Entradas

Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

/0 Comentarios/en , /por

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

Elecciones 28-A: Medidas para bajar la factura de la luz y cómo afrontar la expansión del autoconsumo de energía eléctrica

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- El Gobierno del PSOE suspendió en octubre durante 6 meses el impuesto del 7% que pagan todos los generadores de energía eléctrica. Esta carga fiscal ha vuelto en abril y, a pesar de que la ministra Teresa Ribera justificó el estar a las puertas de las elecciones para no prorrogar esta suspensión, nada recoge su programa electoral sobre este impuesto.

Por eso sorprende la ausencia en el programa socialista de medidas con un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. La baza a jugar por los socialistas, en una hipotética legislatura completa de Gobierno de Pedro Sánchez, es acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. De esta forma, el PSOE compromete una fórmula “que traslade eficazmente” al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa comunitaria esta intervención socialista en el mercado eléctrico mediante su reforma.

Donde el PSOE ha actuado con más decisión es en la regulación del autoconsumo de energía para favorecer su expansión. Lo hizo en octubre eliminando los cargos al autoconsumo, el conocido como impuesto al Sol. Y ha sido en abril, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de autoconsumo en uno de sus viernes sociales. Mediante este decreto, se habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida por parte de la comercializadora eléctrica.

No parece que el PP vaya a recuperar la normativa que gravaba al autoconsumo conectado a la red eléctrica, a tenor de lo expuesto en su programa electoral. Es más, otra medida impulsada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el impuesto del 7% a la generación eléctrica, es ahora expresamente rechazada. Los populares se comprometen a eliminar específicamente este impuesto y afirman que trabajarán en políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Asimismo, el PP recalca que priorizará las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible. En este sentido, creen firmemente que serán útiles las interconexiones para crear un mercado interior europeo de la energía.

Quién sí propone un cambio revolucionario es Unidas Podemos, con la creación de una empresa pública de energía. Esta futura empresa, que lideraría también la instalación de más energías renovables, tendría el cometido de transformar el mercado eléctrico e ir hacia un recibo de la electricidad más bajo. Los de Pablo Iglesias consideran que “la estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más”. Por ello, se comprometen a que el término fijo no sea superior al 25% de la factura. Por otro lado, en lo que respecta a la energía consumida, Unidos Podemos promete que los primeros kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche.

Pablo Iglesias contra las eléctricas

También tendría un impacto en la factura de los consumidores vulnerables bajar el tipo de IVA al 10% para todos sus suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). Asimismo, la formación morada anuncia que no se acometerán proyectos sobredimensionados de infraestructuras energéticas y comprometen una vez más una auditoría de costes del sector eléctrico. En este sentido, los de Pablo Iglesias arremeten nuevamente contra las empresas energéticas, a las que tachan de “oligopolio”, y prometen eliminar sus “privilegios”. Para ello cuentan con intervenir el mercado eléctrico para que el precio lo marquen las renovables, que tendrían una retribución estable aparte, y acabar con el sistema marginalista, así como con establecer un cargo a la que consideran sobrerretribución de centrales hidroeléctricas y nucleares.

Vinculado a la reforma del mercado eléctrico y al autoconsumo, desde Unidas Podemos aseguran que incentivarían la compra de electricidad a las instalaciones renovables ciudadanas. De hecho, también prometen una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido.

Quién sí se atreve a fijar un objetivo de reducción en la factura de la luz es Ciudadanos. Los de Albert Rivera se ven capaces de bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestosy la introducción de mayor competencia en el mercado eléctrico. Para ello se proponen dos vías: por un lado, Ciudadanos asegura que limpiará la tarifa eléctrica eliminando los costes “heredados de la nefasta gestión del PP y del PSOE”, con una senda de reducción del déficit tarifario acumulado y de los costes políticos. Por otro lado, los naranjas premiarán la eficiencia en el consumo con precios más reducidos para los que moderen su demanda.

Desde Vox también apuestan por reducir los impuestos y los costes regulados de la factura de la luz. Y se ven con capacidad para ajustar los costes del sistema eléctrico en 1.000 millones de euros. Asimismo, los de Santiago Abascal advierten que la fuerte penetración de energías renovables, con bajos costes variables, provocará un abaratamiento aparente del precio de la energía eléctrica con facturas con un alto coste fijo y bajo coste variable. A juicio de Vox, esta estructura tarifaria llevaría inevitablemente a la pérdida de la eficiencia, sin penalizar a los que derrochan, y, adicionalmente, encarecería la factura a las familias de renta baja.

Por ello, desde Vox proponen definir tarifas e impuestos que graven el consumo para no elevar la parte fija de la tarifa. Asimismo, la formación conservadora muestra su preocupación con el autoconsumo y se muestra partidario de imponer cargas a los que optan por esta modalidad para que financien las redes, pero de una forma diferente a la del PP. Vox quiere que los consumidores afronten una tarifa de acceso a la red por tramos de consumo, que establezca descuentos para los primeros KWh consumidos, mientras que los autoconsumidores no tendrían derecho a este descuento.

Elecciones 28-A: Eficiencia energética, rehabilitación de edificios y medidas de apoyo al consumidor doméstico vulnerable y a la industria electrointensiva

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.

Elecciones 28-A: Propuestas para transformar la movilidad hacia la descarbonización

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- La transición a una movilidad sin emisiones es uno de los mayores retos que presenta la descarbonización de la economía. En este sentido, la apuesta por el coche eléctrico es transversal en los programas de los diferentes partidos políticos, pero no es la única. Precisamente quién lo fía todo a la movilidad eléctrica parece ser el PSOE. El partido gobernante presume en su programa del paquete normativo de Energía y Clima que ha presentado en los últimos meses de legislatura.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se propone una creciente electrificación del sector del transporte, estableciendo obligaciones de instalación de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, uno de los puntos más controvertidos por la inversión que exigiría a corto plazo a los empresarios de gasolineras. Asimismo, el PSOE plantea una Estrategia de Movilidad Sostenible que incentive un transporte menos contaminante en los municipios.

Ni una palabra de los socialistas sobre el diésel y el establecimiento de plazos para prohibir los vehículos de combustión. Unos plazos que sí menciona el programa electoral del PP, para rechazarlos de plano y apostar por la libertad de los ciudadanos para elegir su medio de transporte. A juicio de los populares, “debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”. Por ello los de Pablo Casado centran su apuesta en cambiar la fiscalidad para promover la renovación del parque móvil. Más en concreto, el PP habla de reformar el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos y vincularlo a sus emisiones y su consumo energético.

En cuanto al apoyo a los vehículos alternativos, el PP se compromete a impulsar la movilidad eléctrica con una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas para vehículos por todo el territorio nacional. Además, también ofrece recursos para apoyar las inversiones en I+D+i y ampliar las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y la financiación de estos vehículos. A nivel municipal, también prometen avanzar en la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones.

Quién sí se ofrece a poner cifras concretas sobre la mesa es Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren elevar hasta el 25% para 2025 la cuota de mercado de los coches eléctricos o los que funcionen con tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Un objetivo extremadamente ambicioso frente al 6,6% de cuota de mercado que alcanzaron estos vehículos en 2018 en conjunto con los híbridos. Y no hay que olvidar que los vehículos que utilizan gas quedarían fuera de los cálculos de Unidas Podemos, que pretende transformar ese hipotético 25% en un 70% en 2030 como paso previo al 100% en 2040 para cumplir con el Horizonte Verde prometido.

Para conseguirlo, Unidas Podemos contempla implementar ayudas a la compra de vehículos alternativos, apartado en el que los híbridos también recibirán apoyo económico:en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15% y el 20% del precio de adquisición. Asimismo, apuestan por crear una red inteligente de infraestructuras de recarga diseñada desde la empresa pública de energía que la formación morada pretende crear y que tendría un protagonismo creciente en la gestión de las redes de distribución. Donde sí apuestan por la colaboración entre el sector público y privado es en aunar esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías de baterías, vitales para un sistema eléctrico sustentado cada vez más por energías renovables y para el propio funcionamiento del vehículo eléctrico.

Precisamente una de las apuestas más decididas del programa electoral de Ciudadanos es incrementar el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. Asimismo, tres compromisos se reparten el protagonismo en su ambición por una movilidad sin contaminación: incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes, impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y conseguir un transporte público renovado que sea 100% sostenible.

Quién presenta una hoja de ruta para la movilidad bastante diferenciada es Vox. Los de Santiago Abascal apuestan por un Plan de ayuda para renovación del parque de vehículos. En este sentido, apuestan por impulsar la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos, cualquier tipo de propulsión. Para ello contemplan incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo solo para vehículos eléctricos.

Para Vox, la movilidad eléctrica presenta dos interrogantes: por un lado, no ven que pueda ofrecer una alternativa en el segmento de los transportes pesados, por lo que para este tipo de vehículos apuestan por desarrollar modelos y motores más eficientes, así como por el uso del gas natural vehicular; por otro lado, piden actuar con precaución en el despliegue de puntos de recarga ya que el desarrollo de las baterías puede variar considerablemente la inversión que se estima necesaria en redes. Así, el programa de Vox resalta que el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia induciría unas elevadas inversiones en las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir

Esto no significa que Vox no contemple medidas para hacer más atractivos para el consumidor los coches eléctricos. Con esta intención los de Santiago Abascal proponen dejar exento del Impuesto sobre la Electricidad la recarga de energía de los vehículos eléctricos en los puntos de recarga. Junto a la propuesta para rebajar durante 5 años el IVA en la compra de vehículos eléctricos del 21% al 10%, desde Vox aseguran que esta exención permitirá reducir los costes asociados al uso de este tipo de vehículos, haciendo “más atractiva” su compra.

El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.