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UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

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Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

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Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Unidos Podemos pide que las compañías eléctricas financien íntegramente el bono social y que sólo se conceda según la renta

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Europa Press.– Unidos Podemos ha reclamado que el bono social se otorgue en función de la renta del hogar y que sean las empresas del sector eléctrico las que se encarguen de financiar íntegramente el coste de esta medida. Así, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en la que exponen sus propuestas de cara al paquete de medidas anunciado por el Gobierno para combatir la pobreza energética.

En su propuesta, exponen que deben ser las compañías eléctricas las que se hagan cargo del coste «íntegro» de esta medida, incluyendo todos los segmentos del sector, y de forma proporcional al volumen de facturación. Asimismo, piden que, a diferencia del actual bono social, que denuncian que es «una tomadura de pelo», la renta sea «el único criterio de adjudicación. Concretamente, unos ingresos de hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola (941,22 euros), un 50% más por cada menor de 14 años, y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente.

Por otro lado, piden que la solicitud y concesión del bono social sea «automática», ya sea de forma presencial o automática, y que las personas consumidoras en el mercado libre puedan acogerse al bono social eléctrico. Otra de las cuestiones que Unidos Podemos quiere que el Gobierno incorpore en su plan de choque contra la pobreza energética es el principio de precaución a la hora de cortar el suministro a un consumidor acogido al bono social, con el fin de que, antes de cualquier interrupción, sea necesario contar con la autorización de los servicios sociales.

En este sentido, piden también que estos servicios sociales puedan realizar peticiones de renovación e inscripción en nombre de las personas que tengan derecho a acogerse y que los mismos cuenten con un fondo suficiente con el fin de desarrollar sus competencias en materia energética. Por último, reclama la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables, pues creen que esta medida garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.

Desbloqueado el cierre de nucleares

Por otro lado, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Josep Vendrell, ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que anula los acuerdos de la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ley del grupo confederal para cerrar las centrales nucleares. «Queda claro que el PP hacía un uso arbitrario y abusivo», ha señalado, en referencia a los vetos del anterior Ejecutivo. Para Vendrell, este documento del Tribunal Constitucional es «un paso importante» en la preservación de «los derechos de los parlamentarios», que, según ha apuntado, también son «los derechos de toda la ciudadanía frente a gobiernos autoritarios».

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en abril la propuesta de Unidos Podemos para un cierre progresivo de las nucleares alegando que la aplicación de esta norma tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales. En concreto, Unidos Podemos propone en el texto el cierre de las plantas a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no, y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

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Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El recibo de la luz ha subido casi un 86% en los últimos 15 años, encareciéndose 37 euros, según Facua

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Europa Press / EFE.- El recibo de la luz ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes en agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Facua señala que un análisis realizado por esta organización sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Así, tomando como referencia las tarifas reguladas vigentes en los meses de agosto, la factura pasó de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.

Además, el análisis de Facua destaca que la parte fija de la factura se incrementó en estos últimos 15 años más de un 150%, pasando el precio de cada kW de potencia contratada de los 1,73 euros/kW/mes de precio final en 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003, pasando de los 9,80 céntimos de precio final en 2003 a los 16,81 céntimos en 2018.

Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica en las que reclama que baje el IVA de la electricidad al 4%, ya que ahorraría al usuario medio casi 130 euros al año. Asimismo, propone la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

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EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.