Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconoce un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización dentro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en los últimos tres años. Esta subida, más pronunciada para 2015 que en 2014 y 2016, apenas llega al 6% en su nivel máximo frente al 31% que pidió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En la propuesta de real decreto, el Gobierno cifra un impacto de 4,48 millones de euros por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. En concreto, el margen de comercialización será para 2014 de 4,08 euros por kilovatio, 4,24 €/kW para 2015 y 4,17 €/kW para el presente año.
Según consta en la propuesta de Industria, que ha sido puesta en trámite de audiencia, para los años 2017 y 2018 el valor del término fijo de potencia será de 3,09 euros por kilovatio (kW), el mismo que en 2016. Asimismo, el valor del término variable del margen comercial a aplicar en 2016 será de 0,001699 euros por kWh. El pasado mes de mayo, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo emitió un auto en el que obligaba al Gobierno a aprobar antes de que finalizara junio una metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del PVPC.
En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros por kW al año, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo obligaba a revisar el margen de comercialización desde la implantación del PVPC, esto es, abril de 2014.
Lejos del planteamiento de Competencia
A mediados de junio, la CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa eléctrica regulada no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se habían determinado los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.
En lo que respecta a los costes de captación, Industria señala en su propuesta de decreto que no deberían incorporarse ya que «no existe tal coste para los comercializadores de referencia y, además, el PVPC pretende ser un producto básico, un contrato mínimo de garantía, por lo que es preciso ser especialmente cuidadoso con los costes que incluye» y no estaría en absoluto justificado que se cargara al consumidor”. En la propuesta, Industria, según datos de la CNMC, señala que el número de consumidores con derecho a acogerse al PVPC era de 15 millones en enero de 2014 y en enero de 12,45 millones, por lo que se ha reducido en más de 2,5 millones.
“Ocultar” subida de la luz
Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) ha denunciado la «irresponsabilidad política» del Gobierno por haber esperado «hasta el último momento, con criterios claramente electoralistas», para establecer una metodología para el cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, como exigía el Supremo. La asociación Px1NME estima que este impacto supondrá un incremento medio del 0,2% del recibo de la luz y una facturación de atrasos de unos 2 euros por familia, «muy inferior al propuesto inicialmente por la CNMC, aunque considera que el efecto retroactivo del ajuste será, «sin duda, relevante a efectos de incrementar la enorme confusión que existe actualmente con la facturación eléctrica».
La Plataforma subraya que la propuesta «dista mucho de eliminar la permanente incertidumbre que se cierne sobre el recibo de la luz» y se trata de la tercera vez desde 2012 en la que se efectúan refacturaciones sobre consumos de energía pasados, «complicando aún más la de por sí difícil interpretación del recibo y abonando el terreno para los abusos de comerciales de las eléctricas, aprovechando la complejidad reinante para engañar al consumidor haciéndole creer que debe aceptar unas ofertas comerciales supuestamente muy ventajosas; pero que, según Competencia, finalmente resultan en un coste mayor que la tarifa oficial del Gobierno».
Facua: «una tomadura de pelo»
Asimismo, Facua-Consumidores en Acción considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya «agotado el plazo» para proponer la nueva metodología de cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, «a fin de pasar las elecciones generales y minimizar el impacto electoral» de una nueva subida de la luz. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que «más allá del ajuste» que supondrá en el recibo de la luz, la medida supone continuar con las actuaciones en la regulación energética «en la última legislatura». Así, Sánchez señaló que, más allá del modelo de PVPC, «habría que revisar el sistema para acabar con las prácticas oligopolísticas».
