Un apagón sin muchas luces

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Cuando, el pasado viernes, diversos monumentos en toda Europa y en el mundo, así como miles de hogares, apagaron la luz al unísono durante cinco minutos, entre las ocho menos cinco y las ocho de la tarde, España redujo su consumo eléctrico un 2,5%. Una cifra que no es desdeñable, pero que tampoco resulta muy significativa. De lo que no se dice nada es de los niveles de consumo del día siguiente.

Como medida para llamar la atención, apagar las luces está muy bien. El apagón fue algo especial, algo mágico, una medida extraordinaria, una iniciativa a la que se sumaron miles de personas de muchos países. Pero fue una medida extraordinaria, un apagón único, cinco minutos de gastar menos. Y es ahí donde radica el problema. Que se trata de algo extraordinario, cuando nuestra conciencia energética debería de ser una praxis cotidiana.

Bien cierto es que se trató de una llamada de atención, una llamada para concienciar al mundo, y por ello no deja de ser un hecho loable. Pero sigue siendo necesario que practiquemos nuestro apagón particular de todos los días. No se trata de apagar las luces durante cinco minutos a diario; eso no tendría el más mínimo sentido. Se trata, por el contrario, de que las luces que tengamos encendidas sean, en primer lugar, útiles. De nada sirve mantener la luz en una estancia si no hay nadie que aproveche esa iluminación. En segundo lugar, se trata de que sean eficientes. No se trata de tirar las bombillas que tenemos ya instaladas, pero en cuanto éstas se fundan, conviene sustituirlas por otras de bajo consumo. Con ello no sólo se ahorra en la factura de la luz, también se evita la emisión a la atmósfera de muchos kilos de CO2.

Pero la energía eléctrica es mucho más que luz. La electricidad sirve para cocinar, para calentar la casa, para ducharse con agua caliente, para lavar la ropa, y un largo etcétera. De lo que se trata, en definitiva, es de que convirtamos nuestras necesidades en un consumo eficiente. Los escépticos del ecologismo pretenden en ocasiones defender sus posturas argumentando que no tiene sentido vivir incómodo para cuidar del planeta. En absoluto se trata de eso. No es necesario renunciar a las comodidades que tenemos, pero es imperativo eliminar el abuso, el derroche. Algo que no sólo se da en el ámbito de la energía.

Es curioso que muchas de las personas que participaron en el apagón probablemente no hayan cambiado ninguno de sus hábitos en materia de consumo energético, y no hablemos ya de otras áreas como la separación de papel, basura orgánica y plásticos. Adoptar una postura respetuosa con el medio ambiente requiere poco más esfuerzo que pensar en nuestros hábitos perjudiciales y cambiarlos poco a poco. Lo mismo nos cuesta mantener un interruptor encendido que apagado, y sin embargo, las consecuencias cambian, tanto para nuestro bolsillo como para el aire que respiramos. Clasificar la basura y tirar cuatro bolsas con contenidos distintos nos cuesta lo mismo que no clasificarla y tirar cuatro bolsas con los mismos contenidos, todos mezclados. Porque al final el volumen de basura es el mismo. El daño que hacemos al medio ambiente, no.

El problema que tenemos los seres humanos es que hablamos de estos problemas sin entender su verdadera magnitud, sin creérnosla, o pensando que llegará muy despacio y después de que hayamos desaparecido. Todos estamos muy familiarizados con el término «cambio climático»; muchos empezarán a intercambiar en el ascensor breves conversaciones sobre el tema, acompañándolos de expresiones como «¡qué barbaridad el calor que hace!», como si el asunto no tuviese que ver con nosotros.

La falta de una conciencia real y constante (hechos aislados como el apagón no cuentan, y tampoco sirven para nada si al día siguiente el consumo vuelve a los niveles normales) hace que cobre más importancia la necesidad de adaptar los precios de la electricidad a sus precios de producción. Inevitablemente, se consume más a menor precio, y a mayor precio, menor es el derroche y el consumo evitable. Como hemos dicho más arriba, no se trata de renunciar a lo que es necesario, sino a aquello que no lo es.

Por ejemplo, no es necesario, en pleno invierno, estar en camiseta en casa, con la calefacción a todo meter y con la ventanas abiertas porque no hay quien aguante el calor. Puede parecer absurdo, pero esta escena se repite una vez y otra con demasiada frecuencia. Quien lo hace, es porque su bolsillo puede permitírselo y, ni que decir tiene, porque le falta sentido común. Con unos precios más ajustados, muchos dejarían de derrochar, y no necesariamente pagarían facturas más caras de luz a final de mes.

Y lo mismo ocurre con aires acondicionados, lavavajillas a medio llenar, grifos abiertos mientras uno se lava los dientes, y un largo etcétera. El medio ambiente no es sólo patrimonio eléctrico.

Las necesidades energéticas crecen año tras año. ¿Realmente crecen? Con electrodomésticos de clasificación energética A, pantallas de plasma (que consumen menos que un tubo de rayos catódicos) y dispositivos que gastan menos energía que un mechero, ¿no será que gastamos por gastar? ¿Se han parado alguna vez a pensar en la cantidad de energía que gastan los grandes almacenes cuando, en verano y en invierno, a puertas abiertas, el aire acondicionado o la calefacción se sienten desde la calle?

Reducir las emisiones tiene mucho que ver con fabricar coches menos contaminantes. Pero también con coger menos el coche. Con cambiar de hábitos.

Se puede decir mucho sobre este tema. Pero terminaría por ser redundante, pues todo se reduce a un par de cuestiones: el sentido común, por parte de los usuarios; y la búsqueda de una economía más limpia, por parte de las autoridades y empresas. No se engañen: el sacrificio que requiere es menor de lo que parece. Los beneficios a cambio, inmensos.

Por si a algunos de los que nos leen les falta imaginación para poner en marcha sus buenas prácticas de consumo energético, aquí les damos una serie de consejos que nos han ofrecido las jornadas sobre Energía, Municipio y Calentamiento Global que se celebran desde ayer hasta esta tarde en IFEMA, en Madrid.

10 cosas al alcance de todos para frenar el calentamiento global

Cambiar las bombillas: Reemplazar una bombilla tradicional por una de
bajo consumo ahorra más de 45 kilos de dióxido de carbono al año.

Conducir menos: Andar, montar en bicicleta, utilizar medios de transporte públicos. Se ahorra 30 gramos de CO2 por cada 4 km y medio sin conducir.

Reciclar: Se puede ahorrar más de 730 kilos de dióxido de carbono al año al reciclar únicamente la mitad de la basura que se produce en casa.

Revisar los neumáticos: Un correcto mantenimiento del inflado de los
neumáticos puede reducir el gasto de combustible en más de un 3%. El
ahorro de 4 litros de gasolina evita que 6 kilos de CO2 salgan a la
atmósfera.

No usar tanta agua caliente: Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Instalar un regulador de caudal del agua en la ducha evita la emisión de más de 100 kilos de CO2 al año. Lavar con agua fría o tibia ahorra 150 kilos de dióxido de carbono.

Evitar comprar productos con mucho embalaje: Se puede evitar la emisión de 1.100 kilos de CO2 reduciendo la basura en un 10%.

Ajustar el termostato: La oscilación de 2 grados en invierno y en verano
ahorra más de 600 kilos de dióxido de carbono en un solo año.

Plantar un árbol: Un solo árbol absorbe una tonelada de CO2 durante toda su vida.

Apagar los dispositivos electrónicos: Sólo con apagar la televisión, el
DVD o el ordenador cuando no estén en uso evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera.

El Secretario General de Energía asegura ante los consejeros de la CNE que el decreto de renovables será retroactivo, con independencia de su decisión

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El pasado jueves por la tarde, el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto visitaba la Comisión Nacional de Energía. Lo hacía después del consejo en que se había debatido la propuesta de modificación del marco regulatorio de las renovables, tan polémico y tan discutido, a la vez. En Energía Diario, venimos informando de este primer encuentro oficial entre los miembros del Consejo de Administración del organismo y su anterior Director de Regulación, por la importancia e interés de los temas que se trataron

Seguramente no recibió buenas noticias de Maite Costa, Presidenta del órgano regulador al respecto del debate sobre ‘su’ propuesta de modificación del Real Decreto 436/2004 y de lo acontecido en el consejo. Pintaban bastos para la retroactividad por lo que se pudo apreciar en la mayoría de los consejeros en su convocatoria de la mañana y que culminaba varios días de largo e intenso debate y análisis sobre eltema. Al parecer los Consejeros habían acordado proceder a votar esta cuestión al principio de su reunión de hoy miércoles 7 de febrero, sin iniciar nuevamente el debate, dado que las posiciones parece que estaban claras y contrarias, sobre la cuestión de la retroactividad del decreto.

Pero Nieto, se encargó de echar un jarro de agua fría sobre las intenciones de los consejeros, de forma que en el mismo tono firme que había empleado en el resto de su intervención, manifestó que el decreto sería retroactivo con independencia del posicionamiento del órgano regulador. A Nieto tampoco le agradó el hecho de que los Consejeros vayan a requerir de Industria que motivase las actuaciones contrarias a los dictámenes de la Comisión, dado los posicionamientos recientes del organismo en que o bien ha habido decisiones negativas o han sido salvadas por el voto de calidad de la presidenta Maite Costa.

La propuesta de reforma de renovables ha sido fuertemente criticada y ha concitado el rechazo del sector, de las entidades financieras, de los expertos, de las empresas que ven como se puede atentar contra los principios de estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y confianza legítima, en lenguaje jurídico, a cambio de generar incertidumbre regulatoria.

Si el resultado que parece atisbarse, se consuma en la votación de primera hora del próximo consejo de hoy, se tratará de otro revés que la Comisión Nacional de Energía propina a Nieto, que no esperaba un nivel de constestación tal desde el órgano regulador y que además, ahora, deberá justificar.

Gas Natural se quita de en medio y despeja el camino a E.On

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«¿Se retirará Gas Natural el jueves?», «¿Presentará su oferta por Endesa?» Aunque es probable que muchos se hiciesen estas preguntas, el mercado daba por hecho que Gas Natural no tendría nada que hacer contra E.On si no levantaba el precio, y la gasista catalana no estaba en condiciones de hacerlo.

Efectivamente, Gas Natural ha tirado la toalla. En la tarde de ayer, la gasista catalana remitía un comunicado a la CNMV en el que explicaba que el Consejo de Administración aprobaba por unanimidad la decisión de desistir de su oferta de adquisición del 100% de las acciones de Endesa.

Para los que esperaban que Gas Natural se retirara, esto es una confirmación. Para los que no lo tenían claro, esto despeja sus dudas. Pero la retirada de la gasista tiene más consecuencias que la mera desaparición de la competencia para E.On.

Sin embargo, la compañía presidida por Salvador Gabarró no ha querido dejar el terreno de juego sin señalar con el dedo acusador. Señalar a Endesa, por no haber hecho otra cosa más que poner todas las trabas a su alcance para obstaculizar el camino de Gas Natural; por haber ofrecido información financiera a E.On que no ofreció a Gas Natural; y a las mayores exigencias reguladoras impuestas a la gasista por tratarse de una compañía española y no extranjera.

Una de las primeras voces que se han alzado públicamente en protesta ha sido la de Vicente Martínez Pujalte, el portavoz adjunto de Economía del PP en el Congreso. Por un lado, Pujalte ha dicho que la retirada de la oferta de Gas Natural no es suficiente, y ha arremetido contra el Gobierno, al que considera «inútil». Ha pedido al Ejecutivo responsabilidades por defender la oferta hostil inicial de Gas Natural. Pero, por otro lado, Pujalte critica que el Gobierno socialista, ahora, deje el camino abierto a una empresa alemana…

El hecho de que Gas Natural tire la toalla no cambia el proceso de hoy. E.On sigue teniendo que presentar su oferta en sobre cerrado. De hecho, E.On tiene que hacer entrega de los papeles en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre las 9.30 de la mañana y las 17:45 de la tarde.

Lo que sí cambia es que la eléctrica alemana no tiene la misma presión que si tuviera que competir con otra compañía. De esta forma le será más fácil ofrecer menos dinero por acción. En cualquier caso, E.On ya se había comprometido a elevar su oferta inicial de algo más de 21 euros por acción a 34,5 euros por acción, dada la evolución de los títulos de Endesa en el mercado después de que Acciona entrara en juego.

Ahora las apuestas giran en torno a cuánto ofrecerá E.On. Los analistas más atrevidos apuntan a que el precio de su oferta será de 42 euros por acción, mientras que desde un punto de vista algo más conservador se apunta a 39 ó 40 euros por título (Endesa cerró ayer, jueves, a 38,41 euros). Aunque, sin competidores, el panorama puede cambiar ligeramente.

A partir de este momento, serán decisivos los movimientos de accionistas de Endesa como Acciona (el primero, con el 21% del accionariado), Caja Madrid (con casi el 10%) o la aseguradora Axa (con algo más del 5%). Sin embargo, no parece difícil que la alemana E.On pueda superar el 50,01% del capital de Endesa, circunstancia a la que condiciona su opa.

La energía anquilosada

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Puede parecer una contradicción ‘in terminis’, pero no lo es. La ‘energía’
puede estar anquilosada, petrificada, en un estado de inacción que le
impida avanzar hacia un lugar concreto, es decir, lo contrario a su
naturaleza. Resulta difícil recordar un momento de nuestra historia como el actual en que pudiéramos identificar un comportamiento similar de la
Administración del Estado en el sector de energía. Una situación
caracterizada por la ausencia de los requerimientos de los mercados, del
marco que rigen las decisiones económicas en materia de inversión, de la
necesaria estabilidad regulatoria, y de sus mecanismos de funcionamiento de los distintos agentes.

Así, esta semana pasada nos enteramos de que el ‘déficit tarifario’ del
año 2006 se conocerá alrededor del mes de junio, según comunicación del Secretario General de Energía y del Secretario de Estado de Economía, Ignasi Nieto y David Vegara, respectivamente, que de forma reiterada muestran una interesante sintonía. Esto quiere decir que las empresas no podrán determinar sus ingresos correspondientes al ejercicio 2006 en los tres primeros meses del año, tal y como exige la ley, y tal y como esperan los mercados para evaluar los comportamientos empresariales. Por tanto, estamos ante una nueva fórmula de prolongación de incertidumbre.

Haciendo un poco de historia, y en la misma línea, el año pasado ni
siquiera se elaboró el decreto o la orden ministerial para la titulización
del déficit tarifario. Así, fueron las propias compañías eléctricas las
que elaboraron junto con las entidades financieras los contratos que rigen esta operación financiera. A esto se le llama laissez faire.

Uno de los argumentos para aplazar el resultado del déficit tarifario del
2006 es la necesidad de calcular el importe de los derechos de emisión de los gases invernadero para detraerlos de la tarifa total. Pero resulta que en Energía ahora están indecisos sobre el tratamiento a dar a tales derechos de emisión, fruto del decurso de unos acontecimientos que han hecho aflorar múltiples criterios de imputación. Industria elaboró primero (antes del cambio ministerial) un Real Decreto-Ley, después elaboró una propuesta de Orden Ministerial, diferente a la norma inicial, que claramente quería evitar los resultados de la aplicación (a quien beneficiaba y a quien perjudicaba) del Real Decreto. Finalmente, la Comisión Nacional de Energía le devuelve otras dos propuestas diferentes, una aprobada por el Consejo de Administración y otra que es el voto particular de un consejero.

Otro hecho reciente que termina dibujando a unas autoridades energéticas que más parecen estatuas de sal es el comportamiento errático observado en la fijación de la tarifa 2007, en el que Industria y Economía acabaron bailando un rigodón de propuestas, cifras, porcentajes y métodos (algunas verdaderamente esotéricas, como la tarifa federal), hasta que la decisión final se adoptó por criterios estrictamente políticos. Por cierto, el baile acabó cuando la vicepresidenta política decidió retirar el ponche, desenchufar el tocadiscos y apagar paulatinamente las luces.

Todo esto sin hablar de la creciente incertidumbre imperante entre los
inversores financieros por cuestiones como la nueva regulación del régimen especial (las renovables), que también promete alargarse.

¿Qué es lo que tenemos a cambio?. Tenemos una utilización de los mecanismos regulatorios como si se estuviera haciendo política de
rentas, estamos en la tragedia pequeñita de los intereses más cercanos o más lejanos y, lo que es peor, existe, y cada vez se detecta más, una marcada ausencia de liderazgo e iniciativa, imprescindibles para dar los
pasos necesarios por la gran complejidad del escenario actual.

Además, estamos ajenos a todo el debate existente en la Unión Europea, sobre el futuro del suministro energético, del modelo de regulación, del esquema a seguir en materia de inversión futura en capacidad de generación o de las necesidades de reforma del mercado eléctrico para promover la competencia real y un mercado integrado.

A todos aquellos que, una vez leído esto, consideren que lo mejor que se puede hacer es permanecer atónitos observando la foto del desastre, les proponemos que modifiquen su encuadre. Por eso, que nadie se extrañe si se producen sorpresas con los asuntos que están abiertos: la reforma de las renovables, los procesos judiciales que trufan el sectore energético, el enfrentamiento abierto, sin precedentes y de proporciones formidables (y lo que es peor, sin sentido), con la Unión Europea, el comportamiento de las empresas españolas que se internacionalizan o de las empresas extranjeras que quieren participar en nuestros mercados. Atentos.

Los blindajes de Endesa y el artículo 32

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Una Junta Extraordinaria de Accionistas de Endesa deberá decidir sobre el levantamiento de las limitaciones al derecho de voto establecidas en el articulo 32 de los Estatutos de Endesa, decisión a la cual, tanto Gas Natural como Eon, vinculan la validez de sus respectivas ofertas por Endesa. Sin embargo, éstas se reservan el derecho de seguir manteniendo su OPA sobre la eléctrica aunque finalmente no se levante dicha limitación.

Ambas ofertas públicas de adquisición (OPA) solicitan la supresión de la limitación de los derechos de voto para poder hacerse con el «control real» de Endesa. La limitación actual establece que cada accionista podrá ejercer sólo derechos de voto por un 10% de las acciones de la compañía aunque las acciones de que sea titular superen ese porcentaje.

Por tanto esta limitación, conocida más comúnmente como «blindaje» de los estatutos, provocará que independientemente del porcentaje de aceptación que tenga la OPA finalmente ganadora –las ofertas públicas de adquisición están realizadas sobre el 100% del capital de Endesa- el ganador sólo podrá ejercer derechos de voto por un 10% del total que posea, lo que impediría, en la práctica, que la empresa vencedora se hiciese con el control de la compañía.

Para poder modificar esta limitación se requiere que en Junta General se produzca el voto de más del 50% del capital suscrito con derecho a voto. Actualmente los principales accionistas de Endesa son Acciona (21%), Caja Madrid (9,9%), Axa (5,3% ), Deutsche Bank ( 5%) y la SEPI (2,9 %).

Todos ellos podrán hacer valer sus derechos de voto en el porcentaje de participación correspondiente menos Acciona, que lo hará en el 10%, a pesar de disponer del 21%, por la citada limitación en los Estatutos.

Con todo y partiendo de que Acciona se mantenga firme en su posición actual, beligerante ante la entrada de Eon, su postura debería ser la de no apoyar el cambio en los estatutos de Endesa, pues eso supondría allanar el terreno a la alemana. La SEPI, revistiendo su decisión de neutralidad, es probable que se abstenga de votar, por lo que únicamente quedará un 76% disponible para levantar los blindajes. De este 76%, se necesitará que al menos dos tercios acudan a la Junta para conseguir el necesario 50% que acabe con la limitación que establece el artículo 32.

Para incentivar que los accionistas acudan a la Junta, la directiva de la eléctrica se plantea ofrecer una «prima de asistencia». Como precedente en 2005 -la Junta mas concurrida hasta la fecha con una participación del 66,2 %- se ofreció una prima de 2 céntimos de euro por acción.

Si la prima finalmente se emplea para incentivar la asistencia, Acciona con un 21% recibiría, con una prima similar a la de 2005 de 2 céntimos de euro por acción, casi 4,5 millones de euros por asistir a la Junta. A modo de ejemplo, un accionista con 1.000 acciones de la eléctrica, valoradas a cierre del viernes en 38.690 euros, recibiría una prima de 20 euros por su asistencia.

El éxito por tanto de la prima dependerá de cómo de repartido esté el capital de Endesa, puesto que para grandes inversores de la eléctrica, la prima, sin duda, resultará muy atractiva.

Un equipo económico y energético bajo cero

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Dos cuestiones recientes han puesto de relieve la situación del gobierno en el plano económico y energético. Por una parte, la tarifa eléctrica para el 2007 resuelta con enorme desparpajo por lo político por la Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega. Por otra, y también con la misma protagonista, el anuncio de que no se iba a producir la ampliación del período de vida de la central de Garoña. Ni rastro en estas dos cuestiones de los respectivos equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria. Y en cuestiones tan importantes que hemos podido conocer, como el informe de la Comisión Europea sobre el estado de la regulación y del sector energético en nuestro país o los requerimientos para eliminar las condiciones que estableció la CNE a E.ON, resueltas ‘low profile’ para evitar el verdadero alcance de las mismas en nuestros comportamientos políticos.

Por ello, un día tendríamos que hacer un resumen de las acrobacias filtradas por el Ministerio de Industria durante el proceso de elaboración de la tarifa: desde pensar en una tarifa federal para trasladar a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de la mejora de la distribución hasta las múltiples cifras de incremento de los precios de electricidad, que casi necesitaban análisis técnico. Menos mal que nos ayudaban a todos con las ecuaciones desde Cinco Días anticipándonos los resultados siempre con un día de adelanto, como poco. De la abundancia de información dosificada al silencio más absoluto, una vez que la Vicepresidenta entra en acción y esclarece un ‘sudoku’ de más de tres meses de duración, que se estaba resolviendo a prueba y error. Lo mismo se aplica a la fórmula de las nucleares, con la comunicación de la no prolongación de la vida útil de las nucleares, Garoña recientemente.

Luego queda un Ministerio, más o menos menesteroso dentro de muchas situaciones y urgencias sobrevenidas, con un equipo energético de escaso peso político. Su primera ejecutoria o carta de presentación, es el primer decreto de tarifas, que consiste en laminar el mercado eléctrico, trufando el decreto de medidas que atornillan el funcionamiento de mercado y que introducen una reforma regulatoria encubierta, sin debate y sin acceso de los agentes implicados, incluyendo la complicidad desde la presidencia de la CNE o su ninguneo consentido, mírese según convenga. Otras decisiones que han pasado por la Comisión en este tiempo, como la devolución de derechos de emisión de CO2 que acaba con el Plan Nacional de Asignaciones, las renovables con serias dudas de congruencia con el PER, la retribución de las infraestructuras o la prolongación de la moratoria nuclear, tampoco han estado exentas de fuertes polémicas. En conjunto, y en lugar de definir reglas de mercado, toda la ejecutoria regulatoria consiste en evaluar y medir las ganancias de cada agente: empresas de renovables, generadoras, distribuidoras, gasistas, etc…, identificar a las que ‘se forran’ y, finalmente, intervenir en su marco legal. Lo que supone estar siempre expuestos a los intereses espurios de cada momento y ocasión. Y si no, veáse el caso González-Adalid, el cambio de retribución de las eólicas, entre otros.

También habría que hacer un día un compendio de las argucias dialécticas que los responsables de Economía, han empleado para evitar o salir al paso de las preguntas sobre la necesidad de una mayor subida de la tarifa eléctrica y adecuar su importe a los costes de generación. O para no plantear el debate sobre el modelo futuro energético español. Una situación que poco a poco ha ido engrosando el denominado déficit tarifario hasta volúmenes inconcebibles y al que sólo se le presenta el ‘comodos plazos’ sujeto al calendario político. Por su parte, escasas aportaciones y propuestas desde la Secretaría de Estado de Economía de David Vegara a todas estas cuestiones, gracias a esa adormidera que produce el superávit público, la reducción de la inflación, el crecimiento del Producto Interior Bruto, que baje el petróleo y que además, todo se produzca a la vez y combinado. Solbes, tal y como dijimos en este mismo medio hace mes y medio, ha vuelto al armario.

¿Quién se cree el PER?

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La Comisión Europea ha valorado muy positivamente el desarrollo de la producción eléctrica con energías renovables que hasta ahora ha tenido lugar en España. De hecho, según el Ejecutivo comunitario, sólo el fuerte crecimiento del consumo eléctrico eclipsa el impresionante nivel de desarrollo renovable. La Comisión también ha destacado la potencia del sector eólico español, uno de los primeros del mundo, así como su capacidad para captar inversiones y para internacionalizarse. El Ejecutivo comunitario presentó la semana pasada un paquete de propuestas para el futuro energético de la UE. En esas propuestas incide en que es necesario impulsar las fuentes de energía renovables para cumplir con el objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo energético continental pueda cubrirse con estas fuentes de generación.

Un objetivo ambicioso para la mayoría de los países miembros, salvo quizás para España, que está más cerca de cumplir esos objetivos. La Comisión considera que se pueden alcanzar los objetivos de 2010 si no se quiebra la tendencia actual.

¿Opiniones encontradas?

La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, ha recibido con gran satisfacción, según establece en un comunicado, la valoración de la comisión sobre el desarrollo eléctrico procedente de las renovables.

España está a la vanguardia mundial en energía eólica y goza de un desarrollo importante en otro tipo de fuentes limpias de generación. Pero el Ministerio de Industria ha planteado una propuesta que podría dañar seriamente este desarrollo: recortar la retribución a las energías renovables. Energíadiario ha publicado en más de una ocasión la opinión de los agentes implicados. La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, y la Asociación Empresarial Eólica, AEE, coinciden en destacar que este revés puede afectar a los objetivos del Plan de Energías Renovables, o PER. Y ponen un dato sobre la mesa: la evolución de la potencia instalada.

El PER establece que en España deberá haber una potencia instalada a finales del año 2010 de más de 20.000 MW. A principios de 2007 hay instalados algo más de 10.000. Quedan cuatro años para la fecha límite, lo que significa que hay que instalar anualmente 2.500 MW para cumplir los objetivos. Durante 2005, según datos de las Asociaciones, se instaló algo más de 1.500 MW.

El problema es el siguiente. En primer lugar, será complicado mantener ese ritmo en adelante si se recorta la retribución a los parques eólicos, es decir, si se disminuye su rentabilidad, debido a que los inversores no estarán igual de dispuestos a poner capital si el retorno de la inversión va a ser recortado. Si es complicado mantener ese ritmo, mucho más difícil va a ser incrementarlo a 2.500 MW anuales. Especialmente si contamos con el hecho de que los primeros parques eólicos proporcionan más horas de funcionamiento porque aprovechan los mejores corredores de viento, y cada parque eólico que se construya tendrá menos horas de viento porque los mejores emplazamientos ya están cogidos.

¿Qué es lo que opina la CNE?

La Comisión Nacional de Energía, presidida por Maite Costa, ha aplazado en más de una ocasión el informe sobre el proyecto de Real Decreto planteado y aprobado por el Ministerio de Industria, y que cuenta con la oposición de todo el sector. Pero ese informe no se puede aplazar indefinidamente, y según pudo saber energíadiario de fuentes de la Comisión, podría plantearse el jueves 25 de enero.

Según las mismas fuentes, la propuesta del Ministerio lo va a tener muy difícil para salir adelante, ya que recorta la retribución no sólo de los parques eólicos que se construyan a partir de este momento sino también los anteriores, que se pusieron en marcha siguiendo unas directrices, entre las que se encontraba una retribución fija.

Tráfico intenso de directivos en el sector energético.

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Si ayer informábamos en Energia Diario del ‘fichaje’ de Fernando Ferrando, ex Director General de Gamesa y ex Presidente de la Asociación Empresarial Eólica por Endesa, hoy tenemos que seguir dando cuenta de cambios y movimientos en los directivos de las empresas energéticas y, particularmente, en el caso de directivos cercanos al ámbito de las renovables.

Así hemos podido saber que Iberdrola ha incorporado a Cayetano Hernández, anterior Director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), organismo dependiente de la Secretaría General de Energía. En su sustitución, el IDAE incorpora a Jaime Margarit, anterior responsable de energías renovables del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Recordemos que el actual Secretario General de Energía Ignasi Nieto fue responsable de este instituto con anterioridad a su breve paso como Director de Regulación de la Comisión Nacional de Energía, cargo desde el que accedió a esta Secretaría General.

Por su parte, Sacyr Vallermoso también ha incorporado a Salvador Font Estrany con motivo del reciente acceso al capital de Repsol. Font, aunque proviene directamente de Iberdrola, es un hombre con mucha experiencia en el sector petroquímico como directivo de Cepsa.

Y es que parece que el baile entre los directivos del sector energético, no ha hecho nada más que empezar. El desbloqueo de la solución a las OPAS sobre Endesa, sea cual sea su solución (que E.ON o Acciona, tomen el control de la compañía), producirá seguramente un verdadero terremoto en la estructura de los equipos directivos de las empresas energéticas.

Según ha podido conocer Energía Diario, tanto E.ON como Acciona están empezando a realizar movimientos en este sentido, valorando posibilidades y posibles candidatos en la renovación que tiene previsto realizar sobre la actual cúpula directiva de Endesa. Para ello, también han dado los primeros pasos en esta línea de una forma muy incipiente, para iniciar con empresas ‘head hunter’ los primeros procesos de selección y acercamiento a posibles candidatos para incorporar a la nueva étapa resultante.

El hecho es que cada vez está más cerca.

El Gobierno de Canarias multa con 60.000 euros a Unelco por los cortes de suministro en febrero 2006

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El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy imponer una sanción de 60.000 euros a la filial de Endesa en Canarias, Unelco, por los cortes de suministro eléctrico ocurridos los días 27 y 28 de febrero de 2006 en Tenerife, La Palma y La Gomera, que afectaron a más de 130.000 usuarios. Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo el secretario del Ejecutivo regional, Antonio Castro, quien informó de que esta sanción se impone por la comisión de «una infracción administrativa grave», de acuerdo con lo previsto en la ley que regula el sector eléctrico canario.

Los cortes el suministro eléctrico que afectaron los citados días a más de 130.000 usuarios de Tenerife, La Palma y La Gomera «se produjeron durante períodos distintos según la zona de interrupción».

Según el Gobierno canario, todas las alteraciones en el suministro tuvieron la misma causa genérica: la provincia de Santa Cruz de Tenerife se vio afectada por un temporal con fuertes vientos, precipitaciones y aparato eléctrico, que afectó a la red de varios lugares y de varios modos. A la vista de estos hechos, la Consejería regional de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías inició el correspondiente procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción administrativa grave.

Según la ley que regula el sector eléctrico canario, se reconoce como infracción grave «la interrupción del suministro de energía eléctrica a grupos importantes de usuarios». Para valorar la cuantía de la sanción se han tenido en cuenta los criterios de modulación del artículo 20 de la ley reguladora del sistema eléctrico canario. «No constan evidencias de que estos cortes provocaran peligro para la vida de las personas o los bienes, ni tampoco concurren en este caso intencionalidad, entendida como dolo o malicia», argumenta el Ejecutivo.

Por ello, y «dado que no es de aplicación ninguno de los agravantes previstos en la ley», el Gobierno canario ha resuelto «aplicar la multa correspondiente a las infracciones graves en su grado mínimo

La opa interminable se acerca a la recta final

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Mucho ha cambiado desde que en Gas Natural lanzó una opa por Endesa a finales de 2006. Desde entonces ha habido muchas sorpresas, zancadillas y procesos paralizados. Ahora, tanto los protagonistas de la operación como los accionistas minoritarios se muestran satisfechos por que, bueno o malo, puedan ver el final de una guerra de opas que parecía que no iba a terminar nunca. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado el paso más esperado: levantar las medidas cautelares sobre la opa de la gasista catalana Gas Natural sobre Endesa. El Juzgado Mercantil número 3 de Madrid había impuesto estas medidas a petición de Endesa por un supuesto pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola. Ese pacto establecía que ambas compañías se repartirían, en caso de que la opa saliera adelante, los bienes de Endesa para cumplir así con los requisitos de la normativa sobre competencia.

Los magistrados de la sección 28 de la Audiencia Provincial acordaban ayer estimar los recursos de apelación interpuestos tanto por Gas Natural como por Iberdrola contra el auto dictado el 21 de marzo de 2006 por la juez Miriam Iglesias. El auto considera que la actitud de Gas Natural e Iberdrola no implica ningún comportamiento colusorio y por tanto no hay lugar a la adopción de las medidas cautelares impuestas por Endesa.

Justamente una semana antes, el Tribunal Supremo levantaba las medidas cautelares a petición de Endesa.

Situación del proceso

¿Qué significa el levantamiento de las medidas cautelares efectuado por la Audiencia Provincial? Pues que la opa sigue adelante. Que los accionistas ya tienen libertad para tomar posiciones de una u otra parte, según consideren más conveniente.

Ahora que todo el proceso judicial ha sido superado, la batalla continúa, pero en el terreno económico. Todos los cálculos apuntan a que el proceso de opas podría finalizar en abril, una vez se hayan pronunciado los accionistas de la eléctrica presidida por Manuel Pizarro.

La CNMV debe fijar un plazo de aceptación de la OPA de E.On. La alemana y Gas Natural van a tener la posibilidad de mejorar, en sobre cerrado, sus ofertas. Está pendiente, todavía por efectuar, la mejora de precio de E.On sobre los títulos de Endesa. Wulf Bernotat aseguró que elevaría el precio de su oferta a 35 euros por acción.

La opa ayer y hoy

Sin embargo, la situación actual dista mucho de parecerse a la que se conoció al inicio de esta guerra. Al principio, cuando no estaba E.ON, Gas Natural se frotaba las manos con la idea de poseer a Endesa. Luego, como por arte de magia, pero con truco, apareció la alemana, tornando la sonrisa de Salvador Gabarró en una mueca de preocupación. Era entonces Wulf Bernotat el que sonreía con gesto de satisfacción y confianza. Y entonces se repetía la historia. A Bernotat le cambió el gesto cuando entró en el juego José Manuel Entrecanales, que no entró sonriendo sino con el ceño fruncido, y no entró opando sino comprando una participación importante en la compañía. Ahora, el que amenaza no es Gas Natural, ni tampoco E.On, sino Acciona. La alemana teme que los Entrecanales logren crear un núcleo accionarial estable en Endesa que frustre su opa.

En este contexto, lo único que no ha cambiado es la voluntad de Manuel Pizarro de que la empresa siga siendo independiente. Su aceptación del enconces caballero blanco E.On no perseguía otro fin que quitarse de encima a Gas Natural. E.On tensaba la cuerda para la gasista catalana, que tenía las cosas más difíciles al encontrarse con un competidor más fuerte. Pero Pizarro tampoco quería venderse a E.On, or mucho que fuese el mejor postor: el presidente de Endesa siempre ha defendido que «Endesa vale más». Y parece que a base de repetir, la afirmación se ha hecho cierta. La eléctrica no ha dejado de subir.

Accionistas Asociados aplaude la decisión

Uno de los colectivos más interesados por la evolución última de los acontecimientos, los propios accionistas minoritarios, está de enhorabuena. El pasado 10 de enero, Accionistas Asociados emitía un comunicado público en el que agradecía al Tribunal Supremo la decisión de levantar las medidas cautelares y desbloquear la opa de Gas Natural sobre Endesa, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciase en contra de la decisión del juzgado mercantil nº 3 de Madrid de suspender cautelarmente la OPA formulada por la gasista sobre la eléctrica para normalizar el proceso.

En ese comunicado, Accionistas Asociados hacía hincapié en la libertad que ahora tendrán los inversores para optar por una u otra opa. Eso sí, en caso de que nadie intervenga de nuevo y perjudique su curso. La asociación también ha pedido a Manuel Pizarro que deje de entrometerse en un proceso con el que lo único que se está haciendo es llevarlo a un circo judicial.