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El Ministerio de Energía considera «lógico» avanzar de forma gradual en la imposición energética que recomiendan los expertos

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera «lógico» que se avance en la imposición medioambiental que propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de una «forma gradual«.

Fuentes del Ministerio han explicado que los expertos no plantean un único escenario válido, sino diferentes variables, y apuestan por que se adopte un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que este importe se use como financiación del traspaso de costes de la factura de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un país en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y no es que se deje de emitir CO2, sino que se emite en otro lugar», explicaron desde Energía.

En cuanto a las recomendaciones del documento, desde el Ministerio de Energía apuntan que España, en los diferentes escenarios que se manejan, cumple con los objetivos de emisión de CO2 con un impuesto de 15 euros por tonelada, por lo que estas medidas podrían ser demasiado ambiciosas, lo que da margen para cumplir con ellas «de una forma más gradual». Dichas fuentes apuntaron que los expertos, en su informe, hacen recomendaciones que traspasan el ámbito de la cartera de Energía, como puede ser la reforma fiscal que supondría trasladar los costes de las renovables, de los sistemas extrapeninsulares y de la deuda del sistema eléctrico a los Presupuestos del Estado, lo que haría más propicia la electrificación de la economía.

Esta reforma fiscal, según la comisión, lograría un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz, aunque implicaría un recargo de otras energías finales, principalmente las fósiles, con un aumento del precio del gasóleo de automoción del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%. También sería necesario un aumento del tipo impositivo del IVA general para todos los productos de entre 1,1 y 1,3 puntos, en función del escenario analizado. «La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo», aseguraron, aunque indicaron que sirve como un punto de partida para ver qué medidas se pueden tomar de forma gradual.

Dicho documento recoge que la reforma fiscal y de los peajes serviría para eliminar el cargo transitorio al autoconsumo eléctrico sin que se generen distorsiones entre los consumidores. Fuentes del Ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen «implicaciones de todo tipo» que «hay que calibrar con cuidado», por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural. Eso sí, todos los escenarios analizados muestran una penetración «muy elevada» de energías renovables.

Apuntaron que existe en la actualidad consenso político entre los grupos parlamentarios para avanzar en la transición energética. El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética. El Ministerio cree que lo lógico sería iniciar el debate sobre el informe presentado «cuanto antes» e incluir las conclusiones en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, que se debería presentar antes del 31 de diciembre. «La idea es convocarlo cuanto antes en el Congreso y lo ideal es contrastar los resultados de esta discusión con los expertos en el Plan Nacional de Energía y Clima», explicaron desde Energía.

Respecto a la energía nuclear, desde Energía destacaron que el informe de los expertos resalta que esta energía tiene un papel «determinante», por lo que sería razonable alargar 10 años su funcionamiento, y añade que prescindir de las centrales nucleares supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del coste variable de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales en función del escenario, es decir, del 20%. «Si las centrales cierran con 40 años podría haber riesgo para el contribuyente; habría que analizar dicho riesgo y ver quién lo tendría que asumir. Habría que ver si se equipara a otros países europeos», aseguró Energía.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2. En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva. Sin embargo, las fuentes del Ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45% si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

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Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

Nadal asegura que el almacén de gas de Doñana no funcionará sin el «visto bueno» de la Junta de Andalucía

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el almacén de gas Marismas Occidental, que Gas Natural Fenosa tiene previsto llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un «visto bueno 100%» de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico.

En la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento «por prudencia» y después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidieron encargar una evaluación al IGME. Según ha insistido, si no está garantizada la seguridad de la zona por parte de estos dos actores, el almacén de gas que se pretendía construir en la zona conocido como Marismas Occidental, no se llevará finalmente a cabo. «Jamás con una declaración medioambiental desfavorable lo ordenaríamos», ha aseverado.

Sin embargo, la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha acusado al ministro de conocer ya el resultado del informe del IGME que, según ha señalado, acusa a Gas Natural Fenosa de «rebajar» el nivel de riesgo de inundaciones de la zona que, según el instituto, debería ser declarada «de alta peligrosidad». En este sentido, ha pedido que se haga público ya el documento para poder acceder a esa información.

En este sentido, el ministro se refirió al anuncio que el Ejecutivo andaluz realizó sobre su intención de revocar el informe favorable sobre este proyecto. Una decisión que Nadal ha animado a llevar a cabo «por los medios adecuados», es decir, a través de procesos administrativos y no «con declaraciones públicas». El ministro ha indicado que lo que no puede pasar es que el Gobierno tenga ahora un documento favorable «y luego se le pida que deniegue la ordenación de funcionamiento«. A estas palabras se ha unido el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, quien ha aplaudida “la autoenmienda”.

Nadal ha tenido que enfrentarse también a las críticas vertidas por el PSOE. La portavoz socialista, Josefa Inmaculada González, ha demandado al ministro la paralización definitiva del proyecto y señaló que la seguridad no está garantizada en el entorno del Parque Natural si no se hace una evaluación de impacto «acumulativa» de los 4 almacenes. Se refiere así al resto de proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona, conocidos como Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo. El primero, según explicó Nadal, ya cuenta con un informe desfavorable de la Junta desde 2016, mientras que los otros están pendientes de evaluación.

Sin embargo, Nadal ha apuntado que su departamento, aunque tome decisiones en base a los informes de impacto ambiental, no tiene competencias en esta materia, sino que, en este caso, la autoridad es la Junta. «Una cosa es que nosotros siempre priorizamos los sistemas de seguridad ambiental, y otro que seamos nosotros los responsables de hacerlos», insistió. Del mismo modo, ha tranquilizado a los partidos de la oposición que han mostrado su preocupación por la seguridad de este proyecto: «Descuiden, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió con el proyecto Castor», concluyó.

El CSN niega que hubiera intervención política en el cierre de la nuclear de Garoña y defiende a sus técnicos

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Europa Press.– El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha señalado que en la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) «nadie ha intervenido políticamente» y que él mismo «no lo hubiera consentido» si así fuera. En este sentido, ha defendido también el trabajo de los técnicos del organismo que, según ha señalado, «han hecho lo que han tenido que hacer».

Así lo ha aclarado durante su intervención en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde desde los partidos de la oposición se han puesto en duda las decisiones del organismo regulador en esta materia, y más concretamente las tomadas por el Pleno del Consejo del CSN. «Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo», ha insistido Martí, para después señalar que «en todo lo que se hace en el CSN, lo hacen los técnicos de abajo a arriba».

Garoña fue uno de los temas por los que más preguntaron los partidos de la oposición en esta intervención, así como por la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) o la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca). En estos dos últimos casos, el presidente del CSN ha asegurado que tiene una opinión personal, pero que no puede hacerla pública como miembro del órgano que preside. Martí ha recordado que estos temas son decisiones del Gobierno y el Consejo sólo trabaja en lo que se le encarga en materia de seguridad.

La presencia de Martí en la Cámara Baja se había solicitado por la propia Comisión de Energía para presentar el Informe Anual del órgano en 2016, un documento que recoge información del funcionamiento interno del CSN, su organización, sus planes y recursos, así como las actividades propias del regulador. Entre los datos de este documento se recogen las incidencias detectadas en las centrales nucleares en 2016 que, según el presidente del CSN, fueron 22, siendo 20 de nivel 0 y 2 de nivel 1, «ambos detectados en Almaraz y relacionados con inoperabilidades en un tren de sus cambiadores de calor«.

Por otra parte, ha explicado que el organismo regulador emitió 2 apercibimientos en 2016. Uno a la central nuclear de Ascó (Tarragona) y el otro a Cofrentes (Valencia). «No se ha propuesto apertura de ningún expediente sancionador», apuntó. Precisamente sobre Cofrentes fue cuestionado Martí y, más concretamente, sobre el último suceso registrado allí por problemas en una de sus vasijas de agua. Según indicó la propia central, se perdieron piezas de esta vasija que se quedaron en el interior de su sistema. En este sentido, el presidente ha señalado que los principales responsables de la seguridad de la planta son los directivos de la misma y que los miembros del CSN inspeccionan lo que hacen los técnicos de las centrales.

Según indicó Martí, lo que quería Cofrentes era operar los 24 meses que tenía por delante con las piezas perdidas en su interior porque, según explicaron, ha habido casos en Estados Unidos que se ha hecho así. Sin embargo, desde el regulador se le instó a parar la actividad de la planta, sacarlas y reanudar. «Lo peor de todo esto han sido los cuarenta y tantos días sin poder producir. Para ellos es importante», señaló, para responder a las críticas sobre la falta de transparencia señalando que no es obligatorio avisar de las incidencias de nivel 1 «porque no tienen importancia en materia de seguridad».

Durante su intervención, el responsable de la seguridad nuclear en España destacó que el organismo que preside elaboró en 2016 un Código Ético en el que, a través de un conjunto de valores, se promueve la excelencia de los trabajadores del organismo regulador y se refuerza la confianza de los grupos de interés en la misión que realiza el Consejo.

En general, según explicó, 2016 supuso para el CSN un paso más en la consolidación de uno de los principales retos que afronta a medio y largo plazo, como es la política de recursos humanos, la renovación de la plantilla técnica y la gestión del conocimiento, con la oferta de seis plazas de nuevo ingreso al cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN.

Finalmente, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear asumirá, en 2018, la segunda misión de verificación del sistema regulador (IRRS, por sus siglas), solicitada por España, puesto que la primera tuvo lugar en 2008. En esta ocasión esta misión vendrá acompañada de una revisión del sistema de la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado, denominada Artemis.

Nadal asegura que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para que otras sean más rentables económicamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar «la tentación» de algunas empresas de «cerrar una central que, aunque es rentable, cerrarla hace más rentables las otras que tienen«.

Nadal insistió en que la decisión de cerrar centrales «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles«. Por ello, consideró «muy importante» que el mix energético se decida desde «la política pública» ya que «el mix sí que marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que «no está normativamente regulado», ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver «qué tipos de centrales se tienen que cerrar», pero siempre de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y «al mejor precio posible». «Dentro de los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio», añadió.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de precio. De ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere «ya que si tiene comprador es rentable«.

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, «que tenga respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado», expuso Nadal.

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares «como un chantaje a la sociedad». Así, subrayó que el precio lo marca el gas dentro del mercado marginal, «independientemente de que siga existiendo la energía nuclear», por lo que retó al ministro a decir «de dónde sale ese dato de incremento del precio» del 25% si se elimina la nuclear. «Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante», concluyó.

Jorge Fabra expresa su compromiso como consejero del CSN de que la seguridad nuclear no se relaje ante intereses económicos

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Europa Press.- El catedrático Jorge Fabra Utray, nombrado a propuesta del PSOE consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), manifestó en el Congreso su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra Utray, que formó parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha señalado que uno de sus objetivos es conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores», que «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, el consejero se ha marcado también lograr la transparencia en las actividades y decisiones del organismo regulador. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental», ha declarado en su intervención para señalar que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es, en su opinión «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública«. Además de sus aportaciones al Consejo del CSN, los grupos parlamentarios han cuestionado mayoritariamente a Fabra por su opinión sobre el parque nuclear español, así como por la construcción del Almacén Nuclear Temporal Central (ATC) que no se acaba de construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Ante estas cuestiones, el consejero se ha mostrado prudente, alegando que, para dar opiniones concretas, tendría que acceder a los informes preparados por los técnicos del regulador, a quienes ha valorado muy positivamente. Aún así, ha reconocido que «el parque nuclear español está envejecido» y que cualquier dictamen técnico del CSN sobre esta materia debe centrarse en la seguridad y no en «consideraciones económicas o políticas» ya que las decisiones finales son competencia del Parlamento o del Gobierno. «No puede haber otro criterio que no sea la propia seguridad«, indicó, para señalar que si esto no fuera así se estaría «desvirtuando la posición del CSN» como protector de la sociedad.

Sobre su postura sobre las centrales nucleares, Fabra ha reconocido que «por motivos estrictamente técnicos» no mantiene «una posición antinuclear de ningún tipo». De hecho, ha señalado que si se busca en la hemeroteca se podrá encontrar que ha sido pronuclear «durante un tiempo nada despreciable», una posición que, según ha asegurado, se moderó tras Chernóbil y desapareció tras Fukushima.

En cuanto a la construcción del ATC, el consejero señaló que «sólo puede decir que el país lo necesita», pero no ha querido hacer valoraciones sobre la polémica existente en cuanto a su localización porque, según ha argumentado, desconoce los informes técnicos sobre este proyecto. «Ahí es donde formaré mi propia opinión«, apuntó, antes de insistir en que un almacén «es necesario porque los almacenes individuales de las centrales están ya a rebosar y es una situación que este país debe resolver». La comisión de Energía apoyó la candidatura de Fabra al CSN, con el voto a favor de todos los grupos, con excepción del Ciudadanos, que votó en contra.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

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Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.

El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».