La Asociación de Productores de Energías Renovables critica la normativa sobre primas porque introduce inseguridad jurídica

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) rechazó hoy la nueva normativa elaborada por el Ministerio de Industria sobre la retribución las renovables al considerar que introduce inseguridad jurídica y riesgo regulatorio, informó hoy la patronal.

Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que hoy analizó la propuesta elaborada por Industria, APPA insistió en el carácter retroactivo del nuevo real decreto y en las negativas consecuencias que puede tener sobre la inversión en el sector, al tiempo que propuso el mantenimiento del actual marco retributivo, vigente desde marzo de 2004.
En cuanto a las nuevas medidas introducidas, la patronal se opuso al registro de potencia por tecnologías, ya que limitará la competencia entre promotores y ralentizará el ritmo de desarrollo de las renovables. El nuevo decreto elimina el pago que recibe el sector por garantía de potencia, una merma de ingresos que APPA quiere que se compense mediante un incremento de las primas.

En cuanto al mercado, la asociación considera que las subastas horarias cada tres meses excluirán a la mayoría de las renovables de los futuros contratos bilaterales, ya que estas tecnologías no pueden predecir su potencia por horas en un plazo temporal tan dilatado y detallado.

En referencia a la eólica, durante la reunión se puso de manifiesto un apoyo mayoritario al establecimiento de límites máximos y mínimos a las primas que recibe la producción de los parques eólicos, pero se rechazó la cláusula que obliga a devolver la prima a partir de determinados precios de mercado.

Industria considera que las primas que recibe actualmente la eólica son muy altas, para lo que ha propuesto unos topes máximos y mínimos para los productores que acudan al mercado. Según los cálculos del Ministerio, la nueva retribución garantiza una rentabilidad del 7 por ciento para las instalaciones eólicas que opten por la tarifa regulada y de entre el 5 y el 9 por ciento para las que participen en el mercado.