La Fiscalía archiva la denuncia por prevaricación en el recorte a las renovables

Redacción / Europa Press.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra la orden ministerial IET/105/2014, por posible prevaricación en el llamado hachazo a las renovables, según lo denomina la Fundación Renovables. En la denuncia, presentada por la fundación y la Plataforma por Nuevo Modelo Energético, se pedía a la fiscalía realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” a la hora de fijar los criterios de la orden.

El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, mostró su «decepción» por el archivo de la denuncia, ya que, en su opinión, las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía «demuestran la solidez de los argumentos expuestos en la denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa«. No obstante, la Fundación Renovables señala que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.

El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideraba que el Gobierno del PP legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop, que indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, sucedía en este caso. Concretamente, la denuncia de estas organizaciones se dirigía contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

Los contratos con las consultoras

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno. Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demostraban que los «errores» en la normativa, que justificaban en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de su aprobación.

Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, denunció “otras contradicciones”, como que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que consideraba «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».