Encuentro Rivera Rajoy

Ciudadanos lleva al Congreso de los Diputados la división de la CNMC en dos organismos que pactó con el PP

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos órganos independientes, una medida que el partido naranja acordó con el Partido Popular en el pacto de investidura de Mariano Rajoy.

Según la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Economía y Competitividad, la actual CNMC debería dar lugar a dos nuevas entidades: una Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo), siguiendo «el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno». En concreto, Ciudadanos propone que la AIReM asuma las funciones de supervisión y control de todos los sectores económicos, en especial los de gas y electricidad.

Además, Ciudadanos apuesta por que esta nueva entidad recupere competencias que fueron asumidas por ministerios y direcciones generales tras la creación de la CNMC durante la reforma de los organismos regulatorios en 2013, cuya supervisión y regulación sería asumida por la AIReM. Aquel año se fusionaron en la CNMC seis organismos (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria). Ciudadanos critica que aquella reforma «fue realizada sin consenso y acaparó críticas tanto de expertos como de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea». «No tiene sentido cuando se hace en tantos ámbitos y tan dispares», señala Ciudadanos.

Respecto a la AIDeCo, Ciudadanos propone que asuma las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. Asimismo, esta entidad desarrollaría las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas», subrayan desde la formación. En este sentido, consideran «absolutamente imprescindible un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes».

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