A las 11:48 horas del viernes tuvo entrada en el Tribunal Supremo, el recurso que varios consejeros de la Comisión interponen contra el decreto aprobado por el Ministerio de Industria que refuerza los poderes de la presidenta Maite Costa en detrimento del Consejo de Administración. Así, el pulso entre los Consejeros y Maite Costa escala un grado mayor que el que se había alcanzado en la ultima reunión del Consejo, que tuvo lugar el jueves hasta altas horas de la noche y que había culminado con un grave y agrio enfrentamiento encabezado por el Vicepresidente y la Presidenta del organismo, como ya dio cuenta el diario económico Expansión.

Al parecer según fuentes consultadas, los consejeros requirieron con anterioridad a la convocatoria del Consejo, la inclusión dentro del orden del día de un punto en que se abordase el posicionamiento del Consejo respecto a este Decreto aprobado por sorpresa el 28 de octubre. Cuestión que fue recordada al principio de la sesión, de forma que se incluyese en la sección de varios y que ésta se tratase cuanto al principio de la sesión. La presidenta lo remitió al final del Consejo, a pesar de que el orden del día era muy extenso, como posteriormente se pudo apreciar. Cuando llegó el final del Consejo, y fue requerida nuevamente, la presidenta se negó a tratar esta cuestión y exhibió un informe del abogado del Estado en el que le atribuía la responsabilidad de determinar el orden del día.

El recurso presenta tres argumentos básicos: el primero, la necesidad de que el Decreto por su temática y por las funciones del organismo, debería haber sido analizado por la Comisión Nacional de Energía con carácter previo, lo que supondría un grave defecto de forma. El segundo, la erosión de los papeles de los miembros del Consejo y su consecuente aislamiento de los servicios internos de la Comisión. Finalmente, el Decreto modifica el régimen de incompatibilidades vigente para los ex-consejeros que procedan de la Administración General de Estado y vuelvan a la misma, una vez finalizado su mandato, de una forma de la que no existe precedente hasta el momento.

Los consejeros habían emitido carta la semana pasada al Ministro de Industria Joan Clos, participándole su malestar por esta medida y solicitándole cambios a la misma. Los firmantes de la carta eran los cuatro vocales designados por el Partido Popular, el vicepresidente Fernando Martí, José Sierra, Javier Peón y Carmen Fernández Rozado y dos de los designados por el Partido Socialista, Jorge Fabra Utray y Luis Albentosa Puche.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió no iniciar ayer un expediente administrativo para analizar la operación de compra del grupo escocés Scottish Power por parte de Iberdrola, según fuentes del organismo regulador.

La operación Iberdrola-Scottish fue uno de los asuntos que trató el máximo órgano del regulador energético, que ayer celebró una reunión maratoniana que se prolongó más allá de media noche. El Real Decreto 4/2006, aprobado en marzo de este año, amplió las funciones del regulador energético español para permitir su intervención en las operaciones de adquisición o la toma de cualquier otro porcentaje que conceda «influencia significativa» en empresas con actividades reguladas, independientemente de que sean las compradoras o las compradas, según lo establecido en la denominada función 14.

Por tanto, la CNE no atendió ayer la solicitud presentada por Endesa el pasado miércoles, en la que pedía que se analizara la compra de Scottish porque Iberdrola desempeña actividades reguladas. La empresa que preside Manuel Pizarro argumentaba en su escrito que la operación afectará a seis de las siete mayores compañías energéticas de la Península y, por consiguiente, a todo el sistema energético nacional.

Endesa también pedía que se le reconociera la condición de parte interesada en el procedimiento porque comparte con Iberdrola la gestión de varias centrales nucleares. Por el contrario, Iberdrola sostenía que la compra del grupo escocés no necesitaba la autorización del regulador energético español, tal y como señaló su presidente, Ignacio Sánchez Galán, el pasado 28 de noviembre, al presentar la operación. El presidente de Iberdrola y parte de su equipo directivo se reunieron la semana pasada con la presidenta de la CNE, Maite Costa, aunque, según fuentes de la eléctrica, se trató de un encuentro habitual para repasar cuestiones como el plan de inversiones o el desarrollo de infraestructuras. Según las fuentes de Iberdrola, en la reunión se habló de la compra de Scottish Power como parte del nuevo Plan Estratégico, pero no se planteó el debate sobre si es necesario o no someter la operación a la CNE.

En materia de competencia, la operación deberá ser analizada por la Comisión Europea (CE), puesto que tiene dimensión comunitaria, e Iberdrola ya ha notificado a Bruselas el proyecto de compra.

Iberdrola anunció el pasado 28 de noviembre una oferta amistosa de adquisición por la escocesa Scottish Power valorada en 17.200 millones de euros.