El PSOE pide que un Gobierno en funciones no decida sobre reabrir Garoña mientras desde Greenpeace piden paralizar su reapertura

Europa Press / EFE.- La formación ecologista pide al nuevo Congreso que paralice una reapertura de la central nuclear de Garoña y priorice el medioambiente. En este sentido, el PSOE registró una nueva batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para «recuperar» derechos civiles y económicos, entre las que se encuentra la que insta al Gobierno a no adoptar, en su condición de gobierno en funciones, ninguna decisión para reabrir la central nuclear, cuyo reactor permanece parado desde 2012.

Se trata de una proposición no de ley, para su debate en pleno, en la que pide que se mantenga, «sin ninguna modificación», la condición de cese definitivo de su explotación, que la planta atómica tiene desde el 6 de julio de 2013, y exigiendo a la empresa titular Nuclenor (Endesa e Iberdrola) a continuar «sin ulterior demora» el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central. Además, quiere que el Gobierno desarrolle un plan de incentivación de actividad económica en la comarca, para garantizar los puestos de trabajo de cara a un futuro cierre de la central.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aún tiene pendiente resolver la solicitud de renovación de la explotación de la planta burgalesa, cuyo reactor nuclear es el más antiguo de España. En esta misma iniciativa, los socialistas reclaman la supresión del decreto con el que el PP cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. «Esa modificación se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, especialmente una declaración de impacto ambiental», sostiene el PSOE.

La proposición no de ley reafirma el compromiso del PSOE de que es preciso abordar una transformación del modelo energético español, que implicaría el cierre de las plantas nucleares a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, «garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad» establecidos por el CSN. Los socialistas ya llevaron esta medida en el programa de las elecciones generales de diciembre.

Greenpeace pide paralizar la reapertura

La formación ecologista Greenpeace ha solicitado a las nuevas formaciones que conforman el Congreso de los Diputadosen esta XI Legislatura que «soliciten con urgencia al CSN la paralización del proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Garoña» hasta la conformación del nuevo gobierno, además de que prioricen el medio ambiente en la actividad parlamentaria. Según recuerda la organización ecologista, el CSN rinde cuentas de sus actividades al Congreso y al Senado.

«El nuevo Parlamento está compuesto por una mayoría que no quiere dar nuevas licencias a las viejas centrales, en concreto 178 de los diputados se comprometieron a cerrar Garoña», señala la organización ecologista. Desde diciembre de 2014 existe un acuerdo entre PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. «Esta decisión no tiene en cuenta al nuevo Parlamento. La mayoría de los nuevos diputados expresan un rechazo absoluto a la reapertura de la central nuclear», sostiene la responsable de campañas de Greenpeace España, María José Caballero.

Por otro lado, Greenpeace solicitó a la nueva Cámara que siga las «líneas verdes» en la aprobación de iniciativas parlamentarias y de los acuerdos para formar gobierno «por el bien de la sociedad y del entorno». En su opinión, los retos que debe afrontar el nuevo Parlamento son, entre otros, «el cambio climático, la pobreza energética y la muerte prematura de más de 30.000 personas por contaminación, más apoyo a las renovables, la eliminación de las trabas al autoconsumo energético y del llamado impuesto al Sol, el abandono del uso del carbón, el fracking o reducir las emisiones de CO2″.