Como también ocurriera con el proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, ambas tramitadas por vía de urgencia, la Comisión tiene competencia legislativa plena por lo que el texto quedará aprobado como si acudiera al Pleno.
La norma, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, sorteó el primer revés parlamentario que supuso las siete enmiendas a la totalidad presentadas por distintos grupos parlamentarios (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, ERC, BNG y Compromís-Equo).
En su intervención para defender la norma el pasado 31 de octubre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que es necesario «reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer una carga para consumidores y empresas».
Soria advirtió que «mientras el sistema eléctrico acumule deuda no se podrán reducir los peajes», que se corresponde con la parte regulada del recibo de la luz y que determina el Gobierno.
El ministro de Industria señaló que los principios de la norma, pieza central de la reforma energética, son la estabilidad económica y financiera del sistema, que sería que los ingresos sean «suficientes» para satisfacer la totalidad de costes. Por ello, en la ley se contempla un sistema «automático» para satisfacer la totalidad de costes cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes.
Para lograrlo, el Gobierno decidió apostar por una «reducción significativa» de los costes a través de un mecanismo automático de revisión de los peajes, que evitará que la deuda acumulada del sistema procedente del déficit de tarifa pueda superar el 5% de los ingresos previstos para el año y que el déficit anual pueda superar el 2% de los ingresos.
En cualquier caso, el déficit tarifario que se pueda generar a partir del 1 de enero de 2014 será financiado por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan, a través de las devoluciones aportadas por este concepto en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes, a un tipo de interés que la Administración les reconocerá previamente.
Asimismo, se evitará que la factura asuma costes de actividades que no estén relacionadas con el suministro, se obligará a las administraciones territoriales a sufragar los costes derivados de sus normas y se impedirá imponer costes adicionales sin un incremento equivalente de los ingresos.
También, se crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw, sobre el que se podrá aplicar el descuento del bono social, aunque se mantiene también la Tarifa de Último Recurso (TUR) «pero sólo para los consumidores vulnerables».
Con una disposición, el proyecto de ley recoge que el déficit de tarifa que pueda generarse en 2013 –entre 2.500 y 3.000 millones de euros, según el Ministerio– será financiado de forma puntual por las cinco grandes eléctricas, a razón de un 35% por Iberdrola, un 44,16% por Endesa, un 13,75% por Gas Natural Fenosa, un 6% por HC y un 1% por E.ON.
Con respecto a los nuevos regímenes retributivos, serán de aproximadamente el 6,5% para el transporte y la distribución, y del 7,5% para las renovables, la cogeneración y los residuos. También se regula el autoconsumo, con la inclusión de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo.
No obstante, a través de las enmiendas presentadas por el PP en la Cámara Baja, y que ya fueron incluidas en el texto del proyecto en fase de Ponencia, se precisa que estas nuevas retribuciones estarán garantizadas hasta el 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de «otorgar la necesaria seguridad jurídica, predictibilidad a futuro y de homogeneizar el tratamiento retributivo de las actividades con retribución regulada».
Además, se permitirá a los ciclos combinados de gas recibir una retribución suficiente para recuperar sus costes fijos cuando no puedan hacerlo a través del precio recibido a través del mercado mayorista de electricidad, o «pool».
Para evitar interpretaciones que puedan generar conflictividad jurídica, otra de las enmiendas deja claro que, pese a que cada tres años se puedan revisar algunos factores de cálculo, las nuevas rentabilidades forman parte de «parámetros retributivos» que solo podrán ser modificados cada seis años.
Los populares decidieron además que la interrumpibilidad de las grandes industrias puede ser un servicio de ajuste del sistema que se haga directamente en el mercado, por lo que esta partida no estaría recogida en los costes regulados de la tarifa, y se fijan limitaciones adicionales a las auditoras que deben calcular la nueva retribución a las renovables, al impedirles no sólo las relaciones contractuales con empresas reguladas, sino también con filiales de estas empresas.
En su trámite por el Congreso, el proyecto que entregó el Gobierno sufrirá modificaciones antes de llegar al Senado tras la presentación de enmiendas por parte de los grupos, ya que se presentaron al mismo 498 enmiendas, de las que 56 son del partido (PP) que sustenta el Gobierno y que tiene mayoría absoluta parlamentaria, por lo que saldrán adelante.
El PSOE se queja de la tramitación sin debate de la ley eléctrica
Por su parte, como ya comentábamos en «Energía Diario» el Grupo Parlamentario Socialista remitió una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la que denuncia que la tramitación sin debate de la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) incumple los reglamentos de la Cámara y en la que reclamó una actuación «urgente», a la vista de que este martes será aprobada la norma por parte de la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
En la misiva, el PSOE solicitó a Posada que «cumpla y haga cumplir el reglamento» del Congreso en sus artículos 114 y 115, en los que en se indica que el debate de la ley debe hacerse «artículo por artículo» o, si hay acuerdo general de los grupos, con los artículos agrupados en bloques.
La nueva ley eléctrica, que está compuesta por 80 artículos y numerosas disposiciones adicionales, transitorias y finales, recibió un total de 498 enmiedas, cuyo análisis, indicó el principal partido de la oposición, debe realizarse con el detenimiento adecuado.
Al actuar con competencia legislativa plena, la Comisión de Industria tendrá «una única oportunidad» para «llevar a cabo un trabajo de debate y deliberación suficientemente detallado como merece, por su transcendencia, una iniciativa a la que se han presentado 498 enmiendas», señaló.
La carta también recordó que la anterior ley eléctrica, la de 1997, estuvo precedida en su tramitación del correspondiente debate de los artículos, y que en esta legislatura se recurrió a esta fórmula en otros proyectos legislativos, entre ellos la nueva ley para la Mejora de la Calidad Educativa.
En paralelo, el PSOE reclamó a la mesa de la Comisión de Industria la comparecencia de 18 representantes de distintos ámbitos del sector eléctrico para conocer de primera mano su posición acerca de la nueva legislación.
Entre ellos figuran presidentes, directores generales o altos directivos de las principales asociaciones empresariales, incluidas la eléctrica Unesa (Eduardo Montes), la renovable APPA (José Miguel Villarig), la eólica AEE (José López-Tafall), las fotovoltaicas UNEF y Anpier (José Donoso y Rafael Barrera, respectivamente) y la termosolar Protermosolar (Luis Crespo).
También figuran el presidente de Enerclub y consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca; el presidente de los consumidores industriales de Aege, Eduardo Gil; el expresidente de la CNE, Alberto Lafuente; el execonomista jefe de la CNC, Juan Delgado, o el exconsejero de la CNE, presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de REE, Jorge Fabra.
Otros comparecientes propuestos son el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva; el secretario general de WWF-España, Juan Carlos del Olmo; el exdirector general de operaciones de REE, Alberto Carbajo; el presidente de los representantes de las renovables en el mercado Armie, José Salmerón, y el director de la cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, José Ignacio Pérez Arriaga.
El PSOE también propuso la comparecencia de representantes de los consumidores, entre ellos el secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Félix Martín, y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo.
Las renovables piden que no se «hurte» el debate sobre la nueva ley
Asimismo, las cuatro asociaciones de renovables de ámbito estatal (Anpier, APPA, Protermosolar y UNEF) mostraron su rechazo a que las enmiendas de la oposición a una ley «de capital importancia para la sociedad y la economía española» como es la del sector eléctrico se tramiten «sin apenas tiempo para el debate».
Todas ellas lamentaron que antes de aprobar la nueva ley en el Parlamento no «hayan tenido ocasión de haber escuchado a los principales representantes del sector y la premura de tiempo que habrá para debatir las enmiendas de la oposición».
Las asociaciones, que denunciaron que el Gobierno «ha ignorado por completo» las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Consejo de Estado y de la propia Comisión Europea, consideran que «no se puede despachar sin discusión parlamentaria una ley que afecta a su seguridad jurídica, a miles de inversores y al futuro de un sector estratégico para el país».
Así, también pidieron a Jesús Posada, que no permita que «se hurte el debate» sobre la ley y que pueda ser debatida «artículo por artículo».
