“No es seguro que se vaya a cubrir la subasta prevista para la titulización del déficit tarifario”.

¿Cómo valora el mecanismo de financiación del déficit tarifario, en las vísperas de la próxima subasta de déficit que realizará la Comisión Nacional de Energía? ¿Es cierto que el mecanismo propuesto en la Orden Ministerial aporta nuevas garantías para que pueda ser acometida por las entidades financieras?

En estos momentos y refiriéndonos al déficit tarifario como la cantidad reconocida como insuficiencia tarifaria por el sistema eléctrico, para cubrir la diferencia entre la tarifa y el coste de la energía, y que está previsto que fuera financiada a un interés retributivo, podemos decir que no es seguro que se vaya a cubrir la subasta prevista para su titulización. En estos momentos, nos encontramos en una posición en la que puede repetirse la situación del año pasado en la que quedó finalmente desierta la subasta que realizó la CNE para la titulación del mismo, en la medida que asistimos a un momento en que el perfil de la estructuración de riesgo que tienen las entidades financieras y la que estima la propia CNE es diferente. De hecho, hasta este momento se ha producido el proceso de petición de ofertas a las entidades financieras, pero las insuficientes garantías otorgadas a estos activos (no existen garantías adicionales a las que existían anteriormente), el volumen de los mismos, que ya considerable, el coste del capital regulatorio para las propias entidades en función de los perfiles de riesgo, así como la débil estabilidad regulatoria que se percibe desde los agentes financieros, elevan sustancialmente el riesgo y el precio de este activo, lo que puede precipitar una situación semejante a la última subasta, que quedo desierta (o que los tipos de interés que formulen las entidades financieras en sus ofertas sean muy altos).

Por otra parte, el hecho de que no se logre culminar estos procesos de titulación conlleva que sean las empresas las que tienen que financiar este déficit tarifario desde su propio balance, algo que es anormal y que penaliza a las propias compañías.

¿Qué efectos económicos tiene la existencia de ese déficit tarifario?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el déficit tarifario se trata de una “subvención” al precio de la energía y que esta subvención es diferente para unos tipos de clientes que para otros, según sus tipos de tarifas. La consecuencia principal de esta subvención y de su pago diferido es que, los consumidores actuales no conocen el coste directo de la energía y, por otra, que el déficit tarifario lo pagan fundamentalmente los consumidores futuros. Lo que está claro es que las tarifas no suben desde el año 2000 y eso a pesar de que ha crecido notablemente por un lado el consumo de electricidad en nuestro país y, por otro, también los precios de la energía.

En su momento, se pensaba que el crecimiento de la demanda y que la desaparición de determinados elementos como la moratoria nuclear iban a permitir absorber este déficit, pero no ha sido así, produciéndose un importante descontrol tarifario. Por otra parte, la aportación creciente al mix de generación de las energías renovables ha conformado que se incorporen al sistema energías más caras, lo que también eleva el coste de la factura energética.

En conjunto, puede decirse que ha faltado coherencia política para articular las medidas necesarias en un contexto de demanda creciente, elevación de costes de materias primas energéticas y compromiso de incorporar energías limpias para ajustar los precios a sus costes. Y, a cambio, se ha creado un discurso en el que la tarifa es una variable política que sube o baja dependiendo de la debilidad del gobierno, desvinculandolo de la evolución de los precios de la energía en los mercados, como ocurre en el resto de países de nuestro alrededor.

La consecuencia principal es la emisión de mensajes muy equivocados, de forma que se incentiva el consumo, se desincentiva la eficiencia energética y qué, determinadas medidas o iniciativas de agentes particulares, que se escucharon el año pasado como el control del aire acondicionado o evitar la corbata en el trabajo, no dejan de ser cuestiones meramente anecdóticas. Lo que es evidente es que hay bolsas importantes de posible ahorro energético, cuya movilización se produce gracias al mecanismo más eficaz de todos, los precios.

¿Cómo valora, dentro de las distintas tarifas que anteriormente mencionaba, los precios energéticos que se aplican a los grandes consumidores?

Esta es una cuestión que hay que valorar en el contexto internacional, porque otros países de nuestro entorno también aplican tarifas menores a estos sectores (aluminio, siderurgia, cementos, etc…) y que por ello son utilizadas como elemento de competitividad sin ningún tipo de reparo. Por tanto, no tiene es un tema que no tiene una perspectiva unívoca. Lo que si es cierto, es que para ello debe existir previamente definida de forma nítida una política industrial de apuesta selectiva por determinados sectores por motivos estratégicos, porque lo que no resulta razonable es que este modelo de precios pueda ser extensible a todos los sectores, tal y como se está reclamando. Y, todo ello, garantizando plenamente que no se vulnera en ningún caso, con una política industrial determinada, la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado. En todo caso, una política industrial no puede ni debe circunscribirse a la existencia de diferencias en la tarifa aplicable a la energía que consume cada industria.

¿Qué alternativas tiene la Administración para la gestionar el déficit tarifario, en el marco de la inminente liberalización? ¿Cómo valora propuestas como que las primas a las energías renovables sean sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado y no se incluyan en la tarifa?

Lo primero que hay que decir es que cuestionar la tarifa es relativamente fácil, máxime, cuando hemos vivido permanentemente con un ‘cap’ artificial para evitar tomar las decisiones de crecimiento de precios eléctricos que eran necesarias. Lo que si está claro es que la subida de precios es inevitable y es preciso contar con la suficiente capacidad para explicar a los ciudadanos la nueva realidad de la energía y el nuevo contexto global existente. Seguramente que los ciudadanos van a entender mejor esta realidad de lo que parece.

Por otra parte, que las primas a las energías renovables se paguen en las tarifas me parece adecuado, frente a la alternativa de que se financien contra los Preexpuestos Generales del Estado. En realidad, y aunque sea pecar de ingenuos, y que para cualquier grupo político la tarifa eléctrica pudiera ser un arma en la contendiendo política, lo más razonable sería que existiera un pacto de los grandes grupos políticos para sacar la tarifa del debate partidista.

¿Considera que existen problemas de estabilidad regulatoria en el sector energético español y de qué forma penaliza el funcionamiento del sector?

Hay que distinguir dos situaciones claramente diferenciadas. La primera es la regulación del sector gasista, cuya calidad desde el punto de vista normativo es muy alta, de forma que las inversiones que se realizan están retribuidas de forma estable y permiten el cálculo inversor para la recuperación de activos, como las regasificadoras. En el caso de la regulación del sector eléctrico, nos encontramos en la situación contraria: estamos ante una regulación que podemos calificar de lamentable. De hecho, desde 1998 en que se produjo la liberalización del sector, la configuración del mercado como ‘pool’ y la separación de actividades, la legislación que ha venido siendo generada no ha sido coherente con este marco regulatorio, de mercado y de liberalización. De hecho, nos podemos encontrar con países como Brasil y Chile, con mayor calidad regulatoria que la nuestra. Para contar con esta calidad regulatoria, lo primero que es necesario es tener la voluntad y reconocer el valor de esta calidad para un sector como el energético, que precisa unos esfuerzos y unas necesidades inversoras futuras importantes.

Es cierto que hace años había pocos agentes (los dos principales agentes del mercado suponían el 80 % del mismo), pero ahora esta situación ha cambiado muchísimo. Hay nuevos entrantes y la situación competitiva de nuestro mercado es muy diferente y mucho más abierta. Igualmente, no se pude producir una situación en la que, en función de cómo se comportan los precios, se cuestiona todo el funcionamiento del mercado y del sector.

¿Cómo valora el informe sobre precios y costes de la Comisión Nacional de Energía? ¿Cree que existe relación entre este informe y el fuerte castigo infligido a las eléctricas en Bolsa los últimos días?

Este informe sorprende porque el papel de la Comisión Nacional de Energía ha de ser el de velar por el funcionamiento del mercado, no cuestionar el modelo de mercado marginal que establece el mismo. De hecho, el informe, no analiza en ningún caso, si los agentes se comportan bien o no en un escenario competitivo, sino que se limita a criticar las consecuencias del mercado a través de los ‘beneficios’ que se derivan de la participación en el mismo de distintas tecnologías.

En consecuencia, el mercado bursátil responde de acuerdo a sus propios mecanismos de manera sorprendente a este cuestionamiento, amplificando las reacciones, aunque de forma razonable ante el temor de que desde la Administración se puedan promover actuaciones que pueden cuestionar el reconocimiento del déficit tarifario existente o se pueda intervenir por vía administrativa o fiscal sobre las empresas eléctricas, en aras de reducir sus ingresos tarifarios.

¿Esta situación puede favorecer el abaratamiento de las compañías españolas y que puedan ser adquiridas por empresas extranjeras?

En primer lugar, hay que destacar que los procesos corporativos deben generar valor para los accionistas y deben surgir de un interés estratégico, no de actuaciones regulatorias concretas. De esto también se deriva que la legislación no debe mirar el pasaporte de las empresas o la titularidad de los accionistas de una compañía. No obstante, es preciso tener en cuenta que la toma de decisiones regulatorias para evitar la subida de tarifas, pueden producir una cierta ilusión en el corto plazo, pero comprometen en el largo plazo las necesidades de inversión en nueva generación. Es decir pueden comportar un efecto perverso sobre las empresas y sobre el mercado.

Por ello, probablemente, la inestabilidad regulatoria tiene, en conjunto, un efecto dual: las empresas pueden ”abaratarse” de cara a operaciones corporativas, pero al mismo tiempo, esta inseguridad regulatoria puede provocar un desincentivo para los posibles grupos empresariales interesados en su adquisición o que quisieran entrar en este sector, a la vista de estos comportamientos de los órganos de regulación.

¿Cómo valora la nueva directiva europea sobre mercados a plazo y su impacto en los mercados de energía?

En primer lugar, hay que partir de una premisa, que es que la existencia de un mercado a plazo debe surgir de la propia demanda de la dinámica de un mercado y de sus agentes. No puede imponerse la existencia del mismo porque se desvirtúa su utilidad. Para que exista un mercado a plazo para un determinado bien, por un lado, debemos estar ante un mercado transparente en sus transacciones (algo que no es el eléctrico por naturaleza), y su aparición se deriva de la necesidad de que aparezcan mecanismos de compensación para la cobertura de determinados riesgos. Una cuestión particularmente importante en los mercados a plazo es el papel necesario de la especulación, porque quien especula en este tipo de mercados, actúa para corregir problemas concretos de información en la formación de precios. En todo caso, en el caso de los mercados eléctricos, no es lógico que se produzca la entrada de agentes con comportamientos especulativos, por la propia complejidad del mercado y por que los agentes se comportan con muchas más cautelas.

En todo caso, los problemas actuales del sector energético, se derivan más que de la necesidad de que existan mercados a plazo de otras cuestiones como es la seguridad de suministro, la dependencia energética y la eficiencia en la configuración del mix energético para conseguir precios de la energía eficientes y competitivos, no tanto de la necesidad de configurar mercados a plazo.

¿Es de esperar nuevos movimientos corporativos en el sector energético en el mercado español?

Claramente hay que afirmar que el mapa empresarial energético español no está cerrado y dista mucho de estar en equilibrio. Por tanto, consideramos que es muy posible que se produzcan nuevos movimientos corporativos. Lo que es importante es que estos movimientos deberían aportar más estabilidad estratégica al sector.

¿Cómo valora la evolución de los precios del petróleo y su impacto sobre los costes de la energía?

Los precios del petróleo se han visto tensionados por cuestiones derivadas de la oferta y por la capacidad que la demanda ha tenido para asumir los incrementos de precios, creando una estructura de precios que ha dibujado una subida libre. No obstante, no es previsible que se mantenga una situación así, en la medida que debe producirse un cierto “trade off” entre la demanda energética y el precio. Y probablemente empecemos a ver que se empiezan a advertir los efectos de un menor crecimiento económico, reduciéndose la demanda de crudo, en consecuencia. Lo que si es cierto es que esta subida de precios afecta a los costes energéticos globales en la medida que el carbón o el gas, cuya utilización en la generación eléctrica es muy importante, también está indexada a los precios del petróleo y ello ha perfilado una escenario de costes energéticos muy altos.