marín lamentó la actitud en determinadas empresas y que en otras ocasiones se hayan dado «juegos malabares en el Boletín Oficial del Estado (BOE)«. «Son cosas que todos debemos levantar porque limitan la competitividad», ha sentenciado.

Expedientes sancionadores por retirar competencias

Marín abogó por «más competencia», por una regulación «más eficaz y adaptada al momento» y por no obstaculizar el progreso tecnológico, expresando su preocupación por los procedimientos abiertos contra el Gobierno. Marín también acusó al Gobierno de retirar varias competencia al organismo que son propias de un regulador, lo que está motivando diversos expedientes sancionadores desde Bruselas. «Habría sido mejor evitar la tentación de retirar competencias para evitarnos algunos expedientes de Bruselas que afectará a un Gobierno distinto al que las ha retirado», señaló con dureza Marín, quien concretó que dichos expedientes versan sobre los peajes eléctricos o sobre la regulación de los colegios profesionales.

Así se pronunció Marín Quemada después de hacer hincapié en diversos momentos sobre la necesidad de «reforzar las instituciones para que funcionen con independencia, transparencia y seguridad jurídica» y de «frenar a los lobbies y los grupos de presión» que atentan contra la competencia. «No hay sectores intocables», indicó. El presidente de la CNMC puso el acento precisamente en los colegios profesionales o en los grupos de presión contrarios a la economía colaborativa, como es el caso del sector del taxi y la empresa Uber.

«No me siento acosado, lo cual no es que no intenten acosarme», manifestó Marín al ser preguntado por un posible «acoso» del Gobierno y las grandes corporaciones, sobre lo que recordó las recusaciones recibidas contra dos consejeros y a su persona por dos compañías, una de ellas Repsol.  «No me ha importado nada, no se ha ajustado a derecho la recusación y fue solventada con inusitada rapidez», indicó, para añadir que «el que algo quiere, algo le cuesta, y he venido a luchar». «Espero salir con la cabeza alta y los amigos de siempre», agregó.

Por último, sobre la ausencia de representación del PSOE entre los consejeros de la CNMC, Marín dijo desconocer el motivo, porque «me la encontré hecha» y «debo decir que funciona», puesto que las críticas iniciales de Bruselas «las he dejado de percibir». No obstante, apuntó que «las personas fueron elegidas por diversas razones por parte de tres partidos», aunque, en todo caso, «a mí me hubiera gustado que estuviera el PSOE«. «Soy partidario de los modelos basados en la calidad profesional aun a riesgo de que yo no estuviera al frente de la institución», apostilló.