«El problema de los ciclos combinados no es su exceso de instalación, sino que su grado de utilización ha bajado un 40%»

ENERGÍA DIARIO.: Recientemente, durante la reunión anual del sector gasita, usted abogó por el desarrollo de un marco regulatorio estable, ¿con qué objetivo y qué es lo que reclama al Gobierno en este sentido?

ANTONI PERIS.: Desde nuestro punto de vista, el sector gasista tiene un sistema de funcionamiento que se ha ido manteniendo en el tiempo con los ajustes regulatorios lógicos. Por lo tanto, lo que pedimos es que, en este momento complejo para el sector energético, un sistema como el gasista, que ha funcionado razonablemente bien a lo largo de los últimos años, no se vea alterado en sus principios básicos por las medidas que tome el Gobierno, si bien es verdad que hay puntos que hay que revisar y tenemos que ver cómo se llevan a cabo ciertos ajustes.

Cuando el sector reclama estabilidad, no está pidiendo continuidad. Lo que queremos, fundamentalmente, es predictibilidad y que se tenga en cuenta que este es un sector que durante los últimos diez años ha hecho un esfuerzo de inversión muy importante a largo plazo. Dentro de lo razonable, nosotros asumimos los riesgos, pero entendemos que las decisiones gubernamentales no pueden alterar los criterios con los que se han llevado a cabo decisiones de tipo económico en el pasado.

Por este motivo, lo que estamos reivindicando es que cuando haya cambios regulatorios se tengan en cuenta los impactos que estos tienen en todas las tramas de la actividad energética y que, en nuestro caso, ha desembocado en un problema coyuntural de déficit que se espera resolver a corto o medio plazo con las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de marzo y que deseamos que pongan fin a este problema para lograr un sistema de ingresos y gastos equilibrado.

E.D.: ¿Cuáles son los orígenes de este reciente déficit tarifario en el sector gasista y a qué se debe su existencia?

A.P.: Para el sector gasista, este déficit no es estructural, puesto que entendemos que se debe a una situación coyuntural y viene derivado de tres componentes.

El primero es consustancial y viene intrínseco con la fórmula de evolución de los peajes que, en el sistema gasista, tiene siempre en cuenta una previsión «ex ante» del número de clientes y ventas que habrá el año siguiente, por lo que se genera un desajuste que puede llevar a un déficit o a un superávit.

El segundo de ellos, es la reducción del hueco térmico, debido a una entrada importante de renovables y por las subvenciones al carbón nacional, y que ha provocado una reducción importante de las ventas por generación eléctrica en el mercado doméstico (que es el que más aporta a los ingresos del sistema) desde el año 2008.

Por último, no hay que olvidar la crisis económica que estamos padeciendo y que el 2011 fue un año especialmente cálido, por lo que las previsiones de ventas no alcanzaron los objetivos marcados.

E.D.: ¿En qué modo se ha visto afectado el sector del gas tras la medidas adoptadas por el Gobierno el pasado 30 de marzo?

A.P.: El sistema gasista español está integrado en el sistema energético y vinculado directamente al sistema eléctrico. Esta cercanía hace que las medidas que se están tomando para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico afecten a nuestro sector, a la vez que repercuten en el denominado hueco térmico.

Desde 2008, año que supuso el pico de nuestro sector en España, los ciclos combinados han bajado su demanda hasta en un 40%, que a todas luces es una cifra de consumo que está alejada del impacto de la crisis económica y que está íntimamente ligada a la producción del hueco térmico, es decir, al espacio que tienen los ciclos para actuar.

El Gobierno, con las medidas que aprobó antes de Semana Santa, lo que hizo fue detener los proyectos de transporte básico y secundario y aumentar la vida útil de los almacenamientos subterráneos, con lo que puso en revisión todo el plan de infraestructuras aprobado en años anteriores.

Además, el Ejecutivo amplió los plazos de amortización de este tipo de instalaciones con lo cual, cuando se tengan que pagar, el impacto será menor que el que había ahora, lo que reduce a futuro la tensión para el pago. De esta manera, el cobro del proyecto se realiza al año siguiente de haber puesto en servicio la instalación, mientras que ahora se hacía en el mismo año.

Se trata, por el momento, de medidas paliativas y que harán que esta tensión que teníamos se relaje y que para el periodo 2012-2013 no tengamos mayores problemas.

E.D.: ¿Existe un proceso de sobreinversión respecto a las instalaciones de transporte y almacenamiento gasista? ¿Qué tipo de soluciones ve para solventar este problema?

A.P.: No podemos decir que haya un proceso de sobredimensionamiento, ni mucho menos, porque la demanda de potencia instalada que hay en España es la del año 2008 incrementada. Lo que está ocurriendo es que los ciclos combinados funcionan un 40% menos, es decir, casi la mitad de las horas de su funcionamiento programado. Cuando lo miras con referencias medias o totales anuales, vemos que su utilización si que ha bajado y eso afecta a los ingresos, pero cuando lo miras en un día de anticiclón, toda la demanda de generación a ciclos combinados tiene que estar disponible y funcionando a pleno rendimiento por decisiones de política energética y de seguridad de suministro. Por tanto, lo que les está pasando a estas instalaciones no es un problema de exceso de instalación, sino que el grado de uso de la central ha bajado, que son dos cosas distintas.

Nosotros estamos dimensionados para que el día que los ciclos combinados funcionen a pleno rendimiento, y hay días que lo hacen al 90% de su capacidad, el sistema les pueda entregar el gas. Lo que pasa es que ahora los días que están funcionando así se han reducido a la mitad de lo que venían funcionando en su origen. Por lo tanto, tenemos un problema de cómo compensar esas menores horas de funcionamiento con otro tipo de consumos que hagan que estas menos horas de funcionamiento no produzcan tanto impacto al sector.

Lo que hay que hacer ahora es encontrar soluciones para esta demanda sobrante, porque está claro que las energías renovables están para quedarse. Otra cosa distinta es la situación del carbón, que viene derivado de un incentivo económico del Gobierno y, por lo tanto, en cuanto ese incentivo se mantenga, se elimine o se modifique, cambiará su forma de participación en la generación eléctrica. Desde luego, cualquier medida que tienda a ir reduciendo el subsidio al carbón nacional, incrementará el hueco térmico y la participación de la generación eléctrica a gas en el sistema, tanto en infraestructuras como en ingresos.

De hecho, la potencia instalada en ciclos combinados está rozando la horquilla que se realizó para la planificación 2005-2011, que contemplaba un mínimo de 26.000 MW y estamos en la actualidad en los 25.000 MW (el plan de 2008-2016 pedía un mínimo de 30.000 MW-35.000 MW).

E.D.: ¿Qué papel desempeña la puesta en marcha de las infraestructuras de transporte y almacenamiento en la generación del déficit gasista? ¿Cómo afecta al sector la suspensión en el desarrollo de estas infraestructuras?

A.P.: Para este año 2012 estaba previsto que entraran en funcionamiento una serie de infraestructuras de transporte, así como infraestructuras básicas como la planta de regasificación de El Musel en Gijón (Asturias) y el inicio y puesta en operación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor en Vinaroz (Castellón).

El problema de estas infraestructuras es que se planificaron con mucha antelación para que estuvieran disponibles cuando el sistema prevé que serán necesarias, por lo que podemos afirmar que no hay unas medidas estructurales que marcan que cada año entren en funcionamiento infraestructuras de este tipo.

Lo que ha ocurrido con las últimas infraestructuras, proyectadas hace más de seis años, es que se planificaron en un momento en el que nadie contemplaba una crisis económica como la que estamos viviendo. Entonces nadie imaginaba que aquellos proyectos iban a ponerse en marcha en pleno valle de la crisis, ni era previsible lo que ha ocurrido con el desarrollo de las renovables, que han tenido un incremento muy fuerte en estos tres últimos años, tanto es así que hemos llegado a los niveles que se nos exigía en 2020 con diez años de adelanto, con el impacto que esto está teniendo en el resto de sectores energéticos.

En este sentido, las medidas aprobadas por el Gobierno han sido paliativas dado que el déficit del sistema gasista es un problema que no crece cada año, y no está previsto que de aquí a 2015 vayan a entrar en funcionamiento más infraestructuras. Se trata de una situación muy particular.

En resumen, este desajuste del que venimos hablando se produjo cuando se sumaron la demanda y la oferta de las infraestructuras y se juntaron varias circunstancias. Por un lado, había que recuperar parte de lo que se había previsto en el año anterior y no se había producido vía ventas y, por el otro, había que absorber el efecto continuado del hueco térmico que cada año produce menos para generación eléctrica, porque cada año entran en funcionamiento más instalaciones de renovables. A todo esto añadimos la oferta de infraestructuras para 2012 que iba a suponer un incremento sustancial para el sector.

E.D.: ¿Cuál es la situación actual de la planta regasificadora de El Musel y del almacenamiento subterráneo Castor tras la entrada en vigor de las últimas normas gubernamentales?

A.P.: Por el momento, la planta de El Musel no entrará en funcionamiento, aunque se mantendrá en situación de operación mínima, cubriendo los gastos financieros y operativos, para garantizar que las instalaciones continúen en buen estado de funcionamiento, con el objetivo de que la planta esté en condiciones de operar el día que sea necesario.

Obviamente, la decisión del Gobierno provocó que no se incluyera en las tarifas el pago por la inversión efectuada con las inversiones previstas. A pesar de ello, el Ejecutivo reconoció a los inversores unas compensaciones por los costes financieros de la planta de Gijón.

En cuanto al almacenamiento de gas de Castor, el retraso de un año en su amortización, hará que el impacto de su instalación no llegue hasta el año que viene.

E.D.: ¿Qué diferencias hay entre el déficit eléctrico y el gasista?

A.P.: Nuestro déficit se debe fundamentalmente a que la curva entre la oferta de infraestructuras y la demanda se ha cruzado por debajo de donde era previsible, como decía anteriormente, a mi juicio es coyuntural. Sin embargo, el sector del gas no tiene el condicionante que tiene el sector eléctrico en el que cada mes están entrando en funcionamiento nuevas instalaciones de renovables, aunque ahora eso se ha frenado con la moratoria aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero.

En nuestro caso, no estamos incrementando el déficit del sector gasista. Nuestro déficit está muy acotado y muy definido y el Gobierno está trabajando para que las medidas lo encapsulen y que, a largo plazo, no generen ningún efecto perjudicial al sistema económico gasista, que es algo que ni lo quiere el Gobierno ni lo quiere el sector.

Nacido en Barcelona (1956), Peris es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y PADE por el IESE. Se incorporó al Grupo Gas Natural Fenosa en 1984, ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes áreas de Catalana de Gas, hasta que en 1992 se trasladó a Argentina como director técnico de Gas Natural BAN, donde más tarde se hizo responsable de la Dirección General. Posteriormente fue nombrado country manager en las compañías del Grupo en Colombia y Argentina, y en 2005 volvió a España para ocupar la dirección general de Transporte y Distribución en España. Desde 2006 era director general de Negocio Regulado de la compañía. En 2007 fue nombrado presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Antoni Peris