El Gobierno propondrá un sustituto en el pleno del CSN tras la salida de Cristina Narbona, su consejera más crítica

Europa Press.- El Gobierno tendrá que proponer un sustituto en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la salida de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, su consejera más crítica, que ha anunciado que se va a dedicar en exclusiva a presidir el PSOE.

Según establece la Ley de creación del CSN, el presidente de este organismo y los consejeros tienen que ser designados entre personas de conocida solvencia en las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio. Los nombra el Gobierno, a propuesta del Ministro de Energía, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso. Esta cámara, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los 3/5 de sus miembros, tiene que manifestar su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes natural.

La normativa indica que transcurrido dicho plazo, si no hay una manifestación expresa del Congreso, se entienden aceptados los correspondientes nombramientos. El periodo de permanencia en el cargo es de 6 años, pudiendo ser designados, mediante el mismo procedimiento, como máximo para un segundo ciclo de 6 años. Los cargos no podrán ser ostentados por personas mayores de 70 años.

La exministra de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó su escaño en 2013 para formar parte del CSN. En línea con el programa político del PSOE, que defiende un calendario de cierre de las nucleares, Narbona votó en contra del dictamen favorable del CSN para la renovación de la central de Garoña (Burgos), de febrero, alegando que no cumplía en su totalidad los requisitos. Asimismo, en el último pleno, Narbona también se quedó sola al votar en contra del informe relativo a la propuesta del Gobierno para que las centrales de Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona) puedan retrasar su solicitud formal de renovación de la autorización de explotación hasta 2019.