Bruselas pospone la decisión sobre el nuevo régimen de uso del carbón en España

El Ejecutivo de la Unión Europea ha tomado una decisión sobre la reforma del reglamento que regula la concesión de ayudas públicas al sector del carbón en Europa, pero no se ha pronunciado sobre el nuevo régimen español.

Bruselas tiene que decidir si el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, en el que se da prioridad al uso del carbón nacional en el mercado eléctrico, es o no compatible con la legislación comunitaria.

En rueda de prensa, una portavoz de la Comisión ha asegurado que la decisión del Colegio de comisarios sobre el asunto «necesita más preparación», y no figuraba en la agenda. «La decisión ha sido pospuesta hasta después de las vacaciones«, ha precisado otro portavoz.

El real decreto pretende forzar a las compañías eléctricas a dar preferencia en la entrada del mix energético al carbón autóctono, para dar salida al carbón que se acumula en las cuencas españolas y aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.

Bruselas propone prorrogar lasayudas a las minas deficitarias hasta 2014

Por el contrario, la Comisión Europea ha decidido proponer una prórroga sólo hasta 2014 de las ayudas públicas al funcionamiento para las minas de hulla deficitarias dentro de la Unión Europea.

Después de un intenso debate, el Ejecutivo de la Unión Europea ha acordado su propuesta de revisión del reglamento que regula las ayudas estatales al sector del carbón, que expira a finales de año.

Contrariamente a lo que preveían algunos borradores, donde se contemplaba la posibilidad de que Bruselas siguiera autorizando ciertos subsidios hasta finales de 2022, la propuesta aprobada sólo prevé una prórroga de las ayudas públicas hasta el 15 de octubre de 2014, ha dejado claro el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia.

Cualquier ayuda de funcionamiento adicional al sector quedará supeditada a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias, lo que no era el caso hasta ahora. Este plan de cierre tendría que centrarse en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de carbono, para mitigar los efectos ambientales negativos de las ayudas al carbón.

Los estados afectados, esencialmente Alemania, España y Polonia, podrán «colaborar en la orientación y la formación de los trabajadores afectados y garantizar que los yacimientos mineros son seguros y se limpian correctamente».

«No debe haber ninguna duda al respecto. Las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No solo es una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad«, explica el comisario Almunia.

«La Comisión sólo autorizará ayudas de funcionamiento a aquellas empresas mineras que dispongan de un plan de cierre, y las subvenciones deben dirigirse de forma creciente a sufragar los costes sociales y ambientales del cierre», precisa Almunia.

En virtud del reglamento propuesto, que tiene que ser aprobado por los ministros de la Unión Europea, las subvenciones de funcionamiento tendrán que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses.

En caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendrá que devolver las ayudas al Estado.

La ayuda total concedida al sector hullero ha quedado reducida a la mitad, es decir, de los 6.400 millones de euros de 2003 se ha pasado a los 2.900 millones en 2008.

Las ayudas a la producción han descendido en un 62%, hasta los 1.288 millones del total en el mismo periodo, a medida que se ha ido destinando una proporción cada vez mayor a cubrir los costes sociales y ambientales del cierre de las explotaciones.

La Comisión Europea argumenta que prohibir las ayudas de funcionamiento a partir de finales de 2010, cuando expira el reglamento actualmente en vigor, habría tenido «terribles consecuencias sociales y económicas para una serie de regiones».

El sector da trabajo a unas 100 000 personas en Europa: 42.000 en el sector hullero propiamente dicho y más de 55.000 en industrias afines.

Bruselas pospone la decisión sobre el nuevo régimen de uso del carbón en España

El Ejecutivo de la Unión Europea ha tomado una decisión sobre la reforma del reglamento que regula la concesión de ayudas públicas al sector del carbón en Europa, pero no se ha pronunciado sobre el nuevo régimen español.

Bruselas tiene que decidir si el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, en el que se da prioridad al uso del carbón nacional en el mercado eléctrico, es o no compatible con la legislación comunitaria.

En rueda de prensa, una portavoz de la Comisión ha asegurado que la decisión del Colegio de comisarios sobre el asunto «necesita más preparación», y no figuraba en la agenda. «La decisión ha sido pospuesta hasta después de las vacaciones«, ha precisado otro portavoz.

El real decreto pretende forzar a las compañías eléctricas a dar preferencia en la entrada del mix energético al carbón autóctono, para dar salida al carbón que se acumula en las cuencas españolas y aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.

Bruselas propone prorrogar lasayudas a las minas deficitarias hasta 2014

Por el contrario, la Comisión Europea ha decidido proponer una prórroga sólo hasta 2014 de las ayudas públicas al funcionamiento para las minas de hulla deficitarias dentro de la Unión Europea.

Después de un intenso debate, el Ejecutivo de la Unión Europea ha acordado su propuesta de revisión del reglamento que regula las ayudas estatales al sector del carbón, que expira a finales de año.

Contrariamente a lo que preveían algunos borradores, donde se contemplaba la posibilidad de que Bruselas siguiera autorizando ciertos subsidios hasta finales de 2022, la propuesta aprobada sólo prevé una prórroga de las ayudas públicas hasta el 15 de octubre de 2014, ha dejado claro el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia.

Cualquier ayuda de funcionamiento adicional al sector quedará supeditada a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias, lo que no era el caso hasta ahora. Este plan de cierre tendría que centrarse en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de carbono, para mitigar los efectos ambientales negativos de las ayudas al carbón.

Los estados afectados, esencialmente Alemania, España y Polonia, podrán «colaborar en la orientación y la formación de los trabajadores afectados y garantizar que los yacimientos mineros son seguros y se limpian correctamente».

«No debe haber ninguna duda al respecto. Las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No solo es una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad«, explica el comisario Almunia.

«La Comisión sólo autorizará ayudas de funcionamiento a aquellas empresas mineras que dispongan de un plan de cierre, y las subvenciones deben dirigirse de forma creciente a sufragar los costes sociales y ambientales del cierre», precisa Almunia.

En virtud del reglamento propuesto, que tiene que ser aprobado por los ministros de la Unión Europea, las subvenciones de funcionamiento tendrán que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses.

En caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendrá que devolver las ayudas al Estado.

La ayuda total concedida al sector hullero ha quedado reducida a la mitad, es decir, de los 6.400 millones de euros de 2003 se ha pasado a los 2.900 millones en 2008.

Las ayudas a la producción han descendido en un 62%, hasta los 1.288 millones del total en el mismo periodo, a medida que se ha ido destinando una proporción cada vez mayor a cubrir los costes sociales y ambientales del cierre de las explotaciones.

La Comisión Europea argumenta que prohibir las ayudas de funcionamiento a partir de finales de 2010, cuando expira el reglamento actualmente en vigor, habría tenido «terribles consecuencias sociales y económicas para una serie de regiones».

El sector da trabajo a unas 100 000 personas en Europa: 42.000 en el sector hullero propiamente dicho y más de 55.000 en industrias afines.

Bruselas aprueba una ayuda de 8,5 millones de euros para un parque solar en Puertollano

La Comisión Europea consideró que este subsidio estatal es compatible con la normativa comunitaria y recalcó que los efectos positivos de este proyecto, que requerirá una inversión total de 219 millones de euros, superan las posibles distorsiones sobre la competencia que podría causar, según informó el organismo.

«Se espera que este proyecto de inversión cree 400 nuevos puestos de trabajo en Puertollano que contribuirán al desarrollo de la región, sin afectar excesivamente a la competencia», afirmó el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

La Comisión Europea recordó además que España ya concedió otra ayuda de 20,9 millones al mismo proyecto.

Silicio Solar SAU -propiedad de la empresa holandesa Pillar BV- está ampliando su emplazamiento en Puertollano con la construcción de esta segunda planta para la construcción de discos solares, un componente de las células con las que se construyen los paneles solares.

La Comisión Europea señaló que el paquete de ayudas está en línea con las reglas comunitarias, ya que no supera el límite establecido para las ayudas regionales a proyectos de gran inversión y Silicio Solar SAU mantendrá su cuota en el mercado mundial de los discos solares por debajo del 25 por ciento.

También recalcó que contribuirá al desarrollo del área de Puertollano, una zona considerada, según los parámetros de la Unión Europea, dentro de las regiones que presentan altas tasas de desempleo y estándares de vida considerado anormales.

Por otra parte, la Comisión Europea autorizó también una ayuda regional de inversión por valor de 17 millones de euros para la compañía Solibro GmbH, con la que se financiará la ampliación de sus instalaciones destinadas a la producción de módulos solares que tiene en Bitterfeld-Wolfen, en el oeste de Alemania.

Solibro ya recibió una ayuda del Estado alemán en 2007 destinada a la construcción de su primera planta de producción de módulos solares en esta zona, por lo que la Comisión Europea recordó que la normativa europea prevé una reducción progresiva de las ayudas regionales para grandes proyectos, ya que estos «sufren menos por las desventajas regionales que los proyectos de menor envergadura».

Este proyecto de ampliación, que comenzó en 2008 y se estima que se termine a finales de este año, supondrá en total una inversión total de 142 millones de euros y se espera que cree al menos 260 nuevos trabajos en la región.

Bruselas aprueba una ayuda de 8,5 millones de euros para un parque solar en Puertollano

La Comisión Europea consideró que este subsidio estatal es compatible con la normativa comunitaria y recalcó que los efectos positivos de este proyecto, que requerirá una inversión total de 219 millones de euros, superan las posibles distorsiones sobre la competencia que podría causar, según informó el organismo.

«Se espera que este proyecto de inversión cree 400 nuevos puestos de trabajo en Puertollano que contribuirán al desarrollo de la región, sin afectar excesivamente a la competencia», afirmó el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

La Comisión Europea recordó además que España ya concedió otra ayuda de 20,9 millones al mismo proyecto.

Silicio Solar SAU -propiedad de la empresa holandesa Pillar BV- está ampliando su emplazamiento en Puertollano con la construcción de esta segunda planta para la construcción de discos solares, un componente de las células con las que se construyen los paneles solares.

La Comisión Europea señaló que el paquete de ayudas está en línea con las reglas comunitarias, ya que no supera el límite establecido para las ayudas regionales a proyectos de gran inversión y Silicio Solar SAU mantendrá su cuota en el mercado mundial de los discos solares por debajo del 25 por ciento.

También recalcó que contribuirá al desarrollo del área de Puertollano, una zona considerada, según los parámetros de la Unión Europea, dentro de las regiones que presentan altas tasas de desempleo y estándares de vida considerado anormales.

Por otra parte, la Comisión Europea autorizó también una ayuda regional de inversión por valor de 17 millones de euros para la compañía Solibro GmbH, con la que se financiará la ampliación de sus instalaciones destinadas a la producción de módulos solares que tiene en Bitterfeld-Wolfen, en el oeste de Alemania.

Solibro ya recibió una ayuda del Estado alemán en 2007 destinada a la construcción de su primera planta de producción de módulos solares en esta zona, por lo que la Comisión Europea recordó que la normativa europea prevé una reducción progresiva de las ayudas regionales para grandes proyectos, ya que estos «sufren menos por las desventajas regionales que los proyectos de menor envergadura».

Este proyecto de ampliación, que comenzó en 2008 y se estima que se termine a finales de este año, supondrá en total una inversión total de 142 millones de euros y se espera que cree al menos 260 nuevos trabajos en la región.

Bruselas aprueba una ayuda de 8,5 millones de euros para un parque solar en Puertollano

La Comisión Europea consideró que este subsidio estatal es compatible con la normativa comunitaria y recalcó que los efectos positivos de este proyecto, que requerirá una inversión total de 219 millones de euros, superan las posibles distorsiones sobre la competencia que podría causar, según informó el organismo.

«Se espera que este proyecto de inversión cree 400 nuevos puestos de trabajo en Puertollano que contribuirán al desarrollo de la región, sin afectar excesivamente a la competencia», afirmó el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

La Comisión Europea recordó además que España ya concedió otra ayuda de 20,9 millones al mismo proyecto.

Silicio Solar SAU -propiedad de la empresa holandesa Pillar BV- está ampliando su emplazamiento en Puertollano con la construcción de esta segunda planta para la construcción de discos solares, un componente de las células con las que se construyen los paneles solares.

La Comisión Europea señaló que el paquete de ayudas está en línea con las reglas comunitarias, ya que no supera el límite establecido para las ayudas regionales a proyectos de gran inversión y Silicio Solar SAU mantendrá su cuota en el mercado mundial de los discos solares por debajo del 25 por ciento.

También recalcó que contribuirá al desarrollo del área de Puertollano, una zona considerada, según los parámetros de la Unión Europea, dentro de las regiones que presentan altas tasas de desempleo y estándares de vida considerado anormales.

Por otra parte, la Comisión Europea autorizó también una ayuda regional de inversión por valor de 17 millones de euros para la compañía Solibro GmbH, con la que se financiará la ampliación de sus instalaciones destinadas a la producción de módulos solares que tiene en Bitterfeld-Wolfen, en el oeste de Alemania.

Solibro ya recibió una ayuda del Estado alemán en 2007 destinada a la construcción de su primera planta de producción de módulos solares en esta zona, por lo que la Comisión Europea recordó que la normativa europea prevé una reducción progresiva de las ayudas regionales para grandes proyectos, ya que estos «sufren menos por las desventajas regionales que los proyectos de menor envergadura».

Este proyecto de ampliación, que comenzó en 2008 y se estima que se termine a finales de este año, supondrá en total una inversión total de 142 millones de euros y se espera que cree al menos 260 nuevos trabajos en la región.

Bruselas aprueba establecer una plataforma común de subasta de derechos de CO2

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) podrán coexistir varias plataformas, conforme a este modelo, lo que «da solidez al sistema, evita una situación de monopolio y reduce el impacto en caso de disfunción de una plataforma».

Además, ha destacado la simplicidad del diseño de las subastas, la predictibilidad y transparencia, y el establecimiento de un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir eficazmente el abuso de mercado, el blanqueo de dinero u otras formas de fraude.

En ese sentido, indica que España había venido defendiendo a lo largo de la negociación del Reglamento que se admitiese esta posibilidad, frente a un enfoque de plataforma única promovido por otros Estados miembros.

«Se permitirá la participación directa en las subastas a los titulares de instalaciones y operadores aéreos afectados por el comercio de derechos de emisión, así como a las empresas de inversión y entidades de crédito debidamente autorizadas«, añade.

Asimismo, explica que este borrador de texto deberá ahora remitirse al Consejo y Parlamento Europeo para obtener el visto bueno definitivo, y que si se cumplen las previsiones, el reglamento se podría adoptar dentro de unos tres meses. Entonces los Estados miembros deberán decidir si subastan sus derechos de emisión a través de la plataforma común o designan una plataforma propia para ello. En todo caso el MARM ha indicado que los trabajos de puesta en marcha deberán empezar «de forma inmediata».

La directiva 2009/29/CE de revisión del régimen general de comercio de derechos de emisión introduce la subasta como método principal de asignación de los derechos de emisión a partir de 2013. Se estima que en el período 2013-2020 podrían subastarse en toda la Unión Europea una media de aproximadamente 1000 millones de derechos cada año.

Asimismo, la directiva 2008/101/CE, por la que se incluye la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir de 2012, prevé que una parte de los derechos para la aviación (15%) se asignen mediante subasta.

Bruselas aprueba establecer una plataforma común de subasta de derechos de CO2

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) podrán coexistir varias plataformas, conforme a este modelo, lo que «da solidez al sistema, evita una situación de monopolio y reduce el impacto en caso de disfunción de una plataforma».

Además, ha destacado la simplicidad del diseño de las subastas, la predictibilidad y transparencia, y el establecimiento de un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir eficazmente el abuso de mercado, el blanqueo de dinero u otras formas de fraude.

En ese sentido, indica que España había venido defendiendo a lo largo de la negociación del Reglamento que se admitiese esta posibilidad, frente a un enfoque de plataforma única promovido por otros Estados miembros.

«Se permitirá la participación directa en las subastas a los titulares de instalaciones y operadores aéreos afectados por el comercio de derechos de emisión, así como a las empresas de inversión y entidades de crédito debidamente autorizadas«, añade.

Asimismo, explica que este borrador de texto deberá ahora remitirse al Consejo y Parlamento Europeo para obtener el visto bueno definitivo, y que si se cumplen las previsiones, el reglamento se podría adoptar dentro de unos tres meses. Entonces los Estados miembros deberán decidir si subastan sus derechos de emisión a través de la plataforma común o designan una plataforma propia para ello. En todo caso el MARM ha indicado que los trabajos de puesta en marcha deberán empezar «de forma inmediata».

La directiva 2009/29/CE de revisión del régimen general de comercio de derechos de emisión introduce la subasta como método principal de asignación de los derechos de emisión a partir de 2013. Se estima que en el período 2013-2020 podrían subastarse en toda la Unión Europea una media de aproximadamente 1000 millones de derechos cada año.

Asimismo, la directiva 2008/101/CE, por la que se incluye la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir de 2012, prevé que una parte de los derechos para la aviación (15%) se asignen mediante subasta.

Bruselas aprueba establecer una plataforma común de subasta de derechos de CO2

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) podrán coexistir varias plataformas, conforme a este modelo, lo que «da solidez al sistema, evita una situación de monopolio y reduce el impacto en caso de disfunción de una plataforma».

Además, ha destacado la simplicidad del diseño de las subastas, la predictibilidad y transparencia, y el establecimiento de un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir eficazmente el abuso de mercado, el blanqueo de dinero u otras formas de fraude.

En ese sentido, indica que España había venido defendiendo a lo largo de la negociación del Reglamento que se admitiese esta posibilidad, frente a un enfoque de plataforma única promovido por otros Estados miembros.

«Se permitirá la participación directa en las subastas a los titulares de instalaciones y operadores aéreos afectados por el comercio de derechos de emisión, así como a las empresas de inversión y entidades de crédito debidamente autorizadas«, añade.

Asimismo, explica que este borrador de texto deberá ahora remitirse al Consejo y Parlamento Europeo para obtener el visto bueno definitivo, y que si se cumplen las previsiones, el reglamento se podría adoptar dentro de unos tres meses. Entonces los Estados miembros deberán decidir si subastan sus derechos de emisión a través de la plataforma común o designan una plataforma propia para ello. En todo caso el MARM ha indicado que los trabajos de puesta en marcha deberán empezar «de forma inmediata».

La directiva 2009/29/CE de revisión del régimen general de comercio de derechos de emisión introduce la subasta como método principal de asignación de los derechos de emisión a partir de 2013. Se estima que en el período 2013-2020 podrían subastarse en toda la Unión Europea una media de aproximadamente 1000 millones de derechos cada año.

Asimismo, la directiva 2008/101/CE, por la que se incluye la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir de 2012, prevé que una parte de los derechos para la aviación (15%) se asignen mediante subasta.

La Comisión Europea defiende una moratoria para las nuevas perforaciones petroleras

Günther Oettinger, que dejó claro que la Comisión Europea no tiene competencia para decretar esa moratoria, considera que esa paralización de los permisos, similar a la que se decretó en Estados Unidos tras el accidente, sería «una buena idea».

Según el comisario, la moratoria podría «ir en interés de las compañías», pues «luego habría nueva legislación, unos estándares más éticos y nueva confianza en las compañías».

La catástrofe en el golfo de México ha llevado a Bruselas a iniciar una revisión de las normas que regulan las perforaciones en Europa, una legislación que es necesario «mejorar», según Oettinger.

«Hay que buscar mejoras continuas, no puede haber complacencia en materia de seguridad«, subrayó.

«Noruega, nuestro principal socio en el mar del Norte, ha establecido una moratoria. Creo que lo que es bueno para Noruega debería ser bueno también para los Estados miembros de la Unión Europea«, destacó Oettinger. En la actualidad, son los Gobiernos nacionales y no la Unión Europea los que tienen el poder para imponer la moratoria.

En la misma línea, el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, dejó claro que tras el desastre frente a las costas estadounidenses «no hacer nada no es una opción».

Los dos comisarios hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar en el momento en el que se otorgan las licencias para perforar que las compañías son capaces de hacer frente a un posible accidente, tanto desde el punto de vista técnico como desde el económico para cumplir con el principio de «quien contamina paga».

La industria rechaza una moratoria y ve suficiente la seguridad

Por su parte, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP) rechazó la petición de la Comisión Europea de imponer una moratoria sobre nuevas perforaciones en alta mar en la Unión Europea por considerar que el nivel de seguridad es suficiente.

«La industria considera que en Europa tenemos un sistema que proporciona un nivel de seguridad aceptable en las circunstancias en las que hemos aprendido a operar. Por ello, aunque creemos que se extraerán algunas lecciones de lo ocurrido en el Golfo de México, no hemos encontrado debilidades que justifiquen detener las operaciones«, explicó el director ejecutivo de la OGP, Michael Engell-Jensen, tras reunirse con representantes del Ejecutivo comunitario.

«Nuestra recomendación es que se continúen tramitando las solicitudes (de perforaciones) como se ha hecho en el pasado. Obviamente, aceptados que los controles serán incluso más estrictos que antes», dijo.

La Comisión Europea defiende una moratoria para las nuevas perforaciones petroleras

Günther Oettinger, que dejó claro que la Comisión Europea no tiene competencia para decretar esa moratoria, considera que esa paralización de los permisos, similar a la que se decretó en Estados Unidos tras el accidente, sería «una buena idea».

Según el comisario, la moratoria podría «ir en interés de las compañías», pues «luego habría nueva legislación, unos estándares más éticos y nueva confianza en las compañías».

La catástrofe en el golfo de México ha llevado a Bruselas a iniciar una revisión de las normas que regulan las perforaciones en Europa, una legislación que es necesario «mejorar», según Oettinger.

«Hay que buscar mejoras continuas, no puede haber complacencia en materia de seguridad«, subrayó.

«Noruega, nuestro principal socio en el mar del Norte, ha establecido una moratoria. Creo que lo que es bueno para Noruega debería ser bueno también para los Estados miembros de la Unión Europea«, destacó Oettinger. En la actualidad, son los Gobiernos nacionales y no la Unión Europea los que tienen el poder para imponer la moratoria.

En la misma línea, el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, dejó claro que tras el desastre frente a las costas estadounidenses «no hacer nada no es una opción».

Los dos comisarios hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar en el momento en el que se otorgan las licencias para perforar que las compañías son capaces de hacer frente a un posible accidente, tanto desde el punto de vista técnico como desde el económico para cumplir con el principio de «quien contamina paga».

La industria rechaza una moratoria y ve suficiente la seguridad

Por su parte, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP) rechazó la petición de la Comisión Europea de imponer una moratoria sobre nuevas perforaciones en alta mar en la Unión Europea por considerar que el nivel de seguridad es suficiente.

«La industria considera que en Europa tenemos un sistema que proporciona un nivel de seguridad aceptable en las circunstancias en las que hemos aprendido a operar. Por ello, aunque creemos que se extraerán algunas lecciones de lo ocurrido en el Golfo de México, no hemos encontrado debilidades que justifiquen detener las operaciones«, explicó el director ejecutivo de la OGP, Michael Engell-Jensen, tras reunirse con representantes del Ejecutivo comunitario.

«Nuestra recomendación es que se continúen tramitando las solicitudes (de perforaciones) como se ha hecho en el pasado. Obviamente, aceptados que los controles serán incluso más estrictos que antes», dijo.