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El PP prepara una proposición de ley para evitar el cierre de las térmicas con el apoyo decidido de UGT

EFE / Europa Press.- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, advierte de que cerrar las centrales térmicas supondrá un mayor coste energético, algo que considera que el país «no lo puede permitir». En este sentido, el PP registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tendrá como objetivo limitar estos cierres y evitarlos, con un contenido en la línea del proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Energía.

Fuentes del PP han explicado que la idea es que su toma en consideración pueda ser debatida en marzo y, aunque el contenido será fundamentalmente el mismo que el del texto elaborado por el Ministerio, la idea es incorporar alguna de las prevenciones que estableció en su informe del pasado 24 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que alertó de la posibilidad de que el real decreto pudiera contravenir la normativa europea. En concreto, el PP se plantea matizar el mecanismo de subasta, considerado por la CNMC como «muy complejo», para que la compensación a un tercero por mantener una central térmica no pueda ser considerado por la Unión Europea como ayuda de Estado.

Este informe de la CNMC determinó que, al ser una norma de rango inferior, no era posible modificar mediante un real decreto aspectos que figuraban en leyes reguladoras de este sector, por lo que en ese momento el Gobierno se planteó la posibilidad de sacar adelante la regulación mediante un Decreto Ley, que debía ser convalidado en el Congreso, pero que tiene una tramitación más larga y compleja que la de una proposición de ley.

En la misma línea, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en que la posición de la comunidad en cuanto a las térmicas es «archiconocida», en la línea de lo que acordó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los de otras comunidades afectadas, Asturias y Aragón. Esta solución pasa «por dar rango de ley a la normativa que ponga trabas a las eléctricas cuando de motu proprio estás sólo buscan el beneficio económico», por más que lo «enmascaren de reverdecimiento», criticó.

La portavoz de la Junta ha insistido en que las eléctricas «ya no engañan a nadie» y ha recalcado que se trata de decisiones que afectan a la minería, pero también producen un «perjuicio social» que incide en el coste de la luz. Marcos también ha tenido reproches para el PSOE y se ha referido en concreto a la presidenta socialista Cristina Narbona, que no apoya el mantenimiento del carbón y de las térmicas, por lo que ha confiado en que «recapacite» y respalde una «transición» con una «descarbonización progresiva».

UGT está con el Gobierno

Por su parte, Hojas también se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda. El responsable de UGT considera que es «incomprensible» que las eléctricas se escuden en las energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7% pero que considera que su abandono sería «brutal» para el país en impacto social. En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una «pequeñísima parte» de ellos en una transición hacia energías verdes «responsable».

Hojas ha advertido de que dentro de poco las compañías pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad. Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se «cargarán de un plumazo» todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30% en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. «Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía», ha señalado.

En este contexto, Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera «fundamental», no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una «política de Estado». Asimismo, anunció «movimientos importantes» en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha matizado que hay que hacerlo de manera «socialmente responsable» porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se «disparen». Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son más caros, por lo que considera que hay debates que se caen «por su propio peso», aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.

Jorge Fabra destaca la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico del CSN en su toma de posesión como consejero

Europa Press.- Jorge Fabra Utray ha destacado la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico como los tres aspectos «fundamentales» que deben estar en su opinión en la labor diaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde tomó posesión de su cargo como consejero de pleno, en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó el pasado verano para asumir la presidencia del PSOE.

En su toma de posesión, ha manifestado que la neutralidad e independencia en la toma de decisiones, la transparencia para generar confianza, dentro y fuera del CSN, y rigor técnico en el desempeño de las funciones de supervisión y regulación, son aspectos fundamentales en ese cargo. Fabra Utray fue nombrado consejero el 7 de diciembre pasado por el Consejo de Ministros. Al acto asistieron el resto de miembros del pleno, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, representantes del Congreso de los Diputados y del sector eléctrico nacional, así como numerosos técnicos del CSN.

El presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhaussen ha leído el real decreto de nombramiento del nuevo consejero y, a continuación, el secretario de Estado ha destacado la «importante» labor del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y, en ese contexto, ha destacado que la trayectoria profesional de Fabra refuerza la capacidad técnica y la independencia del CSN.

Fabra, en su intervención, ha subrayado la responsabilidad que supone velar por el uso adecuado de las radiaciones ionizantes y los retos ante los que se enfrenta el CSN como son la gestión del parque nuclear español y sus residuos radiactivos. Asimismo, ha hecho una mención especial al personal técnico y administrativo del CSN así como a su predecesora, Cristina Narbona, quien ha asistido también a la toma de posesión. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. En la actualidad es presidente de Economistas Frente a la Crisis y patrono de la Fundación Estudio. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España (REE) desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Durante su comparecencia para defender su propuesta como candidato ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Fabra expresó su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que, según ha indicado, «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental«, declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Cristina Narbona considera «incomprensible» que España sea uno de los países de la Unión Europea que frena la ambición climática

Europa Press.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamenta que el Gobierno español sea «uno de los pocos» que están frenando una mayor ambición de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático de forma «totalmente incomprensible teniendo en cuenta las capacidades de España para crear empleo y generar nuevo tejido productivo en este ámbito«.

Con motivo de la publicación del libro Soñando el futuro, escrito por Cristina Narbona y Ana Etchenique, Narbona ha criticado que en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que de momento «no aprecia» un enfoque integrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, «incluso se aprecian contradicciones entre los planteamientos de sendos departamentos».

Por ello espera conocer pronto la propuesta del Gobierno para poder contrastarla con la iniciativa socialista en esta materia. Precisamente, ha explicado que una de las primeras resoluciones aprobadas por la dirección actual del PSOE, que ahora preside, fue la relativa al cambio climático y la transición energética. En ese documento el PSOE expone las cuestiones «imprescindibles» para que España recupere el tiempo perdido desde 2011. Además, Narbona ha recordado que la formación política ha impulsado la creación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que preside la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que prepara «propuestas concretas».

En materia de cambio climático, no cree que la ambición mundial se relaje tras la anunciada posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Narbona asegura que «afortunadamente» su postura no la comparte «un número muy elevado» de Estados, ciudades y empresas del país. Sin embargo, considera «fundamental» que la Unión Europea «eleve» su nivel de ambición como solicita el Parlamento Europeo y que, al mismo tiempo, impulse fuera de sus fronteras la transición energética y la adaptación al cambio climático, en particular en los países más vulnerables.

Para la exministra de Medio Ambiente, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Ejecutivo deberá garantizar los objetivos a 2030 y 2050 que le corresponden a España y, para ello, apuesta por establecer los incentivos adecuados, tanto fiscales como regulatorios, así como por una «reforma en profundidad» del mercado eléctrico con el fin de favorecer el uso «creciente» de renovables.

Asimismo, señala que esto hará necesaria una nueva regulación del autoconsumo «en línea con el resto de países desarrollados» y, en materia de energía nuclear, recuerda la propuesta socialista de cerrar de forma gradual las centrales cuando cumplan los 40 años de funcionamiento. Eso sí, considera necesarias medidas «concretas» para garantizar una «transición justa» en materia de empleo y de precio de la energía sobre todo en las comarcas con minería o centrales térmicas, así como próximas a centrales nucleares.

Fin de ayudas al carbón

En materia de carbón, la presidenta del PSOE niega que haya discursos diferentes sobre esta fuente de energía fósil en Castilla y León y Asturias que a nivel nacional y afirma que el planteamiento del partido es el de las resoluciones de su 39º Congreso Federal, que apoya el carbón autóctono como reserva estratégica, la eliminación de las ayudas al carbón importado y el desarrollo de medidas para una transición justa en las comarcas mineras.

En ese sentido, señala que se ha propuesto al Gobierno que haya incentivos específicos para realizar subastas de energías renovables en dichas comarcas, para promover nuevas actividades industriales y de servicios y recuperar en estos territorios «al menos una parte de los 80.000 empleos» que se perdieron desde 2011 en España por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables. Sin embargo, ha criticado que esto se lo trasladó al Gobierno como condición a un apoyo del PSOE a una «posible» normativa para condicionar el cierre de centrales térmicas y nucleares, pero «el ministro rechazó estas condiciones» y le acusa de haber pretendido después enfrentar internamente al PSOE.

Respecto a su sucesor en el cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, recién nombrado por el Gobierno, Narbona defiende su nombramiento para relevarle porque «reúne las mejores características» para ocupar su puesto. Eso sí, ha acusado al Gobierno de haber tardado casi seis meses «inexplicablemente» para remitir la propuesta para su preceptivo informe del Parlamento, al que rinde cuentas el regulador. Así, confía en que su incorporación al CSN contribuya a mejorar la transparencia y la independencia del organismo. «Lamentablemente he tenido la experiencia de cambios en sus prácticas y en la normativa sobre seguridad nuclear muy condicionados por decisiones empresariales o políticas», ha apostillado.

De su paso por el CSN cree que el ejemplo «más notable» de esta acusación fue el expediente de evaluación de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha recordado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se estaban cambiando las normas para favorecer esta reapertura. Finalmente, la planta burgalesa se cierra por el elevado coste que supondrían las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Finalmente, Narbona confiesa que está «en esa edad donde ya se tiene mucho más pasado que futuro» pero que vive «con intensidad un presente muy gratificante» tanto en lo personal como en lo político. «He tenido el privilegio de asumir muchos retos a lo largo de mi vida; no tengo más ambición que la de contribuir a consolidar el proyecto socialdemócrata renovado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez», asegura Narbona, que considera este proyecto «crucial» para que en España se reduzcan las «graves desigualdades» sociales y se emprenda una transición ecológica de la economía que garantice un futuro «más seguro, más justo y más duradero».

El Gobierno nombra a Jorge Fabra consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un Decreto por el que se nombra consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Jorge Fabra, quien sustituirá la vacante que dejó la exconsejera Cristina Narbona, quien cesó a petición propia para ocupar la Presidencia del PSOE.

Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente, que actualmente es Fernando Martí, y por cuatro consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la Vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies. Con el nombramiento se llenará la vacante dejada por Narbona, quien el pasado verano fue elegida presidenta del PSOE en la ejecutiva de Pedro Sánchez.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

El ya consejero compareció en el Congreso para expresar su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares. Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que «son muchas». «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental», declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

El PSOE propone subastas de renovables en las comarcas preferentes para la transición energética

Europa Press.– Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha propuesto subastas de energías renovables en lo que serían las «comarcas preferentes para la transición energética». Por ello, Narbona ha abogado por una transición energética «justa», que comience «con la reparación del daño causado» con los cambios regulatorios sufridos por el sector, y ha pedido que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se acompañe de medidas concretas que beneficie a las comarcas donde es más elevada la proporción de trabajadores de energías tradicionales.

En este sentido, Cristina Narbona ha destacado además el importante papel de la tecnología fotovoltaica en la creación de empleo y en la generación de riqueza como sector económico. A lo largo de este año, el Gobierno adjudicó en dos subastas de renovables un total de 8.037 megavatios (MW) al máximo descuento y, por tanto, sin coste para el consumidor eléctrico. Del total de la potencia subastada, 3.910 MW fueron adjudicados a instalaciones fotovoltaicas, 4.107 MW a parques eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. El Gobierno considera que los resultados de las subastas celebradas en 2017 permitirán a España avanzar definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables establecidos por la Unión Europea para 2020.

Solar fotovoltaica: 25% del mix

De su lado, el director de la División de Energías Renovables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Paolo Frankl, ha pronosticado que la energía fotovoltaica representará un 25% del mix energético español en los próximos 5 años siempre y cuando haya sistemas, políticas y redes más flexibles. Frankl ha destacado la relevancia de la energía fotovoltaica como fuente de energía con más capacidad neta del mundo, y prevé que seguirá siendo así si las políticas siguen siendo justas y favorables a las renovables.

Por su parte, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, destacó los cambios estructurales que introducirá la Ley de Cambio Climático, en la que el Gobierno está trabajando con todos los sectores y de manera transversal para cumplir con los «compromisos irrenunciables» alcanzados en la cumbre de París. Ulargui ha asegurado que la Comisión Europea ha propuesto un objetivo de reducción del 40% de gases invernadero a 2030. Por eso, ha emplazado a trabajar «de manera urgente» a nivel nacional y «la fotovoltaica es un sector clave para solucionar el problema«.

El PSOE propone impulsar el uso de tecnología fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a las desaladoras y reducir sus costes

Europa Press.- El secretario de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, propone el impulso del uso de la energía fotovoltaica para la generación de energía que alimente las desaladoras, con el objetivo de reducir los costes. Morán ha dado a conocer las líneas de actuación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía junto con su presidenta, Teresa Ribera, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero apuntó que el PSOE quiere introducir como «novedad» la fiscalidad verde en los Presupuestos del Estado. Su intención es contemplar esta fiscalidad verde en la alternativa que ofrecerán frente a los presupuestos del Ejecutivo para 2018 con el fin de paliar, a su juicio, «la falta de coherencia absoluta» del sistema fiscal. En su opinión, el actual sistema fiscal «viene de los años 70» y «no es un capricho, sino la herramienta más potente de la que dispone un Gobierno para orientar sus políticas».

Según explicó Ribera, el consejo nace sin fecha de caducidad y estará formado por 22 personas con diferentes perfiles con el objetivo de «entender cómo avanza la sociedad, cuáles son las advertencias, riesgos y oportunidades» y elaborar recomendaciones para «inspirar la acción política de los órganos de Gobierno» en general. Esta nueva herramienta comenzará a trabajar con cuatro ejes «clave»: energía, ordenación del territorio y urbanismo, empleo y fiscalidad verde, tal y como enumeró Ribera.

Por su parte, Narbona ha señalado que este consejo persigue elaborar recomendaciones para «transformar el modelo productivo de España«. «Esta transición debería llevarnos a un modelo de sociedad donde lo que tenga realmente valor sea el progreso seguro, justo y duradero, algo que no puede medir el actual PIB, por lo que hay añadir otros indicadores, como las renovables y los niveles de contaminación«, indicó.

Los representantes socialistas han puesto de manifiesto las «carencias» de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno y que consideran «debería agilizarse». Actualmente, se encuentra en un proceso de consulta pública previa a la elaboración de un borrador. «Es difícil que nos encuentren en el camino para un pacto por la transición energética si no hay un consenso previo con la Ley de Cambio Climático», han concluido.

Narbona critica que España juega un papel «de lastre» en los debates europeos sobre las energías renovables

Europa Press.- La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha criticado que España juega actualmente un papel «de lastre» en los debates europeos sobre energías renovables, como los que se producen en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, cuando nuestro país ha sido «pionero».

Además, ha asegurado que los proyectos presentados por el Gobierno español en relación con las interconexiones energéticas en la Unión Europea «no se corresponden» con la petición que hizo en junio de este año el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, junto con Portugal, de adoptar «medidas urgentes y vinculantes» para aumentar el nivel de interconexión de los países que se encuentran por debajo del objetivo de interconexiones de un 10%, como es el caso de España.

En este sentido, ha incidido en que estas interconexiones son uno de los «elementos más importantes» en la actualidad y las ha calificado de «pescadilla que se muerde la cola» porque son infraestructuras con financiación privada y pública, a través por ejemplo del Banco Europeo de Inversiones), pero ha destacado que «hace falta» que los países presenten proyectos. Del mismo modo, Narbona ha hecho hincapié en que los mecanismos normativos en España «no están ni mucho menos a la altura» de lo que sucede en Alemania, Francia o Reino Unido. En este sentido, ha afirmado que «las grandes empresas» están entrando «claramente» en la producción de energías renovables en los países de la Unión Europea.

Además, ha lamentado que Europa «ha llegado tarde» en materias como la electrificación del transporte que es, en su opinión, «la asignatura pendiente», y ha concretado que el papel de «liderazgo» lo «está asumiendo» China. Igualmente, advirtió de que la dependencia energética europea es «una extraordinaria debilidad» y precisó que actualmente «un 53% de los recursos energéticos que se consumen en la Unión Europea» proceden del exterior, mientras que en el sector del transporte la dependencia es «de un 90%».

Narbona también ha defendido que debe producirse una transición energética y un cambio de modelo que pase por un abandono de los hidrocarburos y los combustibles fósiles hacia la «consolidación» de las energías renovables «aunque no existiera el cambio climático», una cuestión que, tal y como ha añadido, tiene consecuencias también a nivel de seguridad global. Así, asegura que los motivos de esta transición son que «cada vez somos más capaces» de usar energías renovables «a un precio menor» y que los cambios tecnológicos actuales «cuestionan a las grandes empresas» energéticas. En este sentido, incidió en que actualmente los consumidores tienen «mucha capacidad» para convertirse en productores de su energía.

Asimismo, ha alertado de que los fenómenos naturales del cambio climático «se están intensificando» y ha mencionado las consecuencias de la tormenta tropical Harvey, que ha provocado unas inundaciones en el estado de Texas (Estados Unidos) que podrían alcanzar un coste de hasta 20.000 millones de dólares (16.605 millones de euros) para la industria de seguros estadounidense, lo que lo colocaría como uno de los diez huracanes más costosos en la historia del país, según estimaciones de JP Morgan Chase.

Por ello, Narbona aboga por que haya políticas «globales» y asevera que el modelo energético «imperante» en la sociedad explica en torno a un 80% del proceso de calentamiento global, mientras que ha completado que el 20% restante es consecuencia del modelo alimentario humano basado en la deforestación y en el consumo de carne y, por lo tanto, la mayor emisión de gas metano a la atmósfera. De esta forma, considera que las causas y efectos del calentamiento global muestran «una terrible asimetría» y una «injusticia» porque los países «que más han contribuido» al calentamiento global «no son necesariamente los más afectados» por sus consecuencias. Es decir, que considera el cambio climático como «un enorme desafío ético de nuestra sociedad».

PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno en confirmarlo

Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado «el tiempo perdido», el «retraso» y «tardanza» del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado que «se ha perdido un tiempo precioso» en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español «no necesitaba Garoña».

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que «explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales» y para que aclare «cuál es el modelo energético» que busca, al tiempo que reclamarán que se «abra el diálogo y se lleve a cabo un debate» sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares «es clara»: «Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil», ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es «la más razonable», aunque «llega tarde». A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña «un instrumento de acción electoral y de desgaste» contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica «que permita tener una oportunidad de futuro a las familias» la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal «ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años».

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho que «por fin se termina el culebrón de Garoña» y que la decisión llega con «5 años de retraso». «El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad», ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto» de centrales nucleares españolas, pero «no les ha salido bien». «El futuro energético español pasa por las renovables», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la «tardanza» del Gobierno: «No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta». No obstante, ha señalado que se «congratula» de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña «es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español».

Así, Gutiérrez ha pedido al Gobierno que «deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles», y que España «merece tener una energía limpia».

Reacciones en Twitter

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: «Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca».

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: «Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás».

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: «Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña».

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: «El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia».

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: «Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña».

El PSOE formará su propio Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía para luchar contra el cambio climático

Redacción / Agencias.- La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que el partido creará un Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que analizará las fórmulas para reorientar el modelo económico y aumentar así la ambición española contra el cambio climático, algo que también exige al Gobierno, al que ha culpado del retraso de España respecto a países del entorno con la «obligada» Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Precisamente, el Gobierno aprobó recientemente en Consejo de Ministros la creación de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética que estará formada por 14 miembros (entre Gobierno, grupos parlamentarios y agentes sociales) y que tendrá 6 meses para elaborar un informe que se elevará al Ejecutivo. En este sentido, Narbona explicó que el PSOE está celebrando debates en los que participan «todos los sectores de la sociedad», desde representantes de organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG y de científicos. Servirán para aglutinar sus aportaciones en una resolución de la comisión ejecutiva federal del PSOE, centrada en la posición del partido respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La exministra de Medio Ambiente ha señalado que éste ha sido un primer debate que tendrá seguimiento tanto en los grupos federales de la comisión ejecutiva federal y también en el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, cuya composición y presidencia se anunciará en la próxima reunión de la Ejecutiva socialista que se celebrará en Barcelona. Para Narbona, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno «va muy por detrás de la mayoría de países» del entorno y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del «drástico retroceso» de España en el uso de energías renovables y de una «regulación inédita a nivel internacional sobre autoconsumo».

A diferencia de España, recuerda que países como Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia cuentan con leyes de cambio climático y transición energética mientras España «hasta ahora no había iniciado este trabajo». Por ello, anunció que el PSOE abordará estas cuestiones en su trabajo parlamentario y anticipó que «en breve» registrará una iniciativa sobre la directiva de energías renovables que se trabaja en el Parlamento Europeo y cuyo ponente por parte del Partido Socialista Europeo es el exministro José Blanco. En esta iniciativa parlamentaria, que posiblemente se desarrollará en paralelo a la legislación española, exigirá al Gobierno una «exigencia de mayor ambición» porque considera que España debe apoyar una senda clara de reducción de emisiones.

Narbona ha destacado que «se ha consolidado una posición crítica» de Donald Trump contra el cambio climático que «obliga» al resto de la comunidad internacional y en particular a las Unión Europea a ser «mucho más ambiciosos» en la reducción de emisiones y en las de adaptación al cambio climático. En este contexto, avanzó que el debate en la sede socialista de Ferraz tendrá continuidad en los grupos federales de la comisión ejecutiva federal y también para un Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, como una de las «señas de identidad» de la nueva dirección del partido y ha incidido en que esa apuesta requiere nuevas formas de producir y de consumir.

Narbona subrayó que ese nuevo modelo de producir y de consumir debe ser acorde al conocimiento científico y a los riesgos de la contaminación, del cambio climático y de la escasez de los recursos naturales. La presidenta del partido destacó que Europa fue pionera en el desarrollo de las energías renovables y en las políticas de lucha contra el cambio climático «pero en los últimos tiempos ha perdido ese liderazgo». A su juicio, en la reconstrucción del proyecto europeo debería desempeñar un papel importante esa apuesta por un progreso «más seguro, más estable y más justo» y ha incidido en que ésa sería una de las primeras consecuencias de la transición ecológica de la economía.

Empresas cotizadas y riesgo climático

Respecto a la ley de Cambio Climático y Transición Energética, el PSOE quiere que recoja que las empresas cotizadas incluyan en su reporte anual de cuentas la evaluación del riesgo climático y los planes para su reducción. Según fuentes socialistas, se trata de incorporar una de las recomendaciones que han salido de la reciente cumbre del G-20 y que en Francia y Reino Unido ya es obligatoria. El G-20 apostó por que se vayan incorporando como buenas prácticas empresariales mientras que los socialistas quieren que se imite a estos socios europeos y esta «exigencia» aparezca en los diseños estratégicos a largo plazo de las empresas.

Además, el PSOE apuesta por «dar preferencia» en los concursos públicos a las empresas que cumplan con requisitos «verdes» como la elaboración de informes de sostenibilidad. En sus propuestas, también aparece la elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, de manera que haya un estudio sobre las vulnerabilidades de la economía española ante el cambio climático y su reflejo económico.

Asimismo, se reclama la remisión por parte del Gobierno al Parlamento, para su aprobación de un presupuesto para cinco años sobre emisiones de gases efecto invernadero. Sería una fuente de control de cumplimiento de los compromisos que adquiere internacionalmente España así como un seguimiento «lo más ajustado posible» a ese cumplimiento, ya que obligaría a fijar el montante económico de lo que se va a emitir antes de su gasto. Estas son algunas medidas que para el PSOE debe contemplar la Ley que, a su juicio, debe impulsarse cuanto antes.