En sólo media hora, Enel consiguió hacerse con el 9,9 % de Endesa. Es la crónica de una rápida operación, casi express, de la que el mercado estaba en preaviso tras las declaraciones del ministro de Industria en esa misma mañana, referentes a la posibilidad de poder alcanzar finalmente la «solución nacional». Si el ministro conocía la operación con anterioridad, ese es otro cantar que parece podría dilucidar la CNMV. El regulador bursátil le ha pedido a Enel que le remita información acerca de los contactos “directos o indirectos, que ha mantenido Enel o sus directivos con personas o instituciones, públicas o privadas, con carácter previo a la toma de decisión”, lo que incluiría al ministro de Industria. Enel ya ha respondido, y ha reconocido, que su consejero delegado, Fulvio Conti, se reunió el 16 de febrero con el titular de Industria y con el director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas.

Ayer, y dos horas después de la respuesta de Enel, Joan Clos reconoció haber mantenido dicha reunión, aunque negó que en ese encuentro se planteara la entrada de la eléctrica italiana en el capital de Endesa.

Sobre la rapidez con la que Enel consiguió alcanzar el 9,9 %, que tenía como objetivo, fuentes del mundo financiero aseguran que “quedó mucho papel dispuesto a venderse”, por lo que a ese precio, 39 euros, Enel podría haberse hecho con un porcentaje de participación aún mayor. Conseguir una participación relevante no sera, por tanto, el mayor obstáculo para Enel en este prometedor capítulo de la opa a Endesa.

De momento Enel, sin superar el 10%, con un 9,9 % del capital de Endesa, ha «burlado» el examen de la Comisión Nacional de Energía en lo referente al conocido como decreto anti-Eon. Sin embargo este quiebro es relativo. Durante el anterior Gobierno del PP, su ministro de Economía, Rodrígo Rato, impulsó una normativa que hará pasar a Enel por su primer obstáculo en la operación. Discurría 1999 y Electricité de France (EDF) «coqueteaba» insistentemente con la posibilidad de abordar el mercado español con la entrada en el capital de alguna de las eléctricas españolas, en concreto de Hidrocantábrico.

Ante aquel «acecho» insistente, Rato decidió redactar una ley, conocida por su objetivo como anti-EDF incluida en la disposición adicional vigesimo séptima de la ley 55/1999 y posteriormente modificada por la ley 62/2003 que no permite ejercer derechos de voto a las empresas de capital público que tomen participación en empresas que ejerzan su actividad en los mercados energéticos.

Según la redacción de la ley, la Comisión Nacional de Energía deberá emitir informe como consecuencia del caracter público de Enel. Sin embargo, este informe tendrá caracter preceptivo, y por tanto no vinculante, por lo que la decisión final quedará en manos del Consejo de Ministros que decidiría previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

La ley indica que “desde que se produzca la toma de control” y “hasta que no se pronuncie el Consejo de Ministros”, “no se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes”. Por tanto, el tiempo para conseguir la autorización, de cara a la Junta General de Accionistas de Endesa que se celebrará el próximo 20 de marzo, estarían ajustados.

Si pasa sin problemas esta prueba, y los precedentes y la coyuntura actual parecen estar de su lado, Enel podría plantearse incrementar su participación por encima del 10% y solicitar, esta vez si, autorización a la Comisión a cuenta del decreto anti-Eon. Fuentes consultadas por Energía Diario afirman que es previsible que Enel se muestre «ambiciosa» y no se conforme con un papel de secundario.

Eon va a por todas

Eon unicamente ha indicado que sigue firme en su empeño por conseguir hacerse con el control de Endesa. Ahora, todas las fuerzas de la alemana se centran en lograr demostrar que hay concertación y así obligar a Enel, CNMV mediante, a que ésta lance una opa sobre todo el capital de Endesa al igual que ella misma hizo.

Si llega el caso, Eon, que en toda su opa por Endesa ha demostrado que domina a fondo los terrenos movedizos de batalla legal –ya llevó a Acciona ante los tribunales de Nueva York por presunta concertación- recurrirá, si llega el caso, a los tribunales. Mientras, agotará las vías que le ofrece la SEC, el regulador bursátil estadounidense, o la misma Comisión Europea, en la que ya ha demostrado que tiene mano. En la alemana no piensan que sea el momento de la retirada.

Esta vez sí. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece haberse metido hasta las «cachas» para que su «final feliz» que hace meses propugnó con motivo de la cumbre hispano-alemana se torne en realidad.

Llevábamos semanas sin ver ningún movimiento relacionado con la opa de Endesa. El foco informativo se había centrado en Iberdrola y en la participación de ACS en ésta.

Nada parecía presagiar que en otra cumbre, la XIV Cumbre hispano-italiana del pasado 20 de febrero, se estaba forjando la solución española tan esperada. Ibiza, en el marco incomparable de las Islas Baleares, uno de los feudos de Endesa mas deseados por Eon, por aquello del elevado número de compatriotas alemanes que en ella residen, habría sido el lugar elegido, curiosamente, para cerrar el acuerdo de entrada de Enel en Endesa.

La reunión entre el presidente del Gobierno español y el primer ministro italiano, Romano Prodi, habría dado sus frutos. La solución española, ahora «italoespañola», habría tomado forma con Enel, que a cierre de la sesión de ayer ejecutó un mandato para comprar una participación del 10 % en Endesa a un precio de 39 euros por acción, por encima, por tanto, de la oferta de Eon, 38,75 euros, y del precio de cierre de ayer, 38,12 euros. El coste de la operación rondaría los 4.130 millones de euros.

«Calma chicha»

La situación acerca de la opa de Endesa era, en los últimas semanas, de «calma chicha» y extrañaba el posicionamiento de Acciona, que últimamente apenas había participado en los medios y permanecía en una posición pasiva ante la sucesión de acontecimientos en torno a la operación.

Ni siquiera, según comentan fuentes del sector, se había pronunciado a cuenta del polémico decreto de renovables, cuando desde que la semana pasada el Ministerio de Industria se mostrara firme en su postura acerca del cambio en la regulación, se habían sucedido las críticas de los principales implicados, Iberdrola, las patronales APPA y AEE y hasta asociaciones ecologistas como Greenpeace, WWF-Adena o Ecologistas en Acción.

Sólo ayer tras la situación creada por la entrada por «sorpresa» de Enel, el Director General de Desarrollo Corporativo de Acciona, Juan Muro-Lara, aseguró que la compañía mantiene su posición y estrategia en Endesa frente a la opa del grupo alemán Eon. Además reiteró que la intención de Acciona es participar de manera activa en la gestión estratégica de Endesa.

Revés para Bernotat

La entrada de Enel en el capital de Endesa, favorecida presumiblemente por la reunión Zapatero-Prodi en lo que se podría denominar «Operación Ibiza» supone un duro revés para la alemana Eon, presidida por Wulf Bernotat.

La situación para la empresa alemana se torna complicada y Bernotat podría quedarse sin argumentos para justificar ante sus accionistas el alto precio ofertado por Endesa, 38,75 euros, cuando se está pagando por la acción una prima de control que no existe y además, seguramente, ni siquiera vaya a poder conseguir con su opa un 50 % de aceptación.

La difícil posición de Caja Madrid

La solución al «enigma» de la OPA sigue pasando por Caja Madrid. Con la caja madrileña, Enel y Acciona sumarían un 41 %, porcentaje suficiente para desbaratar por si sola la oferta de Eon. Además, Acciona tiene autorización para tomar hasta un 24,99 %, por lo que el porcentaje podría alcanzar el 45 %.

La situación preelectoral que se vive, ante la cercanía de las elecciones municipales, y el hecho de que, ahora si, su concurso será fundamental, colocarán a la caja en una difícil posición, a pesar de que en varias ocasiones haya mostrado su disposición a deshacer su participación y materializar plusvalías.

Por otro lado, el porcentaje que mantiene la SEPI en Endesa, un 2,95 %, pone la situación más difícil si cabe a Eon, pues el porcentaje real máximo de accionistas disponibles, y dispuestos a vender sus acciones, que acudiría a su opa, podría no superar el 52 %.

Enel no tomará, en principio, más de un 10 %

La empresa italiana presidida por Fulvio Conti no tomará una participación superior al 10%, para poder salvar el obstáculo de petición de autorización a la Comisión Nacional de Energía, por la cual y en virtud al conocido como decreto anti-Eon una empresa que tome una participación superior al 10 % debe solicitar autorización del regulador.

La petición de esta autorización, rebasando el 10%, podría complicar el éxito de la solución nacional, teniendo en cuenta que la Junta de Accionistas de Endesa en la que se decidirá el levantamiento de los blindajes se producirá el próximo 20 de marzo y que el plazo máximo de aceptación de la oferta alemana finaliza el 29 de marzo.

El caso es que con la entrada de Enel en juego, el mercado no sabe muy bien como reaccionar, puesto que su entrada podría precipitar la salida de Eon, que siempre ha mantenido «abierta la puerta» a una retirada en caso de que no se levantaran los blindajes o no se llegara a un porcentaje de aceptación de su oferta superior al 50 %.

En relación a los blindajes, se da la circunstancia de que si finalmente se consigue un consenso o núcleo estable en torno a la solución española, la misma Acciona podría estar interesada en levantar los blindajes, puesto que le permitiría ejercer un papel protagonista en la gestión de Endesa, al ser el accionista mayoritario.

Los accionistas de Endesa podrían ver un desplome de la acción si Eon se planteara desistir de su opa, lo que en principio no parece muy probable a la vista de la tenacidad que hasta ahora ha exhibido la alemana. En todo caso, en la tarde de ayer la CNMV decidió suspender cautelarmente la negociación de Endesa “hasta tanto no se esclarezcan las circunstancias de la posible adquisición de un
paquete significativo de acciones de la citada sociedad por la empresa italiana Enel”.

Las intenciones de Enel

La pregunta ahora es qué saca Enel de todo esto. En 2002, Endesa vendió Viesgo, entonces propiedad de la española, a Enel. Tras esta operación, con la que Enel nunca quedó satisfecha, pues al parecer Endesa le vendió chicharrón a precio de merluza, la italiana se ha mantenido siempre atenta a la caza de oportunidades que le pudieran abrir, en mejor ocasión, las puertas del mercado español. Está claro que su entrada puede ser una de esas oportunidades. Sin embargo, el hecho de que Acciona pueda seguir siendo el máximo accionista de Endesa le va a dejar un margen de maniobra limitado, por lo que podría suceder que su entrada tenga como objetivo conseguir, a posteriori, parte de los activos de Endesa. Para una empresa que hace pocos meses se planteaba adquirir Suez, esta compra del 10% parece «poco bocado». Según informaciones manejadas ayer, Enel podría incluso plantearse tomar hasta un 25 %. A diferencia de 2002, esta vez Enel no viene a que le den «chicharro por merluza».

Los descensos de los dos últimos meses en la cotización de Red Eléctrica y Enagas parecen haberse apaciguado, al menos por el momento. A pesar de ello en la sesión de ayer Enagas perdió un 1,51%. Hemos de tener en cuenta, que en un primer momento, el efecto del previsible cambio regulatorio fue tan grave, que superó en porcentaje el recibido por empresas energéticas en países de América Latina como Bolivia o Venezuela ante anuncios de nacionalización.

Después del revuelo de final de año en relación al cambio en la retribución en las actividades de Enagas, la impresión que ha quedado en el mercado es que esta decisión era el pistoletazo de salida hacia unos cambios de «calado» que no afectarían únicamente a la retribución de de Enagas, sino también, y por extensión, a las de Red Eléctrica como transportista de electricidad.

Tras tensas semanas, a final de año, el «riesgo regulatorio» está muy presente en los análisis de las principales casas de valores. De hecho, este riesgo se ha convertido en un elemento más de juicio por parte de los analistas en sus valoraciones, sobre todo en las de aquellas empresas que tienen un importante volumen de ingresos regulados.

Este riesgo regulatorio, junto a otros factores, ha hecho rectificar las recomendaciones de algunos analistas sobre Red Eléctrica y Enagas, aunque, en general, existe la impresión generalizada de que lo peor ha pasado. Las razones de este moderado optimismo se hallan en el hecho de que, a pesar de todo, siguen siendo valores con buenos fundamentales y unos resultados muy estables. En este sentido, Caja Madrid Bolsa recomienda «acumular» acciones de Enagas con un precio objetivo de 21,50 euros por acción.

Cambios previsibles y riesgo regulatorio

El fenómeno del riesgo regulatorio se ha adueñado también del sector de renovables con la interminable decisión sobre el cambio en su retribución. Si en algo deben estar de acuerdo empresas y Ministerio de Industria es en que la decisión no debe alargarse más. Según los expertos, en ambos casos, el de renovables y el de Enagas y Red Eléctrica, era previsible que, antes o después, el regulador se pusiera manos a la obra al objeto de modificar el marco retributivo actual.

En el caso de las renovables, según fuentes consultadas, no parece lógico que se realice un tratamiento retroactivo para las instalaciones en funcionamiento, independientemente de que estas estén teniendo un tratamiento favorable, pues este tipo de decisiones daña la «credibilidad» del regulador. Por su parte con Enagas resulta paradójico que existieran activos que se remuneraran a su valor bruto en lugar del neto. En ambos casos se trata de “una sobreremuneración que no era sostenible en el largo plazo”.

Sin embargo, apuntan, la forma en la que se están haciendo todos estos cambios regulatorios no parece la más adecuada y señalan como ejemplo el hecho de que justo en la semana anterior a que se conociera el cambio en la regulación para Enagas, del que la propia Enagas ni siquiera había sido informada, ésta hubiera alcanzado su máximo histórico. “Lo que no se puede es dejar que se ceben expectativas y luego pinchar el globo a la semana siguiente”, destaca un experto bursátil. Y es que después de que Enagas llegará a su máximo histórico en 21,09 euros, llegó a caer hasta los 16,00 euros. Ayer cerró en 17,56 euros, es decir un 15 % abajo respecto a su máximo. En el caso de Red Eléctrica la caída desde sus máximos ha sido más leve y a cierre de ayer era del 9%.

El hecho es que, con anterioridad a los cambios para Enagas, tanto Red Eléctrica como la gasista cotizaban con unos múltiplos muy superiores a los de otras empresas de su mismo sector a nivel europeo como Snam Rete Gas, Terna o National Grid, por lo que se consideraba razonable que, a medio plazo, existiera una «convergencia» en múltiplos en caso de cambio en la regulación.

A todo esto, no viene de más recordar, al hilo de los cambios efectuados, que tal y como reclamaba recientemente el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, se hace necesario que, desde la Administración, se comuniquen hechos relevantes que puedan afectar a la cotización de las empresas.Todo ello en beneficio tanto del regulador como del regulado, teniendo en mente siempre que la premisa clave debe ser el fair play y unas claras reglas del juego.

La semana pasada, una vez terminado el debate en el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, volvía a aparecer una noticia en Cinco Días en que se afirmaba que el gobierno se apoyaría en informes técnicos y jurídicos para regular el marco jurídico y económico de las renovables. Todo lo que sea necesario para evitar un dictamen que no le conviene. ¿Necesita la Secretaría General de Energía más informes técnicos y jurídicos que los propios que elaboran los servicios de la Comisión? ¿Cómo va a justificar la desviación del criterio que le marca el regulador?

Ya Energíadiario, informó hace una semana que el Secretario General de Energía Ignasi Nieto, había declarado en su comparecencia ante los consejeros de la Comisión que el decreto que sustituya al 436 sería retroactivo, con independencia de lo que dijera el organismo regulador. En ese momento, el anterior director de regulación de la CNE ya se olía que no iba bien su propuesta que hasta el momento sólo ha concitado críticas. Su visita coincidió con la segunda sesión que el consejo dedicaba a este tema, y si le contó algo su anterior jefa no podía ser nada bueno. Con lo cual, decidió avisarles de en qué estima tenía su departamento al órgano regulador y también, de paso, en qué estima tenía a los mercados, dado que preveía que, con independencia del marco retributivo la inversión en generación por renovables permanecería invariable.

Desde que el anterior ministro José Montilla esa declaración-bomba de que ‘las eólicas se forraban’, la guerra sin cuartel por hacer política de rentas con estas empresas no ha parado. Alguien debería poner coto a este desmán que ha provocado que podamos tener el sector eólico más importante del mundo. Alguien tendría que ocuparse de modificar algo que si estaba dando resultados positivos en generación por renovables. Y, por cierto, que la eólica fuese en realidad la única tecnología que cumpliera alguna de las previsiones en materia de capacidad de generación a través de energías renovables. Si además, se trata de una Administración que no cree mucho en el mercado y tiene tendencia al intervencionismo, el escenario está servido.

Con todo, lo peor no es el rifirafe entre la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno (por cierto, ha sido una excepción porque, en general, estas discrepancias son casi inexistentes). Hasta sería sano que se reprodujeran estos incidentes con mucha más asiduidad para que hubiese una sana dinámica en la vida de este sector regulado. Sería una señal, de que a pesar de la forma en que se producen los nombramientos de los consejeros, hay signos de renovación y de regeneración.

Lo peor, es que este rifirafe tiene lugar con la absoluta e impúdica indeferencia ante el deterioro de las condiciones de confianza para la inversión privada con todos los proyectos de energías renovables paralizados, con una situación de incertidumbre regulatoria que devora, según declaran las propias empresas (y no sólo las eólicas, o las renovables, exclusivamente, las expectativas de los agentes y las llevan exclusivamente al corto plazo, además del fuerte temor a la discrecionalidad regulatoria creciente para favorecer intereses o aquiescencias. No son buenos tiempos para el rigor analítico económico, para el mercado o para la estabilidad regulatoria.

Con todo, la realidad es mucho más tozuda. La actualidad de la problemática del cambio climático inunda (nunca mejor dicho) los medios de comunicación y está camino de convertirse en un fenómeno de conciencia social a nivel mundial. A nivel internacional la aparición de informes como el Stern. La reciente propuesta de la Unión Europea de alcanzar un 20 % de generación por energías renovables en 2020. Nos despertamos cada día con iniciativas de otros países para aumentar la generación por renovables, como hoy publicamos del gobierno italiano. Los biocombustibles están revolucionando tanto su implantación en el mercado e incluso la conformación económica de los sectores auxiliares.

Mientras, aquí, dedicados al control de rentas, no vaya ser que se forren.

Así se recoge en un voto particular que el consejero Luis Albentosa, dirige con motivo de la reciente decisión del Consejo de la CNE sobre los cálculos de la anualidad de la moratoria nuclear a diciembre de 2006, motivos por los cuáles se muestra contrario respecto del dictamen de la Comisión en esta cuestión.

Señala Albentosa, que las sucesivas reformas de los porcentajes de la moratoria nuclear (seis en total y tres en el último año) han llevado más lejos la conclusión de esta figura tarifaria, de forma que por efecto del aumento de la demanda y reducción de los tipos de interés estaba prácticamente extinguida. Así si no se hubiera modificado el porcentaje, en octubre se habría concluido con su pago, mientras que la última reforma puede llevar, si no se activa la denominada ‘garantía de importes mínimos’ a que la extinción de esta deuda se prolongue hasta 2016.

Por otra parte, el Fondo de Titulación de Activos disponía de un excedente a 31 de diciembre de 2006, de 207 millones de euros, procedentes de la recaudación obtenida de la aplicación del porcentaje de la moratoria a la facturación eléctrica, que no se va a destinar a la amortización de esta deuda, cuestión que también aumenta el pago de intereses por parte de los consumidores durante todo el período de vigencia del mismo. Esto se debe a los cambios en las condiciones de este Fondo.

La moratoria nuclear se implantó en la Ley 40/1994 de 30 de diciembre para compensar las inversiones realizadas por las empresas eléctricas por las inversiones realizadas en Lemoniz, Valdecabelleros y Trigo II, cuya construcción fue paralizada definitivamente. Para facilitar que las compañías eléctricas pudieran percibir de una sola vez el total de las compensaciones por estas centrales, el Gobierno promulgó el R.D. 2202/2995 que regula esta titulación, por el montante del informe que quedaba por compensar, 4.383 millones de euros. A su vez, se creó en 1996 un Fondo de Titulación de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear (TdA) como titular de los derechos de compensación resultantes de la moratoria nuclear.

Estas compensaciones sonn sufragadas cada es por los consumidores mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica que se recoge en el recibo de la luz. Además, existía una garantía de importes mínimos, mediante la cual la cuota anual de amortizaciones e intereses de cada año debería ser superior a una importe determinado. Si el cálculo de los importes era inferior a éste, el Tesoro Público atendía esta diferencia de ingresos, cuestión que sólo ha ocurrido en 1999, aunque las reducciones de los porcentajes podían abocar a situaciones en que fuera necesario que interviniese el Ministerio de Economía.

Hasta el momento las asociaciones de consumidores no han expresado su posicionamiento sobre esta medida que va a prolongar el pago de este concepto en el recibo, así como la mayor carga de intereses a soportar hasta el momento de su extinción.