Estos fondos se invertirán en proyectos de los tres citados sectores llevados a cabo en colaboración con las autoridades locales, con el fin de «estimular el desarrollo tecnológico y crear ciudades más inteligentes», según dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes.

Los 365 millones de euros no son una cantidad nueva, sino que proceden de fondos comunitarios ya previstos para este tipo de iniciativas para el período 2007-2013, señaló el comisario europeo de energía, Günther Oettinger.

Bruselas apuesta por el desarrollo de «tecnologías urbanas inteligentes» para afrontar desafíos como la concentración demográfica en las ciudades, el alto consumo energético de las mismas o los problemas medioambientales y económicos derivados de la congestión de tráfico, explicaron los comisarios.

Actualmente, cerca de tres cuartos de la población europea vive en ciudades, que consumen el 70% de la energía de la Unión Europea.

Los atascos de tráfico suponen un coste económico aproximado del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) cada año, según estimaciones del Ejecutivo comunitario.

La innovación tecnológica «es el mejor medio de reforzar la competitividad europea y de resolver los problemas de eficacia energética», afirmó Oettinger.

La iniciativa «Ciudades inteligentes» permitirá desarrollar acciones concretas como los sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento, los contadores inteligentes, la gestión energética en tiempo real o los edificios autosuficientes, añadió el comisario.

Por su parte, el comisario de transporte, Siim Kallas, destacó la necesidad de aplicar la innovación tecnológica para reducir el dióxido de carbono emanado del tráfico en las ciudades, y propuso medidas como «la eliminación progresiva de los vehículos con combustibles fósiles del centro de las ciudades».

Kallas también sugirió la introducción de «sistemas de recarga inteligentes» para los vehículos eléctricos, así como la utilización de autobuses «silenciosos y no contaminantes».

Las ciudades europeas «deben ser la punta de lanza del cambio tecnológico» en la Unión Europea, subrayó Kroes, quien también señaló la importancia de que los ciudadanos «se impliquen» en esta evolución.

La iniciativa «Ciudades y comunidades inteligentes» se puso en marcha en 2012, con un presupuesto inicial de 81 millones de euros para dicho año, y destinada únicamente los sectores del transporte y la energía, frente a los 365 millones y los tres sectores previstos para 2013.

Los Veintisiete llegaron a un acuerdo para imponer medidas obligatorias de ahorro de energía a los países, reformas que serán cofinanciadas por Bruselas, informó el comisario europeo de Energía, Günter Oettinger.

«Es una oferta constructiva para las autoridades regionales y nacionales en la Unión Europea y para la inversión pública y privada», destacó el comisario.

«La directiva ofrece muchas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas«, coincidió el ministro danés de Clima, Martin Lidegaard, que también compareció ante los medios tras la sesión de mañana del consejo de Energía de los Veintisiete.

El negociador de la directiva de eficiencia energética del Parlamento Europeo, el luxemburgués ecologista Claude Turmes, negó que la directiva llegue «en mal momento» por las dificultades presupuestarias que atraviesan los países de la zona euro.

«El coste de invertir en eficiencia energética es menos del que cada año se gasta en conseguir gas y petróleo de países como Rusia», argumentó Turmes.

«Dejémonos de grandes infraestructuras y dediquemos a renovar y modernizar los edificios que existen para gastar menos energía«, añadió el eurodiputado.

El acuerdo obligará a los países a renovar cada año un 3% de los edificios del gobierno central para hacerlos más eficientes, lo que deja fuera al resto de construcciones públicas como las que dependen de las administraciones regionales y locales y supondrá un ahorro mucho menor en países como España.

Además, las compañías energéticas tendrán que reducir en un 1,5% anual el volumen de sus ventas de gas y electricidad con respecto al año anterior como medida de ahorro, aunque los Veintisiete lograron suavizar la aplicación de esta medida.

Greenpeace pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Greenpeace analizó los documentos en los que la Comisión Europea puso de manifiesto las contradicciones de la política económica y energética española en relación con las recomendaciones de la Unión Europea.

Según informó la organización ecologista, las quejas de la Comisión Europea coincidieron con algunas de las demandas de la organización ecologista al Gobierno del PP. Tanto Greenpeace como la Comisión Europea consideraron que estas contradicciones plantean dudas sobre el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos europeos en materia de renovables, además de implicar graves perjuicios para el medio ambiente y la economía española.

Por eso, la organización ecologista reiteró su petición al Gobierno de Mariano Rajoy para que se alinee con las recomendaciones energéticas de la Comisión Europea.

«Tras seis meses de gobierno marcados por los recortes indiscriminados ‘por imperativo de los mercados europeos’, Rajoy tendría que explicarnos por qué no se toman con la misma seriedad las recomendaciones de la Unión Europea en materia ambiental y energética«, declaró Aida Vila, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.

Vila añadió que, «como ha expuesto la Comisión Europea, hacer caso omiso a las indicaciones europeas no sólo va en detrimento del medio ambiente, sino de la economía española«.

Debido a una modificación en el sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión de CO2 previsto en 2013, la Comisión decidió crear una serie de líneas directrices según las cuales estará permitido conceder ayudas públicas a industrias como las del aluminio o el acero, para que hagan frente a la factura eléctrica, según precisó la Comisión Europea.

«Las reglas adoptadas permiten garantizar que las medidas nacionales de ayuda serán otorgadas de manera que se preserve el objetivo de la Unión Europea de reducir el dióxido de carbono (CO2) que produce la economía europea, y se mantengan las condiciones de competencia equilibradas para todos en el mercado interior», señaló.

Los sectores que la Comisión considera que podrán beneficiarse de compensaciones son los productores de aluminio, cobre, fertilizantes, acero, papel, algodón, químicos y ciertos materiales plásticos.

El vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Competencia, Joaquín Almunia, destacó que, «si la producción se mueve de la Unión Europea a terceros países con menos regulación medioambiental, esto podría minar nuestro objetivo global de reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero».

«Las normas adoptadas permitirán a los Estados miembros abordar este asunto a la vez que se mantienen los incentivos para reducir las emisiones de la producción y el consumo y se minimiza cualquier distorsión de la competencia», apuntó.

La Comisión Europea recordó que la reforma del sistema de intercambio de cuotas de emisiones acordado en 2009 y que entrará en vigor a partir de 2013 conllevará un aumento de la factura eléctrica para las empresas comunitarias, como resultado del establecimiento de topes de emisiones más estrictos.

Las nuevas normas permitirán subsidios de hasta el 85% del aumento del gasto eléctrico al que se enfrentes compañías de los sectores mencionados de 2013 a 2015 (que se irá reduciendo gradualmente hasta un máximo del 75% entre 2019 y 2020), precisó el Ejecutivo comunitario.