Las sanciones por incumplir la seguridad nuclear podrían llegar hasta 10 millones de euros

Las sanciones a los titulares de instalaciones radiactivas o nucleares por incumplir las normas de seguridad podrían llegar en el futuro a los diez millones de euros. Así lo defenderán en el Congreso varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, durante la tramitación de la proposición de ley que plantea una amplia reforma legal del Consejo de Seguridad Nuclear que presentó el grupo de IU-ICV.

En sus enmiendas, el PSOE plantea que las infracciones se clasifiquen como leves, graves o muy graves, y que las sanciones se graduen de acuerdo con el daño causado a personas, a bienes o al medio ambiente, a la duración del peligro o a la existencia o no de antecedentes. Las sanciones que propone el PSOE oscilan entre 12.000 euros y 10 millones en el caso de instalaciones nucleares, y entre 1.200 euros y 600.000 euros en el caso de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría (como unidades de protección radiológica, empresas de asistencia técnica a equipos de rayos x o de transporte de material radiactivo). Hasta ahora, la máxima multa que se ha impuesto en España por incumplir la Ley de Energía Nuclear ha sido a la central nuclear de dos sanciones por 525.000 euros y una por 550.000 euros.

El grupo mayoritario ha planteado también que los trabajadores de instalaciones radiactivas tengan en el futuro el derecho y la obligación de comunicar de una forma confidencial y anónima cualquier deficiencia que detecten y que a su juicio pueda afectar a la seguridad. El grupo proponente ya plantea en el texto la posibilidad de que los trabajadores de instalaciones radiactivas puedan denunciar de forma anónima posibles deficiencias, como ocurre en otros países europeos.

El PSOE, en sus enmiendas, incide en esa posibilidad y en que uno de los objetivos fundamentales de la reforma es que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleve a cabo «en las máximas condiciones de seguridad posibles».

Para el portavoz de IU-ICV Joan Herrera, la reforma del organismo que vela por la seguridad nuclear en España está orientada a mejorar su funcionamiento y a aumentar la transparencia. En el texto, este grupo propone la creación de un comité técnico asesor independiente en el que se integren las comunidades autónomas y los municipios afectados, para asesorar y supervisar técnicamente al pleno del CSN sobre la gestión que realiza el cuerpo técnico, la proposición de ley trata de mejorar el marco existente para que la sociedad civil disponga de información en tiempo real sobre el funcionamiento de las instalaciones y especialmente de los incidentes que ocurran.

La diputada socialista Rosario Velasco, portavoz de su grupo en esta materia, destacó la oportunidad y la trascendencia de reformar el Consejo de Seguridad Nuclear tras 25 años de funcionamiento, de detectar durante ese proceso los «puntos débiles» que puede tener y de adaptar este organismo a los cambios tecnológicos que se han producido durante las últimas décadas. Recordó, que su grupo votó a favor de tomar en consideración el texto, pero consideró que incluye muchos aspectos que merecen «una segunda lectura», aunque coincidió en el argumento genérico de que el Consejo necesita reformar sus estructuras organizativas y nuevas medidas para garantizar una mayor comunicación y transparencia.

El PP ha presentado también numerosas enmiendas parciales, en las que critica al grupo proponente de la reforma por las «descalificaciones» al CSN y por impregnar toda su propuesta de un «espíritu de desconfianza» hacia este organismo.
El principal grupo de la oposición ha criticado el texto propuesto por ser en algunos aspectos «inaceptable por intervencionista», y en otros «una aberración» que supone un ataque «frontal» a la independencia del CSN.