«Primero, una política energética. Después, la regulación»

Comenzamos nuestro encuentro con Jordi Dolader, unos días después de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenbilidad Energética. Antes de entrar en el cuestionario sobre esta norma, mantenemos una conversación en la que tratamos la situación de fondo y la trayectoria seguida por el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO: ¿Qué percepción tiene usted de la situación actual que se vive dentro del sector eléctrico?

JORDI DOLADER: La situación que vivimos en la actualidad, con un déficit de tarifa de más de 24.000 millones de euros, supera ya lo sectorial y alcanza niveles macroeconómicos, además de distorsionar los mercados, porque ahora ya no hay nada más regulado que la energía ofertada en el mercado.

A mí me han llamado poderosamente la atención los silencios, que han sido abrumadores. Nadie, ni desde dentro, ni desde fuera, ha alzado la voz para denunciar todo lo que estaba pasando en el sector. Incluso, desde la Unión Europea ha existido ese silencio. Eso sí, señalamientos de culpables no han faltado.

Considero que este desastre que ahora padecemos es uno de los peores trances que hemos vivido hasta la fecha en el sector energético y que se ha generado por no tener una política definida del sector y por haber violentado unos principios regulatorios explícitos (de aditividad, de gradualidad, de suficiencia, de «unbundling», de transparencia…). Ahí está el problema para mí. Se ha mezclado todo, lo que ha provocado un problema imposible de resolver.

Sin duda estamos ante una realidad inexplicable y compleja, de la que nada bueno podemos esperar. Es una situación muy triste.

E.D.: En su opinión, ¿considera que hay responsables de esta alarmante situación?

J.D.: Claro que hay culpables que han atravesado numerosas líneas rojas, y ahora es el momento de denunciarlos. Desde el silencio no solucionamos nada, así que hay que decir alto y claro que este ministro, este otro ministro o este secretario de estado han hecho barbaridades, y que con sus acciones, estos señores, de uno u otro bando político, han provocado la situación actual, llevándonos a esta situación.

El actual gobierno está metido en una trampa que, en gran parte, le ha venido dada, pero no hay que olvidar que el concepto de déficit «ex ante» fue inventado ya hace diez años el equipo del antiguo secretario general de la Energía y hoy presidente de REE, José Folgado.

Lo que está claro es que en España hemos innovado mucho y hemos alcanzado algunos objetivos políticos, como ser los abanderados de las energías renovables, pero, ¿a qué precio? Si me apura, hemos conseguido ser eficaces al límite, pero a costa de llegar a una situación insostenible e ineficiente económicamente hablando. Hemos hecho una quijotada, por lo que no creo que sea para ponernos una medalla. Es un desastre.

E.D.: ¿Cuál es para usted la forma idónea de solucionar este caos en el que se encuentra sumido el sector?

J.D.: Para mí, la secuencia sería la suma de una política energética y una regulación. Primero una y luego otra, claro. Respecto a la política, ésta se sostiene sobre tres pilares que son: primero, el mix energético y, segundo, el modelo de gobernanza, modelo empresarial y de sector. Y una vez decidido eso, poner un punto en el triángulo de las tres sostenibilidades: el equilibrio entre la sostenibilidad económica y la medioambiental y la seguridad de suministro.

Para ser más concreto, por mix entiendo las energías primarias que queremos para el futuro, que no tienen que ser necesariamente las que existen en la actualidad. Cuando esas energías ya estén elegidas, tenemos que aceptar que se debe hacer una inversión inicial en innovación y que hay que desarrollar una política industrial asociada para conseguir este mix. Para ello, España tendría que poner parte de su economía al servicio de este mix. Mientras, la gobernanza es cómo quiero que sean mis agentes. Nos tenemos que plantear si queremos que sean públicos, privados o mixtos, si queremos que sean grandes, pequeños, procompetitivos, política de campeones nacionales, etc…. Para mí, la política consistiría en definir esos dos elementos.

Una vez definida la política, entonces tendremos que elegir qué instrumento nos va a permitir llevarla a cabo. Y esa es la regulación. En este punto es donde cometemos el error, al dejar la regulación en manos de los políticos, cuando tiene que pasar a manos de un órgano de regulación independiente. La regulación es complicada en su elaboración, porque sólo responde a los principios fijados y porque debe partir de nuestro pasado energético para caminar hacia el futuro mediante una transición posible. De hecho, el buen regulador es el que consigue una normativa económica que da las señales adecuadas para conseguir aquellos objetivos estipulados con los menores recursos posibles.

No obstante, lo mejor que podría pasar es alcanzar un acuerdo de Estado, aunque le doy todo el derecho del mundo al gobierno de turno a hacer su política, pero una vez hecha, hay que dejar al regulador independiente que haga su trabajo sobre unas líneas marcadas, para que no se meta en política, y haga una regulación eficiente y que emita señales que nos permitan conseguir lo que el país quiere y necesita. Todo ello, claro está, sin llegar a la proposición del Conde de Romanones que dijo aquello de «dejad que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos».

Si no actuamos de este modo, no conseguiremos que la CNE vuelva a estar en «hojas cero», sobre todo si además quieren integrarla en un macroregulador «ex post» con otras especialidades que no tienen nada que ver, cuando el organismo energético es un «ex ante». De hecho, sería conveniente evitar situaciones como las que ahora ocurren, con un cuerpo técnico que lo único que puede hacer son propuestas a un consejo politizado, para que luego esta propuesta del consejo no se tenga en cuenta, porque al final el regulador es el Ministerio. Todo esto es de una ineficacia brutal que cuesta mucho dinero, puesto que no cumple el rol que le corresponde.

Por tanto, lo que nos encontramos hoy es el resultado de una chapuza y un despropósito continuado, que no responde a la traslación de política más regulación.

E.D.: ¿El anteproyecto de ley aborda un cambio de modelo energético?

J.D.: En absoluto. Ese es otro gran pecado que hemos cometido, que hay que solventar y que este anteproyecto no corrige. Nuestro modelo energético actual data del año 1998 y está basado en el europeo que se recoge en el tratado de Maastricht, que bebe principalmente de los principios liberalizadores del Congreso de Washington, y en donde se sientan las bases para declarar liberalizadas una serie de actividades que hasta entonces estaban condicionadas a la intervención.

De aquí surge el marco regulatorio actual. Por un lado tenemos actividades liberalizadas, donde el inversor analiza, invierte y explota, es decir, que tiene libre decisión pero por su cuenta y riesgo y sin capacidad para reclamar al Estado. Y por el otro, están las actividades reguladas, en donde se conceden monopolios naturales que devengan en actividades como el transporte o la distribución, con la intención de permitir duplicidades. Ese fue el espíritu del cambio del modelo del 98.

Es preocupante que un ministro puedo llegar a decir que, gracias a las leyes fiscales que está proponiendo el Gobierno, la electricidad ha bajado un 2% para el último trimestre del año. No es correcto colgarse la medalla de que la energía baja por su propuesta de cambio de modelo. Aquí, lo que ha habido es una subasta CESUR en la que se ha producido una rebaja del precio de la electricidad y nada más. Una reducción que bienvenida sea, y que se debe a que el mercado fluctúa según la época del año, no al anteproyecto de ley. Por eso, lo malo es que nadie contesta a este tipo de afirmaciones y así mal nos irá.

E.D.: ¿Cree que con la adopción de estas medidas hay ganadores y perdedores? ¿Considera que el Anteproyecto de Ley se ha elaborado con una intención verdadera de solucionar las cosas?

J.D.: No creo que haya perdedores o ganadores, como tal. Considero que hay una regulación mal hecha. De hecho, creo que esto no es una reforma en sí, es el intento de suturación de un agujero que, quizás de alguna manera, provocará que no vaya a más el déficit de tarifa, pero que no explica cómo se arregla el monto de los 24.000 millones de euros acumulados.

Además, este anteproyecto se basa en muchas falacias y falsedades, pues nos quieren hacer creer que son tasas por imposición medioambiental y sin embargo hacen más daño a las tecnologías menos contaminantes del régimen general. Incluso parapetan la norma como necesaria para obtener la sostenibilidad energética pero, a mi juicio, no es ni lo uno, ni lo otro.

E.D.: ¿Qué consecuencias negativas ve para el régimen especial después de la presentación de este Anteproyecto de Ley?

J.D.: Para empezar, con el Anteproyecto de Ley, el Gobierno ha sentenciado al sector de la cogeneración, y no olvidemos que es un elemento clave en una economía productiva. No hay cogenerador especulador, puesto que con la energía que les sobra, generan electricidad. También es cierto que este negocio marginal ha pasado muchas veces a ser el negocio principal. Sin embargo, con el impuesto a la generación del 6%, más el céntimo al gas, la producción de los cogeneradores dejará márgenes negativos y estará abocada al cierre.

En cuanto a las energías renovables, considero que las primas se han utilizado de una manera que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. Además, este sector no ha dejado sustrato de política industrial, lo que obligó a realizar un proceso de innovación que se convirtió en un proceso especulativo en el que los que hicieron mejor negocio fueron los propietarios de los terrenos y los intermediarios de la concesión de los permisos.

En este asunto podemos diferenciar dos Españas: la que ve las renovables como un pelotazo (burbuja fotovoltaica) y los que las ven en clave de economía productiva. Ambas han chocado dentro del régimen especial y ahora se ha querido eliminar la especulación y su efecto ha ido contra el sector.

Por ejemplo, los que han hecho inversiones en termosolar se han acogido a unas señales económicas muy favorables y tienen todo el derecho a reclamar lo que invirtieron en su momento, en base a la regulación que había. Pero cuando un gobierno se equivoca y tiene que corregir, pues se hace, como ya ocurrió anteriormente en dos ocasiones, con la «moratoria nuclear» y el «costes la transición a la competencia». Quizás sea la hora de «los costes de transición por cambio climático» y haya que recomprar a los termosolares sus activos a un precio razonable, sin esperar a cambio los beneficios esperados. Esta es una hipótesis a la que no llegaremos, pero que bien podría ser una posible solución para este momento actual de replanteamiento de modelo energético.

E.D.: ¿Cómo percibe el funcionamiento del mercado eléctrico actual? ¿El anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno propone alguna línea de mejora al respecto

J.D.: Soy de los que cree que el sistema no funciona tan mal como algunos nos quieren hacer ver. No es cierto que no exista competencia y tampoco aprecio abusos de poder en el mercado, aunque sí considero que podría haber sistemas más promercado y además existen muchas maneras de que el mercado eléctrico vuelva a recuperar este espíritu libre y competitivo que tenía.

Si se quiere una política energética concreta, pongámosla como una obligación al que vaya a acudir al mercado eléctrico. Además, habría que eliminar las primas de una vez por todas, puesto que esto distorsiona por completo el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no hay voces que hablen de esto. Sólo se oyen propuestas sobre impuestos, de la supuesta lucha entre la triple A y Unesa, las amenazas de deslocalización de los grandes consumidores o las de los consumidores domésticos, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Por tanto, debo decir que mi visión no es muy optimista en este asunto.

Con estas medidas fiscales, el Gobierno está provocando aumentar la ineficacia del sector eléctrico al quitar, por ejemplo, millones y millones a la sección de distribución eléctrica, por lo que se acabó la inversión de esta actividad. Y no hablemos entonces de Smart Grid’s y de innovación.

Todos y cada uno de estos recortes repercutirá en el servicio de continuidad y en la calidad de servicio a los consumidores. Además, ante la falta de dinero, subirán los precios y se animará a la desinversión. Es triste, pero gobiernos elegidos democráticamente hacen estas cosas.

E.D.: ¿Qué posible enfoque se puede ofrecer como solución a esta rocosa situación que vive el sector energético?

J.D.: La resolución de esta situación va para largo. Arreglar esto no es una cuestión de aprobar un real decreto ley, porque esto merecería otro tipo de «approach». Ante un problema de esta magnitud hay que aplicar una terapia, incluso en este caso nos podría servir este anteproyecto de ley, aunque esta medida no solucionará el problema.

La situación se resolvería si volvemos a empezar de cero, si volvemos a los orígenes de cómo se creo todo, puesto que partimos de un problema estructural profundo. Si no hacemos esto, Europa nos reclamará una reforma, porque desde que somos socios europeos no somos libres de hacer cualquier cosa, sino que España tiene que estar en línea con las directivas marcadas desde Bruselas. Lo liberalizado con lo liberalizado y lo regulado con lo regulado. Luego cada país camina en ese filo de forma diferente, incluso lo incumple. Ahí tenemos los casos flagrantes de Francia y de Alemania.

Pero volviendo al tema principal, sólo he oído quejas en torno a que la TUR no se aguanta más, y eso va en la buena dirección. No obstante, veremos si nuestros políticos son capaces de recortar la tarifa hasta los consumos de 3 ó 5 kW, puesto que los titulares pueden ser demoledores y eso asusta a la clase poítica… Y, todo, por un consumo eléctrico que en términos medios supone gastar menos de dos euros al día en electricidad.

Además de tocar la TUR, hay otras posibles soluciones. Hagamos algo para eliminar los subsidios. Hagamos algo para que los mercados sean realmente de oferta, es decir, liberemos al inversor de cualquier otra carga que no sean los permisos medioambientales y luego que realice las ofertas que pueda y compita con el resto en el mercado. Es la única manera de generar competitividad. También se puede separar la propiedad de la distribución y que esté en manos de grupos empresariales que no tengan más de un 5% cada uno, como pasa en Enagás y REE, que además son de las empresas más eficientes que tenemos.

El «unbundling de propiedad» (separación de actividades) en España ha sido un tema tabú. Ni por asomo se nos plantean las separación de propiedad en las actividades de generacíón y distribución de las empresas. No digo que sea la madre de los huevos de oro de la competencia, pero el déficit tarifario nació y fue posible gracias a esto. La deuda proviene de una actividad regulada y se la han colocado al holding. Pues esto, señores, es lo que yo llamo incumplir el principio de «unbundling». Y estamos ante una realidad que necesita hacer cosas, pero, ¿seremos valientes para hacerlas? Tengo mis dudas.

E.D.: ¿Y existe capacidad en la administración para que se pueda afrontar este cambio?

J.D.: Ahora mismo estamos ante un momento de debilidad grandísimo, debido a que hay otras prioridades macroeconómicas encima de la mesa del Gobierno. Sin embargo, el diagnóstico debemos compartirlo y no he oído nunca que se haga una crítica a un modelo en el sentido de volver a los orígenes. Sólo se plantean chapuzas para tapar agujeros.

Seguramente, antes de sacar este anteproyecto de ley a la luz, ha habido cientos de informes previos para ver quiénes salían ganando y quiénes salían perdiendo. Lo único que ha preocupado al Gobierno es cuadrar las medidas con las cuentas de las compañías y lo único que se les ocurre decir es que han debido acertar en su elaboración porque todo el mundo se ha quejado. Esto, según ellos, es la prueba del algodón, pero mal entendida.

Creo que hay solución, pero no sé si hay gallardía para asumirla o capacidad intelectual para llevarla a cabo. De hecho, el Principio de Peter que viene a decir algo así como que «todo el mundo llega a su máximo nivel de incopetencia» se ha cumplido de una forma descarada en el sector de la energía.

E.D.: En alguna ocasión ha hablado de la hibridación en el sector energético, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿cree que sería una posible solución?

J.D.:A grosso modo me refiero a los retazos con los que el regulador tiene que trabajar para luego sacar las cosas adelante, es decir, ¿queremos que lo regulado sea regulado?, ¿queremos que lo liberalizado siga siendo absolutamente liberalizado?, ¿queremos que se cumplan ciertos principios de sostenibilidad y que se mantengan dentro de 50 años?

Hibridar, para mí, es acudir al mercado eléctrico, ya sea mayorista o minorista o de OTC’s, siempre que en tu oferta cumplas unos requisitos y porcentajes determinados de lo que el país ha marcado como política energética. Lo que se debe hacer es obligar a un mercado que funciona a poner unas obligaciones para que el que pueda se lleve el gato al agua y oferte a precio. Al no aplicar este sistema, hemos cosechado fracasos estrepitosos en las renovables, como el caso de la fotovoltaica y de la termosolar, porque la eólica aún se salva ligeramente.

¿Es viable? Totalmente, sólo falta voluntad política. Se trata de barajar y dar de nuevo, de partir de cero, pero asegurando que los que han invertido no van a perderse. Sentemos las bases y creemos un nuevo modelo, pero respetando lo anterior y para ello habría que generar unos costes de transición al cambio climático durante unos años. También podría hacerse mediante mecanismos por certificado, aunque no es algo que me convenza después del fracaso de los certificados verdes.

Si se ponen unas reglas del juego claras para que funcione el libre mercado, seguramente los que están cobrando ahora primas se quejarán, porque dirán que se les aboca a la ruina. Pero si queremos arreglar este desaguisado, cada tecnología deberá encontrar la señal adecuada para encontrar su precio en el mercado. Otra cosa es que no creamos en él, como les ocurre a los retroprogresivos o a algunos empresarios, a los que les interesa más manipular al Ministerio que liberarse en el mercado.

La clave está en que haya actividades reguladas, pero sin intereses cruzados y que se produzca la separación de propiedad. Lo que planteo es la formación de un modelo global, pero muy simple que necesita de un desarrollo muy difícil para llevarlo a cabo. La complejidad está en tratar de armonizar el enredo actual con este fututo. Siempre los periodos de tránsito son los más complicados, pero veo perfectamente posible la aplicación de este sistema y no considero que la hibridación sea una utopía.