La asimétrica opción de mercado para las renovables

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Entre las opciones que se plantean en la propuesta de real decreto para retribuir a los productores de energía eólica están: la de recibir una tarifa regulada, o bien, obtener el precio al que la energía se vende en el mercado. Para los que optan por esta segunda opción, la denominada «de mercado», el real decreto les ofrece, además, cobrar una prima.

Esta prima, sin embargo, en lugar de ser un incentivo por participación en el mercado, como ocurría en el anterior real decreto, RD 436/2004, se convierte en algo más cercano al «concepto de prima» que se utiliza en los mercados financieros o de seguros, pues, a cambio de la misma, se limitan a la instalación tanto las ganancias como las pérdidas. Se trata, por tanto, de una cobertura por la que se le asegura a la instalación el rango de precios al que será retribuido el KWh. Es por ello, que se echa en falta que, entre las opciones para las instalaciones de régimen especial, no se haya considerado la de «mercado puro», es decir que la instalación obtenga el precio de mercado independientemente del que finalmente resulte y renunciando al cobro de la prima correspondiente.

Bajo esta perspectiva, se plantearían entonces dos opciones para la instalación: la de tarifa regulada o la comentada de mercado puro. En el hipotético caso de la opción de mercado puro,
la instalación sería, a su juicio, la que debería plantearse la contratación una cobertura, pagando la prima correspondiente, ésta si en el mercado financiero -y no provista por el Ministerio- que le proporcionara la seguridad de que sus ganancias por KWh se movieran dentro de una banda de ingresos razonables para mantener la viabilidad de la instalación.

De asegurador a asegurado

El papel del Gobierno, en este caso, es el de asegurado, más que el de asegurador de los ingresos a las instalaciones. El razonamiento es simple, pues detrás de la prima pagada a la eólica se esconde el hecho de que, el que realmente se asegura con esta propuesta de real decreto es el Ministerio, el cual, a través de la prima que se ofrece a pagar a las instalaciones se asegura que los ingresos que recibe el régimen especial no se van por las nubes y «engordan», ya de paso, aun más el déficit tarifario existente.

En todo caso, y como defensa de la existencia de esta opción de «mercado puro», se debe argumentar que, aunque hasta ahora se ha apoyado a estas tecnologías con un marco retributivo favorable, como cabe esperar de unas tecnologías que están en fase de crecimiento, el objetivo «a largo plazo» es que las tecnologías del régimen especial puedan competir por si mismas en el mercado.

La propuesta de real decreto de renovables lleva a toda la energía al mercado mayorista

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Uno de los principales objetivos de la propuesta de real decreto de renovables es «desligar» la retribución obtenida por las instalaciones acogidas al régimen especial, de la tarifa media de referencia (TMR). Esta TMR, que es la que el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros con la tarifa eléctrica, se prevé que suba con fuerza en las próximas revisiones, por lo que desligar la retribución de esta TMR era fundamental para el Ministerio para no elevar «en paralelo» la retribución de las instalaciones. En sustitución, Industria ha optado por retribuir a cada tecnología mediante una tarifa fija representada por un precio expresado en c€/KWh.

Además a las instalaciones, que así lo consideren, de forma parecida a lo que ocurría en el RD 436/2004, se les ofrece posibilidad de ir a vender al mercado la producción en lugar de percibir la tarifa regulada. Los que así lo hagan obtendrán, además del precio de venta vigente en el mercado, una prima. A cambio de esta prima percibida, al productor se le limita el importe a ingresar por KWh y, asimismo, se le ofrece un suelo de ingresos mínimos asegurados. Es lo que se ha conocido como sistema de cap y floor (techo y suelo), que limita tanto las ganancias como las pérdidas.

Con esta propuesta de cap y floor, para la opción de venta al mercado mayorista, se desliga la retribución de las instalaciones que venden al mercado, del precio de otros combustibles como el petróleo que, según el Ministerio, no afectan a los costes reales de algunas tecnologías como las eólicas, solares o las hidroeléctricas.

Según la propuesta de real decreto, y tomando en cuenta los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, se fija un ingreso máximo y mínimo de las distintas tecnologías fotovoltaica y eólica, teniendo en cuenta las dos opciones, de tarifa regulada y mercado, que van desde 22-44 c€/KWh para la fotovoltaica y de los 6,77 – 8,91 c€/KWh para la eólica. Los costes de referencia para cada tecnología se mueven entre los 25-20 para la fotovoltaica y los 4-8 c€/KWh para la eólica.

Una de las novedades más importantes es que, aun en el caso de optar por la tarifa regulada única en todos los periodos en lugar de la opción de mercado, “la venta de la producción se realizará a través del sistema de ofertas gestionado por el operador del mercado, mediante la realización de ofertas «sin precio», por las cantidades de energía que el generador desee vender”

Endesa ficha a Fernando Ferrando y minimiza las posibilidades de Acciona de hacerse con la mayoría de eléctrica.

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Fernando Ferrando, ex director general de Gamesa Energía y anterior presidente de la Asociación Empresarial Eólica, ha sido fichado por Endesa para realizar sus desarrollos en el sector de las renovables. Parece que Endesa, cuyo perfil de generación en el sector de las renovables lleva un cierto retraso con respecto a otros competidores nacionales, ha decidido impulsar esta área de generación de forma muy decidida, creando una división a tal efecto.

Todos los analistas y expertos consultados valoran que el desarrollo de Endesa hasta este momento en el sector de las renovables se podría calificar de ‘tímido’ y lento con respecto a otros competidores como Iberdrola o la propia Acciona que han apostado decididamente por estas tecnologías de generación y hoy configuran un sector de generación líder en el mundo.

El nombramiento de Ferrando coincide con la fase en que puede resolverse las OPAS que tanto Gas Natural, como E.ON han lanzado sobre la eléctrica española. Al mismo tiempo, coincide con la adquisición por parte de la compañía que preside José Manuel Entrecanales de más del 21% de la compañía, porcentaje que pretende elevar hasta el máximo que le permite la ley sin tener que lanzar una OPA. La irrupción de Acciona en el accionariado de Endesa parecía apuntar a una solución nacional a la propiedad de la energética, mediante la adquisición de paquetes accionariales por parte de inversores españoles. Pero a la luz de los hechos, parece que es una solución cada vez menos factible y que parece que se aleja en el tiempo.

Parece evidente que el equipo directivo de Endesa no da virtualidad alguna a la toma estratégica del control de la energética por parte de Acciona, líder hoy en energías renovables por su capacidad de generación eólica junto a Iberdrola. Entreacanales ha declarado que la incursión de la compañía tenía carácter estratégico y no especulativo, lo que quiere decir intervenir en la gestión de la compañía.

En Gamesa, las funciones que venía desempeñando Ferrando las realizará Guillermo Ulacía actual Consejero Delegado.

La Crónica de la Semana

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Miércoles 10 de enero

A petición de Endesa, el Tribunal Supremo decide levantar la suspensión de las medidas cautelares que mantienen paralizada la OPA de Gas Natural y, en consecuencia, la formulada por E.ON. El mercado agradece este nuevo paso, que facilita la resolución de la OPA, y recompensa la cotización de Endesa en más de un 3%.

La Comisión Europea presenta el documento Política Energética para la UE, un referente para la aprobación del Libro Blanco sobre Energía en la Unión Europea. En ese documento, la Comisión Europea defiende la energía nuclear como un método eficaz para luchar contra el cambio climático, aunque deja en manos de los estados miembros decidir si recurren o no a este tipo de energía. La nuclear suministra el 14% del total energético de la UE, y proporciona el 30% de la electricidad.

El mismo día, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reitera que habrá moratoria nuclear. Insiste en el compromiso que el Gobierno adquirió con el electorado y que está respetando. Por el momento, añade De la Vega, no se autorizará la construcción de nuevas centrales nucleares, y garantiza el cierre de la central de Garoña, en Burgos, cuyo permiso de explotación vence en 2009.

Jueves 11 de enero

La Unión Europea exige a Moscú y Minsk una explicación urgente y detallada después de que el pasado 7 de enero Rusia cerrase el oleoducto de Bielorrusia, amenazando el suministro de petróleo a Europa. Además les exige que no vuelvan a cortar el suministro y que mantengan un comportamiento «fiable y transparente».

Viernes 12 de enero

El Consejo de Administración de la CNE respalda con ligeras variaciones el borrador de Orden Ministerial para regular las subastas de energía eléctrica a plazo. La puesta en marcha del mecanismo de subastas es un paso previo para que las tarifas eléctricas reguladas se revisen cada tres meses. En las subastas podrán participar como vendedores los generadores, comercializadores y agentes externos. Los precios que resulten de las subastas se tomarán como referencia para fijar trimestralmente las tarifas reguladas a partir del segundo semestre del año.

Todas las trampas de la tarifa eléctrica – 2

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Hay más. Uno de los puntos clave del discurso de Peón gira en torno al hecho de que se está revistiendo con el nombre de revisión un proceso que, por sus características, es una reforma en toda regla. Se habla de «revisión de tarifa», mientras que las medidas que contempla el Real Decreto van mucho más allá de una simple subida de precios. Una subida que, según Peón, no está suficientemente justificada.

¿Cuáles son esos cambios que convierten la «revisión» en una «reforma»? Cuestiones que, si atendemos a las explicaciones de Peón, muchas de ellas son consideradas incompatibles con las previsiones de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico por el propio Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CNE.

Cuestiones como, por ejemplo, la eliminación del pago de la garantía de potencia a ciertos sistemas de generación como los parques eólicos. O el complemento por interrumpibilidad, los servicios de gestión de la demanda en el mercado liberalizado o la moratoria nuclear, por nombrar sólo algunos.

Una reforma «ilegal» e «inconveniente»

Peón tacha de ilegal e inconveniente esta reforma disfrazada del marco regulatorio. Una reforma que cambiaría el mercado eléctrico de una forma tan sustancial que el producto final resultaría totalmente distinto del producto original. «A duras penas», dice el consejero, «sobrevive el marco regulatorio a los constantes cambios de los últimos dos años, si se analizan mínimamente algunas de las modificaciones que se introducen».

En una de las observaciones del texto recogido en el voto particular se alude expresamente a la prohibición de forma permanente de la vuelta a la tarifa a determinado tipo de consumidores en el caso de que opten por el mercado liberalizado. Una medida que, advierte, fue ensayada en otros países produciendo el efecto contrario al que se desea (supuestamente, liberalizar el mercado eléctrico): en cuanto el cliente se vea forzado a permanecer en un régimen -mercado liberalizado- sea cual sea la evolución del precio, la prudencia le recomendará quedarse en el mercado a tarifa por lo que pueda pasar. En consecuencia, una traba más a la apertura del mercado, ya que se estaría incentivando que los consumidores permanecieran en la tarifa.

«En la cuantificación de la subida tarifaria que se propone», señala el consejero, «se está considerando como coste de adquisición de la energía la internalización en el precio del pool de los derechos de CO2 asignados gratuitamente por el Gobierno». Una falacia, puesto que, según la propuesta de Orden Ministerial que establece la devolución de dichos derechos, ese coste va a reducirse en 650 millones de euros. Es decir, de nuevo el consumidor estaría pagando más dinero del que le toca.

La fusión entre REE y Enagás, un paso más cerca

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Es ya una vieja idea de las mentes pensantes del PSOE, que desde hace tiempo barajan la idea de crear un transportista y operador del sistema único que dirija bajo su batuta, las redes de gas y electricidad. Actualmente, REE y Enagas ejercen estas funciones respectivamente en las redes de electricidad y gas.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) mantiene una porcentaje de participación en REE del 20 %, lo que, en caso de fusión, por las limitaciones a la participación existentes debido al carácter especial de ambas compañías, dejarían a la SEPI como máximo accionista de la empresa resultante, con un 10 % aproximadamente.

El caso de REN

En junio de 2006, el Estado portugués realizó una operación similar con el objeto de que la antigua REN (Rede Eléctrica Nacional y ahora denominada Redes Energéticas Nacionais), lo que hoy en día sería la REE española, dispusiera, no sólo de la red de transporte eléctrico, sino también de la de transporte de gas.

Posteriormente, en septiembre de 2006, según recogía Expansión, dos consejeros de la CNE próximos al Ejecutivo socialista, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda apoyaron la posibilidad de una fusión, que ya se planteó durante el gobierno del PP.

El relevo en Enagas

Se lleva especulando, desde hace semanas, con que González-Adalid deje la presidencia de Enagas. Ante esta eventual salida, la inclusión de Miguel Angél Lasheras, en abril de 2006, en el consejo de administración de Enagas suscitó las suspicacias de muchos, al poder tratarse del candidato en la «sombra» del Gobierno para sustituir a Gonzaléz-Adalid. La entrada en el consejo de Lasheras no resultó la única, puesto que en la misma fecha que éste, se nombró, como consejero, a otro de los candidatos que con más fuerza ahora suenan, Antonio Llarden. Las credenciales de Llarden, además de su amplio conocimiento del sector, serían las que le proporciona el respaldo de un miembro con solera de las filas socialistas, Narcis Serra como parece que se ha acreditado.

Pasos previos para la fusión

Un paso previo necesario para poder fusionar ambas compañías, sería introducir un marco retributivo que ofreciera una rentabilidad similar a ambas. Este paso previo, podría haberlo comenzado a dar el Gobierno con el cambio en la forma de retribución a las actividades de realiza Enagas, y que tanto revuelo ha suscitado en las últimas semanas.

La capitalización de ambas compañías tras los últimos movimientos bursátiles, han quedado en niveles similares, lo que favorecería que la fusión se planteara de «igual a igual». En el caso de REE, su cotización a cierre de ayer era de 4.021 millones de euros, mientras que la de Enagas alcanzó los 3.979 de millones de euros.

Si finalmente se consumará el cambio en la cúpula de Enagas, con la salida de González-Adalid, y se concretará en alguno de los candidatos anteriormente mencionados, se facilitaría la operación, puesto que por parte de REE, Luis Atienza, presidente de REE, es un hombre también cercano al partido, lo que allanaría, sin duda, el terreno en la consecución de un gestor integrado de las redes de transporte de electricidad y gas.

Todas las trampas de la tarifa eléctrica – 1

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Los Consejeros de la CNE tienen que analizar con mucha urgencia los temas que tienen entre manos, y ello a pesar de la tremenda sobrecarga que tiene encima actualmente. Eso es, al menos, lo que opina Javier Peón. Acompañando a esta afirmación, Peón no se anda con rodeos y acusa al Gobierno de Zapatero de abusar del procedimiento de urgencia para la emisión de los informes preceptivos de la CNE. Una circunstancia que obliga al equipo a emitir dictámenes a medias y cuyas consecuencias se resumen en insuficiencias y lagunas. Peón considera que las reformas normativas que trata la CNE con vistas a emitir un dictamen deberían ser fruto de un debate más profundo y participativo por parte de todos los agentes y administraciones involucradas.

Ya está en poder de todos el conocimiento de que el Ejecutivo ha dicho que en enero se elevará la tarifa eléctrica un 2,8%, en línea con el IPC. Eso es una verdad a medias. El IPC podrá subir un 2,8% -o eso se prevé- a lo largo de todo el año 2007. Pero el incremento del 2,8% de la tarifa eléctrica sólo corresponde al primer trimestre. El incremento de la tarifa se revisará trimestralmente, así que puede alcanzar, perfectamente, el 10% que el Gobierno no se ha atrevido a subir de un golpe -por necesario que sea- por lo impopular de la medida.

Ésa es una de las trampas. Acabar con el déficit de tarifa, que es la diferencia entre lo que las eléctricas ingresan vía recibo de la luz y lo que les cuesta producir la energía que nos proporcionan, requiere un incremento considerable del importe de la factura. Un incremento porque el petróleo y el gas se encarecen, y por tanto el coste de producción de electricidad tiene que encarecerse al mismo ritmo. No así lo ha hecho la factura eléctrica desde hace tiempo, porque los Gobiernos no se atreven a enfrentarse al electorado. Por ello limitan la subida de la luz. Eso no significa que no paguemos o no vayamos a pagar el déficit.

Pero volviendo a las conclusiones del consejero Peón encontramos que la propuesta del Ejecutivo para actualizar las tarifas «modifica de forma parcial e inconexa aspectos esenciales del modelo regulatorio, pero no permite una definición acabada de cuál ha de ser el nuevo modelo aplicable». En opinión de Peón, el Gobierno no justifica adecuadamente la subida de tarifas, «ni en sus cuantías ni en el reparto de las mismas entre los distintos tipos de consumidores.»

El consejero hace otra observación. Entre las modificaciones que se introducen al modelo regulatorio critica especialmente aquélla que prohibe permanentemente la vuelta a tarifa a ciertos tipos de consumidores en caso de que opten por el mercado liberalizado. Y lo explica porque esta medida produciría el efecto contrario, incentivaría que los consumidores permanezcan en la tarifa.

Sin embargo, de todas las modificaciones estructurales, la que Javier Peón considera más grave es la que se refiere al reconocimiento del déficit «ex ante» (de antemano) para la tarifa 2007. Según explica, esto tiene un efecto perverso que golpea de lleno el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico español. Peón defiende que la desviación de la tarifa eléctrica real con respecto al coste de generación energética se calcule a posteriori, con los datos en la mano, ya que cualquier previsión que se haga no se acercará a la realidad puesto que se desconoce cuál será el escenario final del sistema eléctrico español.

Puede acceder al voto particular de Javier Peón en el documento anexo o haciendo clic aquí.

Los agentes del sector energético trasladan su malestar por la precipitación de Industria en las tarifas del 2007.

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Parece que las primeras tarifas que presenta el actual Secretario General de Energía, Ignasi Nieto no van a estar exentas de una fuerte polémica, que proviene de los propios expertos del sector, que aprecian numerosas modificaciones regulatorias no tarifarias (modificación de la regulación sobre la garantía de potencia, introducción de las emisiones de energía primaria) encubiertas dentro del propio decreto de tarifas y que se han introducido muy precipitadamente aprovechando el procedimiento de urgencia elegido por parte de Industria para ponerlas en vigor.

A los rechazos de la Comisión Nacional de Energía a las tarifas para la retribución de las actividades relacionadas con las infraestructuras gasistas (regasificación, almacenamientos subterráneos y determinadas actividades reguladas, como son los gaseoductos) se une la opinión contraria de los Consejos Consultivos de Electricidad y de Hidrocarburos a las mismas, dada la premura de tiempo y precipitación con que se ha gestionado la propuesta desde el Ministerio.

De hecho, esta premura es denunciada por el propio Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, Fernando Marti y el consejero Javier Peón en sus votos particulares contra la propuesta de tarifas, en los que se recoge la queja generalizada de los miembros del Comité Consultivo dónde están presentes los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas, representantes empresariales, sindicales, organizaciones de usuarios, entre otros. Marti afirma que este es uno de los informes más importantes que debe realizar la Comisión y se reduce a un puro trámite administrativo con esta actuación por parte de la autoridad ministerial. Según Martí y según el estatuto de la CNE, la Comisión debe ser órgano de asesoramiento al gobierno en materia de fijación de tarifas. De hecho, la Directiva Comunitaria de electricidad 2003/54/CE, aún sin transponer, establece que son los órganos reguladores los competentes en la elaboración de las tarifas eléctricas.

Una pequeña crónica de los hechos, nos indica que las tarifas entraron bien comenzado el mes de diciembre en la Comisión Nacional de Energía. A los pocos días de entrar en el órgano regulador los proyectos de Decretos y Ordenes Ministeriales, tuvieron que convocarse y posteriormente reunirse (lo que ocurrió los días 18, 19 y 21 de diciembre) los distintos consejos.

En este plazo, se elaboró el informe de los servicios, se convocó y reunió a los Consejos Consultivos, al día siguiente se reunió el Consejo de Administración, devolviéndose tres de las cinco normas al Ministerio de Industria.

Todo ello, junto con la modificación directa de las tarifas devueltas por el órgano regulador y su publicación directa en el Boletín Oficial del Estado por orden de la Secretaría General de Energía, confirman que el Ministerio de Industria tiene una visión muy particular e instrumental de un órgano presuntamente independiente.

María Teresa Costa cobrará dos sueldos de la Administración cuando abandone el cargo

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La presidenta de la Comisión Nacional de Energía no deja de sorprender. Según ha adelantado en su artículo de la semana pasada Carlos Sánchez, en El Confidencial, María Teresa Costa se ha encargado de que, cuando termine su mandato en la CNE, siga cobrando el 80% de su salario en forma de pensión compensatoria. Conviene aclarar que esta situación no le afectará a ella de forma exclusiva: también disfrutarán de esta ventaja el vicepresidente y los consejeros que procedan de la Administración Pública y vuelvan a ella.

Ello no obsta para que la ampliación de poderes de Maite Costa, que se aprobó hace aproximadamente un par de meses, haya suscitado el mayor de los rechazos entre los propios consejeros. Tanto es así que entre los miembros del Consejo de Administración de la CNE se habló de llevar al Tribunal Supremo la decisión que cambiaba la naturaleza del consejo como un órgano colegiado. Una medida que compromete claramente la independencia del organismo, pues se reduce notablemente la capacidad de acción de los consejeros y la relación con los servicios técnicos de los organismos.

Ante la amenaza de recurso por parte de los Consejeros, Costa movió sus hilos como creyó más oportuno. Y según publica La Razón, a través del Secretario General de Energía movilizó al propio ministro de Industria, Joan Clos, tratase de apaciguar los ánimos más caldeados, con un mensaje de tranquilidad y la promesa de que esa ampliación de poderes sería modificada. Una movilización que no se artículo de la forma más efectiva, dado que tres consejeros presentaron el recurso en el Tribunal, con la garantía de retirarlo si se modificaba este decreto.

Esa promesa todavía no ha sido cumplida, y desde la Comisión Nacional de la Energía, unos más que otros esperan próximos movimientos en ese sentido. Entre ellos, los consejeros Sierra, Fernández Rozado y Fabra que previamente habían escrito al propio Ministro por este mismo motivo.

Por otra parte la aparición de esta noticia en paralelo al conflicto existente con los consejeros, ha desatado el escándalo nuevamente alrededor de la actuación de la presidenta, en la medida que los intereses de la propia Costa parecen condicionar la propia actividad de la CNE, inclusive en materia económica y retributiva de los consejeros. Una proeza si tenemos en cuenta que la ley de incompatibilidades prohibe percibir dos sueldos a cargo del Estado.

La tarifa regulada gana la partida al mercado liberalizado

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Las consecuencias de la continua contención en los incrementos de la tarifa eléctrica comienzan a ser evidentes en el proceso de liberalización iniciado en 2003. Su manifestación se halla en el retroceso en el número de clientes y energía suministrada en el mercado liberalizado, a pesar del crecimiento en la demanda existente. La situación actual está revirtiendo hacia estadios próximos al inicio de la elegibilidad por parte de los consumidores. En un informe publicado por la Comisión Nacional de Energía sobre la evolución del acceso de los consumidores a los mercados liberalizados de electricidad y gas natural se indica que el número de puntos de suministro aprovisionados por los comercializadores de energía eléctrica descendió en septiembre de 2006, respecto al trimestre anterior, un 6,03 %, lo que supone un regreso masivo de los consumidores al suministro regulado o a tarifa. En términos de energía, la cuota correspondiente al mercado liberalizado de electricidad se situó en un 25,74 %, lo que supone un gran retroceso comparado con la cuota a diciembre de 2005 que alcanzó el 37,4 %.

El problema tarifario

La situación actual con precios regulados, que no representan los costes reales de generación, está llevando a que el proceso liberalizador atraviese uno de sus peores momentos desde que al consumidor se le diese la opción de elegir suministrador en 2003.

La actividad de comercialización no avanza debido a que la competencia según fuentes del sector se podría calificar de pura ficción, puesto que los comercializadores no tienen margen para ofertar precios mejores a los que los consumidores pueden obtener manteniéndose a tarifa. En el caso de los domésticos para los que el Gobierno prevé una subida del 2,8 %, parece complicado que la situación mejore, al menos en el corto plazo. En el caso de los grandes consumidores, la situación podría variar ligeramente puesto que la subida estimada para los mismos se prevé superior. Ante esta eventualidad, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) trabaja en la creación de una central de compras para negociar de forma conjunta la adquisición de energía que demandan sus asociados a las compañías eléctricas.