Pregunta.- ¿Cómo valora la revisión legislativa del decreto de renovables y del Régimen Especial?

Respuesta.- Nuestra valoración sobre este período de tiempo tan largo en el cual los sectores no tenían la seguridad jurídica necesaria para hacer las inversiones -porque no habían salido las primas definitivas de este decreto-ley- era inicialmente negativa y crítica. En su momento debatimos incluso la posibilidad de que un decreto-ley de esta envergadura se tendría que haber planteado en el Parlamento español y todos los grupos políticos hubiéramos podido plantear nuestras sugerencias y enmiendas para fomentar un sector tan importante como el de las energías renovables.

Pero creemos que el resultado final es en su mayor parte positivo, con matizaciones. La valoración que hacemos de las primas de las energías renovables -tanto de la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, o los cultivos energéticos- es positiva porque así lo valoran los sectores que nos han venido a ver y nos han planteado sus preocupaciones, que hemos trasladado al Ministerio de Industria. Cabe destacar la buena interlocución que hemos mantenido desde este grupo parlamentario con el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto. En general, creo que a pesar del largo período de elaboración de la norma, el resultado para el sector es positivo. Porque se da una cierta seguridad jurídica a medio y largo plazo para que este sector de renovables siga creciendo en España con la misma intensidad que ha crecido hasta la fecha, y podamos alcanzar los objetivos que fija la Unión Europea de llegar al año 2020 con un 20% de utilización de energías renovables.

Así que, en un principio, valoramos de forma muy negativa que una legislación de esta envergadura no tuviera una participación directa de los grupos parlamentarios, pero la valoración final es positiva.

Al mismo tiempo, nosotros hemos instado al Gobierno a que tome medidas adicionales, de forma que se pueda plantear la coordinación de todos los ministerios para que en la aplicación de este real decreto, las empresas tengan un solo interlocutor. Y aquí sí que cabe una acción importante por parte del Gobierno para que unifiquen los criterios de eficacia y de eficiencia en Agricultura, Industria y Medio Ambiente. En este aspecto también habría que reservar a las CCAA todos aquellos ámbitos y aspectos de competencias compartidas con las CCAA para que entre ellas y el ministerio haya una labor única y eficaz de estos tres departamentos y finalmente las normas no sean sólo viables, sino solventes y eficaces.

Pregunta.- Lo más criticado del nuevo Real Decreto es el hecho de que cada cuatro años se puedan modificar las primas.

Respuesta.- Es verdad que los sectores financieros, para darle más fuerza, contundencia y seguridad, requerían que las medidas fueran más duraderas a medio y largo plazo. Evidentemente, si han conseguido cuatro años, hubiera sido mejor seis u ocho años, pero los cuatro años que han quedado finalmente fijados han sido acogidos con cierta satisfacción por parte de los distintos sectores. Ésta es la valoración que a nosotros nos han dado y que estimamos satisfactoria.

Yo quisiera destacar aquí , nuevamente, el papel decisivo que, a pesar de no haber pasado por el Parlamento, tiene Convergencia i Unió en la negociación con los diferentes sectores, en la medida que hemos planteado al secretario general de Energía y al propio ministro las diferentes sensibilidades sectoriales y consideramos que se han plasmado en gran medida en la configuración final de este real decreto.

Pregunta.- El Plan Nacional de Asignaciones (PNA) está aportando más derechos de emisión al carbón con respecto al gas, un asunto que ha sido denunciado incluso por expertos internacionales, como la universidad de Oxford. ¿Cómo valora que se plantee este apoyo al sector de generación eléctrica a través de carbón por esta vía?

Respuesta.- Esta cuestión la observamos con cierta preocupación. Hay un escaso interés en las centrales de ciclo combinado, para las que se asigna una tercera parte de los derechos con respecto a los que se atribuyen al carbón. Así como en su momento se animó a su apertura, creemos que el Gobierno no se toma muy en serio este tipo de producción de energía, por la que nosotros, entre otras cosas, sí apostamos.

Pregunta.- ¿Cómo valora el desarrollo de las energías renovables y los planes de eficiencia energética que ha presentado el Gobierno?

Respuesta.- El principal problema es que el Gobierno está lanzando, en distintos departamentos, mensajes contradictorios, dispersos y que desconciertan a los operadores del mercado. Hemos reclamado al Gobierno la aplicación urgente de un plan integral de energías renovables que englobe a todos los ministerios implicados -Industria, Agricultura, Medio Ambiente- en coordinación con las CCAA para desarrollar una política adecuada.

Pregunta.- Precisamente, hablando del papel de las CCAA en el ámbito de la energía, ¿cuál debe ser ese papel, a su juicio?

Respuesta.- Desde el punto de vista de Cataluña, su Estatuto define las competencias como compartidas las que asume la Generalitat en los siguientes campos: regulación de la producción, almacenaje y transporte, autorizaciones, inspección y control de las instalaciones en su territorio, regulación de la actividad de distribución, normas complementarias de calidad y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética… éste es el papel que les corresponde asumir a las CCAA. Y lo que no puede pasar, por ejemplo, es lo que ha pasado en la instalación de las energías eólicas que, en un momento determinado, Cataluña tenía una demanda muy importante de generación en energías renovables y era el Estado, en este caso, quien limitaba a un 30 ó un 40% en sus Planes la capacidad asignada a Cataluña. No puede ser que la Administración General del Estado limite las capacidades de energía eólica respecto al mapa que había planteado inicialmente.

Pregunta.- Sobre las redes y la interconexión. ¿Cómo valora las causas del retraso en el nombramiento de Mario Monti? ¿Qué posibilidades de avance tiene ahora esa interconexión con Francia?

Respuesta.- Pensamos, de entrada, que pedir esta mediación ha sido una forma de eludir responsabilidades. Realmente, el responsable de que esta interconexión no sea hoy una realidad es el Gobierno, de quien es competencia exclusiva. ¿Por qué no la ha hecho posible? No se ha materializado por una cuestión muy clara: porque en el Gobierno de la Generalitat, que está constituido por el tripartito, dos de sus socios no lo han querido, o lo han evitado…. El PSOE de Cataluña (PSC), el señor Montilla, en este caso, es “prisionero” de ERC y de Iniciativa Per Catalunya (ICV), que son los que han evitado que la interconexión con Francia sea una realidad. La actitud de evitar esta interconexión hará que quien pague las consecuencias sea la economía productiva catalana. Cuando vengan puntas importantes de gasto de energía eléctrica, como en los meses de verano, cuando hay mucho turismo y muchas zonas turísticas al tope de su capacidad, es cuando se van a sufrir cortes. Por la incompetencia, y por el “secuestro” del señor Montilla por parte de ERC y de ICV. Podríamos decir que el Gobierno de España es “prisionero” de estos dos socios parlamentarios, que son los que han evitado directa y mediáticamente, cada vez que les ha parecido oportuno, que esta interconexión se construya. Como priman más sus alianzas estratégicas para permanecer en el poder en Cataluña, se está perjudicando, en definitiva, los intereses económicos de una parte de Cataluña y también de una parte importante de Levante y de otras CCAA, puesto que la energía se transporta y esto evitará que tengamos más energía procedente de los recursos energéticos franceses.

Pregunta.- Hablando de redes… ¿Qué problemas de suministro y de distribución tienen identificados en Cataluña? ¿Por qué no es tan robusto el sistema de suministro de las redes en Cataluña?

Respuesta.- Históricamente, España ha sido y es una isla energética. Nuestra dependencia eléctrica es del 85% de nuestra capacidad. El AVE todavía se está construyendo y no está en marcha, pero lo que sí es cierto es que con las necesidades turísticas y con el incremento del gasto energético que se va a producir cuando el AVE esté en funcionamiento, si no hay interconexión eléctrica no va a poder haber actividad económica. Habrá que buscar, por tanto, recursos complementarios para que esto pueda ser efectivo. Bien a través de barcos que desde el puerto suministran energía mediante la combustión de fuel en determinadas épocas del año, bien mediante la instalación de estaciones de autogeneración, como viene pasando. Lo que hemos de resolver definitivamente es el autoservicio de nuestro incremento de actividad económica para poder generar recursos. Por esto, nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley que fue votada por todos los grupos de la Cámara para obligar al Gobierno a que nos presentara (en el Congreso de los Diputados), antes del final de este año, un estudio energético en el que se nos diga cuáles serán las necesidades energéticas de España en los próximos 30 años. Entendemos que, creciendo al ritmo al que crecemos, sin tener asegurado el abastecimiento energético, estamos abocados a una política de improvisación y de fracaso económico. Esa es la única forma de tener un programa energético eficaz. En nuestra propuesta planteábamos lo siguiente:

– que se pueda valorar la demanda energética futura de forma que permita garantizar un modelo de crecimiento incorporando las hipótesis de efecto de ahorro y uso eficiente;

– Determinar el mix de fuentes de energía primaria con la que se pretende cubrir esta demanda a corto, medio y largo plazo, sin excluir a priori ninguna tecnología disponible. Y aquí entramos en el campo de las nucleares. Porque este Gobierno lo ha excluido, pero no han dicho cómo van compensar la generación procedente de esta tecnología.

– Contemplar una propuesta estable para potenciar, con especial intensidad, las energías renovables, tanto en su generación, como en su régimen retributivo.

– Alcanzar un acuerdo para definir una propuesta específica y estable sobre la energía nuclear, en el marco de las propuestas planteadas por la UE.

– Promover la inversión en calidad y seguridad de los suministros energéticos.

Josep Sánchez Llibre, portavoz adjunto de Convergencia i Unió (CiU) en el Congreso, responde de manera minuciosa a las cuestiones que le realizamos en un momento en que la grave situación de la ciudad de Barcelona, eclipsa el balance de tres años de política energética. De aquí, al viernes abordaremos esta larga entrevista en la que tratamos una visión amplia de estos tres años, para los que no ahorra crítica en el ámbito de la energía y se muestra muy duro: errático, improvisado, inconcreto, son adjetivos que aplica a los distintos aspectos de la actuación de Montilla, Clos y del gobierno socialista.

Pregunta.- Están habiendo fuertes críticas y numerosas denuncias por el apagón de Barcelona. ¿Cuál es su visión sobre el problema?

Respuesta.- Considero que el apagón viene a confirmar una vez más la falta de inversiones en infraestructuras energéticas que, en este caso, no se han materializado en Cataluña por parte de la Administración del Estado, y de REE. Esta falta de inversión en infraestructuras, en aeropuertos, en cercanías de RENFE, y en redes eléctricas, es una consecuencia más de una política energética de improvisación por parte del Gobierno socialista, errática, inconcreta, resultando al final una falta de inversiones históricas en infraestructuras energéticas en Cataluña que han derivado en este apagón.

Es necesario hablar de responsabilidades. Sin que en este momento sepamos a quién corresponden las mismas, creemos que ha existido una falta de atención en cuanto a recursos financieros en la calidad de la energía, en el control de los estándares de calidad energéticos. Todo apunta a que existe un posible responsable de este caos general en Barcelona que es la empresa transportista que se tendría que responsabilizar de que las redes eléctricas tuvieran la suficiente potencia y se pudiera suministrar la energía con calidad e intensidad suficiente para acometer las necesidades energéticas de una ciudad como Barcelona. Es triste, lamentable y, según nuestras informaciones, también la Generalitat de Cataluña tiene parte de responsabilidad en este asunto. En su programa energético del año 2005-2008 tenía previsto realizar inversiones en algunas de las estaciones que se han incendiado, y esas inversiones no se han realizado. Si esto fuese así, y se clarifica esta situación, sabremos si la Generalitat ha hecho los deberes y ha realizado las inversiones a las que se había comprometido. (la responsabilidad es del gobierno) asunción de responsabilices del gobierno

La situación es caótica, dramática, impropia de una ciudad como Barcelona, de un país avanzado como España, desde la perspectiva industrial. España es la octava economía mundial, y creo recordar que no hay precedentes en una economía occidental de que un apagón tarde en resolverse más de 48 horas.

Pregunta.- Vds. han mostrado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Industria de anular las condiciones impuestas por la CNE a Sonatrach…

Respuesta.- Este es otro planteamiento erróneo del Ministro de Industria, el Sr. Clos, que se ha ‘saltado a la torera’ las cautelas impuestas por la CNE poniendo límites a la participación de Sonatrach en el gasoducto Medgaz. Esto también obedece a una falta de política energética por parte del Gobierno. Es una política precipitada, errática, que hoy va en una dirección y mañana en otra. Y si esto sigue así, esta política acabará por dinamitar los posibles grupos empresariales energéticos que se podrían haber constituido en nuestro país. El Gobierno ya tomó una decisión nada acertada cuando se intentó la constitución de un grupo energético español en el sector eléctrico, en el que había posibilidad de crear núcleos duros importantes alrededor de Endesa, que fueran socios españoles o con proporciones importantes alrededor de una compañía eléctrica como ella. De nuevo ahora, las decisiones del Gobierno van a posibilitar que Endesa, hasta ahora una empresa 100% española, pase a ser una propiedad del Estado italiano. Nosotros mantenemos nuestras reservas y no sabemos cómo va a desembocar esto, porque no sabemos cuál va a ser el papel que desarrolle en un primer momento Acciona, ni si va a permanecer a medio y largo plazo o se va fragmentar la compañía. La política del Gobierno dinamitó también esta posibilidad de que existiera un grupo español con la musculatura necesaria para poder ser autosuficiente.

Se trata de otra acción dinamitadora de Clos, propia de una gestión torpe, pues con esta decisión es posible que Clos perjudique a los grupos gasísticos y energéticos españoles que existen en este momento y los ponga en manos del Gobierno argelino. Esto va en detrimento de la competitividad del sector gasístico español. Y obedece a una falta de política energética clara del ministro Clos y del Gobierno, lo que no puede llevar a buenos resultados desde una perspectiva española. Queremos que Clos nos explique con detalle a qué responden estas decisiones.

Pregunta.- A raíz de esta cuestión existe un fuerte descontento con la Administración energética española en general, y precisamente en Cataluña, en un momento en que los máximos representantes proceden de allí.

Respuesta.- La gestión de Montilla y la de Clos, que han sido los máximos representantes de la administración energética durante estos últimos tres años, habría que calificarla de errática, de mala gestión y además no dar los buenos resultados de lo que cabría esperar de un programa serio en materia energética. Los gestores lo han hecho muy mal; los ministros no han estado a la altura de las circunstancias; y el último resultado que cabe achacarles a ambos es el apagón de Barcelona. En el caso de ambos, Clos y Montilla, las calificaciones que les ponemos desde CiU son muy negativas si atendemos a los resultados. Tanto desde la perspectiva de dar servicio a los consumidores catalanes, como desde la perspectiva de su incapacidad mutua de articular una política seria para que se pudiera configurar una gran compañía energética española con un entorno y un núcleo duro de accionistas españoles que pudieran atender a las necesidades energéticas del país.

El vicepresidente del Parlamento Europeo se ha referido, entre otros problemas, a la falta de una verdadera independencia de los reguladores, con especial incidencia en España. En una conversación con Energía Diario, y con relación a las diferentes tipologías de generación eléctrica, Vidal-Quadras ha insistido en que a todas se les debe ofrecer las mismas oportunidades, y que cada forma de producción debe estar sujeta a unas condiciones determinadas en función de su contribución al cambio climático.

Pregunta.- A principios de la semana pasada se supo que la Eurocámara retrasaba la elección de Mario Monti como coordinador de la red transpirenaica. ¿Cree que este retraso estaba justificado? ¿Cuánto tiempo podría retrasar esto la puesta en marcha de la conexión entre España y Francia?

Respuesta.- No le encuentro justificación aparente, salvo que haya alguna razón personal del señor Monti. Esta infraestructura es absolutamente necesaria, y el hecho de que haya un coordinador tendrá, sin duda, un papel dinamizador muy efectivo en la resolución de los problemas asociados a la construcción de esta línea de interconexión. Existe cierta decepción por ese retraso, pero creemos que el proyecto se reanudará pronto.

Pregunta.- Un diario español ha publicado que el aplazamiento puede deberse a la postura de Francia, reacia a establecer esa interconexión.

Respuesta.- Es posible, aunque no es una explicación oficial. Lo que sí es cierto es que está aprobado que existan coordinadores para estas infraestructuras prioritarias. También está aprobado que el ex comisario Monti sea el encargado de coordinar la interconexión España-Francia. El proceso, simplemente, está pendiente de la materialización de esas decisiones, ya tomadas y aprobadas en las instancias europeas correspondientes.

Pregunta.- En materia de regulación, ¿qué opinión le merece la reforma de la Ley del Sector Eléctrico en España?

Respuesta.- Esta ley responde a la obligación de trasponer a la legislación española la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. España incumplía dos requisitos, el de separación exigido a los distribuidores y el de no exceder las posibles obligaciones de servicio público y de protección al cliente. Ambas deficiencias han sido subsanadas mediante la separación funcional de las actividades de producción y suministro, la desaparición del suministro a tarifa y la limitación a una parte de los consumidores de la capacidad del Gobierno de fijar precios máximos aplicables al suministro de último recurso. Pese a estos avances, el Ejecutivo conserva la potestad de intervenir en los precios con criterios políticos en un segmento del mercado, lo que impide su liberalización efectiva.

Pregunta.- En el informe sobre las perspectivas para el mercado interior del gas y de la electricidad, en el que Vd. es ponente, lamenta que todavía existan Estados Miembros que ponen obstáculos a la creación de infraestructuras energéticas.

Respuesta.- Existen infraestructuras, como las interconexiones previstas entre países como España y Francia, sobre las que existe gran resistencia por parte de poderes locales y determinados partidos políticos que utilizan estas cuestiones electoralmente, y movilizan a los ciudadanos por criterios puramente ideológicos o puramente electoralistas. Este tipo de infraestructuras es indispensable para que el mercado europeo integrado de la energía se ponga en marcha en beneficio de todos los consumidores. Quienes ponen obstáculos y hacen obstruccionismo permanente, probablemente consigan réditos electorales a corto plazo, pero hacen un enorme daño a la prosperidad y al bienestar de aquellos a quienes dicen representar.

Pregunta.- La Unión Europea defiende la puesta en marcha de un mix energético con una importante proporción de renovables para el año 2020. Estos obstáculos que ponen algunos miembros al desarrollo de infraestructuras, ¿pueden suponer un freno al desarrollo de las energías renovables?

Respuesta.- Las renovables también se enfrentan a resistencias por parte de algunos sectores de la población o de determinados grupos políticos o asociaciones ecologistas. Pero, en conjunto, su aceptación es bastante satisfactoria, aparte de que el objetivo del 20% pueda ser alcanzable o no. Hay dos parámetros críticos para que se alcance ese objetivo tan ambicioso en el consumo energético total, que en el caso de la electricidad alcanzaría el 35%. Por un lado, el precio del petróleo y los combustibles fósiles, y por otro, el precio de la tonelada de CO2 en el mercado de comercio de emisiones. Si estos parámetros evolucionan en determinado sentido, este incremento de renovables será económicamente viable. Si evolucionan a la baja, el panorama se ensombrecerá en términos económicos. En cualquier caso, si se consigue ese objetivo, se habrá alcanzado una meta crucial para cumplir nuestros objetivos en seguridad de suministro y en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Pregunta.- En este informe se defiende que se suspendan las subvenciones a las fuentes de energía no renovables para garantizar la competencia en condiciones de igualdad. ¿No sería igualdad que ninguna forma de generación contase con subvenciones, y que solamente pagasen por contaminar aquellas tecnologías que lo hagan?

Respuesta.- Ésa sería la situación ideal. Que exista un campo de juego igual para todos, y que cada forma de producción de energía esté sujeta a unas determinadas condiciones en relación a su contribución al cambio climático. Debe buscarse que el mercado funcione de manera eficaz sobre la base de que todos jueguen con las mismas reglas y donde se penalice el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Pregunta.- En este informe, solicita a la Comisión Europea que elabore la Carta de los Consumidores de Energía antes de que termine el año. ¿Qué va a significar esta Carta?

Respuesta.- En este mercado integrado europeo, liberalizado y competitivo, hemos de garantizar la dimensión social de la energía. Es decir, proteger a aquellos consumidores que, por pertenecer a grupos sociales vulnerables o que por sus condiciones particulares -por ejemplo, habitar en áreas remotas- podrían tener mayores dificultades para recibir el suministro, de forma que sus derechos queden totalmente garantizados. Además, es necesario que exista transparencia. Los consumidores han de ver asegurado el suministro en todo momento y han de estar bien informados sobre sus derechos, y para ello tiene que haber unas reglas claras.

Pregunta.- Es evidente que existe una falta de independencia por parte de los reguladores, según este informe pone de manifiesto. ¿Cuál es su valoración sobre los organismos españoles?

Respuesta.- Como principio general, los reguladores han de ser independientes del Gobierno y de la industria. Han de actuar con absoluta neutralidad y objetividad, y velar por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, se producen casos absolutamente preocupantes, como hemos visto en España, donde, en ocasiones, la Comisión Nacional de Energía se ha movido por criterios dictados u orientados desde el Gobierno, en función de intereses políticos. Hay que evitar a toda costa este tipo de situaciones.

Pregunta.- El informe destaca el bajo grado de transposición de las directivas, y señala que el hecho de que 20 de los 27 gobiernos que forman parte de la UE todavía no las hayan transpuesto completamente pone en desventaja a los países que sí lo han hecho.

Respuesta.- Ése es un grave problema. Las investigaciones efectuadas por la Comisión sobre el grado de transposición y cumplimiento de las directivas europeas, concluyen que muchos países tienen los deberes por hacer. Se producen desequilibrios en ciertos países que son precisamente los que cumplen, ya que quedan en desventaja frente a otros. Es una situación que no se puede consentir, y por eso el Parlamento Europeo ha insistido en que la Comisión actúe, con todo rigor, contra aquellos Estados miembros que no cumplen los plazos de transposición de la legislación comunitaria.

Pregunta.- El último incremento de la tarifa eléctrica en España, que sólo se ha aplicado a consumidores empresariales e industriales, ¿sirve para que España se acerque al cumplimiento de la legislación comunitaria en esta materia?

Respuesta.- Los precios de la energía deben reflejar los costes, de acuerdo con las reglas del mercado. En el informe del que he sido ponente sobre mercado interior de gas y electricidad, el Parlamento recomienda la supresión gradual de la tarifa regulada, y que el mercado actúe de forma totalmente libre. El hecho de que los Gobiernos se muevan con la vista puesta en la inflación hace que interfieran en el libre mecanismo de formación de los precios. Y eso tampoco es admisible en un mercado europeo que funcione de manera eficiente; no se puede distorsionar el funcionamiento del mercado. Por tanto, creo que en España este gobierno y cualquier otro ha de abstenerse de influir sobre los precios de la energía. El precio también es una señal que el consumidor recibe para orientar sus hábitos de consumo. Por tanto, es necesario evitar esa intervención pública, que, con un beneficio a veces puramente electoral a corto plazo, lo único que consigue es provocar daños más importantes a largo plazo.

Pregunta.- ¿Cree que hay coherencia entre lo que el Gobierno español hace y dice? Por un lado defiende la búsqueda de una eficiencia energética y un consumo moderado por parte de los usuarios, y por otro sigue manteniendo una tarifa artificialmente baja.

Respuesta.- Así es. Los bienes básicos -el agua, la energía- han de tener precios fijados por la realidad de los recursos existentes y la realidad del mercado. El hecho de que exista un mercado europeo integrado y competitivo va en beneficio del consumidor. Por tanto, todo lo que sean islas energéticas, que además fijan sus precios de acuerdo con criterios políticos ajenos al mercado, es algo que a la larga produce un gran perjuicio a todos: la industria, el consumidor doméstico y la economía del país en general.

Pregunta.- ¿Qué problemas tiene Galicia en materia energética?

Respuesta.- Si bien Galicia es exportadora de energía, lo cierto es que nuestra comunidad no es autosuficiente ni excedentaria dado que debemos importar buena parte de la materia prima que luego transforma nuestra industria energética, como es el caso del carbón, hidrocarburos o gas. Precisamente, la política energética que impulsa el Gobierno que presido busca reducir la dependencia exterior, limitar los efectos medioambientales y contribuir al desarrollo económico y social de Galicia. De hecho, hemos aprobado un plan que prevé un importante impulso de las energías renovables en esta legislatura, de forma que en 2009 dispongamos en nuestra comunidad de 1.500 nuevos megavatios de energía eólica (que nos ayuden a consolidar nuestro liderazgo como primera productora estatal y sexta mundial), 14 de energía fotovoltaica y 125 de biomasa, además de 30.000 m2 de paneles solares térmicos y 200.000 toneladas de biocombustibles por año. Una política que va a suponer inversiones por valor de 1.700 millones de euros por parte de todos los agentes implicados.

Pregunta.- ¿A qué problemas se enfrenta la actual red gasista de Galicia?

Respuesta.- El Gobierno que presido está centrado en extender la red de canalizaciones del gas por toda la comunidad y reforzar la conexión con las redes estatales a través de la Meseta. Dentro del primer objetivo, acabamos de firmar un convenio con Gas Galicia con el objetivo de desarrollar la cuarta fase del plan de gasificación de Galicia, que permitirá construir 100 nuevos kilómetros de redes y ramales de distribución industrial y doméstico-comercial que permitirán llevar el gas natural a 25 nuevas localidades, creando 39.947 puntos de conexión que se sumarán a los 175.000 existentes en la actualidad. Y hace escasos días hemos firmado otro acuerdo con la distribuidora Gas Directo para realizar infraestructuras que lleven el gas a otros diez ayuntamientos, con más de 178 kilómetros de gasoductos y 91 de redes de distribución, que permitirán crear 8.165 nuevos puntos de suministro. Sumado a esto, el Gobierno gallego ha acordado la aprobación definitiva de los proyectos sectoriales de los gasoductos Mugardos-Sabón y Meirama-Gasoducto Mugardos-Guitiriz, que posibilitarán la conexión de Reganosa con las centrales de ciclo combinado de Galicia. Y dentro del segundo objetivo, Enagás ha solicitado al Ministerio de Industria la construcción del gasoducto Mugardos-Zamora, vital para dar salida a Reganosa, que será incluido dentro de la planificación energética nacional hasta 2012.

Pregunta.- ¿Qué significa para la Comunidad la planta de regasificación de Reganosa?

Respuesta.- Reganosa es un proyecto estratégico para Galicia, dado que representa una nueva puerta de entrada para el gas licuado en nuestra comunidad que asegurará el abastecimiento de las nuevas centrales de ciclo combinado que se están construyendo y que generarán 1.200 megavatios de potencia eléctrica. Es, por tanto, un proyecto valioso por sí mismo pero, sobre todo, constituye una palanca de promoción de empleo y riqueza en Galicia y, especialmente, en el área de Ferrol.

Pregunta.- En un principio, se señalaba que no parecía haber interés por parte del Ministerio de Industria en permitir que se duplicase la capacidad de regasificación de Reganosa. ¿Ha cambiado esta postura?

Respuesta.- El Ministerio de Industria atenderá las peticiones realizadas tanto desde el Gobierno que presido como desde la propia empresa para ampliar la capacidad de regasificación de Reganosa. Lo hizo a principios del año pasado al responder positivamente a la petición de aumentar de 321.500 Nm3/h a 412.800 Nm3/h la capacidad inicialmente aprobada para la empresa. Y volverá a hacerlo otorgando el permiso para aumentar la capacidad a los 800.000 Nm3/h, tal y como ha anunciado el secretario general de Energía al Gobierno gallego que se incluirá esta autorización en la planificación energética nacional para el período 2007-2016.

Pregunta.- ¿Y qué se puede decir de la conexión con la red nacional?

Respuesta.- Los hechos vuelven a hablar por sí mismos. El Gobierno que presido solicitó a Enagás un nuevo gasoducto que conectase Galicia con las redes centrales del Estado y el presidente de Enagás acaba de proponer la semana pasada al Ministerio de Industria la construcción del gasoducto Mugardos-Zamora, un proyecto que podría estar aprobado antes de final de año y que confirma el carácter estratégico de Reganosa dentro de la red gasista del Estado.

Pregunta.- ¿Qué cree que va a pasar con Reganosa si Enel y Acciona tienen éxito en su OPA por Endesa, una de las participantes en Reganosa?

Respuesta.- Como he dicho, Reganosa es un proyecto estratégico dentro de la planificación energética nacional, como lo revelan tanto la autorización para duplicar su capacidad como la construcción del segundo gasoducto hacia la Meseta. Por tanto, su viabilidad está fuera de toda cuestión, está absolutamente garantizada independientemente de los movimientos de mercado.

Pregunta.- La puesta en marcha de Reganosa se está viendo enturbiada por las posturas contrarias de la población cercana a la construcción de la planta. El Comité Cidadán de Emerxencias les acusa de irregularidades como, por ejemplo, no respetar los dos kilómetros de distancia respecto a los núcleos urbanos más cercanos; de construir la central en un enclave en el que los barcos no pueden salir de la ría en caso de emergencia, sino sólo cuando sube la marea; o de disponer de autorizaciones que no son del todo regulares, ya que no han cumplido todos los requisitos. ¿Cuál es su respuesta a estas críticas a Reganosa? ¿Por qué cree que la población de la zona critica el proyecto?

Respuesta.- Como bien saben los ciudadanos de la comarca de Ferrol y de toda Galicia, el emplazamiento actual de Reganosa fue determinado por el Gobierno anterior en una decisión cuestionable, por cuanto que una de las razones que se esgrimió para la construcción del Puerto Exterior de Ferrol era precisamente el emplazamiento de esta planta de gas en Cabo Prioriño, no en Mugardos. Esta es la realidad. Dicho esto, nos guste o no, la fábrica está donde está y, más allá de su ubicación, tiene un alto valor estratégico para Galicia como es asegurar el suministro de gas en nuestra comunidad y, en particular, a las plantas de ciclo combinado que actualmente se están construyendo. Por tanto, debemos asegurarnos de que Reganosa cumpla todos los trámites y procedimientos legales. Actualmente, se encuentra en fase de pruebas y está trabajando con la Xunta de Galicia en la elaboración del plan de emergencias con la finalidad de que esta instalación pueda entrar en funcionamiento con todas las garantías. No obstante, y esto es lo importante, el Gobierno que presido velará por el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos legales que deben cumplir este tipo de plantas para que pueda entrar en funcionamiento y velará porque el resto de actividades que se desarrollan en la Ría de Ferrol no se vean afectadas por la actividad de Reganosa.

Pregunta.- Algunos responsables políticos de la región han admitido que el emplazamiento actual no es el más idóneo. ¿Es cierto que había una alternativa, el Puerto Exterior de la Ría, que se inaugura este año?

Respuesta.- Es cierto, y el partido al que pertenezco, el PSdeG-PSOE, siempre defendió la ubicación de la planta de gas en Prioriño. No obstante, el anterior Gobierno, del PP, decidió que debía emplazarse en Mugardos, enfrentándose con ello a la apertura de varias causas judiciales, que siguen abiertas. Pero, insisto, la planta está construida, tiene los permisos en regla y, más allá de esta polémica, creo que Galicia debe aprender de los errores del pasado, mirar al futuro y adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la ría de Ferrol, evitar todo impacto negativo y aprovechar las posibilidades de desarrollo que abre Reganosa.

Energía Diario.- ¿Por qué no se quiere dar independencia desde el Gobierno a los órganos reguladores?

Xavier Albistur.- Yo fui ponente tanto de la Ley de Hidrocarburos como la del Sector Eléctrico en los años 97, 98 y 99. Nosotros propusimos desde el primer momento que la Comisión Nacional de Energía fuese un ente regulador autónomo, independiente, nombrado por el Parlamento. Ni el PP ni el PSOE quisieron entonces aquello, que proponía también CiU. Lo que no se quiere reconocer es el papel de un órgano regulador de estas características.

Todavía hay un viejo espíritu intervencionista en el sector eléctrico. Es gravísimo, a mi modo de ver, confundir control con intervención, que son cuestiones y conceptos diferentes. El control se puede ejercer mediante el cumplimiento de la ley y mediante la vigilancia del ente regulador, tanto del Parlamento como del propio Gobierno. Pero lo que se ha producido en el ámbito de la energía es una clara intervención. Antes PP y ahora PSOE, no han querido renunciar a esa capacidad de intervención, que se manifiesta a través de la forma en que se ha legislado en los últimos años.

Energía Diario.- A su juicio, ¿por qué se legisla desde el Ministerio de Industria a base de Decretos Leyes, sucesivamente, desde hace cuatro o cinco años en cuestiones que ni siquiera se aplican, y que no pasan por el Parlamento?

Xavier Albistur.- Ésa es precisamente una de las muestras más destacadas de ese espíritu intervencionista. Si muchos de esos reales decretos pasaran por el Parlamento, serían sometidos a enmiendas. Y no sólo eso, sino que serían sometidos a modificaciones y a un debate importante, que no se hurte al Parlamento. Se trata de que las modificaciones y cambios que se produzcan en el marco de un sector tan importante se realicen a través de las modificaciones de las leyes correspondientes.

El mecanismo del Decreto Ley supone querer pasar de puntillas por lo que suponen e implican estas modificaciones, con la menor intervención Parlamentaria posible y, consiguientemente, con el menor control y conocimiento público de la sociedad. El (Gobierno) que quiere intervenir no quiere que haya control, y eso es lo que viene sucediendo en este caso.

Energía Diario.- El PNV tiene una tradición industrialista muy importante. Desde ese origen, si tenemos que elegir entre la palabra liberalización o intervencionismo, está claro que nos quedamos con la primera…

Xavier Albistur.- Por supuesto que sí. Entendemos que la intervención pública no tiene hoy más sentido que garantizar el carácter de servicio universal de este sector. Y que una vez garantizado eso, después se produzca la garantía de suministro y la calidad de ese suministro. Ése es el papel que le corresponde a la Administración. Y sobre todo, que no se produzcan abusos de posición dominante.

El resto tiene que ser el mercado quien lo estructure. Hoy tenemos una energía cada vez más cara, que no está pagada con los precios reales que reflejan las tarifas. No hay una cultura de ahorro energético, y no hay una cultura de costes relativa a la energía. Los consumidores tendremos que acostumbrarnos a competir en el mercado, también a la hora de adquirir y buscar a quien nos ofrezca la mejor energía al mejor precio posible, encontrándo la mejor relación calidad-precio. Esa competencia hay que fomentarla y facilitarla en el mercado. Y es necesario garantizar al consumidor la posibilidad de que pueda elegir. Habrá que buscar el asociacionismo para comprar esa energía en cantidades suficientes para mejorar los precios (como en el caso de los grandes consumidores), y habrá que adoptar posiciones diferentes de las que estamos hoy día en nuestra casa, accediendo a la energía de forma inconsciente. Los tiempos empiezan a cambiar de forma radical. Y tendremos que buscar las soluciones de carácter energético que en el caso de lo que se denomina la construcción sostenible ya se están implantando.

Energía Diario.- Como Vd. sabe, el Tribunal Constitucional ha anulado recientemente la reforma laboral del Gobierno anterior, que se realizó a través de un Decreto Ley, en el que no se apreciaron los requisitos de urgencia ¿cree que puede ocurrir lo mismo con la actuación del Ministerio de Industria, en concreto en el ámbito de la energía y que se pueda evitar o refrenar, la utilización indebida de esta figura legislativa?

Xavier Albistur.- Sí, así debería ser, pero lamentablemente, sólo si hay quien lleva sus iniciativas hasta el Tribunal Constitucional se puede ver el efecto de esta sentencia, es decir, será necesario que se invoque jurídicamente de forma expresa. Si no, no creo que se incorpore en la actuación del ejecutivo este automatismo de forma que desde el Gobierno se modifique unilateralmente su comportamiento por la existencia de esta doctrina.

Energía Diario.- Recientemente se ha aprobado la reforma del R.D. 436/2004 sobre energías renovables y en régimen especial ¿Cuál es su valoración de la misma y considera que la fórmula debería haber tenido una participación mayor de los distintos grupos parlamentarios?

Xavier Albistur.- Por supuesto. Ha habido tiempo para ello, tanto en el caso del Decreto de régimen especial como en las dos directivas. Por eso me refería anteriormente a esas promesas de diálogo que no se han cumplido con este Gobierno. El PP, cuando hizo la ley del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos tuvo muchísima más sensibilidad y contacto con los partidos políticos de la que está teniendo ahora el Gobierno. Aquí no ha habido interés alguno en tener ese diálogo. Y se ha escuchado muy poco. No digo que no haya habido conversaciones y no haya habido contactos, que los ha habido. Pero no se corresponden, en ningún caso, con el fruto que se ha obtenido.

En primer lugar, la eterna promesa de una mejora -más que renovación- del Real Decreto 436, inicialmente no estaba planteada para modificar la situación de la fotovoltaica y la eólica, ni las primas a su producción, sino para completar cuestiones pendientes de resolver, exclusivamente. Por ejemplo, la cuestión de purines para el ganado porcino, pero también para el vacuno. Y precisamente esta ha sido una iniciativa del Senado que no se ha llevado finalmente a la práctica en lo que ha aprobado el Ministerio de Industria. Y en segundo lugar, la cuestión de la biomasa, está pésimamente mal tratada en el decreto que se ha publicado. Por tanto, las motivaciones iniciales que provocaron la modificación del R.D. 436/2004, no son las que han primado en la propuesta final, ni mucho menos, y siguen, por tanto, vigentes.

¿Qué ha pasado?. El proceso ha acabado por transformarse en una disquisición ideológica, en un debate sobre si se tratan de sectores especulativos o no. Ha sido un proceso verdaderamente kafkiano, que ha culminado en un Decreto que, por lo menos, deja las cosas bien, “aparentemente hablando” con respecto a la retroactividad. En eso se ha avanzado ciertamente con respecto a los primeros borradores. No obstante, evidentemente, la posibilidad de cambiar cada cuatro años de marco retributivo es el punto más débil de esta reforma. Nuestra percepción es que en el sector eólico existe un cierto grado de insatisfacción, pero en el conjunto de las energías renovables parece que hay un cierto grado de satisfacción con el resultado.

Energía Diario.- ¿Qué nos puede decir sobre la posibilidad de que la Comisión Nacional de Energía se trasladase a Bilbao, una cuestión de la que se viene hablando recientemente?

Xavier Albistur.- Nosotros hemos venido reclamando esta posibilidad. La consejera de Industria y Energía del Gobierno Vasco, y yo en su nombre, pedimos a José Montilla, en su día, la posibilidad de que la sede de la CNE se trasladara a Bilbao, lo que sería un hecho absolutamente normal y posiblemente contribuiría a que la CNE tuviese ese carácter mucho más independiente que defendemos. Y aparte de todo eso, favorecería la puesta en marcha de una España plural y policéntrica, que es lo que hay que buscar.

Energía Diario.- ¿Cuál es el papel que a su juicio se debe reservar a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la energía?

Xavier Albistur.- Creemos que lo que se debe reconocer a las CCAA es su facultad de participar en la planificación energética del Estado, y además de eso, aportar aquellos criterios que son necesidad de su Comunidad, que nadie más que ella misma le va a garantizar. El estado no puede decidir que en tal Comunidad vaya una central, un tipo de distribución u otra serie de cosas. Otra cuestión es la necesidad de coordinar la suma de iniciativas de las diferentes Comunidades Autónomas, y en este sentido, habrá que buscar un equilibrio para que no se produzca un exceso de capacidad instalada, sino que haya la capacidad instalada necesaria. Pero cada comunidad sabe cuál es el sistema de generación que necesita, cuál es el más barato y razonable para su territorio, condiciones medioambientales y de su propia población.

En la coordinación, interrelación entre las comunidades tendremos que tener en cuenta cuestiones en el ámbito de la distribución como que una línea salga de una comunidad, entre en otra, etc… En todo eso, el Estado tiene que tener un papel de diálogo, de coordinación, de cooperación y bajo la aplicación de un instrumento, la planificación energética. Para cuestiones referidas a permisos y autorizaciones, la ley ya establecía un rango de competencias que creo que son suficientes, y todavía válidas, que merece la pena mantener.

Pero el papel activo de las Comunidades Autónomas hay que reconocerlo. En el País Vasco hemos llegado a ser dependientes energéticamente hasta en un 80% de otras comunidades, aunque actualmente estamos en la mitad. Hay provincias como Guipúzcoa, a la que si se cierra la única central que tiene, la térmica del Pasaya, de 128 MW, no produce energía, y dependerá plenamente de la que provenga de Navarra, de Vizcaya, o de Francia. Esa situación no es admisible, cuando hay la posibilidad de instalar un ciclo combinado que garantice en un momento determinado el suministro a una provincia que tiene por lo menos una necesidad de más de 3.000 o 4.000 MW.

Energía Diario.- Hablemos también del sector y de las empresas. Como representante del Partido Nacionalista Vasco(PNV), como valora el proceso que ha llevado a cabo una energética de origen vasco como Iberdrola en el marco del proceso de concentración en el sector eléctrico y de su internacionalización, con la adquisición de Scottish Power. ¿Cómo valora la situación corporativa del mercado ahora mismo?

Xavier Albistur.- Ésa es una pregunta de difícil respuesta. Creo que Iberdrola tomó una decisión muy inteligente. Fue consciente de que no podía crecer en España y optó por crecer en el exterior, sobre todo porque el futuro está en el reforzamiento de las empresas. Los mercados se globalizan, el mercado energético necesariamente se está haciendo europeo, querámoslo o no, aunque nosotros sigamos siendo una isla, y las sociedades, para poder seguir invirtiendo y renovándose en el sector energético, van a precisar muchos recursos, sobre todo financieros Y eso sólo se consigue teniendo una dimensión determinada, una gran fortaleza. Desde el punto de vista de la actuación de Iberdrola, no sólo ha sido correctísima, sino inteligente. Desde el punto de vista de una empresa radicada en España, nosotros siempre vamos a tratar que Iberdrola siga manteniendo su identidad de empresa vasca y radicada con su sede social en Bilbao. Eso ha sido beneficioso para Iberdrola y también para la economía vasca. Nos parece muy importante que una empresa vasca tenga esa dimensión, porque eso supone unas sinergias importantes a la economía y al desarrollo económico del País Vasco.

Energía Diario.- Hablemos de las redes ¿Tienen identificados problemas, de suministro, en determinados ámbitos territoriales debido a las distribución eléctrica en Euskadi?

Xavier Albistur.- En nuestro caso, en el caso del País Vasco, no tanto como en otros puntos concretos en que hay identificados problemas con las redes. Pero sí sería preciso modificar casos como el de la central que he citado en Guipúzcoa, que además de contaminar es insuficiente para la demanda actual, por lo que hay que buscar nuevas ubicaciones. En este sentido, se pueden aprovechar nuevas infraestructuras como el puerto de Pasajes, poder hacer en el exterior una central de ciclo combinado, más toda la generación eólica que se pueda instalar.

En redes, lo fundamental es acabar de mallar la distribución, algo que hasta el momento estaba incompleto. La gran red de distribución que se acaba de aprobar, por fin, después de casi doce años, la Penagos-Güeñes, de más de cien kilómetros, no permitía que la energía que generada en Vizcaya pueda salir hacia Cantabria y Castilla. Parece que eso se va a poder hacer ahora. Yo diría que lo mismo ocurre respecto a la creación de otro nuevo centro de distribución, otra nueva red de distribución de conexión con Francia, que de alguna manera hay que realizarla.

España tiene solamente dos grandes líneas de conexión con el exterior, la que está en la Junquera y la que está en Hernani, Oiartzun. Tiene que haber más alternativas de conexión.

Energía Diario.- ¿Por qué se está retrasando tanto las conexiones con Francia?

Xabier Albistur.- Por un lado, por problemas en el ámbito bilateral con Francia. A ellos no les interesa, porque en el sudoeste francés no tienen necesidad de realización de estas inversiones (entre Bayona y Toulouse, hasta Montpellier es prácticamente un desierto, salvo tres o cuatro ciudades), no les resulta rentable. Y, por otro, en España tenemos un problema muy grave, que es elegir por qué parte del Pirineo se pasa, y para ello es necesario llegar a un acuerdo con alguien, en concreto con sus implicados. Hay que negociar con los vecinos, con los Ayuntamientos, con Medio Ambiente. Hay que planteárselo y gestionarlo bien, pero gestionarlo ya.