La Audiencia Nacional investigará a 5 petroleras por pactar los precios del carburante

Redacción / Agencias.- La Audiencia Nacional admitió a trámite dos querellas presentadas por Manos Limpias y por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, en contra de las principales compañías petrolíferas por alterar presuntamente los precios del carburante para pactarlos. Las querellas se presentaron como consecuencia de un expediente fechado en 2013 de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que se apreciaba la existencia de acuerdos colusorios entre las empresas para alterar los precios.

Se investigará a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y sus máximos directivos por un supuesto delito de colusión o pacto ilícito en daño de terceros, en los precios de venta minorista de carburantes. En un auto del Juzgado Central de la Audiencia, el juez Fernando Andreu admite a trámite ambas querellas, que unifica en una sola causa. En el auto de admisión a trámite, la Audiencia Nacional impone una fianza de 10.000 euros a Manos Limpias, al tiempo que declara su competencia para abordar la querella. A la Asociación de Consumidores y Usuarios Jose María Mena, se le impone una fianza de 1.000 euros.

Además de admitir a trámite las querellas, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar precios en 2013, que se saldó con multas por casi 23 millones de euros, y recibir declaración de los querellados. Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al Qubaisi; Disa y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp Energía.

En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de «defraudación». Manos Limpias considera que su iniciativa «incomoda en los juzgados» y considera que las fianzas que se exigen «no solamente son totalmente desproporcionadas, sino que además son inconstitucionales pues se cargan la acción popular».