Es más que probable que el pacto suscrito ayer por los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, no sirva para garantizar una investidura o un programa de Gobierno, a la vista de los acontecimientos, por lo que la virtualidad del acuerdo está condicionada por la propia dinámica de los partidos. Por otra parte, es cierto que, en nuestro país, estamos en una situación política insostenible e inaudita por su petrificación que, por otra parte, no tiene solución fácil. El caso de lo que se recoge en dicho Pacto en lo que se refiere a energía así lo acredita.

El pacto, en este ámbito, pivota en tres niveles: una trasposición casi palabra por palabra del Pacto suscrito PSOE-Ciudadanos en la materia, un cierto aire de programa electoral destinado a satisfacer lo que son los supuestos ‘marcos mentales’ de la sociedad española en materia de energía, expurgando los titulares más reconocibles de la comunicación política (la abolición del mal llamado “impuesto al sol”, el más evidente y llamativo) y, consecuentemente, la voluntad de que la energía sea uno de esos ámbitos dónde pueda acampar la presión a los socialistas dada la identidad de postulados de este Acuerdo con el precedente.

Por tanto, en estas 150 medidas, de las cuales 100 estaban pactadas anteriormente con los socialistas, se percibe el síndrome del copiar y pegar del pacto suscrito entre Ciudadanos y los socialistas en energía, poniendo más acento en éste recién presentado en la unidad de mercado, dado que el PSOE buscaba elementos de distinción federalista en su concepción.

El pacto contiene una enmienda a la totalidad respecto a una cuestión que fue una de las actuaciones más vergonzantes de la última legislatura popular, que fue el diseño y configuración de la actual CNMC, causante de que este organismo no tenga correlato en los países occidentales con economía de mercado y además que el organismo esté sumido en una crisis de gobernabilidad salvaje. El ensañamiento en desmontar el sistema de órganos reguladores independientes en la última legislatura popular (después del desmadre final socialista) fue evidente y, además, ya había sido criticado de forma muy severa por las autoridades europeas, a la vez que vapuleado desde el Ejecutivo durante la ejecutoria Soria/Nadal. Abandonar, al menos nominalmente, por la vía del Pacto, el verticalismo popular en esta materia, puede servir para positivizar los cuestionamientos recibidos desde Bruselas y que el Gobierno absorbía impasible al ademán.

Por la propia traslación del acuerdo precedente, se aprecian dos apartados en que el influjo del colectivo retroprogresivo de la energía ha transmutado en el acuerdo: la reverberación de los CTC’s y la tarifa eléctrica. En lo que se refiere a los CTC’s, cuestión casi calificable como la “memoria histérica” del sector eléctrico, una vez deshauciada en el ámbito legal y jurídico, se reverberan las voces que reclaman la revisión de los mismos desde la política politizada.

Respecto a la tarifa eléctrica continua sin apreciarse, en este caso ni por PP, ni por PSOE, ni por Ciudadanos, el dimensionamiento correcto del impacto de los costes regulados y de los costes impropios que absorbe la tarifa, verdadero causante de las diferencias de precios con la UEM y que conllevan la articulación de un sistema muy tupido de subsidios cruzados. Un desenfoque completo en esta cuestión. A cambio, se recoge el postulado retroprogresivo de correlacionar costes y precios en el sector energético, de forma que paradójicamente, en un acuerdo no aparece nunca la palabra “mercado”. Ciudadanos, un partido supuestamente liberal, de la mano de los populares, escoran así la palabra “liberalización” y otras cuestiones, muy peligrosas como “seguridad jurídica” (¿para qué es necesario dos autoridades independientes de mercados o de competencia con esas ideas?).

En estos dos casos, dichas medidas también son una enmienda a la totalidad de la actuación de los sucesivos gobiernos populares, no se sabe si ha sido producto de la factoría de Jorge Fabra padre (por su inclusión en el pacto con el PSOE y su inspiración de los ideólogos de Podemos) o de Natalia Fabra (y sus relaciones con los economistas de Ciudadanos).
Otra coincidencia respecto a los dos pactos, son las ausencias de los mismos: ningún elemento respecto de la gobernanza de los TSO españoles, Red Eléctrica y Enagás. Tampoco de la participación de todos los sectores energéticos en la denominada y vaporosa “transición energética” sin concreción. Y, debajo de las alfombras, un silencio estruendoso en ambos acuerdos respecto a las consecuencias, conflictos jurídicos y arbitrajes en que está inmerso el sector tras el ajuste contable del déficit tarifario (otra expresión tabú del Pacto).

Finalmente, como se anunciaba, en una enmienda a la totalidad, Partido Popular y Ciudadanos abominan del mal llamado “impuesto al sol”, cuando lo que sería razonable sería comprometerse a la elaboración de un cálculo de los costes reales de utilización de los servicios de la red de forma transparente, auditada, sin penalizaciones, ni sobrecargos para los autoconsumidores, pero tampoco subsidiando los mismos por el resto de los consumidores, cargando la exoneración pactada como incentivos a los PGE.

Sea lo que sea, el pacto presentado tiene poco recorrido, y lo demuestra, que el Partido Popular, por cálculo o indiferencia, haya accedido a incluir todos estos, quien sabe si conscientes de que una vez conseguida la investidura se puede resistir y continuar ejerciendo el poder con los mismos formatos políticos. Por su parte, la casta del colectivo retroprogresivo frotándose las manos al haber intercalado sus papeles en los dos pactos en todas las formaciones políticas, del PSOE a Podemos, pasando por Ciudadanos, llegando al PP, desde el sol hasta el ocaso. Y, por su parte, Ciudadanos evidencia notables carencias en la energía traspapelando de forma textual el Acuerdo pasado en éste.

Quizá por esto (o en parte el síntoma sea esto) estemos así.