El director general de Energía, Antonio Cejalvo, comunicó la presentación de estas alegaciones en una reunión con la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana.

Cejalvo destacó que las cooperativas eléctricas, que cuentan con cerca de 50.000 socios, tienen una labor histórica importante para muchos municipios valencianos ya que permitieron que el suministro pudiera llegar a las localidades más pequeñas o aisladas.

Además de las alegaciones, la Generalitat trasladó formalmente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su preocupación e inquietud por las repercusiones que la reforma eléctrica puede tener en las cooperativas de la Comunitat.

Con la redacción actual de la reforma eléctrica las cooperativas pueden verse obligadas a modificar su forma social para seguir realizando, como hasta ahora permite la vigente Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, las actividades de distribución y de comercialización de energía eléctrica a sus socios y resto de usuarios de su zona geográfica.

Además, el proyecto también obliga a que el objeto social del distribuidor sea exclusivo, sea cual sea su tamaño (en términos de clientes conectados a sus redes), de forma que, aún admitiendo la forma societaria de la cooperativa, y que éstas son pequeñas (hasta ahora la Ley 54/1997 ha venido tomando como criterio el límite máximo de 100.000 clientes) no podrán seguir realizando la actividad comercial de venta de energía a sus actuales consumidores.

Las alegaciones presentadas tienen como finalidad permitir que las empresas eléctricas con menos de 100.000 clientes conectados desarrollen legalmente por medio de la misma entidad, la actividad de distribución y comercialización, sin perjuicio de la separación contable requerida.

Asimismo, recogió la petición de las cooperativas de que se refleje de forma explícita que las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios desarrollan las actividades de distribución o de comercialización, o ambas a la vez.

Actualmente existen 19 cooperativas eléctricas en España de las que 16 se encuentran en la Comunitat, lo que representa el 85% del total.

Las cooperativas eléctricas representan, según el Consell, un modelo de buena gestión que les permite suministrar energía eléctrica a un precio entre un 5% y un 7% más barato a sus socios y a un número creciente de clientes no socios.

La Generalitat recordó la labor social que llevan a cabo las cooperativas en favor de los habitantes de los municipios donde desarrollan su actividad, y que abarcan desde la concesión de becas a estudiantes hasta patrocinios culturales y deportivos.

Un trámite. Es lo que se esperaba del último debate sobre la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y, sin sorpresa alguna, se cumplió el guion. El texto legislativo volvía al Congreso de los Diputados después de las enmiendas incorporadas por el Senado y el debate apenas duró 40 minutos aproximadamente.

Los grupos de la oposición centraron sus críticas en no haber aprovechado la Ley para dar un impulso a las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles en los territorios afectados, en la invasión de competencias de la Administración Central sobre las Comunidades Autónomas y en la regulación sobre el fracking añadida en las disposiciones finales de la Ley.

«Política con mayúsculas»

El diputado canario del PP, Guillermo Mariscal, alabó al ausente ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, porque considera que hace “política con mayúsculas” al igual que el Gobierno ya que «están afrontando las dificultades sin dejarse llevar por la inercia ni esperar”. Mariscal asegura que esta Ley cumplirá todos sus objetivos: “garantizar el suministro además de mejorar su calidad” y combatir los elevados costes de generación de los SEIE ya que “se aumentará la competencia entre operadores”.

Además, Guillermo Mariscal destacó que una mayor presencia del operador del sistema supondrá disminuir la vulnerabilidad energética de los SEIE así como subrayó el impulso a las nuevas infraestructuras, las dos regasificadoras y los bombeos. El diputado del PP considera que estas medidas pondrán fin a un mix energético «obsoleto y en exceso contaminante» y subrayó que los bombeos supondrá que “la mayor entrada de energías renovables en el mix se traduzca en un ahorro».

«Este Gobierno no se arruga, toma medidas, vela por el interés general, no se arredra ante intereses de algunos y afronta la defensa del interés general en materia energética», sentenció Mariscal mientras preguntaba al PSOE y CC por qué rechazan en el Congreso de los Diputados y en el Senado lo que se ha negociado con el Gobierno de Canarias.

Oportunidad perdida

El diputado socialista Pablo Martín Peré cree que se ha «perdido la oportunidad» de haber convertido a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en «ejemplos de sostenibilidad energética» y lamentó que esta normativa no se haya incluido dentro de la reforma energética, aunque de manera particular dadas las «necesidades energéticas diferenciadas» de estos territorios con la Península, pero también entre ellas.

En primer lugar, Pablo Martín tachó de «injusticia social manifiesta» que se dejen de financiar los sobrecostes de estos sistemas a través de los Presupuestos Generales del Estado, porque serán los ciudadanos los que tengan que sufragar estos gastos con cargo a sus facturas eléctricas sin ningún criterio de progresividad, como ocurre en los Presupuestos “a través de los impuestos”.

Por último, el diputado socialista lamentó que el Gobierno «condene» a los territorios canarios a «continuar por la senda de las energías fósiles» al «impedir una verdadera implantación de un sistema de generación de renovables» con una Ley que “no garantiza, en modo alguno, la competencia ni disminuirá los costes de generación. Además, rechazó que se introduzca «por la puerta de atrás» el fracking a través de una «técnica legislativa reprochable que ha sustraído un debate importante» a las Cortes.

Desde CC-NC, Pedro Quevedo calificó esta Ley como un «disparate conceptual» porque «legisla sobre territorios que nada tienen que ver unos con otros». Además, destacó la unión de la oposición en torno a la regulación sobre el fracking, “que no podemos aceptar» y que considera que supone “una invasión competencial”. Con respecto a Canarias, el diputado cree que esta ley «cuestiona el futuro y el desarrollo de las energías renovables”.

Nace “caducada”

Laia Ortiz, diputada de la Izquierda Plural, mantuvo los argumentos de la enmienda de totalidad que presentaron en su momento; considera que la norma «no conseguirá los objetivos de su título” mientras reprochó que “se hunda la posibilidad vía renovables y vía autoconsumo” de garantizar el suministro eléctrico e incrementar la competencia en los SEIE.

«Esta ley responde a la obsesión del Gobierno de no tener una política energética a largo plazo y a su obsesión absoluta con el déficit tarifario sin tener en cuenta la diversidad territorial. Además, es una ley que nace caducada, porque la reforma eléctrica que ha llegado al Congreso modifica sustancialmente este texto», añadió Ortiz.

El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, afirmó que las enmiendas incorporadas en el Senado «no han aportado nada» y que «sigue siendo otra ley que forma parte del mosaico de enorme variedad de leyes que sólo consiguen extender la oscuridad sobre el sector eléctrico«.

Invasión de competencias

Inmaculada Riera, de CiU, destacó como aspectos más negativos de la norma el «refuerzo» de la Administración central «con merma de competencias» de las comunidades autónomas y la cesión de proyectos privados de estaciones de bombeo a Red Eléctrica Española (REE), de cuya legalidad ha dudado a la luz de la legislación comunitaria. Además, cree que las enmiendas introducidas en el Senado no han mejorado el texto de forma suficiente.

Con respecto al fracking, la diputada catalana cree que «se avala un riesgo que no ha sido previamente evaluado» y se invaden competencias autonómicas; también recordó que la propia Comisión Europea (CE) apuesta por un marco legislativo común al que «no se ha esperado» y aseguró que pedirán al Gobierno que impulse a nivel europeo una directiva comunitaria sobre el fracking. «El Gobierno ha ignorado reiteradamente todas las críticas sobre este tema», lamentó Inmaculada Riera.

Por ERC, Teresa Jordà aseguró que la Ley «sólo busca sistemas para perpetuar la dependencia» de los combustibles fósiles y «abrir las puertas» al fracking. «Donde el PP ve una oportunidad nosotros vemos una ruina», sentenció Jordá sobre el fracking. La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, mantuvo su «no rotundo» a esta norma, y expresó su preocupación por el cambio introducido en el Senado sobre la adjudicación de titularidad de las estaciones de bombeo porque «introduce una clara invasión competencial«; también se mostró crítica con la regulación del fracking.

El PSOE explicó que las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 9/2013 sobre el sistema de retribución a las renovables, cogeneración y residuos suponen un «ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica» y «sientan un peligroso precedente para la garantía y seguridad de las inversiones en actividades reguladas».

La reforma energética modifica, junto con otra serie de medidas que afectan a las renovables, el sistema de retribución para estas fuentes que dejan de recibir primas para ceñirse a una «rentabilidad razonable» en función de la evolución del bono a 10 años más 300 puntos y de unos criterios aún sin definir.

Es decir, que en 2013 se toman decisiones sobre instalaciones construidas hace años, estableciéndose ahora a qué coste debiera haberse realizado en su día la inversión, con qué coste debieran haberse operado y mantenido desde que entraron en funcionamiento, y qué «rentabilidad razonable» debieran haber obtenido si sus costes hubieran sido los que ahora considere el Gobierno que debían haber sido con una gestión eficiente, para rehacer con esos criterios las cuentas desde su puesta en funcionamiento para ajustar sus ingresos futuros.

A su juicio, ahora se puede reducir la rentabilidad de unas instalaciones, incluso hasta hacerla negativa, y no para ajustarla al cambio en las condiciones económicas y financieras del contexto, «sino para compensar una rentabilidad superior a lo que ahora se dice que hubiera sido razonable, obtenida en los años de vida de la instalación, al margen del marco retributivo con el que esas inversiones se realizaron, con grave daño a la seguridad jurídica de las inversiones en actividades reguladas, porque siempre estarán al arbitrio de la revisión de la rentabilidad que desde su puesta en funcionamiento se pueda decidir».

Para el grupo parlamentario socialista, estos cambios conllevan «la vulneración de diferentes preceptos constitucionales», como los de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos del artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de reserva de ley o el artículo 86.1 de la Constitución sobre los requisitos constitucionales para dictar decretos-leyes.

Junto a esto, el grupo socialista señaló que la reforma del Gobierno «dificulta las inversiones productivas» para un «nuevo modelo con un gran componente innovador, como es el caso de las renovables».

Por otro lado, los socialistas destacaron que este Real Decreto-ley «agrava los problemas del sistema energético español y afecta a un tipo de energías autóctonas como las renovables en un país con un 80% de dependencia energética respecto de terceros países».

Subrayaron asimismo que la reforma del Ministerio que dirige José Manuel Soria «incumple compromisos europeos, traslada el déficit tarifario al recibo de la luz con las consiguientes subidas que sufrirán las economías familiares y las industriales y condena a nuestro país a tener una energía cada vez más cara que el resto de la Unión Europea» y «arroja por la borda el esfuerzo de las renovables que se consolida en otros países, un yacimiento de empleo intensivo», aseguró.

En su opinión, el Gobierno «renuncia a las energías renovables despreciando la oportunidad de avanzar en independencia energética y abre un conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus propiedades para instalar plantas fotovoltaicas, con un número de afectados sólo por instalaciones fotovoltaicas de 55.000″.

De esta manera, la reforma energética «genera una nueva forma de pobreza, la energética, en la que muchas familias tienen que renunciar a determinados servicios en sus hogares». Y además, «amenaza gravemente la competitividad de la industria española y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos».

El recurso fue registrado por la diputada asturiana Luisa Carcedo, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y por los portavoces de Energía del Congreso y del Senado, José Segura y Jesús Alique, respectivamente. En estos casi dos años de legislatura el PSOE presentó ya más de una quincena de recursos de inconstitucionalidad contra medidas del Gobierno del PP.