«¿Cree usted que el proyecto de Ley tiene que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?»

ENERGÍA DIARIO.: ¿Conoce el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética?

JORDI DOLADER.: Como el documento no ha sido publicado todavía en la página web del Congreso de los Diputados como Anteproyecto de Ley, no puedo admitir haberlo leído (la entrevista se realiza en el momento en que todavía no había sido publicado el mismo y la respuesta es, sencillamente, muy inteligente).

E.D.: ¿Cuál es su valoración general del Proyecto y qué opina sobre su gestión?

J.D.: La situación actual de España y del sector eléctrico es excepcional. No se entendería una propuesta de este tipo, y elaborada de esta manera, en cualquier otra situación. Sin embargo, me hubiera gustado que el Gobierno hubiera abordado la problemática del sector con mayor rigor, empezando su preparación, incluso antes de las elecciones de noviembre de 2011.

Una modificación de este calado requiere mayor claridad en los objetivos, más tiempo de elaboración, mayor transparencia y consistencia con el resto de la regulación. Por ejemplo, ¿cree usted que el objetivo del proyecto de Ley tiene algo que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?

Además, todavía no está claro cómo la recaudación de los nuevos impuestos va a ir destinada a mitigar el déficit tarifario.

E.D.: ¿Cuáles eran las alternativas a una propuesta fiscal de estas características?

J.D.: No hay soluciones fáciles para terminar con el déficit de tarifa. Este déficit suma, más o menos, 5 mil millones de euros al año. Y recaudar esa cantidad para el año siguiente no es fácil. Sin embargo, en mi opinión, la elaboración de una propuesta fiscal, que no es una solución «convencional», no es la mejor alternativa.

Esta «solución» es el resultado de dos tipos de limitaciones que tiene el Gobierno. Por un lado sería ilegal incumplir la normativa actual del régimen especial con medidas retroactivas y, por el otro, el Gobierno no quiere asumir el coste político de subir los peajes de acceso, y con ellos la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La trampa reside en esta última limitación. Estas medidas «fiscales» se trasladarán en su mayor parte al precio que pagan los consumidores por la energía, igual que si el Gobierno hubiera subido los peajes de acceso, con lo que los consumidores pagarán lo mismo. Pero ahora, el Gobierno podrá echarle la culpa a las empresas. Para evitar asumir su parte de responsabilidad, el Gobierno aprueba «un parche» que distorsiona todo el mercado de generación.

E.D.: ¿Considera que el Gobierno ha tenido un nivel suficiente de interlocución con los sectores afectados y subsectores?

J.D.: La trasparencia en el proceso de toma de decisiones es un pilar básico para que la regulación resultante sea la mejor posible. Aunque es comprensible que en la situación actual el Gobierno haya tratado de «aislarse» de la influencia de los agentes afectados, en el fondo lo que ha conseguido es que sólo se haya oído la voz de los sectores más cercanos al poder.

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos de la batería de figuras impositivas en el coste del suministro y en el proceso de formación de precios en el mercado mayorista de electricidad?

J.D.: Casi todos los analistas han centrado su atención en que parte de estos impuestos se repercutirán en el precio del mercado. Esto el lógico que ocurra…, es como cuando sube el precio que Argelia nos cobra por el gas.

A mí me preocupan más los efectos a largo plazo. Una propuesta de este tipo puede ser interpretada por los inversores como un «comportamiento oportunista» del regulador, puesto que se cambian las reglas del juego una vez que ya están realizadas las inversiones, con lo que estos, ya sean nacionales o extranjeros, quedan atrapados en el país, muchas veces perdiendo dinero. La siguiente vez que necesitemos dinero de empresas extranjeras, se acordarán de este comportamiento oportunista y no van a invertir…, o nos pedirán mucho más dinero por hacerlo.

Esto es aún más grave porque el impacto en el mercado mayorista no va a ser igual para todos. Es posible que incluso algunas tecnologías se vean beneficiadas.

El impacto medio en el mercado de generación es doble, ya que el incremento del coste marginal de los CCGTs supondrá unos 4,5 €/MWh, al que habrá que sumar el 6% del impuesto. Los 4,5€/MWh de aumento por el gas es mayor que el impuesto a la nuclear, y mayor que el 6% de prima que le quitan a muchas renovables, por lo que es posible que estas tecnologías, las renovables, acaben ganando más dinero.

E.D.: ¿Cuáles serían los efectos para las principales tecnologías de generación de electricidad, incluyendo la operación de los ciclos combinados y centrales nucleares?

J.D.: Actualmente los ciclos combinados compiten esencialmente con otros ciclos combinados, y los nuevos impuestos les afectan a todos por igual, con lo que, en esencia, no cambia su situación.

El principal problema de estas centrales es anterior a esta propuesta de Ley y está en el diseño del mercado de generación. Los ciclos combinados no estaban cumpliendo los planes con los que fueron diseñados, ni en términos operativos, ni financieros. Si como argumenta el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hay exceso de capacidad, el Gobierno debería permitir a algunas de estas centrales «pasarse a la reserva» y esperar tiempos mejores. Pero si no deja que las centrales salgan del mercado, debe permitirles recuperar su inversión.

E.D.: ¿Considera que pueden existir efectos no previstos en términos de afectación a la viabilidad de determinadas instalaciones y, en concreto, a las tecnologías inframarginales?

J.D.: Creo que el mayor riesgo es la pérdida de reputación del mercado español. Esta reputación nos afectará cuando queramos atraer nuevas inversiones, mejorar la calidad del suministro, implementar redes inteligentes…

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para el sector gasista?

J.D.: Según la versión del Anteproyecto de Ley que se ha dado a conocer, se creará un nuevo impuesto para todo el gas natural consumido en España, salvo para su uso en el transporte. Eso obviamente aumentará el coste de esta energía.

En cierta medida parece lógico que si se crean nuevos impuestos en el sector eléctrico, se haga lo propio en el sector gasista, para evitar cambiar los precios relativos entre ambos y que todos los clientes «se pasen al gas natural».

Sin embargo hay que tener en cuenta que España tiene muchas infraestructuras gasistas con un nivel de uso bajo. Al deprimir la demanda de gas natural, el coste de estas infraestructuras recae en los consumidores que quedan, aumentando lo que estos tienen que pagar. Se podría entrar en una espiral muy peligrosa que es conveniente evitar.

E.D.: Se habla enormemente sobre la traslación de los impuestos a las tarifas y precios de la electricidad. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para consumidores industriales y domésticos de las distintas medidas y figuras fiscales que plantea el Anteproyecto de Ley?

J.D.: El impacto de estas medidas en el precio final será a través del aumento del precio de la energía. Sin embargo, es muy aventurado adivinar cuál será este aumento. Francia y Portugal no aplicarán estos impuestos, por lo que parte de la energía que consumirán los ciudadanos españoles vendrá de estos países, y la subida en España no será tan alta.

Además, como he dicho anteriormente, la reducción del déficit tarifario por vía de las tarifas de acceso hubiera implicado un aumento del precio final equivalente.

En el caso de Francia se dejará de exportar, lo que tiene un efecto parecido. Lo que está claro es que es muy difícil aventurar un nuevo precio medio.

E.D.: En lo que se refiere al gas natural, ¿cuáles son los efectos para el consumo final?

J.D.: El Anteproyecto de Ley prevé un impuesto equivalente a 2,34€/MWh. Esto es más o menos un 7% del precio mayorista del gas natural, pero mucho menor si se tiene en cuenta el precio final, que incluye el coste de los peajes.

«Primero, una política energética. Después, la regulación»

Comenzamos nuestro encuentro con Jordi Dolader, unos días después de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenbilidad Energética. Antes de entrar en el cuestionario sobre esta norma, mantenemos una conversación en la que tratamos la situación de fondo y la trayectoria seguida por el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO: ¿Qué percepción tiene usted de la situación actual que se vive dentro del sector eléctrico?

JORDI DOLADER: La situación que vivimos en la actualidad, con un déficit de tarifa de más de 24.000 millones de euros, supera ya lo sectorial y alcanza niveles macroeconómicos, además de distorsionar los mercados, porque ahora ya no hay nada más regulado que la energía ofertada en el mercado.

A mí me han llamado poderosamente la atención los silencios, que han sido abrumadores. Nadie, ni desde dentro, ni desde fuera, ha alzado la voz para denunciar todo lo que estaba pasando en el sector. Incluso, desde la Unión Europea ha existido ese silencio. Eso sí, señalamientos de culpables no han faltado.

Considero que este desastre que ahora padecemos es uno de los peores trances que hemos vivido hasta la fecha en el sector energético y que se ha generado por no tener una política definida del sector y por haber violentado unos principios regulatorios explícitos (de aditividad, de gradualidad, de suficiencia, de «unbundling», de transparencia…). Ahí está el problema para mí. Se ha mezclado todo, lo que ha provocado un problema imposible de resolver.

Sin duda estamos ante una realidad inexplicable y compleja, de la que nada bueno podemos esperar. Es una situación muy triste.

E.D.: En su opinión, ¿considera que hay responsables de esta alarmante situación?

J.D.: Claro que hay culpables que han atravesado numerosas líneas rojas, y ahora es el momento de denunciarlos. Desde el silencio no solucionamos nada, así que hay que decir alto y claro que este ministro, este otro ministro o este secretario de estado han hecho barbaridades, y que con sus acciones, estos señores, de uno u otro bando político, han provocado la situación actual, llevándonos a esta situación.

El actual gobierno está metido en una trampa que, en gran parte, le ha venido dada, pero no hay que olvidar que el concepto de déficit «ex ante» fue inventado ya hace diez años el equipo del antiguo secretario general de la Energía y hoy presidente de REE, José Folgado.

Lo que está claro es que en España hemos innovado mucho y hemos alcanzado algunos objetivos políticos, como ser los abanderados de las energías renovables, pero, ¿a qué precio? Si me apura, hemos conseguido ser eficaces al límite, pero a costa de llegar a una situación insostenible e ineficiente económicamente hablando. Hemos hecho una quijotada, por lo que no creo que sea para ponernos una medalla. Es un desastre.

E.D.: ¿Cuál es para usted la forma idónea de solucionar este caos en el que se encuentra sumido el sector?

J.D.: Para mí, la secuencia sería la suma de una política energética y una regulación. Primero una y luego otra, claro. Respecto a la política, ésta se sostiene sobre tres pilares que son: primero, el mix energético y, segundo, el modelo de gobernanza, modelo empresarial y de sector. Y una vez decidido eso, poner un punto en el triángulo de las tres sostenibilidades: el equilibrio entre la sostenibilidad económica y la medioambiental y la seguridad de suministro.

Para ser más concreto, por mix entiendo las energías primarias que queremos para el futuro, que no tienen que ser necesariamente las que existen en la actualidad. Cuando esas energías ya estén elegidas, tenemos que aceptar que se debe hacer una inversión inicial en innovación y que hay que desarrollar una política industrial asociada para conseguir este mix. Para ello, España tendría que poner parte de su economía al servicio de este mix. Mientras, la gobernanza es cómo quiero que sean mis agentes. Nos tenemos que plantear si queremos que sean públicos, privados o mixtos, si queremos que sean grandes, pequeños, procompetitivos, política de campeones nacionales, etc…. Para mí, la política consistiría en definir esos dos elementos.

Una vez definida la política, entonces tendremos que elegir qué instrumento nos va a permitir llevarla a cabo. Y esa es la regulación. En este punto es donde cometemos el error, al dejar la regulación en manos de los políticos, cuando tiene que pasar a manos de un órgano de regulación independiente. La regulación es complicada en su elaboración, porque sólo responde a los principios fijados y porque debe partir de nuestro pasado energético para caminar hacia el futuro mediante una transición posible. De hecho, el buen regulador es el que consigue una normativa económica que da las señales adecuadas para conseguir aquellos objetivos estipulados con los menores recursos posibles.

No obstante, lo mejor que podría pasar es alcanzar un acuerdo de Estado, aunque le doy todo el derecho del mundo al gobierno de turno a hacer su política, pero una vez hecha, hay que dejar al regulador independiente que haga su trabajo sobre unas líneas marcadas, para que no se meta en política, y haga una regulación eficiente y que emita señales que nos permitan conseguir lo que el país quiere y necesita. Todo ello, claro está, sin llegar a la proposición del Conde de Romanones que dijo aquello de «dejad que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos».

Si no actuamos de este modo, no conseguiremos que la CNE vuelva a estar en «hojas cero», sobre todo si además quieren integrarla en un macroregulador «ex post» con otras especialidades que no tienen nada que ver, cuando el organismo energético es un «ex ante». De hecho, sería conveniente evitar situaciones como las que ahora ocurren, con un cuerpo técnico que lo único que puede hacer son propuestas a un consejo politizado, para que luego esta propuesta del consejo no se tenga en cuenta, porque al final el regulador es el Ministerio. Todo esto es de una ineficacia brutal que cuesta mucho dinero, puesto que no cumple el rol que le corresponde.

Por tanto, lo que nos encontramos hoy es el resultado de una chapuza y un despropósito continuado, que no responde a la traslación de política más regulación.

E.D.: ¿El anteproyecto de ley aborda un cambio de modelo energético?

J.D.: En absoluto. Ese es otro gran pecado que hemos cometido, que hay que solventar y que este anteproyecto no corrige. Nuestro modelo energético actual data del año 1998 y está basado en el europeo que se recoge en el tratado de Maastricht, que bebe principalmente de los principios liberalizadores del Congreso de Washington, y en donde se sientan las bases para declarar liberalizadas una serie de actividades que hasta entonces estaban condicionadas a la intervención.

De aquí surge el marco regulatorio actual. Por un lado tenemos actividades liberalizadas, donde el inversor analiza, invierte y explota, es decir, que tiene libre decisión pero por su cuenta y riesgo y sin capacidad para reclamar al Estado. Y por el otro, están las actividades reguladas, en donde se conceden monopolios naturales que devengan en actividades como el transporte o la distribución, con la intención de permitir duplicidades. Ese fue el espíritu del cambio del modelo del 98.

Es preocupante que un ministro puedo llegar a decir que, gracias a las leyes fiscales que está proponiendo el Gobierno, la electricidad ha bajado un 2% para el último trimestre del año. No es correcto colgarse la medalla de que la energía baja por su propuesta de cambio de modelo. Aquí, lo que ha habido es una subasta CESUR en la que se ha producido una rebaja del precio de la electricidad y nada más. Una reducción que bienvenida sea, y que se debe a que el mercado fluctúa según la época del año, no al anteproyecto de ley. Por eso, lo malo es que nadie contesta a este tipo de afirmaciones y así mal nos irá.

E.D.: ¿Cree que con la adopción de estas medidas hay ganadores y perdedores? ¿Considera que el Anteproyecto de Ley se ha elaborado con una intención verdadera de solucionar las cosas?

J.D.: No creo que haya perdedores o ganadores, como tal. Considero que hay una regulación mal hecha. De hecho, creo que esto no es una reforma en sí, es el intento de suturación de un agujero que, quizás de alguna manera, provocará que no vaya a más el déficit de tarifa, pero que no explica cómo se arregla el monto de los 24.000 millones de euros acumulados.

Además, este anteproyecto se basa en muchas falacias y falsedades, pues nos quieren hacer creer que son tasas por imposición medioambiental y sin embargo hacen más daño a las tecnologías menos contaminantes del régimen general. Incluso parapetan la norma como necesaria para obtener la sostenibilidad energética pero, a mi juicio, no es ni lo uno, ni lo otro.

E.D.: ¿Qué consecuencias negativas ve para el régimen especial después de la presentación de este Anteproyecto de Ley?

J.D.: Para empezar, con el Anteproyecto de Ley, el Gobierno ha sentenciado al sector de la cogeneración, y no olvidemos que es un elemento clave en una economía productiva. No hay cogenerador especulador, puesto que con la energía que les sobra, generan electricidad. También es cierto que este negocio marginal ha pasado muchas veces a ser el negocio principal. Sin embargo, con el impuesto a la generación del 6%, más el céntimo al gas, la producción de los cogeneradores dejará márgenes negativos y estará abocada al cierre.

En cuanto a las energías renovables, considero que las primas se han utilizado de una manera que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. Además, este sector no ha dejado sustrato de política industrial, lo que obligó a realizar un proceso de innovación que se convirtió en un proceso especulativo en el que los que hicieron mejor negocio fueron los propietarios de los terrenos y los intermediarios de la concesión de los permisos.

En este asunto podemos diferenciar dos Españas: la que ve las renovables como un pelotazo (burbuja fotovoltaica) y los que las ven en clave de economía productiva. Ambas han chocado dentro del régimen especial y ahora se ha querido eliminar la especulación y su efecto ha ido contra el sector.

Por ejemplo, los que han hecho inversiones en termosolar se han acogido a unas señales económicas muy favorables y tienen todo el derecho a reclamar lo que invirtieron en su momento, en base a la regulación que había. Pero cuando un gobierno se equivoca y tiene que corregir, pues se hace, como ya ocurrió anteriormente en dos ocasiones, con la «moratoria nuclear» y el «costes la transición a la competencia». Quizás sea la hora de «los costes de transición por cambio climático» y haya que recomprar a los termosolares sus activos a un precio razonable, sin esperar a cambio los beneficios esperados. Esta es una hipótesis a la que no llegaremos, pero que bien podría ser una posible solución para este momento actual de replanteamiento de modelo energético.

E.D.: ¿Cómo percibe el funcionamiento del mercado eléctrico actual? ¿El anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno propone alguna línea de mejora al respecto

J.D.: Soy de los que cree que el sistema no funciona tan mal como algunos nos quieren hacer ver. No es cierto que no exista competencia y tampoco aprecio abusos de poder en el mercado, aunque sí considero que podría haber sistemas más promercado y además existen muchas maneras de que el mercado eléctrico vuelva a recuperar este espíritu libre y competitivo que tenía.

Si se quiere una política energética concreta, pongámosla como una obligación al que vaya a acudir al mercado eléctrico. Además, habría que eliminar las primas de una vez por todas, puesto que esto distorsiona por completo el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no hay voces que hablen de esto. Sólo se oyen propuestas sobre impuestos, de la supuesta lucha entre la triple A y Unesa, las amenazas de deslocalización de los grandes consumidores o las de los consumidores domésticos, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Por tanto, debo decir que mi visión no es muy optimista en este asunto.

Con estas medidas fiscales, el Gobierno está provocando aumentar la ineficacia del sector eléctrico al quitar, por ejemplo, millones y millones a la sección de distribución eléctrica, por lo que se acabó la inversión de esta actividad. Y no hablemos entonces de Smart Grid’s y de innovación.

Todos y cada uno de estos recortes repercutirá en el servicio de continuidad y en la calidad de servicio a los consumidores. Además, ante la falta de dinero, subirán los precios y se animará a la desinversión. Es triste, pero gobiernos elegidos democráticamente hacen estas cosas.

E.D.: ¿Qué posible enfoque se puede ofrecer como solución a esta rocosa situación que vive el sector energético?

J.D.: La resolución de esta situación va para largo. Arreglar esto no es una cuestión de aprobar un real decreto ley, porque esto merecería otro tipo de «approach». Ante un problema de esta magnitud hay que aplicar una terapia, incluso en este caso nos podría servir este anteproyecto de ley, aunque esta medida no solucionará el problema.

La situación se resolvería si volvemos a empezar de cero, si volvemos a los orígenes de cómo se creo todo, puesto que partimos de un problema estructural profundo. Si no hacemos esto, Europa nos reclamará una reforma, porque desde que somos socios europeos no somos libres de hacer cualquier cosa, sino que España tiene que estar en línea con las directivas marcadas desde Bruselas. Lo liberalizado con lo liberalizado y lo regulado con lo regulado. Luego cada país camina en ese filo de forma diferente, incluso lo incumple. Ahí tenemos los casos flagrantes de Francia y de Alemania.

Pero volviendo al tema principal, sólo he oído quejas en torno a que la TUR no se aguanta más, y eso va en la buena dirección. No obstante, veremos si nuestros políticos son capaces de recortar la tarifa hasta los consumos de 3 ó 5 kW, puesto que los titulares pueden ser demoledores y eso asusta a la clase poítica… Y, todo, por un consumo eléctrico que en términos medios supone gastar menos de dos euros al día en electricidad.

Además de tocar la TUR, hay otras posibles soluciones. Hagamos algo para eliminar los subsidios. Hagamos algo para que los mercados sean realmente de oferta, es decir, liberemos al inversor de cualquier otra carga que no sean los permisos medioambientales y luego que realice las ofertas que pueda y compita con el resto en el mercado. Es la única manera de generar competitividad. También se puede separar la propiedad de la distribución y que esté en manos de grupos empresariales que no tengan más de un 5% cada uno, como pasa en Enagás y REE, que además son de las empresas más eficientes que tenemos.

El «unbundling de propiedad» (separación de actividades) en España ha sido un tema tabú. Ni por asomo se nos plantean las separación de propiedad en las actividades de generacíón y distribución de las empresas. No digo que sea la madre de los huevos de oro de la competencia, pero el déficit tarifario nació y fue posible gracias a esto. La deuda proviene de una actividad regulada y se la han colocado al holding. Pues esto, señores, es lo que yo llamo incumplir el principio de «unbundling». Y estamos ante una realidad que necesita hacer cosas, pero, ¿seremos valientes para hacerlas? Tengo mis dudas.

E.D.: ¿Y existe capacidad en la administración para que se pueda afrontar este cambio?

J.D.: Ahora mismo estamos ante un momento de debilidad grandísimo, debido a que hay otras prioridades macroeconómicas encima de la mesa del Gobierno. Sin embargo, el diagnóstico debemos compartirlo y no he oído nunca que se haga una crítica a un modelo en el sentido de volver a los orígenes. Sólo se plantean chapuzas para tapar agujeros.

Seguramente, antes de sacar este anteproyecto de ley a la luz, ha habido cientos de informes previos para ver quiénes salían ganando y quiénes salían perdiendo. Lo único que ha preocupado al Gobierno es cuadrar las medidas con las cuentas de las compañías y lo único que se les ocurre decir es que han debido acertar en su elaboración porque todo el mundo se ha quejado. Esto, según ellos, es la prueba del algodón, pero mal entendida.

Creo que hay solución, pero no sé si hay gallardía para asumirla o capacidad intelectual para llevarla a cabo. De hecho, el Principio de Peter que viene a decir algo así como que «todo el mundo llega a su máximo nivel de incopetencia» se ha cumplido de una forma descarada en el sector de la energía.

E.D.: En alguna ocasión ha hablado de la hibridación en el sector energético, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿cree que sería una posible solución?

J.D.:A grosso modo me refiero a los retazos con los que el regulador tiene que trabajar para luego sacar las cosas adelante, es decir, ¿queremos que lo regulado sea regulado?, ¿queremos que lo liberalizado siga siendo absolutamente liberalizado?, ¿queremos que se cumplan ciertos principios de sostenibilidad y que se mantengan dentro de 50 años?

Hibridar, para mí, es acudir al mercado eléctrico, ya sea mayorista o minorista o de OTC’s, siempre que en tu oferta cumplas unos requisitos y porcentajes determinados de lo que el país ha marcado como política energética. Lo que se debe hacer es obligar a un mercado que funciona a poner unas obligaciones para que el que pueda se lleve el gato al agua y oferte a precio. Al no aplicar este sistema, hemos cosechado fracasos estrepitosos en las renovables, como el caso de la fotovoltaica y de la termosolar, porque la eólica aún se salva ligeramente.

¿Es viable? Totalmente, sólo falta voluntad política. Se trata de barajar y dar de nuevo, de partir de cero, pero asegurando que los que han invertido no van a perderse. Sentemos las bases y creemos un nuevo modelo, pero respetando lo anterior y para ello habría que generar unos costes de transición al cambio climático durante unos años. También podría hacerse mediante mecanismos por certificado, aunque no es algo que me convenza después del fracaso de los certificados verdes.

Si se ponen unas reglas del juego claras para que funcione el libre mercado, seguramente los que están cobrando ahora primas se quejarán, porque dirán que se les aboca a la ruina. Pero si queremos arreglar este desaguisado, cada tecnología deberá encontrar la señal adecuada para encontrar su precio en el mercado. Otra cosa es que no creamos en él, como les ocurre a los retroprogresivos o a algunos empresarios, a los que les interesa más manipular al Ministerio que liberarse en el mercado.

La clave está en que haya actividades reguladas, pero sin intereses cruzados y que se produzca la separación de propiedad. Lo que planteo es la formación de un modelo global, pero muy simple que necesita de un desarrollo muy difícil para llevarlo a cabo. La complejidad está en tratar de armonizar el enredo actual con este fututo. Siempre los periodos de tránsito son los más complicados, pero veo perfectamente posible la aplicación de este sistema y no considero que la hibridación sea una utopía.

«Primero, una política energética. Después, la regulación»

Comenzamos nuestro encuentro con Jordi Dolader, unos días después de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenbilidad Energética. Antes de entrar en el cuestionario sobre esta norma, mantenemos una conversación en la que tratamos la situación de fondo y la trayectoria seguida por el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO: ¿Qué percepción tiene usted de la situación actual que se vive dentro del sector eléctrico?

JORDI DOLADER: La situación que vivimos en la actualidad, con un déficit de tarifa de más de 24.000 millones de euros, supera ya lo sectorial y alcanza niveles macroeconómicos, además de distorsionar los mercados, porque ahora ya no hay nada más regulado que la energía ofertada en el mercado.

A mí me han llamado poderosamente la atención los silencios, que han sido abrumadores. Nadie, ni desde dentro, ni desde fuera, ha alzado la voz para denunciar todo lo que estaba pasando en el sector. Incluso, desde la Unión Europea ha existido ese silencio. Eso sí, señalamientos de culpables no han faltado.

Considero que este desastre que ahora padecemos es uno de los peores trances que hemos vivido hasta la fecha en el sector energético y que se ha generado por no tener una política definida del sector y por haber violentado unos principios regulatorios explícitos (de aditividad, de gradualidad, de suficiencia, de «unbundling», de transparencia…). Ahí está el problema para mí. Se ha mezclado todo, lo que ha provocado un problema imposible de resolver.

Sin duda estamos ante una realidad inexplicable y compleja, de la que nada bueno podemos esperar. Es una situación muy triste.

E.D.: En su opinión, ¿considera que hay responsables de esta alarmante situación?

J.D.: Claro que hay culpables que han atravesado numerosas líneas rojas, y ahora es el momento de denunciarlos. Desde el silencio no solucionamos nada, así que hay que decir alto y claro que este ministro, este otro ministro o este secretario de estado han hecho barbaridades, y que con sus acciones, estos señores, de uno u otro bando político, han provocado la situación actual, llevándonos a esta situación.

El actual gobierno está metido en una trampa que, en gran parte, le ha venido dada, pero no hay que olvidar que el concepto de déficit «ex ante» fue inventado ya hace diez años el equipo del antiguo secretario general de la Energía y hoy presidente de REE, José Folgado.

Lo que está claro es que en España hemos innovado mucho y hemos alcanzado algunos objetivos políticos, como ser los abanderados de las energías renovables, pero, ¿a qué precio? Si me apura, hemos conseguido ser eficaces al límite, pero a costa de llegar a una situación insostenible e ineficiente económicamente hablando. Hemos hecho una quijotada, por lo que no creo que sea para ponernos una medalla. Es un desastre.

E.D.: ¿Cuál es para usted la forma idónea de solucionar este caos en el que se encuentra sumido el sector?

J.D.: Para mí, la secuencia sería la suma de una política energética y una regulación. Primero una y luego otra, claro. Respecto a la política, ésta se sostiene sobre tres pilares que son: primero, el mix energético y, segundo, el modelo de gobernanza, modelo empresarial y de sector. Y una vez decidido eso, poner un punto en el triángulo de las tres sostenibilidades: el equilibrio entre la sostenibilidad económica y la medioambiental y la seguridad de suministro.

Para ser más concreto, por mix entiendo las energías primarias que queremos para el futuro, que no tienen que ser necesariamente las que existen en la actualidad. Cuando esas energías ya estén elegidas, tenemos que aceptar que se debe hacer una inversión inicial en innovación y que hay que desarrollar una política industrial asociada para conseguir este mix. Para ello, España tendría que poner parte de su economía al servicio de este mix. Mientras, la gobernanza es cómo quiero que sean mis agentes. Nos tenemos que plantear si queremos que sean públicos, privados o mixtos, si queremos que sean grandes, pequeños, procompetitivos, política de campeones nacionales, etc…. Para mí, la política consistiría en definir esos dos elementos.

Una vez definida la política, entonces tendremos que elegir qué instrumento nos va a permitir llevarla a cabo. Y esa es la regulación. En este punto es donde cometemos el error, al dejar la regulación en manos de los políticos, cuando tiene que pasar a manos de un órgano de regulación independiente. La regulación es complicada en su elaboración, porque sólo responde a los principios fijados y porque debe partir de nuestro pasado energético para caminar hacia el futuro mediante una transición posible. De hecho, el buen regulador es el que consigue una normativa económica que da las señales adecuadas para conseguir aquellos objetivos estipulados con los menores recursos posibles.

No obstante, lo mejor que podría pasar es alcanzar un acuerdo de Estado, aunque le doy todo el derecho del mundo al gobierno de turno a hacer su política, pero una vez hecha, hay que dejar al regulador independiente que haga su trabajo sobre unas líneas marcadas, para que no se meta en política, y haga una regulación eficiente y que emita señales que nos permitan conseguir lo que el país quiere y necesita. Todo ello, claro está, sin llegar a la proposición del Conde de Romanones que dijo aquello de «dejad que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos».

Si no actuamos de este modo, no conseguiremos que la CNE vuelva a estar en «hojas cero», sobre todo si además quieren integrarla en un macroregulador «ex post» con otras especialidades que no tienen nada que ver, cuando el organismo energético es un «ex ante». De hecho, sería conveniente evitar situaciones como las que ahora ocurren, con un cuerpo técnico que lo único que puede hacer son propuestas a un consejo politizado, para que luego esta propuesta del consejo no se tenga en cuenta, porque al final el regulador es el Ministerio. Todo esto es de una ineficacia brutal que cuesta mucho dinero, puesto que no cumple el rol que le corresponde.

Por tanto, lo que nos encontramos hoy es el resultado de una chapuza y un despropósito continuado, que no responde a la traslación de política más regulación.

E.D.: ¿El anteproyecto de ley aborda un cambio de modelo energético?

J.D.: En absoluto. Ese es otro gran pecado que hemos cometido, que hay que solventar y que este anteproyecto no corrige. Nuestro modelo energético actual data del año 1998 y está basado en el europeo que se recoge en el tratado de Maastricht, que bebe principalmente de los principios liberalizadores del Congreso de Washington, y en donde se sientan las bases para declarar liberalizadas una serie de actividades que hasta entonces estaban condicionadas a la intervención.

De aquí surge el marco regulatorio actual. Por un lado tenemos actividades liberalizadas, donde el inversor analiza, invierte y explota, es decir, que tiene libre decisión pero por su cuenta y riesgo y sin capacidad para reclamar al Estado. Y por el otro, están las actividades reguladas, en donde se conceden monopolios naturales que devengan en actividades como el transporte o la distribución, con la intención de permitir duplicidades. Ese fue el espíritu del cambio del modelo del 98.

Es preocupante que un ministro puedo llegar a decir que, gracias a las leyes fiscales que está proponiendo el Gobierno, la electricidad ha bajado un 2% para el último trimestre del año. No es correcto colgarse la medalla de que la energía baja por su propuesta de cambio de modelo. Aquí, lo que ha habido es una subasta CESUR en la que se ha producido una rebaja del precio de la electricidad y nada más. Una reducción que bienvenida sea, y que se debe a que el mercado fluctúa según la época del año, no al anteproyecto de ley. Por eso, lo malo es que nadie contesta a este tipo de afirmaciones y así mal nos irá.

E.D.: ¿Cree que con la adopción de estas medidas hay ganadores y perdedores? ¿Considera que el Anteproyecto de Ley se ha elaborado con una intención verdadera de solucionar las cosas?

J.D.: No creo que haya perdedores o ganadores, como tal. Considero que hay una regulación mal hecha. De hecho, creo que esto no es una reforma en sí, es el intento de suturación de un agujero que, quizás de alguna manera, provocará que no vaya a más el déficit de tarifa, pero que no explica cómo se arregla el monto de los 24.000 millones de euros acumulados.

Además, este anteproyecto se basa en muchas falacias y falsedades, pues nos quieren hacer creer que son tasas por imposición medioambiental y sin embargo hacen más daño a las tecnologías menos contaminantes del régimen general. Incluso parapetan la norma como necesaria para obtener la sostenibilidad energética pero, a mi juicio, no es ni lo uno, ni lo otro.

E.D.: ¿Qué consecuencias negativas ve para el régimen especial después de la presentación de este Anteproyecto de Ley?

J.D.: Para empezar, con el Anteproyecto de Ley, el Gobierno ha sentenciado al sector de la cogeneración, y no olvidemos que es un elemento clave en una economía productiva. No hay cogenerador especulador, puesto que con la energía que les sobra, generan electricidad. También es cierto que este negocio marginal ha pasado muchas veces a ser el negocio principal. Sin embargo, con el impuesto a la generación del 6%, más el céntimo al gas, la producción de los cogeneradores dejará márgenes negativos y estará abocada al cierre.

En cuanto a las energías renovables, considero que las primas se han utilizado de una manera que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. Además, este sector no ha dejado sustrato de política industrial, lo que obligó a realizar un proceso de innovación que se convirtió en un proceso especulativo en el que los que hicieron mejor negocio fueron los propietarios de los terrenos y los intermediarios de la concesión de los permisos.

En este asunto podemos diferenciar dos Españas: la que ve las renovables como un pelotazo (burbuja fotovoltaica) y los que las ven en clave de economía productiva. Ambas han chocado dentro del régimen especial y ahora se ha querido eliminar la especulación y su efecto ha ido contra el sector.

Por ejemplo, los que han hecho inversiones en termosolar se han acogido a unas señales económicas muy favorables y tienen todo el derecho a reclamar lo que invirtieron en su momento, en base a la regulación que había. Pero cuando un gobierno se equivoca y tiene que corregir, pues se hace, como ya ocurrió anteriormente en dos ocasiones, con la «moratoria nuclear» y el «costes la transición a la competencia». Quizás sea la hora de «los costes de transición por cambio climático» y haya que recomprar a los termosolares sus activos a un precio razonable, sin esperar a cambio los beneficios esperados. Esta es una hipótesis a la que no llegaremos, pero que bien podría ser una posible solución para este momento actual de replanteamiento de modelo energético.

E.D.: ¿Cómo percibe el funcionamiento del mercado eléctrico actual? ¿El anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno propone alguna línea de mejora al respecto

J.D.: Soy de los que cree que el sistema no funciona tan mal como algunos nos quieren hacer ver. No es cierto que no exista competencia y tampoco aprecio abusos de poder en el mercado, aunque sí considero que podría haber sistemas más promercado y además existen muchas maneras de que el mercado eléctrico vuelva a recuperar este espíritu libre y competitivo que tenía.

Si se quiere una política energética concreta, pongámosla como una obligación al que vaya a acudir al mercado eléctrico. Además, habría que eliminar las primas de una vez por todas, puesto que esto distorsiona por completo el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no hay voces que hablen de esto. Sólo se oyen propuestas sobre impuestos, de la supuesta lucha entre la triple A y Unesa, las amenazas de deslocalización de los grandes consumidores o las de los consumidores domésticos, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Por tanto, debo decir que mi visión no es muy optimista en este asunto.

Con estas medidas fiscales, el Gobierno está provocando aumentar la ineficacia del sector eléctrico al quitar, por ejemplo, millones y millones a la sección de distribución eléctrica, por lo que se acabó la inversión de esta actividad. Y no hablemos entonces de Smart Grid’s y de innovación.

Todos y cada uno de estos recortes repercutirá en el servicio de continuidad y en la calidad de servicio a los consumidores. Además, ante la falta de dinero, subirán los precios y se animará a la desinversión. Es triste, pero gobiernos elegidos democráticamente hacen estas cosas.

E.D.: ¿Qué posible enfoque se puede ofrecer como solución a esta rocosa situación que vive el sector energético?

J.D.: La resolución de esta situación va para largo. Arreglar esto no es una cuestión de aprobar un real decreto ley, porque esto merecería otro tipo de «approach». Ante un problema de esta magnitud hay que aplicar una terapia, incluso en este caso nos podría servir este anteproyecto de ley, aunque esta medida no solucionará el problema.

La situación se resolvería si volvemos a empezar de cero, si volvemos a los orígenes de cómo se creo todo, puesto que partimos de un problema estructural profundo. Si no hacemos esto, Europa nos reclamará una reforma, porque desde que somos socios europeos no somos libres de hacer cualquier cosa, sino que España tiene que estar en línea con las directivas marcadas desde Bruselas. Lo liberalizado con lo liberalizado y lo regulado con lo regulado. Luego cada país camina en ese filo de forma diferente, incluso lo incumple. Ahí tenemos los casos flagrantes de Francia y de Alemania.

Pero volviendo al tema principal, sólo he oído quejas en torno a que la TUR no se aguanta más, y eso va en la buena dirección. No obstante, veremos si nuestros políticos son capaces de recortar la tarifa hasta los consumos de 3 ó 5 kW, puesto que los titulares pueden ser demoledores y eso asusta a la clase poítica… Y, todo, por un consumo eléctrico que en términos medios supone gastar menos de dos euros al día en electricidad.

Además de tocar la TUR, hay otras posibles soluciones. Hagamos algo para eliminar los subsidios. Hagamos algo para que los mercados sean realmente de oferta, es decir, liberemos al inversor de cualquier otra carga que no sean los permisos medioambientales y luego que realice las ofertas que pueda y compita con el resto en el mercado. Es la única manera de generar competitividad. También se puede separar la propiedad de la distribución y que esté en manos de grupos empresariales que no tengan más de un 5% cada uno, como pasa en Enagás y REE, que además son de las empresas más eficientes que tenemos.

El «unbundling de propiedad» (separación de actividades) en España ha sido un tema tabú. Ni por asomo se nos plantean las separación de propiedad en las actividades de generacíón y distribución de las empresas. No digo que sea la madre de los huevos de oro de la competencia, pero el déficit tarifario nació y fue posible gracias a esto. La deuda proviene de una actividad regulada y se la han colocado al holding. Pues esto, señores, es lo que yo llamo incumplir el principio de «unbundling». Y estamos ante una realidad que necesita hacer cosas, pero, ¿seremos valientes para hacerlas? Tengo mis dudas.

E.D.: ¿Y existe capacidad en la administración para que se pueda afrontar este cambio?

J.D.: Ahora mismo estamos ante un momento de debilidad grandísimo, debido a que hay otras prioridades macroeconómicas encima de la mesa del Gobierno. Sin embargo, el diagnóstico debemos compartirlo y no he oído nunca que se haga una crítica a un modelo en el sentido de volver a los orígenes. Sólo se plantean chapuzas para tapar agujeros.

Seguramente, antes de sacar este anteproyecto de ley a la luz, ha habido cientos de informes previos para ver quiénes salían ganando y quiénes salían perdiendo. Lo único que ha preocupado al Gobierno es cuadrar las medidas con las cuentas de las compañías y lo único que se les ocurre decir es que han debido acertar en su elaboración porque todo el mundo se ha quejado. Esto, según ellos, es la prueba del algodón, pero mal entendida.

Creo que hay solución, pero no sé si hay gallardía para asumirla o capacidad intelectual para llevarla a cabo. De hecho, el Principio de Peter que viene a decir algo así como que «todo el mundo llega a su máximo nivel de incopetencia» se ha cumplido de una forma descarada en el sector de la energía.

E.D.: En alguna ocasión ha hablado de la hibridación en el sector energético, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿cree que sería una posible solución?

J.D.:A grosso modo me refiero a los retazos con los que el regulador tiene que trabajar para luego sacar las cosas adelante, es decir, ¿queremos que lo regulado sea regulado?, ¿queremos que lo liberalizado siga siendo absolutamente liberalizado?, ¿queremos que se cumplan ciertos principios de sostenibilidad y que se mantengan dentro de 50 años?

Hibridar, para mí, es acudir al mercado eléctrico, ya sea mayorista o minorista o de OTC’s, siempre que en tu oferta cumplas unos requisitos y porcentajes determinados de lo que el país ha marcado como política energética. Lo que se debe hacer es obligar a un mercado que funciona a poner unas obligaciones para que el que pueda se lleve el gato al agua y oferte a precio. Al no aplicar este sistema, hemos cosechado fracasos estrepitosos en las renovables, como el caso de la fotovoltaica y de la termosolar, porque la eólica aún se salva ligeramente.

¿Es viable? Totalmente, sólo falta voluntad política. Se trata de barajar y dar de nuevo, de partir de cero, pero asegurando que los que han invertido no van a perderse. Sentemos las bases y creemos un nuevo modelo, pero respetando lo anterior y para ello habría que generar unos costes de transición al cambio climático durante unos años. También podría hacerse mediante mecanismos por certificado, aunque no es algo que me convenza después del fracaso de los certificados verdes.

Si se ponen unas reglas del juego claras para que funcione el libre mercado, seguramente los que están cobrando ahora primas se quejarán, porque dirán que se les aboca a la ruina. Pero si queremos arreglar este desaguisado, cada tecnología deberá encontrar la señal adecuada para encontrar su precio en el mercado. Otra cosa es que no creamos en él, como les ocurre a los retroprogresivos o a algunos empresarios, a los que les interesa más manipular al Ministerio que liberarse en el mercado.

La clave está en que haya actividades reguladas, pero sin intereses cruzados y que se produzca la separación de propiedad. Lo que planteo es la formación de un modelo global, pero muy simple que necesita de un desarrollo muy difícil para llevarlo a cabo. La complejidad está en tratar de armonizar el enredo actual con este fututo. Siempre los periodos de tránsito son los más complicados, pero veo perfectamente posible la aplicación de este sistema y no considero que la hibridación sea una utopía.

«España debe tener un papel importante en la seguridad de suministro y la integración del mercado del gas europeo»

ENERGÍA DIARIO.: Sectores energéticos renovables, fundamentalmente el termosolar, les acusan de haber incurrido en un proceso de sobreinversión en nuevos ciclos combinados. ¿Existe ese proceso de sobreinversión en el parque de instalaciones de generación eléctrica mediante ciclos combinados?

ANTONI PERIS.: Partiendo de una lógica que afirma que lo que estaba antes se tiene que ir para dejar paso a lo que entra ahora, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de instalaciones que tienen entre 25 y 30 años, estamos hablando de un tema de cambio de ciclo tecnológico y finalización de vida útil de instalaciones, algo que entra dentro de lo razonable, por ser su tecnología obsoleta e insuficiente. Pero en el caso de los ciclos combinados, el pico de la puesta en marcha de estas centrales fue entre el año 2008 y el 2009, aunque su planificación energética fuese muy anterior. Por lo tanto, estamos hablando de instalaciones muy recientes que, a su vez, coinciden con la entrada de nueva potencia renovable.

Por ello, con la crisis económica que estamos viviendo, yo me pregunto si tiene sentido que estemos infrautilizando estas centrales de ciclo combinado totalmente nuevas para poner otras en marcha que habrá que pagar en el futuro mediante una prima elevada, porque a pesar de que la energía primaria de las renovables es gratuita, el coste por MW producido es de tal nivel que cuesta hasta diez veces más que las tecnologías convencionales más eficientes.

¿Tiene sentido una entrada masiva de renovables? ¿Tiene sentido poner tantas instalaciones en funcionamiento o hubiera tenido más sentido hacerlo de forma más pausada para cumplir nuestros compromisos medioambientales y no encontrarnos con instalaciones de tecnologías que ya nadie utiliza y que vamos a tener que pagar durante 15 años?

Sin dejar de lado el respeto al medio ambiente y la innovación tecnológica, lo que tenemos que hacer es aquello que tenga cabida desde el punto de vista económico y no ir más allá de lo que realmente podemos pagar. Además, debemos sacar provecho de la curva de aprendizaje del cambio tecnológico en todas las renovables, en donde hemos ido muy por delante en su instalación y hemos instalado potencia que en este momento no está siendo lo eficiente, en términos productivos, que podría ser si las instaláramos ahora, aunque cabe destacar que el único sector dónde este alineamiento ha estado sincronizado es en el caso de las tecnología eólica.

Haber ganado tres años en el objetivo de las renovables nos ha puesto en una situación muy complicada que, además, ha exigido unas primas muy altas por esa ineficiencia que tenía la instalación. Hay que recordar que en la planificación gubernamental se habían acordado entre 400 y 500 MW de fotovoltaica y se instalaron 5.000 MW, es decir, diez veces más.

De este modo, se produjo una situación compleja y preocupante que se vuelve a repetir ahora con el desarrollo excesivo de la potencia termosolar sin tener en cuenta que, para avanzar tecnológicamente, hay que tener un Know how para que el aprendizaje tecnológico y la eficiencia vayan acompasados.

Es evidente que las energías renovables son unas tecnologías con futuro y pueden suponer una oportunidad de posicionamiento tecnológico para España, algo que no discutimos. La cuestión sería en qué plazo y cómo se debería hacer para no provocar las tensiones económicas que están generando estas instalaciones puesto que, cada mes que pasa, se incrementan los costes derivados de su ineficiencia.

La situación actual es la que es y si la miramos en términos económicos, por eficiencia y coste final, las renovables tal y como se han desarrollado no tendrían cabida en el sistema, sin embargo, tienen su papel y hay que contemplarlo como clave para entender esta situación.

E.D.: ¿Es cierto que los propietarios de las centrales de ciclo combinado se están planteando el cierre de estas centrales en vista de su escaso funcionamiento?

A.P.: Como representante de Sedigas, debo decir que los ciclos combinados no forman parte de la asociación, sino que son las empresas asociadas las que son titulares de las centrales. No obstante, el ciclo combinado es un consumo más del sistema gasista, con gran peso en el sector y que obliga a hacer inversiones, que es lo que realmente nos preocupa.

Sin embargo, entra dentro de lo razonable que alguien se cuestione detener una central si el funcionamiento de la misma y sus ingresos son cada vez menores, cuando la fuente de entrada de capital de los ciclos combinados va asociada al número de horas que funcionan. Por tanto, es lógico plantear el corte de los ingresos al no tener todos los costes operativos, incluso la posibilidad de llevarse las turbinas a otro lugar.

Por otro lado, REE siempre ha sido muy reacia a perder potencia instalada, puesto que siempre ha buscado tener más márgenes de seguridad de suministro y de disponibilidad. No contar con estas centrales existentes, mermaría la flexibilidad que proporcionan a pesar de que ahora funcionan de un modo más reducido.

E.D.: De cara a la resolución del déficit tarifario eléctrico y las informaciones que van apareciendo y que señalan, entre otras cuestiones, la modificación de la imposición a la generación, con tasas generales o selectivas, la posibilidad de reducción de costes regulados, incluyendo también el posible efecto de los pagos por capacidad de los ciclos combinados, ¿cómo valora estas medidas? ¿y qué es lo que pide al Gobierno porque, aunque se trata de una regulación para el déficit tarifario eléctrico, afecta lógicamente al sector gasista?

A.P.: Sobre las medidas específicas al sector eléctrico poco podemos decir porque Sedigas no conoce en absoluto los detalles, ni hemos estudiado la situación.

Lo único que podemos pedir, y es más un deseo que una petición, es que el Gobierno acierte tomando las medidas necesarias para que este problema, que está afectando al equilibrio del sistema energético español, se resuelva. Un déficit de más de 20.000 millones de euros es de todo, menos sano, y es obvio que es un problema que hay que resolver cuanto antes.

En lo que respecta al sector gasista, lo que nos preocupa es que las decisiones que se tomen, nos lleven a una mayor reducción en la demanda para la generación eléctrica que se produzca en el sistema gasista, una situación que puede venir por dos vías.

Por un lado, por una mayor reducción del hueco térmico que hará que cada vez funcionen menos los ciclos combinados, que no es lo deseable y lo lógico. Los ciclos son una tecnología muy eficiente y da garantías al suministro del sistema, utiliza la materia prima no renovable más eficiente y menos contaminante que hay y su coste es muy competitivo. Por eso, creemos y pedimos que el hueco térmico deje de reducirse y volvamos a recuperar parte de esa cuota que teníamos y que permitiría un mejor equilibrio en el sistema gasista.

Por el otro, todo lo relacionado con la cogeneración se ha visto afectado por la eliminación de las primas a todas aquellas instalaciones que no estén inscritas en el pre-registro, con licencia y con las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria. La cogeneración, que tiene un impacto enorme en la competitividad de la industria española, está en una situación de in pass puesto que las instalaciones nuevas no tendrán ningún tipo de prima. Además, no podemos olvidar que el plan para renovar instalaciones de más de 15 años y que utilizan combustibles más contaminantes y menos eficientes está ahora en suspenso.

Sin entrar en valoraciones de qué medidas va a tomar el Gobierno para cada uno de los sectores y subsectores que hay en el sistema eléctrico, lo que nosotros estamos planteándole al Ministerio es que, cuando se estudien las soluciones para atajar el déficit eléctrico, no olvide que algunas de esas soluciones impactan en el equilibrio del sistema gasista y, por tanto, o bien ayudan a que la situación nuestra mejore o bien la hacen empeorar y ahí si que le pedimos que no la empeoren, claro.

E.D.: ¿Qué opina sobre el papel que puede ejercer España como país de tránsito en el transporte de gas en el conocido como corredor ibérico del gas? ¿Cómo sigue el proceso de las conexiones internacionales? ¿Han sufrido éstas inversiones algún tipo de recorte o retraso en su ejecución?

A.P.: Nosotros creemos que nuestro país tiene y debe tener un papel importante en lo que sería la seguridad del suministro europeo. A España, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, le interesa estar lo más integrada posible en Europa. Nosotros tenemos algunos puntos fuertes y otros que no lo son tanto, como por ejemplo los almacenamientos subterráneos, que por mucho que queramos invertir, nuestro subsuelo está muy por debajo de la media europea y no llegará a la altura del subsuelo francés o alemán que tienen una capacidad de almacenamiento importante.

Por esta razón, una mayor integración de España en el sistema gasista europeo beneficiará a ambas partes, permitiendo a nuestro país integrarse plenamente y convertirse en lo que es la puerta, no sólo del gas del norte de África o del gas argelino, sino también del GNL de todo el mundo. España tiene una gran capacidad de regasificación e incluso de recarga de barcos, dando paso a la descarga de los buques más grandes del mundo en los puertos españoles e incluso a los metaneros de menor porte.

En este sentido, creemos que tenemos un papel muy importante que se va a potenciar entre 2013 y 2015 con la entrada en funcionamiento del gasoducto de Larrau (2013) y el de Biriatou (2015), que nos dará 7,5 bcm más de capacidad para exportación, que es un 20% de la demanda agregada de España, que es de unos 38 bcm, lo cual es importante. Otras decisiones que están pendientes son la interconexión del Midcat que nos daría una salida importante por toda la cuenca del Mediterráneo para acabar de perfilar el tema del hub.

También es importante que sepamos enfocar bien el esquema de los peajes de tránsito, para que realmente no mermemos la competitividad de ese gas. En este sentido, debemos saber cuál es la estrategia de precios para ser realmente competitivo y, por descontado, poder disponer de un precio de referencia del gas con materia prima vía hub, que nos ayudará a colocarnos como mercado de transacción. Es difícil consolidarse como mercado si no tienes una referencia de precios de tipo abierto público que es lo que te configura un hub.

De lo que sí estamos convencidos es de que España puede tener un papel importante en lo que sería la seguridad de suministro y la integración del mercado del gas europeo.

E.D.: Respecto al tema de la obtención de gases no convencionales, ¿cómo veis el impacto en los mercados de aprovisionamiento, los precios y las previsiones que podemos hacer sobre las primeras iniciativas en España?

A.P.: El gas no convencional es el que, en vez de estar dentro de una bolsa de gas, está entre capas geológicas y, por tanto, aunque sigue siendo metano, hay que hacer un proceso de liberación y luego, mediante un sistema mas sofisticado, extraerlo.

Con este tipo de gas se ha pasado de tener 60 años de reservas de gas convencional a más de 260 años de gas convencional y no convencional, si no recuerdo mal, por lo que hemos añadido 200 años. De este modo se incrementan las reservas de una forma exponencial y se diversifican los lugares donde hay reservas.

Hoy el gas, estando más diversificado en el mundo que el petróleo, sigue estando sesgado en aquellos países que están muy alejados de los puntos de consumo y en los que sus políticas geopolíticas no son muy estables. Sin duda, con el gas no convencional lo que se está haciendo es acercarlo a los puntos de consumo mediante asociaciones a antiguas zonas carboníferas o estructuras geológicas.

Por otra parte, en Estados Unidos han demostrado, por la vía de sus precios actuales, que el precio final del gas no convencional está alejado de los precios de los gases convencionales.

Hoy existen tres mercados en el mundo: el americano con un precio de 2 dólares el millón de BTU (Unidades Térmicas Británicas), el de la cuenca atlántica que está entre 12 y 14 dólares el millón de BTU y el asiático entre 16 y 18 dólares el millón del BTU.

Esto configura tres tipos de precios distintos y te esta diciendo que los que han podido tener reservas importantes de shale gas (no convencional) se han alejado de estos precios altos y están teniendo unos precios realmente bajos.

Entendemos que hay una oportunidad que vale la pena recorrer tanto por disponibilidad de reservas como por costes sin desconocer que es una tecnología que, como todas aquellas que empiezan, han tenido que ajustar sus condiciones de operación y de explotación para que una serie de problemas medioambientales sean resueltos. En este punto se encuentran los americanos, cuyo tipo de operaciones ya no son tan intensivas en utilización de espacio como lo eran antes y están empezando a utilizar la perforación horizontal en lugar de hacer muchos pozos verticales.

De hecho, Estados Unidos era un país que tenia que importar GNL y eso hacia que el gas no tuviera una presencia importante en la matriz energética norteamericana, porque ellos son muy celosos de depender de una energía al 100% de fuera.

A la vista de esto, en Europa hay una situación distinta. Polonia está apostando por el gas no convencional porque tiene reservas de carbón y de shale gas muy importantes, mientras que en Francia no se está permitiendo el desarrollo de esta tecnología. En España, que no es rico en hidrocarburos, hay un proyecto en marcha, en Álava, y otros proyectos en fase de estudio, por lo que habría que determinar si existe o no su potencial teórico, cuantas reservas habría y que es lo que podríamos obtener.

Desde Sedigas, creemos que cualquier proyecto que permita desarrollar la producción propia de hidrocarburos debería ser bienvenido y tenemos que impulsarlo, por lo que no podemos permitirnos el lujo de no desarrollarla. Esta tecnología podría ayudar a España, que es un país con una producción muy baja de gas, a reducir su dependencia exterior, no de forma espectacular, pero si para dar un paso a una mayor producción del gas nacional.

Hay otro tipo de gas no convencional que son los gases de síntesis, con los que se está trabajando en Europa la posibilidad de producir gas a partir de residuos o de cultivos dedicados, como hacen los alemanes y que les está permitiendo tener el llamado “gas verde” porque no emite CO2. En España está la experiencia de Valdemingómez (Madrid) que está casi en fase de puesta a disposición del gas inyectado al sistema y que es un gas que proviene de residuos.

Nacido en Barcelona (1956), Peris es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y PADE por el IESE. Se incorporó al Grupo Gas Natural Fenosa en 1984, ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes áreas de Catalana de Gas, hasta que en 1992 se trasladó a Argentina como director técnico de Gas Natural BAN, donde más tarde se hizo responsable de la Dirección General. Posteriormente fue nombrado country manager en las compañías del Grupo en Colombia y Argentina, y en 2005 volvió a España para ocupar la dirección general de Transporte y Distribución en España. Desde 2006 era director general de Negocio Regulado de la compañía. En 2007 fue nombrado presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas.

«El problema de los ciclos combinados no es su exceso de instalación, sino que su grado de utilización ha bajado un 40%»

ENERGÍA DIARIO.: Recientemente, durante la reunión anual del sector gasita, usted abogó por el desarrollo de un marco regulatorio estable, ¿con qué objetivo y qué es lo que reclama al Gobierno en este sentido?

ANTONI PERIS.: Desde nuestro punto de vista, el sector gasista tiene un sistema de funcionamiento que se ha ido manteniendo en el tiempo con los ajustes regulatorios lógicos. Por lo tanto, lo que pedimos es que, en este momento complejo para el sector energético, un sistema como el gasista, que ha funcionado razonablemente bien a lo largo de los últimos años, no se vea alterado en sus principios básicos por las medidas que tome el Gobierno, si bien es verdad que hay puntos que hay que revisar y tenemos que ver cómo se llevan a cabo ciertos ajustes.

Cuando el sector reclama estabilidad, no está pidiendo continuidad. Lo que queremos, fundamentalmente, es predictibilidad y que se tenga en cuenta que este es un sector que durante los últimos diez años ha hecho un esfuerzo de inversión muy importante a largo plazo. Dentro de lo razonable, nosotros asumimos los riesgos, pero entendemos que las decisiones gubernamentales no pueden alterar los criterios con los que se han llevado a cabo decisiones de tipo económico en el pasado.

Por este motivo, lo que estamos reivindicando es que cuando haya cambios regulatorios se tengan en cuenta los impactos que estos tienen en todas las tramas de la actividad energética y que, en nuestro caso, ha desembocado en un problema coyuntural de déficit que se espera resolver a corto o medio plazo con las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de marzo y que deseamos que pongan fin a este problema para lograr un sistema de ingresos y gastos equilibrado.

E.D.: ¿Cuáles son los orígenes de este reciente déficit tarifario en el sector gasista y a qué se debe su existencia?

A.P.: Para el sector gasista, este déficit no es estructural, puesto que entendemos que se debe a una situación coyuntural y viene derivado de tres componentes.

El primero es consustancial y viene intrínseco con la fórmula de evolución de los peajes que, en el sistema gasista, tiene siempre en cuenta una previsión «ex ante» del número de clientes y ventas que habrá el año siguiente, por lo que se genera un desajuste que puede llevar a un déficit o a un superávit.

El segundo de ellos, es la reducción del hueco térmico, debido a una entrada importante de renovables y por las subvenciones al carbón nacional, y que ha provocado una reducción importante de las ventas por generación eléctrica en el mercado doméstico (que es el que más aporta a los ingresos del sistema) desde el año 2008.

Por último, no hay que olvidar la crisis económica que estamos padeciendo y que el 2011 fue un año especialmente cálido, por lo que las previsiones de ventas no alcanzaron los objetivos marcados.

E.D.: ¿En qué modo se ha visto afectado el sector del gas tras la medidas adoptadas por el Gobierno el pasado 30 de marzo?

A.P.: El sistema gasista español está integrado en el sistema energético y vinculado directamente al sistema eléctrico. Esta cercanía hace que las medidas que se están tomando para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico afecten a nuestro sector, a la vez que repercuten en el denominado hueco térmico.

Desde 2008, año que supuso el pico de nuestro sector en España, los ciclos combinados han bajado su demanda hasta en un 40%, que a todas luces es una cifra de consumo que está alejada del impacto de la crisis económica y que está íntimamente ligada a la producción del hueco térmico, es decir, al espacio que tienen los ciclos para actuar.

El Gobierno, con las medidas que aprobó antes de Semana Santa, lo que hizo fue detener los proyectos de transporte básico y secundario y aumentar la vida útil de los almacenamientos subterráneos, con lo que puso en revisión todo el plan de infraestructuras aprobado en años anteriores.

Además, el Ejecutivo amplió los plazos de amortización de este tipo de instalaciones con lo cual, cuando se tengan que pagar, el impacto será menor que el que había ahora, lo que reduce a futuro la tensión para el pago. De esta manera, el cobro del proyecto se realiza al año siguiente de haber puesto en servicio la instalación, mientras que ahora se hacía en el mismo año.

Se trata, por el momento, de medidas paliativas y que harán que esta tensión que teníamos se relaje y que para el periodo 2012-2013 no tengamos mayores problemas.

E.D.: ¿Existe un proceso de sobreinversión respecto a las instalaciones de transporte y almacenamiento gasista? ¿Qué tipo de soluciones ve para solventar este problema?

A.P.: No podemos decir que haya un proceso de sobredimensionamiento, ni mucho menos, porque la demanda de potencia instalada que hay en España es la del año 2008 incrementada. Lo que está ocurriendo es que los ciclos combinados funcionan un 40% menos, es decir, casi la mitad de las horas de su funcionamiento programado. Cuando lo miras con referencias medias o totales anuales, vemos que su utilización si que ha bajado y eso afecta a los ingresos, pero cuando lo miras en un día de anticiclón, toda la demanda de generación a ciclos combinados tiene que estar disponible y funcionando a pleno rendimiento por decisiones de política energética y de seguridad de suministro. Por tanto, lo que les está pasando a estas instalaciones no es un problema de exceso de instalación, sino que el grado de uso de la central ha bajado, que son dos cosas distintas.

Nosotros estamos dimensionados para que el día que los ciclos combinados funcionen a pleno rendimiento, y hay días que lo hacen al 90% de su capacidad, el sistema les pueda entregar el gas. Lo que pasa es que ahora los días que están funcionando así se han reducido a la mitad de lo que venían funcionando en su origen. Por lo tanto, tenemos un problema de cómo compensar esas menores horas de funcionamiento con otro tipo de consumos que hagan que estas menos horas de funcionamiento no produzcan tanto impacto al sector.

Lo que hay que hacer ahora es encontrar soluciones para esta demanda sobrante, porque está claro que las energías renovables están para quedarse. Otra cosa distinta es la situación del carbón, que viene derivado de un incentivo económico del Gobierno y, por lo tanto, en cuanto ese incentivo se mantenga, se elimine o se modifique, cambiará su forma de participación en la generación eléctrica. Desde luego, cualquier medida que tienda a ir reduciendo el subsidio al carbón nacional, incrementará el hueco térmico y la participación de la generación eléctrica a gas en el sistema, tanto en infraestructuras como en ingresos.

De hecho, la potencia instalada en ciclos combinados está rozando la horquilla que se realizó para la planificación 2005-2011, que contemplaba un mínimo de 26.000 MW y estamos en la actualidad en los 25.000 MW (el plan de 2008-2016 pedía un mínimo de 30.000 MW-35.000 MW).

E.D.: ¿Qué papel desempeña la puesta en marcha de las infraestructuras de transporte y almacenamiento en la generación del déficit gasista? ¿Cómo afecta al sector la suspensión en el desarrollo de estas infraestructuras?

A.P.: Para este año 2012 estaba previsto que entraran en funcionamiento una serie de infraestructuras de transporte, así como infraestructuras básicas como la planta de regasificación de El Musel en Gijón (Asturias) y el inicio y puesta en operación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor en Vinaroz (Castellón).

El problema de estas infraestructuras es que se planificaron con mucha antelación para que estuvieran disponibles cuando el sistema prevé que serán necesarias, por lo que podemos afirmar que no hay unas medidas estructurales que marcan que cada año entren en funcionamiento infraestructuras de este tipo.

Lo que ha ocurrido con las últimas infraestructuras, proyectadas hace más de seis años, es que se planificaron en un momento en el que nadie contemplaba una crisis económica como la que estamos viviendo. Entonces nadie imaginaba que aquellos proyectos iban a ponerse en marcha en pleno valle de la crisis, ni era previsible lo que ha ocurrido con el desarrollo de las renovables, que han tenido un incremento muy fuerte en estos tres últimos años, tanto es así que hemos llegado a los niveles que se nos exigía en 2020 con diez años de adelanto, con el impacto que esto está teniendo en el resto de sectores energéticos.

En este sentido, las medidas aprobadas por el Gobierno han sido paliativas dado que el déficit del sistema gasista es un problema que no crece cada año, y no está previsto que de aquí a 2015 vayan a entrar en funcionamiento más infraestructuras. Se trata de una situación muy particular.

En resumen, este desajuste del que venimos hablando se produjo cuando se sumaron la demanda y la oferta de las infraestructuras y se juntaron varias circunstancias. Por un lado, había que recuperar parte de lo que se había previsto en el año anterior y no se había producido vía ventas y, por el otro, había que absorber el efecto continuado del hueco térmico que cada año produce menos para generación eléctrica, porque cada año entran en funcionamiento más instalaciones de renovables. A todo esto añadimos la oferta de infraestructuras para 2012 que iba a suponer un incremento sustancial para el sector.

E.D.: ¿Cuál es la situación actual de la planta regasificadora de El Musel y del almacenamiento subterráneo Castor tras la entrada en vigor de las últimas normas gubernamentales?

A.P.: Por el momento, la planta de El Musel no entrará en funcionamiento, aunque se mantendrá en situación de operación mínima, cubriendo los gastos financieros y operativos, para garantizar que las instalaciones continúen en buen estado de funcionamiento, con el objetivo de que la planta esté en condiciones de operar el día que sea necesario.

Obviamente, la decisión del Gobierno provocó que no se incluyera en las tarifas el pago por la inversión efectuada con las inversiones previstas. A pesar de ello, el Ejecutivo reconoció a los inversores unas compensaciones por los costes financieros de la planta de Gijón.

En cuanto al almacenamiento de gas de Castor, el retraso de un año en su amortización, hará que el impacto de su instalación no llegue hasta el año que viene.

E.D.: ¿Qué diferencias hay entre el déficit eléctrico y el gasista?

A.P.: Nuestro déficit se debe fundamentalmente a que la curva entre la oferta de infraestructuras y la demanda se ha cruzado por debajo de donde era previsible, como decía anteriormente, a mi juicio es coyuntural. Sin embargo, el sector del gas no tiene el condicionante que tiene el sector eléctrico en el que cada mes están entrando en funcionamiento nuevas instalaciones de renovables, aunque ahora eso se ha frenado con la moratoria aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero.

En nuestro caso, no estamos incrementando el déficit del sector gasista. Nuestro déficit está muy acotado y muy definido y el Gobierno está trabajando para que las medidas lo encapsulen y que, a largo plazo, no generen ningún efecto perjudicial al sistema económico gasista, que es algo que ni lo quiere el Gobierno ni lo quiere el sector.

Nacido en Barcelona (1956), Peris es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y PADE por el IESE. Se incorporó al Grupo Gas Natural Fenosa en 1984, ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes áreas de Catalana de Gas, hasta que en 1992 se trasladó a Argentina como director técnico de Gas Natural BAN, donde más tarde se hizo responsable de la Dirección General. Posteriormente fue nombrado country manager en las compañías del Grupo en Colombia y Argentina, y en 2005 volvió a España para ocupar la dirección general de Transporte y Distribución en España. Desde 2006 era director general de Negocio Regulado de la compañía. En 2007 fue nombrado presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Antoni Peris

Los pajaritos contra las escopetas

El pasado día 15 de diciembre, en la sección de Opinión-Análisis/El Contador, se publicó un extenso comentario titulado «La guerra termosolar» en el que, al margen de datos erróneos u otras consideraciones de fondo contrarias por principio a la energía termosolar y en las que nunca podremos coincidir habida cuenta su posición editorial (como muestra, por ejemplo, el uso de expresiones peyorativas del tipo «retroprogresistas»), se falta objetivamente a la verdad al presentar la industria termosolar como iniciadora de una guerra contra el resto del sector eléctrico, cuando ha sido justamente al revés, como demostraremos por la simple enumeración cronológica de los hechos acaecidos. Por cierto, ¿cómo habría que llamar a los que tratan de evitar el progresivo e imparable proceso de sustitución de energías fósiles y nucleares por renovables?

Dicen en «Energía Diario» textualmente: «Anunciábamos a principios de noviembre que la industria termosolar había iniciado una guerra cuyos comienzos estribaban en la aprobación del Plan de Energías Renovables…». Y añaden que las críticas que Unesa hizo al PER suscitaron una fuerte reacción desde la industria termosolar, en general, y de la empresa Abengoa en particular, «que enseguida utilizó el teléfono de aludidos» y cuyo presidente dedicó una tribuna completa, de la serie que el diario «El País» había propuesto a varios representantes empresariales sobre ideas económicas para el nuevo Gobierno, para reclamar la importancia del sector termosolar y su papel en la salida de la crisis. «Estos -continúa Energía Diario- fueron el primer y segundo escarceo de esta guerra».

Se olvida «Energía Diario» que el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado el día 11 de noviembre, mientras que los ataques contra el sector termosolar fueron iniciados desde mucho tiempo antes por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, hasta el punto de que Protermosolar se vio obligada a expulsar de su seno a esta empresa, que formaba parte de su Junta Directiva, el 28 de octubre en su reunión en Toledo, por 17 votos a favor, dos en blanco y ninguno en contra, cumpliendo de forma escrupulosa los Estatutos.

La segunda fase de la guerra de Iberdrola y Unesa contra el sector termosolar, que ha sido siempre el agredido y nunca el agresor y que se ha limitado a defenderse cuando ha podido romper el espeso muro de silencio y censura impuesto desde buena parte de los medios de comunicación de masas, la inició Sánchez Galán el 3 de noviembre en Cannes (Francia). Aprovechó su participación en el B-20 Business Summit para atacar, en el extranjero, al sector termosolar sin reparar en el daño a la marca-país España, al liderazgo mundial que ostentamos en esta tecnología y al enorme perjuicio a las CC.AA. de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia que su postura causaría.

Casualmente, ese mismo día el diario «El Economista» publicaba un editorial titulado «Necesitamos una nueva ley de electricidad«, haciéndose eco del argumentario del presidente de Iberdrola. Y no fue el presidente de Abengoa, sino el de Iberdrola quien aprovechó previamente la tribuna que le brindó «El País» para, el 6 de noviembre, abundar en su continuada exigencia de los últimos tiempos de paralizar el desarrollo de las termosolares, que es un sector en el que España marca la pauta al resto del mundo, como demuestran las recientes adjudicaciones en el concurso internacional de Suráfrica, y que Sánchez Galán pretendió liderar en 2009, obteniendo un rotundo fracaso cuando solicitó al Gobierno autorización para un gran número de centrales termosolares y sólo obtuvo permiso para una que ya tenía construida y que es la que peor ha funcionado de España.

El diario «Expansión» se sumó al coro mediático de Sánchez Galán el 7 de noviembre con otro editorial, titulado «La burbuja solar, otra hipoteca para Rajoy«. Siete días más tarde, «El Economista» cedió su tribuna periodística al presidente de Unesa, Eduardo Montes, para que repitiera el mensaje de aquél en un artículo denominado «Habrá una burbuja termosolar si no admitimos la fotovoltaica«.

Protermosolar se vio obligada a replicar y no fue sino hasta el 28 de noviembre cuando «El Economista» nos publicó la tribuna «El gas natural, madre de todas las burbujas«.

Esta secuencia se describe con mayor grado de detalle en el último boletín de Protermosolar, al que remitimos a los lectores interesados, los cuales podrán fehacientemente comprobar que esta guerra nunca ha sido iniciada por el sector termosolar.

Narrar los hechos omitiendo su secuencia cronológica completa, como se ha hecho en el artículo de «Energía Diario», equivale a, como reza el dicho popular, presentar a los pajaritos disparando contra las escopetas.

En la desaparición de Íñigo de Oriol e Ybarra

Si bien estos días se suceden los resúmenes de su vida, en nuestro medio queremos destacar tres momentos muy relevantes en los que su protagonismo fue clave para el futuro del sector eléctrico español.

En primer lugar, como artífice de la integración entre Hidroeléctrica de España e Iberduero, constituyendo el punto de partida de Iberdrola, hoy la primera multinacional española del sector eléctrico, cuyos primeros pasos en su internacionalización se dieron bajo su mandato. Previamente, había protagonizado varios encontronazos con los primeros gobiernos socialistas y el marco legal estable del sector eléctrico, un instrumento que favorecía a la entonces empresa pública Empresa Nacional de Electricidad (germen de la actual Endesa) y el equilibrio en las cuentas del INI que proveía esa compañía y su distribución a los sectores industriales.

En segundo lugar, también tuvo una participación muy relevante en la historia del sector eléctrico, como fue el intento de operación de integración entre Iberdrola y Endesa, en tiempos de su homólogo, Rodolfo Martín Villa. Operación sorprendente tras las fuertes controversias que mantuvo con su predecesor Feliciano Fuster. Operación que, en su momento, fue bloqueada por el entonces Gobierno popular, bajo las indicaciones de Rodrigo Rato al frente y las exigencias impuestas a la misma desde el Ministerio de Economía, algo que molestó especialmente a Oriol.

Por otra parte, Oriol fue uno de los artífices del sector eléctrico tal y como lo entendemos hoy y de su patronal, Unesa. Percibió el salto cualitativo en sentido empresarial que se iba a dar en el sector y de esta forma renovó a fondo el gobierno de Iberdrola, dando entrada a Ignacio Sánchez Galán. Era un salto dirigido a ganar tamaño y diversificación internacional. En la actualidad, y desde hace largo tiempo (casi cinco años ya), Oriol estaba retirado completamente de la vida activa en el sector energético.

Oriol era un hombre enormemente afable, abierto y, como decía él mismo, “popular”, muy auto identificado con el pueblo. Muy vinculado con Extremadura y con el País Vasco, se le reconoce una relación muy cercana al Ex Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, así como una valoración cariñosa y de reconocimiento desde las distintas instancias públicas.

Descanse en paz.

El mercado del gas y sus oportunidades

Pero no sólo la demanda es menor hoy, si no que la producción ha seguido creciendo a lo largo de 2010. Y éste es un sector donde es difícil adecuarse rápidamente a las condiciones de demanda –fundamentalmente por la larga duración de los proyectos (lead time)- con lo que nos encontramos ante una diferencia importante entre la capacidad de producción y la demanda de gas. Esta diferencia ha aumentado aun más, debido a los últimos desarrollos en la tecnología de extracción de gas no convencional, con avances en el conocimiento de la geología del terreno y la perforación horizontal. Como consecuencia, en EE.UU. se han duplicado las reservas de gas natural desde 2005 y se estima que se pueda llegar a una producción de gas no convencional de 200 bcm (miles de millones de metros cúbicos) al año.

Como en todos los mercados donde se produce una expansión de la capacidad de producción ante una reducción de la demanda, los precios se deprimen. Y esto no podía ser de otra manera en el mercado del gas, si bien este sector presenta ciertos matices especiales que examinaremos más adelante. Se prevé que en EE.UU. el precio del gas se mantenga en unos niveles de 6 a 7 $/mmBTU durante toda esta década. Ante este nivel de precios, el gas Natural Licuado (GNL) desplazaría su destino final de EE.UU a Asia y Europa. Es el GNL, con su arbitraje de precios entre regiones, el que contribuye a mantener unos precios relativamente homogéneos geográficamente en el mercado spot (al contado) mundial.

¿Cómo evolucionará la demanda de gas? Si buscamos la respuesta en la historia, hay dos acontecimientos que nos hacen creer que la pérdida de demanda es estructural y no volverá inmediatamente a los valores del 2008, más bien seguirá un crecimiento con niveles pre-recesión del 1-2% anual. Esos acontecimientos son, por un lado la crisis asiática de finales de los ‘90, donde la demanda se mantuvo constante hasta que la recuperación económica impulsó un crecimiento de la demanda de gas a niveles similares a antes de la crisis, sin recuperar de manera inmediata el volumen perdido. Y por otro, el conflicto árabe-israelí de 1973, que causó una fuerte reducción de la demanda en EE.UU al elevarse los precios, lo que contribuyo a la deslocalización de la industria. Se requirieron más de 20 años para volver a los niveles de demanda de inicios de los 70.

Aunque cualquier predicción de este género conlleva un riesgo, hay dos factores que pueden modificar de manera notable la evolución de la demanda: la flexibilización de los contratos y la mayor utilización de gas en la producción eléctrica.

Actualmente los contratos de gas a largo plazo, o indexados al precio del petróleo, se encuentran en clara desventaja con respecto al “mercado spot” desde el punto de vista del comprador. El precio del barril de petróleo se ha recuperado hasta unos niveles de 70-90 $, mientras que el precio del gas en el “mercado spot” se mantiene bajo. Esto supone un incentivo para el comprador a presionar para que el contrato refleje de manera más directa la situación actual de la oferta y demanda en el mercado del gas. En la medida en la que se flexibilicen los contratos, se incentivará el consumo de gas.

A un precio de 6 $/mmBTU y con la tonelada de CO2 en torno a los 15 €, el gas tiene un coste marginal similar, o ligeramente inferior, al del carbón en la producción de electricidad. Este escenario puede impulsar la mayor utilización de las centrales de ciclo combinado. Si el precio del carbón no se ve afectado de manera notable, estamos ante un escenario que a nivel mundial tenderá a perdurar, ya que las restricciones sobre el CO2 son cada vez más exigentes (a pesar de no existir un acuerdo en firme a partir de 2012).

En el caso de España en cambio, la regulación actual convierte este escenario en altamente improbable a corto-medio plazo. El impulso regulatorio al carbón nacional hasta el año 2014 para la producción de electricidad, desplazará el consumo del gas, que tras la opinión de Bruselas sobre la normativa del Gobierno, ha perdido el pago del lucro cesante que inicialmente le era reconocido. Además, el gran crecimiento de la producción en régimen especial, esencialmente de las tecnologías renovables, contribuye a desplazar la producción en régimen ordinario, en especial aquellas tecnologías que suelen marcar el precio del mercado como la de ciclos combinados.

Este panorama abre nuevos retos para las empresas del sector: los productores de gas deberán aumentar su creatividad en la flexibilización de contratos para mantener una alta utilización de su capacidad de producción y no disminuir márgenes; los importadores y mayoristas deberán reevaluar sus carteras de proveedores y su mix de contratos a largo plazo y spot; los proveedores de infraestructuras (gaseoductos, re-gasificadoras, etc…), por su parte, tendrán que reevaluar sus proyectos actuales y futuros; y las eléctricas deberán decidir sobre su mix de producción futuro y por qué tecnología apuestan.

Pablo Royo es Senior Associate de la consultora Booz & Company

Es experto en el sector eléctrico y gasista, especializado en el desarrollo de estrategia, fijación de precios y optimización de la capacidad productiva. En la actualidad desarrolla proyectos de estrategia de mercado en el sector del gas en España.

La energía eólica como seguro de vida para España

¿Y el presente? En los próximos cinco años terminará de cristalizar el nuevo orden mundial en el que España va a tener que desenvolverse. Un nuevo orden mundial en el que China va a seguir siendo la principal economía en términos de crecimiento del PIB y en el que incluso podría adelantar a EEUU hacia 2020-22. También va a ser el principal consumidor de energía mundial y se va a convertir en el principal consumidor de todas las materias primas. Mientras tanto, el resto de países emergentes no se va a quedar de brazos cruzados ni en crecimiento económico ni en consumo.

En términos energéticos esto significa que, en cinco años, el mundo va a consumir un 15-20% más de energía, y que de ese incremento, la mitad va a ir a China y un tercio a los demás países emergentes. Ante esta perspectiva, hasta los más cautos se atreverían a afirmar que los precios de todos los combustibles fósiles van a aumentar de manera importante en los próximos cinco años. Y no sólo los combustibles líquidos, sino también el carbón y el gas. Los analistas esperan que si se mantienen los parámetros actuales en la economía mundial, ya en 2011 los mercados internacionales de energía podrían alcanzar e incluso superar la situación de demanda que se dio entre finales de 2007 y la primera mitad de 2008 que, a su vez, generó unas intensas subidas en los precios de todas las materias primas.

En pocas palabras: para 2015 los combustibles fósiles pueden costar bastante más que ahora. En el último año los precios de todos los combustibles fósiles han aumentado más de un 15%, con el carbón a la cabeza: a principios de julio costaba un 60% más que un año antes.

Ante lo que se nos avecina, en términos de precios de la energía, ¿cómo estamos y qué podemos hacer en España? En el sector eléctrico peninsular se han hecho bastante bien las cosas, ya que en diez años se ha reducido la generación con petróleo de un 7% a menos de un 1% y la generación con carbón de casi un 40% a menos del 10%. En su lugar se han utilizado energías renovables, especialmente eólica, además de gas. En los próximos cinco años la apuesta por estas tecnologías va a resultar un seguro de vida contra las turbulencias que se avecinan en los mercados energéticos mundiales.

La energía eólica ha tenido un rol fundamental en el cambio del mix energético del sector eléctrico español. En cinco años, desde 2004 a 2009, ha duplicado su aportación a la cobertura de la demanda eléctrica, hasta alcanzar casi el 14% del total el año pasado. Durante el pasado invierno (que es la época del año cuando se producen los máximos de consumo, entre noviembre y marzo) la eólica produjo más del 20% de la electricidad demandada durante el 57% de los días, más de un 15% durante un 75% de los días, y sólo produjo menos de un 5% dos días (ambos con más de un 4% de aportación).

Si a la aportación eólica se añade el buen invierno hidráulico que hemos tenido en España, no es de extrañar que los precios de la electricidad en el mercado español hayan sido de los más bajos registrados nunca para estos meses, por debajo de los 35 €/MWh, y con un nuevo mínimo mensual en marzo, de 19,62 € el megavatio eléctrico. Ha sido tal el abaratamiento del coste del mercado español –gracias en gran parte a la energía eólica-, que a los habituales mercados de exportación eléctrica de España, Portugal y Marruecos, se le ha sumado Francia. A todo esto hay que añadir que, al no tener costes de combustibles, las energías renovables no sufren incrementos en su coste de generación a lo largo de su vida útil, cosa que sí que ocurre con las instalaciones que queman combustibles fósiles. Además, al no tener emisiones, tampoco tienen que pagar por sus emisiones de CO2.

El valor de la apuesta española por las renovables va a hacerse evidente en los próximos cinco años, cuando los mercados internacionales de recursos fósiles vuelvan a una marcada senda alcista. Basta recordar que en 2008 el coste de los combustibles fósiles hizo subir tanto el precio del mercado eléctrico español (el año terminó con un precio medio de 60€/MWh), que el 60% de las horas la eólica no necesitó recibir primas porque el coste del mercado estaba por encima de éstas.

En este contexto, ¿parece sensato volver la vista atrás cuando los combustibles fósiles no pueden ofrecernos ya más que desventajas? Sin embargo, España es líder en energías renovables, especialmente en eólica, lo que sí supone una clara ventaja. ¿No parece éste un motivo más que suficiente para que el Gobierno apueste por un sector, el eólico, que es fundamental para la seguridad energética del país y para el crecimiento de su economía?

La única forma de alcanzar un 20% de energías renovables en 2020, como exige la Directiva 2020, es manteniendo una firme política de apoyo a estas energías. Para que la eólica siga siendo un pilar de la seguridad energética en España, es necesario un marco regulatorio que favorezca la financiación de los parques, que les asegure una rentabilidad razonable para que siga siendo atractivo invertir en España y los inversores no se vayan a otros países. En definitiva, un nuevo marco regulatorio que refrende la historia de éxito de la industria eólica española y que permita alcanzar los objetivos del 2020 sería una excelente noticia para la economía de este país.

La energía eólica como seguro de vida para España

¿Y el presente? En los próximos cinco años terminará de cristalizar el nuevo orden mundial en el que España va a tener que desenvolverse. Un nuevo orden mundial en el que China va a seguir siendo la principal economía en términos de crecimiento del PIB y en el que incluso podría adelantar a EEUU hacia 2020-22. También va a ser el principal consumidor de energía mundial y se va a convertir en el principal consumidor de todas las materias primas. Mientras tanto, el resto de países emergentes no se va a quedar de brazos cruzados ni en crecimiento económico ni en consumo.

En términos energéticos esto significa que, en cinco años, el mundo va a consumir un 15-20% más de energía, y que de ese incremento, la mitad va a ir a China y un tercio a los demás países emergentes. Ante esta perspectiva, hasta los más cautos se atreverían a afirmar que los precios de todos los combustibles fósiles van a aumentar de manera importante en los próximos cinco años. Y no sólo los combustibles líquidos, sino también el carbón y el gas. Los analistas esperan que si se mantienen los parámetros actuales en la economía mundial, ya en 2011 los mercados internacionales de energía podrían alcanzar e incluso superar la situación de demanda que se dio entre finales de 2007 y la primera mitad de 2008 que, a su vez, generó unas intensas subidas en los precios de todas las materias primas.

En pocas palabras: para 2015 los combustibles fósiles pueden costar bastante más que ahora. En el último año los precios de todos los combustibles fósiles han aumentado más de un 15%, con el carbón a la cabeza: a principios de julio costaba un 60% más que un año antes.

Ante lo que se nos avecina, en términos de precios de la energía, ¿cómo estamos y qué podemos hacer en España? En el sector eléctrico peninsular se han hecho bastante bien las cosas, ya que en diez años se ha reducido la generación con petróleo de un 7% a menos de un 1% y la generación con carbón de casi un 40% a menos del 10%. En su lugar se han utilizado energías renovables, especialmente eólica, además de gas. En los próximos cinco años la apuesta por estas tecnologías va a resultar un seguro de vida contra las turbulencias que se avecinan en los mercados energéticos mundiales.

La energía eólica ha tenido un rol fundamental en el cambio del mix energético del sector eléctrico español. En cinco años, desde 2004 a 2009, ha duplicado su aportación a la cobertura de la demanda eléctrica, hasta alcanzar casi el 14% del total el año pasado. Durante el pasado invierno (que es la época del año cuando se producen los máximos de consumo, entre noviembre y marzo) la eólica produjo más del 20% de la electricidad demandada durante el 57% de los días, más de un 15% durante un 75% de los días, y sólo produjo menos de un 5% dos días (ambos con más de un 4% de aportación).

Si a la aportación eólica se añade el buen invierno hidráulico que hemos tenido en España, no es de extrañar que los precios de la electricidad en el mercado español hayan sido de los más bajos registrados nunca para estos meses, por debajo de los 35 €/MWh, y con un nuevo mínimo mensual en marzo, de 19,62 € el megavatio eléctrico. Ha sido tal el abaratamiento del coste del mercado español –gracias en gran parte a la energía eólica-, que a los habituales mercados de exportación eléctrica de España, Portugal y Marruecos, se le ha sumado Francia. A todo esto hay que añadir que, al no tener costes de combustibles, las energías renovables no sufren incrementos en su coste de generación a lo largo de su vida útil, cosa que sí que ocurre con las instalaciones que queman combustibles fósiles. Además, al no tener emisiones, tampoco tienen que pagar por sus emisiones de CO2.

El valor de la apuesta española por las renovables va a hacerse evidente en los próximos cinco años, cuando los mercados internacionales de recursos fósiles vuelvan a una marcada senda alcista. Basta recordar que en 2008 el coste de los combustibles fósiles hizo subir tanto el precio del mercado eléctrico español (el año terminó con un precio medio de 60€/MWh), que el 60% de las horas la eólica no necesitó recibir primas porque el coste del mercado estaba por encima de éstas.

En este contexto, ¿parece sensato volver la vista atrás cuando los combustibles fósiles no pueden ofrecernos ya más que desventajas? Sin embargo, España es líder en energías renovables, especialmente en eólica, lo que sí supone una clara ventaja. ¿No parece éste un motivo más que suficiente para que el Gobierno apueste por un sector, el eólico, que es fundamental para la seguridad energética del país y para el crecimiento de su economía?

La única forma de alcanzar un 20% de energías renovables en 2020, como exige la Directiva 2020, es manteniendo una firme política de apoyo a estas energías. Para que la eólica siga siendo un pilar de la seguridad energética en España, es necesario un marco regulatorio que favorezca la financiación de los parques, que les asegure una rentabilidad razonable para que siga siendo atractivo invertir en España y los inversores no se vayan a otros países. En definitiva, un nuevo marco regulatorio que refrende la historia de éxito de la industria eólica española y que permita alcanzar los objetivos del 2020 sería una excelente noticia para la economía de este país.