Energía baraja endurecer las exigencias financieras para poner una gasolinera y obligar a incorporar biocarburantes para atajar el fraude fiscal

Europa Press.- El Gobierno contempla endurecer las condiciones financieras para poner en marcha una gasolinera u obligar a incorporar biocarburantes en gasolinas y gasóleos como dos posibilidades para atajar el fraude detectado en este tipo de establecimientos en la liquidación del IVA.

Así ha respondido el Ejecutivo a los diputados de UPN, Íñigo Alli y Carlos Salvador, que habían preguntado en el Congreso por las medidas que contempla el Ejecutivo para hacer frente a «la entrada en el mercado de sociedades defraudadoras«. En este sentido, el Ministerio de Energía confirmó los encuentros con organizaciones empresariales del sector y está analizando sus propuestas.

Entre ellas, señala el mantenimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad (EMS), la obligación de incorporar biocarburantes en gasolinas y gasóleos y minimizar el acceso a la actividad sin suficiente capacidad financiera. «Una vez analizada la viabilidad técnica e idoneidad de las medidas propuestas, se llevarán a término, para lo que en su caso será necesario acometer las reformas normativas que resulten precisas», apostilla el Ejecutivo. Sin embargo, Energía opta por no responder a otras de las preguntas formuladas por UPN, como la valoración del Gobierno sobre el papel que debería jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para combatir este tipo de fraude o si contempla adoptar con urgencia las consecuentes modificaciones normativas.

Alli y Salvador ya se interesaron previamente sobre las actuaciones realizadas, obteniendo respuesta en esta ocasión del Ministerio de Hacienda. Así, señalaba que la Agencia Tributaria ya ha realizado propuestas dirigidas a evitar la admisión al sistema de operadores fraudulentos, conseguir la expulsión del sistema de estos operadores cuando aparecen, y la rápida detección del fraude cometido. Asimismo, también aseguraba haber impulsado la especialización de personal de la AEAT para la detección de entidades susceptibles de cometer este fraude y la puesta en marcha de actuaciones recaudatorias para recuperar la deuda de IVA no ingresada por los operadores, considerando como delitos aquellos impagos cuando detecta que son planificados y deliberados.