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La CNMC plantea que los usuarios con autoconsumo paguen menos primas a las renovables que el resto de consumidores

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha planteado la posibilidad de que los usuarios con equipos para autoconsumo de energía eléctrica paguen menos primas a las renovables que el resto de usuarios o que, al menos, se les exima de pagar las correspondientes a futuras instalaciones.

En su informe sobre el proyecto de real decreto que establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro y producción de energía eléctrica con autoconsumo, el regulador subraya de que ambas propuestas podrían llevarse a cabo siempre y cuando se asegure la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. En este sentido, la CNMC justifica una menor contribución del autoconsumo al sustento de las renovables en que esta actividad contribuye a conseguir los objetivos medioambientales marcados por Europa.

La CNMC «comparte» con el Gobierno la necesidad de que «los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo deben contribuir a la financiación de los costes del sistema» mediante una serie de cargas. Sin embargo, propone que las cargas se asocien sólo a los términos fijos, excluyendo los variables, es decir, los que dependen del consumo, siempre que así se paguen todos los costes del sistema. El regulador considera que en el decreto «no se justifica adecuadamente el desincentivo» al autoconsumo a partir de instalaciones gestionables, tanto aquellas que utilizan energías que se pueden modular como la instalación de baterías.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, señaló que en el caso del autoconsumo eléctrico quien esté conectado «sí tiene que pagar algo de la red». Así, aseguró que en este caso parece razonable que el consumidor deba «soportar los costes de esa red, la uses más o menos«. Marín Quemada puntualizó que la determinación de las tarifas «podría haber sido diferente», pero se trata de un tema complejo. «Buscamos más la neutralidad, que quiere decir que no se premia pero no se castiga», añadió al respecto Marín Quemada, quien consideró que también deben incorporarse «flexibilidades, porque la tecnología lo puede cambiar todo en un año y medio».

La CNMC subraya que la atención a sus recomendaciones «fomentaría tanto la generación como el almacenamiento distribuido», así como al autoconsumo renovable y gestionable. Añade que «la regulación resultante sería mucho más sencilla de implementar para los consumidores y de supervisar». La CNMC considera fundamental contar con una norma predecible que regule este tipo de actividad y por ello recuerda al Gobierno la necesidad de establecer una metodología de cargos al autoconsumo «clara» y que sea «coherente» con la metodología de los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que retribuye costes regulados del sistema eléctrico como el transporte o la distribución.

Por lo tanto, pide definir cómo calcular los cargos que les correspondería pagar a todos los usuarios en general y a los autoconsumidores en particular. En especial, en tanto una parte de dichos cargos sea proporcional a la energía eléctrica consumida, ya sea ésta recibida de la red de transporte o distribución, o bien autoproducida instantáneamente. De forma transitoria, y hasta que se apruebe dicha metodología, según el decreto se establecería el llamado «cargo transitorio por energía autoconsumida», que incluye diversos componentes correspondientes a los costes del sistema, los pagos por capacidad y los servicios de ajuste, y, en su caso, un cargo fijo en función de la potencia contratada.

En todo caso, la CNMC propone como una alternativa posible considerar una metodología de asignación de costes basada en la aplicación de cargos calculados fundamentalmente a partir de términos fijos, que permita recuperar los costes del sistema sin recurrir a cargos de términos variables aplicables a la energía autoconsumida. La Ley del Sector Eléctrico establece la obligación que tienen los usuarios que recurren al autoconsumo energético de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, siempre que la instalación no esté completamente aislada.

Además de los peajes de acceso que financian las redes de transporte y distribución, cuya metodología de cálculo establece la CNMC, existen otros costes del sistema eléctrico pagados mediante varios cargos. Con estos se financian, entre otros, el extracoste de producir electricidad en los sistemas no peninsulares; la retribución específica a las energías renovables, cogeneración y residuos, o las anualidades del déficit del sistema eléctrico. «Todos estos conceptos se incluyen en el recibo de los consumidores», recuerda el organismo regulador.

Asimismo, Competencia cuestiona el establecimiento de límites a la potencia contratada por los consumidores acogidos a la llamada modalidad de suministro con autoconsumo, o a la potencia instalada de la instalación de producción asociadas, «siempre y cuando ésta sea menor o igual a la potencia contratada». A su juicio, el proyecto mantiene una «indefinición» sobre las instalaciones de producción de potencia superior a 100 kilovatios (kW) que no sean cogeneración. En este sentido, advierte de que las instalaciones de más de 100 kW que no sean cogeneraciones «quedarían fuera de la futura normativa», así como también los consumidores de potencia contratada superior a 100 kW.

Industria acusa a UNEF de «manipular» la visión europea del autoconsumo

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria acusó a la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de «manipular» el texto de recomendaciones de la Comisión Europea relativas al autoconsumo para así criticar la propuesta de normativa elaborada por el Gobierno. En este sentido, Industria «desmiente» las críticas vertidas por esta asociación contra el borrador de normativa, que alegaba que el borrador contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.

La Comisión Europea publicó un documento en el que subrayaba que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro». Posteriormente, UNEF afirmó que consideraba que las recomendaciones europeas «invalidaban» la normativa española, algo que Industria niega ahora, al defender que «se ajusta a las recomendaciones y mejores prácticas recogidas en el informe de la Comisión«. De esta manera, el Ministerio de Industria destaca que el real decreto de autoconsumo en tramitación respeta «fielmente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión, que es que los requisitos de autorización sean proporcionados«.

UNEF también destacó que «la Comisión Europea se ha posicionado en contra de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España». Sin embargo, según Industria, se trata de un argumento que considera «erróneo, ya que el informe de la Comisión analiza de forma global los diferentes modelos de autoconsumo de diferentes Estados miembros». Así, subraya que en relación a España, la Comisión dice literalmente que «hasta los 100 kW, la regulación está aún pendiente de aprobarse».

Industria alega que el documento comunitario «es meramente descriptivo» y propone «recomendaciones», sin valorar específicamente a la legislación de cada país, por lo que no puede abordar la española. Así, la crítica de que los supuestos de la Comisión «invalidan» el texto del Gobierno, a juicio de Industria, «no se ajusta a la realidad del informe«. De la misma manera, Industria defiende que su propuesta legislativa no impone requisitos administrativos diferentes a los de cualquier otro productor de electricidad y que las cargas económicas no son discriminatorias, ya que tienen el objetivo de que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los costes del sistema como lo hacen el resto de consumidores.

«Tan sólo se exige la inscripción en un registro administrativo, lo que se justifica por razones técnicas y de seguridad. Además, el trámite de inscripción será simplificado para los pequeños consumidores», añade el Ministerio. «La asociación ha tratado de «manipular» las recomendaciones del documento de la Comisión Europea para arremeter en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo», subraya Industria. El borrador de normativa de autoconsumo prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas con el objetivo de que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

UNEF afirma que la Comisión aboga por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas», sin embargo, según Industria, la norma en tramitación respeta las recomendaciones de la Comisión, ya que no establece cargos discriminatorios. «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores. Además, no es retroactivo. La norma contempla un plazo para adaptarse a la nueva regulación para garantizar que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones. Por consiguiente, no se afecta a las inversiones de autoconsumo ya realizadas«, añaden al respecto desde el Ministerio.

Finalmente, afirma que «no es cierto» que se creen nuevos cargos ni impuestos, como el conocido como impuesto al sol, sino que lo que se pretende es que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores, tanto para las redes eléctricas como para el resto de servicios del sistema. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los más vulnerables, que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes», destaca.

Las organizaciones renovables critican al Gobierno tras el apoyo de la Comisión Europea al autoconsumo

Redacción / Agencias.- La patronal fotovoltaica UNEF y la Fundación Renovables cargaron contra la propuesta de regulación para el autoconsumo elaborada por el Gobierno español ante el apoyo mostrado por la Comisión Europea a esta actividad al subrayar que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro» dentro de un paquete de propuestas en materia energética con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

La Fundación Renovables asegura que el real decreto del Ejecutivo va «en dirección contraria» a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo, por lo que exigió que «retire su propuesta y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones«. El presidente de la Fundación, Domingo Jiménez, señaló que «la propuesta del Gobierno sobre autoconsumo es un ataque frontal a los intereses de los ciudadanos españoles» que va contra «la inevitable democratización energética«. De esta forma, Jiménez celebró que Bruselas recoja «las mejores prácticas internacionales sobre autoconsumo creando así una clara indicación sobre la necesidad de derribar las barreras para que la ciudadanía pueda jugar en paridad de condiciones con las grandes empresas en el sector energético».

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación que representa al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada y a la mayoría de entidades relacionadas con el sector, considera que las directrices distribuidas por la Comisión Europea son un «respaldo» a sus reivindicaciones en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo energético que planea aprobar el Gobierno, que a su juicio queda así «invalidado«.

Para UNEF, este documento «demuestra que el Gobierno de España no está construyendo un sistema eléctrico adecuado a nuestro futuro y debe retirar el proyecto de real decreto actualmente en tramitación», añadió. Este borrador prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas para los autoconsumidores conectados a la red con el objetivo de que estos contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. Para el presidente de UNEF, Jorge Barredo, la normativa española contradice las directrices de la Comisión tanto por las cargas como por los complejos procesos administrativos establecidos y por las dificultades impuestas al uso de almacenamiento.

En el documento Mejores prácticas para el autoconsumo con energías renovables, la Comisión Europea destaca que «el autoconsumo energético puede producir un gran número de beneficios», y reconoce que el fomento del autoconsumo energético puede reducir los costes del sistema, «especialmente en aquellos países soleados, en los que ayuda a reducir los picos de demanda producidos por el uso de los aires acondicionados«. La Comisión Europea reconoce asimismo que el autoconsumo puede significar «una importante contribución a financiar la transición energética» hacia un modelo más sostenible y a «reducir la factura eléctrica de los consumidores».

Bruselas considera que la energía renovable es «esencial y contribuye a todos los objetivos de la Unión Energética: seguridad de suministro, transición hacia un sistema sostenible de energía reduciendo gases de efecto invernadero, desarrollo industrial para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y reducción de los costes de la energía para la economía de la Unión Europea». Además, según la patronal fotovoltaica, la Comisión se ha posicionado «en contra» de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España.

Concretamente, según UNEF, Bruselas denuncia que los procesos administrativos complejos para la autorización de proyectos representan «una importante barrera para la competitividad de los pequeños y medianos proyectos»y aboga por la eliminación de cualquier necesidad de legalización para las pequeñas instalaciones, más allá de un «sistema de notificaciones sencillo». Asimismo, la Comisión Europea destaca la idoneidad del uso de sistemas de almacenamiento que «pueden permitir a los consumidores almacenar y utilizar la energía generada por sus propios sistemas renovables de una manera más eficiente».

«Los mayores beneficios para la red se alcanzan cuando el almacenamiento distribuido se gestiona para reducir la potencia pico de las instalaciones de energía renovable descentralizadas», puntualizó la Comisión. El documento aboga además por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas.

UNEF recuerda que el borrador del Gobierno, sin embargo, prevé la eliminación de los procesos simplificados de regularización de instalaciones existentes, y obligaría a todos los proyectos a legalizarse de nuevo bajo la «compleja y costosa normativa» que, además, prohíbe el uso de sistemas de almacenamiento. Además, el borrador propuesto por el Gobierno, prevé unas «cargas«, conocidas popularmente como «impuesto al sol«, para todos los que opten por este sistema de ahorro y eficiencia energética.

Pedro Sánchez denuncia el «frenazo» dado por el PP a las energías renovables

Europa Press / Servimedia.- El secretario general del PSOE y candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó desde el Foro de Sostenibilidad organizado por su propio partido que la respuesta del Gobierno del PP al calentamiento global y a los «desafíos medioambientales» haya sido «desoladora». Por ello lamentó el «frenazo» dado a las energías renovables, con la imposición de «reglas y cargas al autoconsumo»; además de la sustitución del principio de quien contamina, paga por el de el que pueda pagar, que contamine.

Sánchez indicó que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse para no exponer a las generaciones futuras a «un riesgo desmedido e inaceptable». De hecho, se trata de una cuestión que «va a afectar a todo el sistema productivo del país y que va a condicionar hacia el futuro el patrón de vida de toda la sociedad». En este sentido propuso una transición energética que sitúe a España en la hoja de ruta de la Unión Europea para el 2050 en los plazos fijados, promoviendo el autoconsumo y un modelo energético basado en la electricidad «limpia» donde las ciudades sean protagonistas y estén «a la vanguardia» en la lucha contra el calentamiento global.

También incidió en que hay que «caminar hacia una energía limpia» y volvió a expresar su rechazo a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y en las Islas Canarias. Sánchez advirtió de un «riesgo de colapso económico» si se continúa con un modelo energético basado en los combustibles fósiles «, de ahí la necesidad de impulsar un cambio que tenga como prioridad la eliminación de la pobreza energética, la rehabilitación a viviendas «eficaces y renovables» y una movilidad más sostenible.

En definitiva, «se acabó el tiempo en el que las políticas ambientales eran secundarias, unas marías. Son el núcleo central de riqueza». Precisamente, Sánchez se comprometió a cambiar el enfoque tradicional de la normativa ecológica para que la sostenibilidad sea «el principio rector» del conjunto de políticas públicas. Tras criticar que se hayan «desprestigiado» los espacios de mayor valor ambiental y el hecho de que no se considere a la seguridad ambiental como un asunto de Estado, ha reiterado que los efectos del cambio climático «irán golpeando con más fuerza a futuras generaciones». Por ello, reclamó que se invierta hoy en reducir emisiones y en adaptarse para «no gastar mañana».

Los españoles pagarán 250 millones de euros menos al año en peajes eléctricos

Europa Press.- Los españoles pagarán 250 millones de euros menos anualmente gracias a la rebaja de los peajes eléctricos que el Gobierno incluyó el pasado viernes en el decreto ley de medidas urgentes que también recoge el adelanto de la rebaja fiscal. En la memoria, el Gobierno explica que la partida de pagos por capacidad a la que todos los consumidores eléctricos deben contribuir acabará este año con un «exceso de recaudación», por lo que se ha decidido revisar los precios de esos costes para disminuir la factura eléctrica.

Esto supone que todos los consumidores, tanto domésticos como empresas, pagarán unos 250 millones de euros menos por peajes cada año, lo que supone una reducción media de la factura del 0,9% con respecto a lo que se pagaba a principios de año. Un porcentaje que el Gobierno elevó el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, al 2,1% de media ya que la reducción de los precios que se aplicará este año se concentrará en apenas cinco meses, de agosto a diciembre, por lo que a principios de 2016 la factura eléctrica subirá un 1,2% respecto al mes anterior.

Pequeño impacto en la recaudación

Sí impactará las cuentas públicas aunque de forma «poco significativa» la otra modificación de la Ley del Sector Eléctrico que se incluyó en el decreto para reducir las «excesivas» cargas administrativas y de gestión que se imponen a los consumidores con potencia contratada de entre 4 y 10 kW. Y es que según el Gobierno por cada 100.000 pequeños autoconsumidores apenas se dejarían de recaudar entre 15 y 20 millones de euros, que se sumarían a una pérdida también «no significativa» de ingresos por IVA y por el Impuesto de Electricidad. En total, esta pérdida supondrá un 26% de la minoración de la recaudación de ingresos para el sistema eléctrico, se calcula en la memoria.

Medidas sociales para el carbón

Por otra parte, el decreto ley también recoge medidas sociales para los trabajadores de la minería del carbón ante la «constante caída de la cotización» de esta materia prima, que obligará a muchas empresas a adelantar el cierre y a declarar concurso de acreedores o insolvencia y liquidación. «Resulta de capital importancia paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y pocas oportunidades de reinserción», explica el Gobierno, recordando además que muchos de los trabajadores afectados están en una edad de difícil reinserción laboral.

Por eso se ha decidido dar «flexibilidad» al régimen de ayudas previsto en el Acuerdo Marco para la minería del carbón 2013-18 de modo que se puedan anticipar las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada al ejercicio 2016 y facilitar las bajas indemnizadas a un grupo reducido de trabajadores que se incorporaron desde compañías auxiliares a las plantillas de las empresas mineras entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015. Así, a corto plazo habrá un incremento de ayudas sociales «difícil de cuantificar» por su carácter voluntario pero que, en cualquier caso, se «compensará» con la rebaja en las líneas de ayudas en los años sucesivos.

De hecho, se barajan dos hipótesis, que permitirían un ahorro total con respecto al Plan de la Minería del Carbón 2013-2018 inicialmente acordado con sindicatos y patronal de entre 1,9 millones de euros y 117,5 millones de euros aunque adelantaría gran parte de las necesidades de gasto a los Presupuestos del año que viene. Por una parte, un escenario «probable» en el que las ayudas por bajas indemnizadas se producen progresivamente hasta 2018 y se acogen unos 448 trabajadores el año que viene, lo que produciría un ahorro de 1,9 millones de euros respecto a las previsiones del Plan de la Minería aunque con un coste adicional de 11,5 millones en las cuentas del 2015.

Y, por otra parte, un escenario «extremo» que supone el cierre de todas las minas no competitivas ya en 2016 con un ahorro de 1,3 millones en el plan global pero un coste adicional de 44,5 millones a recoger en los Presupuestos del año que viene para pagar ayudas por edad avanzada a 448 trabajadores, bajas indemnizadas a otros 591 trabajadores y bajas indemnizadas de carácter excepcional a 40 empleados más. En este caso, también habría que tener en cuenta que el Estado se ahorraría 73 millones de subvenciones a la producción de carbón nacional.

La patronal fotovoltaica UNEF tacha de «vaguedades» los cambios regulatorios en el autoconsumo

EFE.- El sector solar fotovoltaico tachó de «recopilación de vaguedades» los cambios introducidos por el Gobierno en la normativa de autoconsumo para, según apuntó el Ejecutivo, beneficiar a los pequeños consumidores. Según fuentes de la patronal UNEF, el cambio aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros «no tiene ninguna precisión» y, de hecho, avanza en la «voluntad del Gobierno de seguir adelante con el impuesto al sol ignorando el clamor social».

El viernes, como parte del real decreto que redujo el IRPF, el Gobierno aprobó una vía para reducir las cargas asociadas al autoconsumo para los pequeños clientes, los de menos de 10 kilovatios (kW). En el real decreto, se abre la puerta a la posibilidad de reducir esas cargas, como ocurre para los autoconsumidores de los territorios extrapeninsulares cuando la instalación de estos equipos supone un ahorro para el sistema eléctrico. Sin embargo, la eventual reducción de cargas sería «excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema».

Hasta ahora, la regulación del autoconsumo sólo está esbozada en la ley del Sector Eléctrico de 2013, que remite a un desarrollo posterior todavía pendiente de aprobación por el Gobierno. Así, tanto la definición de las cargas asociadas al autoconsumo por conectarse a la red como las posibles reducciones o exenciones de estas tendrán que recogerse en la normativa definitiva, que el Gobierno prevé aprobar antes de final de mes.

28 organizaciones del sector energético rechazan el decreto de autoconsumo

Servimedia.- Un total de 28 organizaciones del sector energético de toda España, entre las que figuran Anpier, APPA, Fundación Renovables, UNEF y WWF, manifestaron su «frontal rechazo» al nuevo proyecto de real decreto sobre autoconsumo del Gobierno ya que consideran que este proyecto de real decreto constituye un «nuevo ataque» a la posibilidad de desarrollar en España un sector energético «democrático, sostenible, de baja huella de carbono, de generación distribuida e independiente de los intereses que no se basen exclusivamente en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energética, que sean económicamente sostenibles».

A su juicio, presenta en su globalidad «incontables contradicciones» y propone tanto impedimentos económicos como burocráticos al autoconsumo, desincentivando «por completo» este tipo de instalaciones. Asimismo, sostienen que contradice de forma «flagrante» las directivas europeas a las que precisamente hace referencia en la introducción y justificación de la normativa. Entre otros aspectos, indican que mantiene elementos disuasorios como el peaje de respaldo, de una forma «incluso peor que en la anterior propuesta de real decreto», ya que añade un término fijo, además del variable, a dichos peajes.

También se refieren a las trabas añadidas a los procedimientos de autorización y conexión a redes de transporte y distribución, de manera «injustificada», para aquellas instalaciones en las que se garantiza que no habrá inyección de energía a la red, «eliminando de facto la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda, libremente, disponer de una instalación de autoconsumo en el interior de su instalación eléctrica, garantizando que no inyecta energía en la red y por tanto haciendo un uso cero de la misma».

Además, creen que añade nuevas imposiciones «muy difíciles de justificar desde una óptica social, y tampoco justificables técnica o económicamente«. En concreto, consideran que condena a los ciudadanos que sufren pobreza energética al recoger que el consumidor con autoconsumo «no tendrá´ derecho a ninguna modalidad regulada de suministro» y perdería por tanto el derecho al bono social además de pagar por la totalidad de la energía que consuma. Igualmente, reprueban que la norma dictamine que «toda la energía generada por la instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión» lo que a su entender constituiría «una expropiación en toda regla».

Las entidades firmantes se comprometieron a hacer llegar este manifiesto a la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y solicitar una reunión con cada organismo para poder defender su postura. Las organizaciones firmantes son: A3E, HACER, Actecir, Agaen, AGEM, AGIC, Aifoc, ANAE, Anpier, APPA, Aprean, Asinca, Avaesen, CEEC, Cetib, CCOO Cataluña, Coamb, GGE, Eoliccat, Fenie, Ferca, Fundació Electrotécnica Catalana, Fundación Renovables, GremiBCN, Som Energia, UNEF, Solartys y WWF.

SEO/BirdLife presenta alegaciones al borrador del real decreto de autoconsumo

Servimedia.- La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), como parte de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha presentado alegaciones al borrador de real decreto de autoconsumo publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La organización señala que el borrador de Industria haría que el consumidor pagase más peajes sobre la misma energía si la autoconsume desde fuentes renovables autónomas , que si la saca de la red eléctrica.

Dicho cargo, además, sería «todavía más elevado» si hace uso de baterías, lo que a su juicio resulta «inaceptable» ya que el almacenamiento de energía es un importante elemento de gestión de la demanda que, además, proporciona más autonomía y flexibilidad al consumidor. Además, critica que el borrador de Industria no contiene una Memoria del Análisis de Impacto Normativo elaborada de acuerdo a la ley, que «habría sido fundamental para poder valorar, entre otras cosas, el impacto del borrador de autoconsumo sobre el empleo y la economía». La organización conservacionista recuerda el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética de los municipios del Estado para 2050, y crear 136.000 empleos de calidad en solo diez años.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (II)

Desde la política, y ha sido una constante repetida en el último proceso electoral, los grupos políticos vienen alimentando una visión fantasiosa del autoconsumo como opción dentro del suministro eléctrico para dar un cauce de salida a los consumidores de una tarifa cuya parte fija es creciente por sus propios costes de acceso. No solamente los partidos políticos emergentes, proclives al populismo mágico, han incurrido en este problema. Partidos que han tenido responsabilidades de gobierno están haciendo bandera de esta reivindicación, uniéndose de forma poco meditada a los damnificados de la anterior burbuja.

La regulación del autoconsumo tendrá, por tanto, que oscilar entre lo posible, lo necesario, lo equilibrado y orillar las tentaciones para que sea disuasoria o, lo contrario, para que estimule una burbuja artificial, la sobreinversión y sobrecapacidad de generación, en este caso distribuida. En este escenario, estamos en la fase de que la confusión entre fomento, discriminación positiva o discriminación negativa respecto al resto de consumidores, y falta neutralidad en la regulación. Al margen queda el debate sobre lo cuantioso de los peajes de acceso.

La regulación propuesta del autoconsumo, actualmente de salida en la CNMC, busca disuadir por los peajes que se fijan; se estima que el retorno de la inversión de alrededor de 30 años. La CNMC, por su lado, remarca de forma futurista el papel de la fotovoltaica en el cumplimiento de los objetivos medioambientales españoles de cara a la planificación energética. Pero eso hay que aterrizarlo de acuerdo con el parque instalado, la capacidad, la demanda y la relación competitiva entre tecnologías limpias, con atención a la no discriminación con respecto al resto de consumidores que no pueden utilizar esta tecnología.

Finalmente, siguiendo con la diferencia entre fantasía y realidad, la no asunción de los costes de los servicios de red y de los servicios de acceso también es una posición ilusoria, utópica y discriminatoria con el resto de usuarios, lo que tampoco podría ser una opción, ni siquiera que deviniera en una burbuja incentivadora que causase tensiones financieras al sistema de suministro eléctrico. Y, la otra frontera, el límite de esta fantasía debe ser la no necesidad de subvención actual (o futura por reclamación), de fomento, incentivo o discriminación positivaa este modelo. Del mismo modo, la disuasión no parece sostenible como modelo regulatorio.

Calcular el coste de estos servicios de red en términos no discriminatorios con otros usuarios, es decir, en condiciones de neutralidad incluyendo la fiscalidad a la generación, no debe ser tan complicado sin hacer un ejercicio deliberado y oportunista de amnesia sobre los costes de acceso del sistema actual. Y, probablemente, la solución a este fantástico y fantasioso nudo gordiano.

Cataluña rechaza la propuesta estatal de regulación del autoconsumo eléctrico

Europa Press.- La Generalitat remitió alegaciones al Ministerio de Industria para mostrar su «rechazo total» a la propuesta de real decreto de regulación del autoconsumo eléctrico, ya que considera que coarta el desarrollo de esta modalidad de generación y vulnera las competencias autonómicas. El gobierno autonómico considera en su informe de alegaciones que «no se entienden las enormes restricciones técnicas y económicas que se ponen al autoconsumo» como alternativa al mercado convencional.

Cataluña también critica la «visión negativa y muy intervencionista» del proyecto y lamenta que no se impulsan las aportaciones positivas que el autoconsumopuede hacer al sistema eléctrico, como la reducción de la dependencia energética, la reducción de pérdidas en la red, la reducción de saturaciones en la red de distribución o el allanamiento de la curva de carga, entre otros. La Generalitat describe la figura del peaje de apoyo como «una barrera insalvable para el desarrollo del autoconsumo en España», y lo considera discriminatorio.

Por contra, defiende que el autoconsumo, además de contribuir a la seguridad y garantía de suministro y la eficiencia económica del sistema, «puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables con un coste inferior al de otros mecanismos de fomento de las energías renovables«. Además, considera que «no tiene sentido» que un productor y un consumidor de energía eléctrica no se puedan conectar libremente de manera directa, lo que perjudica el desarrollo de las empresas de servicios energéticos, en contra de lo dispuesto en las directivas europeas.

También reprocha que el nuevo texto penalice aquellas instalaciones de hasta 100 kW de potencia que se han colocado hasta el momento, de acuerdo con el vacío normativo existente. Respecto a la vulneración de competencias, la Generalitat catalana considera que las comunidades autónomas deberían participar activamente en la regulación del autoconsumo. Añade que la existencia de un Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica creado y gestionado de forma centralizada vulnera las competencias reconocidas para Cataluña, ya que el alcance de este tipo de instalaciones no supera su ámbito territorial.