La colocación del déficit de tarifa en plena volatilidad de mercados tendrá un alto coste

El déficit de tarifa es una deuda de más de 13.500 millones de euros provocada porque los costes del sistema eléctrico son superiores a los ingresos, y debe ser pagada por los consumidores de electricidad. Con la titulización en los mercados, los consumidores pasarán de devolver esta deuda a las eléctricas a hacerlo a los compradores de bonos.

Los analistas de Merrill Lynch se preguntan si la demanda de los bonistas será suficiente para colocar antes de fin de año un primer tramo de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, y si el Gobierno está dispuesto a asumir un tipo de interés del 5%, «mientras hace un par de meses era cercano al 4%».

Estos analistas muestran además su «preocupación» ante los problemas «estructurales» del sistema eléctrico, que hacen que el déficit «siga creciendo debido a la falta de incremento de las tarifas de accceso» de la luz. «El mayor diferencial en el tipo de interés del bono podría elevar aun más los costes del sistema y con ello aumentar el déficit», añaden.

Para Nomura, el registro en la CMNV del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (Fade) es una buena noticia para las eléctricas, especialmente para Iberdrola, pero se produce en un momento de «elevado riesgo soberano y volatilidad en los mercados».

«Seguimos teniendo la esperanza de que haya una colocación antes de fin de año», pero «habrá presión al sondear a los mercados durante los próximos diez días, antes de que se tranquilicen antes de las vacaciones de Navidad», afirma. «El ambiente actual», añade, «está lejos de ser benigno».

Por su parte, Credit Suisse cita como aspecto negativo la «volatilidad del mercado», pero destaca el «compromiso de las partes para realizar la emisión». Además, recuerda que los bonos tendrán una vida de entre uno y 16 años.

Por último, los analistas de JP Morgan atribuyen los riesgos de la operación a la «crisis macroeconómica» y duda de si los mercados tendrán capacidad para afrontar la emisión. «La incertidumbre consiste ahora en saber si los mercados estarán abiertos a cualquier colocación», advierten.

La Comisión Europea da un ultimátum a España para que cumpla sobre la eficiencia energética en los edificios

El Ejecutivo comunitario considera que España no ha adoptado aún un método de cálculo de la eficiencia energética ni un sistema de certificación aplicable a todos los edificios ya existentes, según explicó en un comunicado.

Asimismo, destaca que el sistema español de inspección de las calderas no abarca las instalaciones ya existentes antes de la entrada en vigor de la legislación.

En el caso de Italia, considera que la legislación nacional relativa a la expedición de certificados de eficiencia energética de los edificios no se ajusta a los requisitos fijados por la directiva europea.

Además, Italia no ha adoptado ninguna medida en lo que atañe a la obligación de inspeccionar periódicamente los sistemas de aire acondicionado para evaluar su rendimiento.

Bruselas incide en que la legislación europea tiene como objetivo reducir de forma significativa el consumo de energía de los edificios, lo que refuerza la lucha contra el cambio climático y la seguridad energética.

El régimen de certificación y el sistema de inspección periódica de las calderas y sistemas de aire acondicionado son obligatorios desde el 4 de enero de 2009.

Si España e Italia no toman las medidas necesarias en los próximos dos meses, la Comisión Europea podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo pide mantener las ayudas al carbón nacional hasta el año 2018

La enmienda sobre la extensión de las ayudas hasta diciembre de 2018 ha sido aprobada por 453 votos a favor, 184 en contra y 16 abstenciones, según informó el Europarlamento, con sede en Estrasburgo (Francia).

El Ejecutivo comunitario defiende la fecha de octubre de 2014 como el límite definitivo para los subsidios a las explotaciones no competitivas, aunque se mostró dispuesto a «escuchar con mucha atención» los puntos de vista de la Eurocámara y de los Estados miembros.

Dentro de los Veintisiete, un grupo liderado por España y Alemania batalla para que las ayudas puedan continuar, al menos, hasta 2018, frente a la postura de otros socios, principalmente los escandinavos, que quieren terminar con ellas antes.

Por el momento, 2018 es la fecha que reúne un respaldo «mayoritario» en el Consejo de la Unión Europea, tal y como reconoció el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que intervino ante el pleno del Parlamento.

Almunia lamentó que el anterior reglamento no haya conseguido orientar las minas hacia la rentabilidad y a su vez éstas no hayan sido cerradas.

«La Comisión no comparte los argumentos en favor de ayudas ilimitadas al carbón no competitivo«, señaló, y reiteró que «el cierre debe ser gradual» y que no debe producirse al final del plazo. «Las ayudas distorsionan la competencia y sólo pueden ser autorizadas si propician efectos positivos», añadió.

Sin embargo, para modificar la propuesta de la Comisión Europea, los países necesitan de la unanimidad, algo que para Almunia es prácticamente seguro» que no ocurrirá.

Por ello, aseguró que la Comisión tendrá en cuenta las posturas del resto de instituciones antes de posicionarse definitivamente, sugiriendo que podría aceptar la extensión de los subsidios para facilitar un consenso, tal y como ya había apuntado previamente el comisario de Energía, el alemán Günter Oettinger.

Según fuentes diplomáticas, la prolongación de las ayudas hasta 2018 podría salir adelante a través de una petición de la Presidencia de turno belga a la Comisión Europea, que esta aceptaría para que el nuevo reglamento pudiese ser aprobado definitivamente el 10 de diciembre.

El actual régimen que autoriza las ayudas a la minería expira a final de año, por lo que de no ser sustituido las ayudas deberían suspenderse a partir del 1 de enero.

Dentro del procedimiento para la aprobación de un nuevo reglamento, el Parlamento Europeo es únicamente consultado, pues no cuenta con poder de codecisión en la materia.

Los eurodiputados, sin embargo, han debatido en profundidad el asunto y han terminado por acordar 2018 como la fecha idónea para poner fin a las ayudas.

Así lo aprobaron por una amplia mayoría, que refuerza la postura de países como España Alemania y Rumanía, donde se concentran la mayor parte de las minas deficitarias.

Los diputados de estos países, precisamente, han sido los más activos en el debate parlamentario sobre el futuro del carbón.

El socialdemócrata alemán Berhnard Rapkay, autor del informe aprobado, insiste en el mismo en las «graves consecuencias sociales y regionales» que tendría el cierre de las minas en los términos planteados por Bruselas.

Mientras, eurodiputados españoles del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) defendieron la continuidad de la minería más allá incluso de 2018.

«El impacto económico y social exige que no se contemple el cierre de las minas ni en 2014 ni en 2018», señaló ante el pleno la socialista María Muñiz, para quien además de la competitividad en términos económicos la Unión Europea debe tener en cuenta la «competitividad laboral y medioambiental» del carbón europeo, que «es seguro y puede ser limpio».

Su compañero Antonio Masip reclamó «neutralizar la amenaza de terminar con la explotación del carbón autóctono» y defendió la «pervivencia razonable de este sector estratégico».

Salvador Garriga (PP) -impulsor de una enmienda no aceptada para prolongar las ayudas hasta 2020-, recordó que aunque se cierren las minas europeas, las centrales térmicas de los Veintisiete seguirán quemando carbón y lo harán con producto importado que no incorpora los costes sociales y medioambientales del europeo.

Según datos de Bruselas, el sector del carbón emplea a unas 100.000 personas en Europa, de las cuales 42.000 trabajan en las minas y más de 55.000 en industrias relacionadas. En 2008, las ayudas públicas al sector fueron de 2.900 millones de euros, frente a 6.400 millones cinco años antes.

La Comisión Europea aprueba la compra de Naturgas por Hidroeléctrica Cantábrico

La Comisión Europea ha hecho público su visto bueno mediante un escueto comunicado y tras analizar la adquisición por la vía del procedimiento simplificado.

Hidroeléctrica Del Cantábrico está controlada por EDP-Energias De Portugal, S.A., y el objeto de su actividad es la generación, transmisión, distribución y provisión de electricidad y energías renovables en España.

Igualmente, Naturgas Energía, ya dentro del grupo HC, suministra gas y electricidad a empresas y particulares, y está presente en nueve Comunidades Autónomas: Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

La conexión energética entre España y Francia pasa a ser prioritaria en la Unión Europea

«Las interconexiones en el suroeste de Europa son necesarias porque la península Ibérica no está suficientemente conectada con el resto de Europa«, resumió el Ejecutivo comunitario.

En palabras del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, el principal reto será lograr que haya «una línea que vaya más allá de los Pirineos» y permita que la producción energética española, en especial solar y eólica, y de otros países como Marruecos, pueda ser transportada hasta Europa central.

Habrá que esperar hasta 2012 para contar con una lista concreta de proyectos, pero gracias a la decisión de hoy las propuestas transfronterizas franco-españolas parten con ventaja para conseguir fondos europeos.

Oettinger, quien dio a conocer la medida, destacó la importancia de la integración de redes en Europa y sugirió que las comunicaciones en el caso franco-español no se limiten al trazado terrestre, sino que exploren vías a través del mar Mediterráneo e incluso del Atlántico.

En concreto, Bruselas considera que la interconexión entre España y Francia debería ampliarse desde los 1.400 megavatios actuales hasta los 4.000 MW en 2020.

Además de las interconexiones del suroeste de Europa con el resto de la Unión Europea, entre las que figura el paso entre España y Francia, Bruselas quiere impulsar una línea que permita traer la energía eólica producida en alta mar en el norte de Europa a los estados miembros centrales; reforzar las conexiones en los países del centro-este y sureste a través de redes regionales y potenciar la integración en el mercado energético del Báltico en el europeo.

El Ejecutivo comunitario identifica también como prioritario el «corredor sur» con el que prevé traer entre 45.000 y 90.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde el Caspio, lo que equivale al 10-20% de la demanda que la Unión Europea tendrá en 2020.

También resulta fundamental para Bruselas desde el punto de vista gasístico consolidar la integración del mercado energético del Báltico y fijar una vía norte-sur con la que poder eliminar los cuellos de botella internos que existen en la actualidad.

La Comisión calcula que se necesitarán alrededor de 200.000 millones de euros de inversión para reforzar las infraestructuras eléctricas y de gas hasta 2020. La mitad de esa cantidad la generará el propio mercado, pero los 100.000 millones restantes precisarán apoyo público y privado.

La Comisión Europea dará un primer paso en este sentido el próximo junio, cuando propondrá un nuevo instrumento financiero para apoyar proyectos de infraestructuras energéticas de interés europeo con vistas a las nuevas perspectivas financieras a partir de 2013. Oettinger adelantó que espera contar con alrededor de 800 millones de euros del presupuesto comunitario para los próximos cinco años.

Entre las ideas propuestas por Bruselas, figura también la de agilizar la concesión de permisos de construcción, crear «redes inteligentes» que permitan un ahorro energético real, más eficiencia y mejor integración de las fuentes renovables.

Asimismo, aboga por potenciar las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) y confía en que su desarrollo a escala comercial sea posible en diez años.

La nueva estrategia comunitaria se hace necesaria para cumplir con el triple objetivo de la Unión Europea para 2020: reducir un 20% las emisiones de CO2, que el 20% de la energía que se consuma sea de origen renovable y aumentar también en un 20% la eficiencia energética.

Para la organización ecologista Greenpeace, la Comisión Europea «ha perdido una oportunidad» de desarrollar un mix energético verdaderamente limpio y sostenible al combinar energías renovables en su planteamiento con fuentes fósiles, una idea que comparte WWF.

La Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), por su parte, se ha mostrado satisfecha con la medida, pero asegura que se mantiene a la espera hasta ver si las medidas legislativas que proponga Bruselas el año que vienen mantienen el mismo nivel de ambición.

Las compañías energéticas piden a la Unión Europea que apoye el contador inteligente

Esta es una de las medidas que ha propuesto la recién formada Coalición por la Demanda Inteligente de Energía (SEDC), en la que participan otras grandes empresas del sector como EDF o ENE e instituciones como la Universidad Comillas de Madrid.

El objeto de esta organización es «compartir conocimientos e información entre la industria, los reguladores, administraciones públicas y los consumidores» con vistas a «extender el uso de los contadores inteligentes» y otros sistemas destinados a «optimizar el consumo eléctrico», según dijo su directora, Jessica Stromback.

En particular, la SEDC apuesta por que las compañías eléctricas «ofrezcan a sus clientes tarifas de descuento para las horas de menos consumo», lo que permitiría a los consumidores «variar su demanda según el precio» y «un ahorro en las facturas eléctricas», dijo Stromback en rueda de prensa.

La instalación de contadores inteligentes, dispositivos que entre otras ventajas permiten al cliente conocer los datos de consumo eléctrico de modo casi instantáneo, supondría «beneficios adicionales» en cuanto a ahorro energético, añadió.

Para la industria, estos nuevos dispositivos favorecerían la automatización de la facturación, la «retroalimentación» con los clientes y «una mejor política de precios», sostuvo Stromback.

No obstante, pese a que el «futuro» del sector pasa por este tipo de contadores, los mercados europeos «van muy por detrás de otros mercados globales» en este sentido, advirtió.

A juicio de la SEDC, el problema radica principalmente en las políticas nacionales y comunitarias destinada, que deberían promover el uso de estos dispositivos al tiempo que la industria europea «está invirtiendo millones de euros en el desarrollo de los contadores inteligentes».

La organización critica que la regulación de este tipo de dispositivos «va demasiado lenta», y señala que la estrategia económica europea para reducir el consumo energético durante la próxima década «no dice nada de los contadores inteligentes».

El Parlamento Europeo usará 146 millones de euros para energías limpias y eficiencia

Entre las iniciativas que podrán beneficiarse de esos fondos figuran planes locales y regionales para la instalación de energías renovables y mejoras de eficiencia en edificios, el impulso de transportes públicos propulsados con electricidad o hidrógeno o mejoras en la eficiencia del alumbrado público, entre otras.

Las ayudas, una vez aprobadas formalmente por los ministros de los Veintisiete, estarán disponibles a partir del próximo 1 de enero y podrán asignarse hasta el 31 de marzo de 2014.

Los subsidios se harán en forma de préstamos, garantías, acciones y otros productos financieros y el 15% de la financiación podrá utilizarse para facilitar asistencia técnica a las administraciones públicas interesadas en poner en marcha los proyectos en la fase operativa inicial.

Según el acuerdo aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Europeo, el equilibrio geográfico será un importante criterio de selección de los proyectos.

Esta iniciativa se suma al Plan Europeo de Recuperación Económica, dentro del que se financian otros proyectos energéticos como las interconexiones eléctricas y de gas entre países, parques eólicos y proyectos de captura y almacenamiento de carbono.

En 2010 se comprometieron un total de 3.980 millones de euros para este tipo de proyectos.

La Comisión Europea quiere invertir un billón de euros en infraestructuras energéticas

«Para conseguir una economía eficiente, competitiva y de baja emisión de carbono, debemos europeizar nuestra política energética y centrarnos en un reducido número de prioridades importantes«, destacó en una rueda de prensa el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.

En la comunicación -documento no legislativo- presentada, la Comisión fija cinco objetivos prioritarios sobre los que desarrollará durante los próximos 18 meses iniciativas legislativas concretas, a las que también contribuirá la cumbre de líderes de la Unión Europea sobre energía que tendrá lugar el 4 de febrero, precisó la Comisión Europea.

El primer punto de la estrategia se centra en el ahorro energético en el transporte y los edificios, para los que Bruselas propondrá incentivos e instrumentos financieros para fomentar la inversión y la renovación en esas áreas. Además, señaló que el sector público deberá tener en cuenta la eficiencia energética a la hora de adjudicar obras o adquirir servicios o productos.

En segundo lugar, la Comisión ha fijado una fecha límite para la realización de un verdadero mercado interior de la energía, de manera que todos los estados miembros se involucren antes de 2015.

El comisario recordó que, en los próximos diez años, será necesario invertir un billón de euros en infraestructuras energéticas en la Unión Europea. «En el futuro hará falta el triple de inversiones para construir nuevas redes y mantener las que ya hay«, advirtió, y apuntó que de lo contrario no se cumplirán los objetivos medioambientales y las necesidades de consumo de la Unión Europea.

Para fomentar la realización de los principales proyectos estratégicos la Comisión Europea propone simplificar y agilizar la concesión de licencias de obras, estableciendo un plazo máximo hasta la autorización final y la financiación europea.

«La calidad y la capacidad (actuales) no bastan para lo que nos exige el mercado europeo», comentó Oettinger, quien subrayó la importancia de la inversión privada para la construcción y el mantenimiento de plantas y parques energéticos, así como del apoyo comunitario para financiar los estudios de su planificación.

La Comisión también propone que los Veintisiete sean «una sola voz» en el ámbito mundial de la energía, y que se coordine su política energética con terceros países.

En el marco de la Política de Vecindad, insta a ampliar y profundizar el Tratado de la Comunidad de la Energía para «integrar aún más» a los estados que quieran participar en el mercado de la energía de la Unión Europea.

En especial, Oettinger destacó la importancia de estrechar los lazos con países como Noruega, Turquía o Georgia, o los estados de los Balcanes y el Magreb. «Necesitamos ampliar el mapa continental» de socios energéticos, enfatizó.

Por lo que respecta a Rusia y las crisis del suministro del gas procedente de ese país registradas en años anteriores, el comisario aseguró que «ahora hay más intercambio de información» con ese país, con el que además se ha establecido un sistema de alerta precoz para evitar problemas de seguridad energética, recordó.

En cuanto a innovación, la Comisión Europea anima a poner en marcha proyectos importantes para la competitividad europea, como las nuevas tecnologías para las redes inteligentes y el almacenamiento de electricidad, o la investigación sobre biocarburantes de segunda generación.

Por último, para que la Unión Europea consuma una energía «segura y asequible», la Comisión propone nuevas medidas sobre la comparación de precios, el cambio de proveedor y una facturación clara y transparente.

Todo ello para contribuir a la estrategia global «Europa 2020» de crecimiento inteligente, sostenible e integrador adoptada por el Consejo Europeo en junio pasado, e intentar alcanzar los objetivos ecológicos para ese año de reducir un 20% la emisión de gases, que el 20% de la energía que se consuma proceda de fuentes renovables y mejorar un 20% la eficiencia energética.

Abierto a una prórroga de las ayudas al carbón hasta 2018

Además, el comisario de Energía se mostró abierto a una prórroga de las ayudas estatales a las minas de carbón no competitivas hasta 2018, pese a que el Ejecutivo comunitario ha propuesto su desaparición ya en 2014.

Oettinger precisó que, en tanto que miembro de la Comisión, le corresponde defender la fecha de 2014 aprobada en julio por el colegio de comisarios. No obstante, admitió que hay «dudas» sobre si no sería mejor una salida «más serena» en 2018 en lugar de un «freno brusco» en 2014.

El comisario de Energía explicó que «Rumanía y Polonia todavía no tienen problemas de costes» con su carbón nacional, mientras que «en España y Alemania sólo es posible explotar los recursos si el Estado ayuda».

La comisión de Asuntos Económicos pidió extender las ayudas hasta 2018. Sin embargo, su dictamen no tiene carácter vinculante porque la decisión final corresponde a los ministros de Industria de la Unión Europea.

Oettinger insistió en que el carbón seguirá teniendo «un papel» de aquí a 2020, tanto en la industria como en el ‘mix energético’, junto a la energía nuclear, el petróleo y las renovables.

La Unión Europea aprueba su plan para reducir emisiones en las plantas industriales

Los ministros del Interior de la Unión Europea han sido, por razones de agenda, los encargados de dar el sí definitivo a la aprobación de la nueva normativa, que ya recibió en julio el visto bueno del Parlamento Europeo.

La nueva legislación, que actualiza y refunde siete directivas que ya existían en la Unión Europea, impone limites más duros a sustancias como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre o las micropartículas que pueden provocar fenómenos como la lluvia ácida y enfermedades como cáncer o asma.

La medida afectará a una 52.000 instalaciones industriales y agrícolas con alto riesgo de contaminación desde refinerías a granjas en la Unión Europea.

El primer acuerdo informal entre los Veintisiete tuvo lugar el pasado 16 de junio, después de más de dos años -desde diciembre de 2007- de marcados desacuerdos entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo.

Si bien los límites generales de emisión se endurecerán a partir de 2016, la Unión Europea ha acordado permitir ciertas exenciones.

En concreto, dejará a los Estados miembros aplicar planes transitorios hasta 2020 para las grandes instalaciones de combustión (incluidas las plantas eléctricas y de combustibles fósiles).

Además, las plantas más viejas no tendrán que respetar los límites de emisión siempre que cierren sus puertas a más tardar a finales de 2023 y no excedan las 17.500 horas de actividad a partir de 2016. Las instalaciones nuevas, en cambio, tendrán que cumplir con la normativa desde 2012.

Para recibir un permiso de operación, las plantas industriales tendrán que aplicar las mejores técnicas disponibles para limitar las emisiones a la atmósfera, la contaminación del suelo y del agua, los niveles excesivos de ruido y garantizar las condiciones necesarias de seguridad.

No obstante, los países comunitarios dispondrán de cierto margen de aplicación de las normas, ya que en algunos casos es imposible desde el punto de vista técnico que determinadas instalaciones utilicen las mejores técnicas disponibles.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto desarrollar directrices para coordinar esta flexibilidad a escala comunitaria y exigir una prueba de que realmente resulta imposible respetar los límites de emisión para evitar exenciones injustificadas.

Bruselas propone directrices para que los parques eólicos respeten más la naturaleza

En concreto, las propuestas anunciadas se aplicarán a la red Natura 2000, una de las piedras angulares de la política de biodiversidad de la Unión Europea y un «instrumento clave» para lograr detener e invertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020, indicó la Comisión Europea.

La Comisión reconoció el «importante» papel de la energía eólica para conseguir la meta de que el 20% de la energía que consuma la Unión Europea en 2020 provenga de fuentes renovables. No obstante, afirmó que la instalación de parques eólicos en las zonas protegidas de la red Natura 2000 deberá evaluarse «caso por caso».

Así, en opinión de la Comisión Europea, la planificación de los parques eólicos de forma estratégica en zonas geográficas extensas constituye «uno de los medios más eficaces» para reducir al mínimo sus repercusiones en la naturaleza y en la flora y fauna silvestres.

«No sólo permite establecer un marco de desarrollo más integrado, sino también reducir el riesgo de que se planteen dificultades y retrasos en las fases posteriores de los distintos proyectos», explicó el Ejecutivo comunitario.

Bruselas recordó que la energía eólica ayuda «notablemente» a reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero y que resultan contaminantes atmosféricos, así como el consumo de agua dulce derivado de la producción convencional de electricidad en la Unión Europea.

Según datos de la Comisión Europea, la producción de energía eólica ha aumentado rápidamente en los últimos diez años y en 2009 representaba en torno al 4,8% del consumo total de electricidad de la Unión Europea. Las previsiones de la Comisión apuntan a que ese porcentaje se va a triplicar para 2020.

Por su parte, Natura 2000 es una red ecológica compuesta por casi 26.000 lugares en los 27 países de la Unión Europea, creada al amparo de la directiva europea sobre hábitats de 1992, que abarca cerca del 18% del territorio de la Unión Europea.

Su objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible de zonas de gran valor en términos de biodiversidad, y la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados de Europa, señaló la Comisión Europea.

Esta red no es un sistema de reservas naturales sujeto a una estricta protección en el que está prohibida toda actividad humana, ya que está compuesto de muchos terrenos de propiedad privada, detalló, y afirmó que el objetivo es lograr que su futura gestión sea sostenible tanto desde el punto de vista ecológico como desde el económico.