La Unión Europea ayudará a financiar el proyecto español «Gerónimo II» sobre el biogas

La Comisión Europea ha confirmado que contribuirá a financiar los 44 proyectos con alrededor de 58 millones de euros procedentes del Programa Europeo de Financiación de Energía Inteligente (IEE) y ha adelantado que pondrá a disposición otros 67 millones de euros para financiar nuevos proyectos en 2011.

Bruselas espera concluir en marzo las negociaciones para determinar la financiación disponible para cada uno de los 44 proyectos y espera que los primeros se empiecen a poner en marcha ese mismo mes, informó el Ejecutivo comunitario. Bruselas ha seleccionado estos 44 proyectos de un total de 349 presentados hasta junio pasado, cuando concluyó el plazo de solicitudes.

El programa comunitario fue diseñado para facilitar proyectos que contribuyan a la penetración de las energías renovables en Europa, así como el cumplimiento del triple objetivo europeo de aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 en los Estados miembros respecto a los niveles de 1990 y aumentar hasta el 20 por ciento el consumo energético derivado de las energías renovables de aquí al 2020.

El programa cuenta en total con un presupuesto disponible de 730 millones de euros para el periodo 2007-2013 y hasta la fecha ha contribuido a cofinanciar unos 450 proyectos en este ámbito.

La Comisión Europea sospecha de prácticas anticompetencia en el mercado eléctrico griego

En particular, Bruselas reclama más información sobre la medida compensatoria del gobierno a las competidoras de Public Power Corporation (PPC), por la que se pretendía permitir el acceso al carbón de lignito en una cuota del 40 %, fuente de energía que hasta ahora había explotado preferentemente la eléctrica pública griega.

«En este caso se trata de dar trato justo a toda las eléctricas que operan en el mercado griego«, ha señalado el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

Bruselas persigue «que todas las empresas puedan ser competitivas en sus precios al consumidor para aumentar las alternativas en el mercado», ha explicado.

Almunia ha afirmado asimismo que «espera» recibir pronto la versión del gobierno griego, así como de los otros protagonistas del asunto.

Las medidas compensatorias cuya adecuación con las reglas comunitarias estudia ahora la Comisión Europea, se aprobaron después de que el propio Ejecutivo comunitario obligase a Atenas a poner fin al acceso privilegiado que PPC tenía sobre el lignito, que además es la fuente más barata de electricidad en Grecia.

Bruselas logra el compromiso de Azerbaiyán de suministrar gas para el proyecto Nabuco

«Esto es un gran avance. Este acuerdo confirma el acceso directo de Europa al gas de la cuenca del Caspio, lo que permitirá el tendido del Corredor Sur«, afirmó Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea.

Barroso emitió una declaración conjunta con el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, cuyo país se compromete a surtir con gas en grandes cantidades y durante un largo plazo a los países europeos.

«Esta nueva ruta de suministro aumentará la seguridad energética de los negocios y los consumidores europeos«, añadió Barroso, que calificó de «estratégico» el acuerdo.

El documento subraya que «la diversificación de las rutas de suministro de gas desde la región del Caspio hasta Europa es uno de los factores que garantizan la seguridad energética».

«Nuestro objetivo común es ver el Corredor Sur en pie y operativo tan pronto como sea posible», proclama la declaración conjunta suscrita en Bakú.

Barroso llegó a este país caucásico procedente de la centroasiática Turkmenistán, el otro país de la región del Caspio que se ha comprometido a suministrar gas al proyecto Nabucco eludiendo territorio ruso.

La Unión Europea pretende recibir a través del «Corredor Sur» entre 45.000 y 90.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde el mar Caspio, lo que equivale al 10-20 % de la demanda que tendrá en 2020.

Nabucco, el proyecto más avanzado del corredor energético, podría comenzar a funcionar en 2015, y cinco años después transportaría 31.000 millones de metros cúbicos de gas anuales (aproximadamente un 5 % de la demanda total de la Unión Europea prevista).

Los Veintisiete pretenden así evitar nuevas crisis de suministros de gas como la que afectó a varios países comunitarios en enero de 2009, a raíz de una disputa comercial entre Rusia y Ucrania.

Bruselas compra a Rusia el 25 % del gas que consume y, de ese total, el 80 % llega a los Veintisiete a través de territorio ucraniano (el 20 % restante lo hace vía Bielorrusia).

Por su parte, Rusia, que considera el proyecto europeo «político», ha sellado en los últimos meses acuerdos con países como Austria y Croacia para el tendido del gasoducto South Stream, la alternativa a Nabucco.

La industria europea pide a la Unión Europea un objetivo ligado al ahorro energético

«Europa incumplirá casi con total seguridad su objetivo de ahorro energético para 2020 (un reducción voluntaria del 20%) a menos que haga un esfuerzo adicional de manera inmediata«, asegura la industria.

Este mensaje figura en una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los jefes de Estado o de Gobierno europeos, para solicitarles que aborden la cuestión en la cumbre del próximo 4 de febrero en Bruselas, dedicada por entero a la energía.

La misiva ha sido firmada por más de una treintena de compañías y plataformas energéticas, todas ellas activas en la producción de bienes y servicios de ahorro energético. Electrolux, Fagor, Daikin y Whirlpool son algunas de estas empresas.

Según los últimos datos facilitados por la Comisión Europea, los esfuerzos que se están realizando en el presente en materia de ahorro energético en la Unión Europea permitirían una mejora de la eficiencia de sólo el 9% en 2020, menos de la mitad de lo previsto (20%).

En opinión de estas compañías, la eficiencia energética debe ser una de las acciones prioritarias de la estrategia energética europea para 2020 y para impulsarla deben adoptarse medidas firmes de ahorro en toda Europa.

«Los esfuerzos voluntarios actuales están fracasando; un compromiso vinculante para alcanzar un ahorro energético del 20% en 2020 es fundamental para situar a la Unión Europea como líder mundial en el cambio hacia una economía sostenible y eficiente«, añaden.

La Unión Europea se ha marcado el triple objetivo para 2020 de reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), así como de incrementar al 20% el aporte de las energías renovables y elevar en otro 20% el ahorro energético, pero este último objetivo no es obligatorio.

Bruselas impondrá sanciones a los países miembros que no reciclen bombillas eficientes

«Si los Gobiernos no cumplen esta exigencia y somos informados de ello, podremos iniciar un procedimiento de infracción», señaló en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Marlene Holzner.

«De momento, no hemos sido informados de ningún incumplimiento, pero la normativa ya está en vigor y los países están obligados a respetarla desde ya», aclaró Holzner.

Estas bombillas deben ser llevadas a puntos especiales de recogida una vez acabe su vida útil porque contienen mercurio (5 miligramos frente a los 500 de los antiguos termómetros) y no está claro si pueden suponer un riesgo para la salud.

Científicos comunitarios revelaron en julio que estos dispositivos no entrañan riesgos para la salud de los adultos, pero se declararon incapaces de evaluar el efecto en niños por falta de datos.

En consecuencia, el Ejecutivo de la Unión Europea ha decidido exigir por precaución que el contenido en mercurio de estas bombillas se reduzca a los 2,5 miligramos a partir de enero de 2013.

«Hemos introducido una legislación por la cual todos los productores de bombillas tienen que decir cuánto mercurio contienen estos productos y facilitar información sobre qué hacer si hay un accidente, como abrir la ventana para que la concentración de mercurio sea mucho menor», indicó Holzner.

Por lo demás, la Comisión Europea no prevé introducir ningún cambio adicional a la directiva de ecodiseño que regula estas cuestiones.

Bruselas considera que nadie está obligado a comprar estas bombillas ya que existen otras opciones eficientes como las halógenas y los dispositivos LED (diodo emisor de luz).

Según recordó la Comisión Europea, la sustitución de bombillas incandescentes por sistemas de iluminación eficientes, que deberá realizarse de manera gradual y completarse en 2012, permitirá ahorrar hasta 80.000 millones de kilovatios/hora en toda la Unión Europea.

Este esfuerzo se enmarca dentro del esfuerzo europeo por mejorar la eficiencia energética en un 20% para 2020, un objetivo no obligatorio, pero importante para reducir mejorar la débil seguridad de suministro de la Unión Europea.

Bruselas quiere obligar a la UE a alcanzar un 20 por ciento en eficiencia energética en 2020

Los eurodiputados aprobaron en Estrasburgo (Francia) -por 511 votos a favor, 64 en contra y 57 abstenciones- una resolución en favor de esta idea, aunque aclaran que se tendrá que tener en cuenta la situación de cada país y que la Comisión Europea deberá aprobar antes los planes nacionales de eficiencia energética.

El Pleno considera que serviría de estímulo que la meta de eficiencia energética fuese obligatoria como lo son las otras dos del paquete de clima y energía de la Unión Europea conocido como «20-20-20»: que el 20% de la energía que consuman los Veintisiete sea renovable y que las emisiones de dióxido de carbono (Co2) se reduzcan un 20%, todo ello para 2020.

Destacan, por otro lado, que la eficiencia en los edificios debería ser una prioridad clave del futuro plan de acción estratégico de la Comisión Europea en esta materia, ya que representan alrededor del 40% del consumo de energía y 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.

Abogan por renovar los edificios ya existentes para hacerlos más eficientes sin perder de vista cuestiones como el coste de la inversión inicial.

Apuestan además por la aplicación rigurosa de las normativas europeas en vigor, como la de diseño ecológico o etiquetado en función del consumo de energía y por lograr que el sector público dé ejemplo en materia de eficiencia energética.

Las escuelas, por ejemplo, deberían ser uno de los primeros espacios en los que se cumplan ciertos estándares de eficiencia, así como los edificios de las instituciones europeas y espacios públicos como las calles, opinan los eurodiputados.

La organización ecologista WWF valoró positivamente la resolución del Pleno y se sumó a la petición, al asegurar que la Comisión Europea debería poner fin a las incongruencias de la actual legislación sobre clima y energía y no dejar a la «buena voluntad» de los países la elección de mejorar a eficiencia energética.

La Comisión Europea propone una norma que impida abusos y evite precios excesivos en el mercado mayorista energético

El objetivo es reforzar la transparencia del mercado y fijar normas concretas de comportamiento en un sector que hasta ahora no había sido regulado en este sentido, lo que hacía muy difícil detectar las prácticas indebidas.

Bruselas ha decidido actuar sobre los mercados mayoristas en los que los productores negocian los precios del gas y la electricidad porque considera que son esenciales en la determinación del precio final que paga el consumidor.

«Nuestros mercados energéticos son interdependientes. Un abuso en el mercado de un estado miembro afecta los precios en otro«, señaló en un comunicado el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.

Para el comisario, resulta «crucial» contar con normas a escala comunitaria que garanticen un establecimiento justo de precios.

Estas normas deben ir dirigidas a impedir a los operadores comerciales utilizar información interna para beneficiarse de las transacciones que realizan o manipular el mercado para establecer precios artificialmente altos por motivos de disponibilidad, costes de producción, capacidad de almacenamiento o transporte de la energía.

En concreto, quedará prohibido utilizar información interna en la compra o venta de productos energéticos en el mercado mayorista sin haberla hecho pública antes de que se concrete la operación.

Las transacciones que dan señales falsas o confusas sobre la demanda, el suministro o los precios de los productos energéticos en el mercado mayorista también serán vetadas. Lo mismo ocurrirá con las noticias o rumores falsos difundidos para desorientar sobre ciertos productos.

La encargada de velar por el cumplimiento estas normas será la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER), que a partir de ahora tendrá poderes reforzados y acceso completo a la información sobre las transacciones que se realicen en el mercado mayorista de la energía.

El precio, la cantidad vendida y las partes implicadas en la operación serán algunos de los datos que los operadores deberán comunicar a la ACER.

Esta información será también compartida con los reguladores nacionales que serán responsables de poner en marcha investigaciones si sospechan abusos. Cuando se trate de casos complicados transfronterizos, ACER coordinará el procedimiento.

Una vez se confirme el abuso, las autoridades nacionales podrán imponer sanciones a los responsables.

El mercado mayorista comunitario de la energía no contaba hasta ahora con ningún organismo dotado de poderes suficientes para supervisarlo, aseguró Bruselas, ya que las medidas existentes sólo se refieren a los instrumentos financieros en el mercado de derivados y transacciones.

La medida propuesta por la Comisión Europea aún tiene que ser aprobada por los países comunitarios, representado en el Consejo, y por el Parlamento Europeo, por lo que no entrarán en vigor hasta 2012, Bruselas.

La Comisión Europea apoya permitir sólo las extracciones seguras de crudo en alta mar

Los Veintisiete apoyaron la concesión de licencias de explotación sólo a operadores que previamente hayan demostrado «su capacidad técnica y financiera de hacer frente a accidentes», así como «su capacidad y compromiso de ejercer una gestión segura», según el texto de conclusiones aprobado.

Recordaron, no obstante, que no conviene «descalificar a operadores que sean técnicamente competentes aunque tengan capacidades financieras limitadas» y pidieron ajustar «los instrumentos y requisitos de garantía financiera a este respecto».

Los ministros se declararon «profundamente preocupados» por la catástrofe del golfo de México y consideraron de «interés vital para Europa adoptar todas las medidas posibles para prevenir desastres similares».

Todo ello sin perder de vista, por un lado, que la producción de petróleo y gas en la Unión Europea, que en su mayor parte se efectúa en alta mar, contribuye a reducir la dependencia energética del exterior y favorece la creación de empleo; y por otro, su impacto medioambiental.

En materia de responsabilidades, los países coinciden con Bruselas en que son las compañías las que deben asegurar la seguridad de sus actividades y hacer frente a los costes de limpieza, así como de las medidas reparadoras y las compensaciones que sean necesarias, en virtud del principio «quien contamina paga».

En opinión de los socios comunitarios, la legislación existente en la Unión Europea ya es efectiva y garantiza la protección medio ambiental, pero «podría resultar útil modificar o complementar determinados ámbitos legislativos para dar coherencia al marco legislativo y asegurar la aplicación de las prácticas más avanzadas».

En este contexto, los países invitan al Ejecutivo comunitario a que presente iniciativas concretas en 2011, lo antes posible.

Asimismo, apoyan que se utilicen al máximo los instrumentos de emergencia ya existentes y se creen procedimientos nuevos y defienden el establecimiento de regímenes nacionales de inspección que aseguren el cumplimiento efectivo de todos los requisitos de seguridad.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettigner, presentó el pasado 13 de octubre una comunicación en este sentido que fue considerada poco ambiciosa por las organizaciones ecologistas.

Oettinger se había mostrado en un principio a favor de detener las perforaciones en alta mar hasta que se aclarase lo ocurrido en el golfo de México, pero posteriormente precisó que sólo se refería a las perforaciones nuevas que no cumpliesen los requisitos mínimos de seguridad.

«La moratoria para las plataformas que ya están en activo no es viable«, afirmó el comisario, quien sólo hizo referencia en su propuesta al «bloqueo temporal de las autorizaciones», en sustitución del término «moratoria».

Después del visto bueno en el Consejo, las recomendaciones de Bruselas serán estudiadas en el Parlamento Europeo y podrían convertirse en medidas de carácter legislativo la próxima primavera.

Bruselas decide el miércoles si permite la extensión de las ayudas al carbón hasta 2018

El Ejecutivo comunitario informó a los Veintisiete de que la cuestión será analizada por el colegio de comisarios en su reunión de la semana que viene, indicaron fuentes diplomáticas.

Los Veintisiete que se reúnen ese mismo día en el comité de representantes permanentes (Coreper) sabrán entonces si precisan una mayoría cualificada o la unanimidad para ampliar el plazo.

Los embajadores de Dinamarca y Suecia reafirmaron su oposición a prolongar las ayudas otros cuatro años, por lo que si finalmente se precisa unanimidad es probable que la medida no salga adelante y tenga que ser debatida en el Consejo de Competitividad del próximo día 10.

Por el contrario, si Bruselas accede a la extensión, el acuerdo podría ser por mayoría cualificada y ratificado como punto sin debate en esa misma reunión de Competitividad.

Además de España, Alemania y Rumanía, los países donde se concentra la mayor parte de las minas que se benefician de estas ayudas, existe «una amplia mayoría de países que no se opone a extender los subsidios», según las mismas fuentes.

Según datos de Bruselas, el sector del carbón emplea a unas 100.000 personas en Europa, de las cuales 42.000 trabajan en las minas y más de 55.000 en industrias relacionadas.

En 2008, las ayudas públicas al sector fueron de 2.900 millones de euros frente a 6.400 millones cinco años antes.

Bruselas denuncia a España ante el TUE por superar el límite legal autorizado de contaminación por partículas

Estas partículas, que son emitidas principalmente por las industrias, el tráfico y las calefacciones domésticas, pueden causar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras.

El Ejecutivo comunitario también ha llevado a Portugal, Italia y Chipre ante el TUE por incumplir la normativa comunitaria en materia de contaminación por partículas. «La información que obra en poder de la Comisión indica que los valores límite de PM10 no se han cumplido en varias zonas de Chipre, España, Italia y Portugal desde la entrada en vigor de esta legislación en 2005», ha informado Bruselas en un comunicado.

«Si bien los cuatro Estados miembros han solicitado prórrogas del plazo, la Comisión considera que no se han cumplido las condiciones para concederlas en el caso de varias zonas de calidad del aire no conformes», subraya el Ejecutivo comunitario.

En paralelo, Bruselas ha enviado a España y a otros 8 países –República Checa, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Luxemburgo y Rumanía– un dictamen motivado para exigirles que apliquen ya la nueva legislación comunitaria en materia de calidad del aire, cuyo plazo de transposición concluyó el 11 de junio de 2010.

Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no toman las medidas necesarias, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La nueva directiva introduce un límite aplicable a las concentraciones en suspensión de partículas de polvo fino (denominadas PM 2,5). En la actualidad se reconoce que estas partículas, emitidas por una gama amplia de fuentes, tales como vehículos diésel, fábricas y calderas domésticas, son los contaminantes atmosféricos más peligrosos para la salud humana.