Los nuevos criterios de Bruselas, recordó la asociación, fueron elaborados con el propósito de alcanzar los objetivos energéticos de 2020 y de cara a la puesta en marcha del mercado eléctrico único europeo en 2014.

La AEE «comparte» los criterios establecidos en los documentos publicados por la Comisión y consideró que la reforma energética del Gobierno «contraviene un gran número de directrices de Bruselas, por lo que debería ser revisada».

En concreto, la Comisión Europea ratificó su apoyo a la existencia de sistemas de apoyo «transparentes que fomenten las tecnologías de generación limpias y basadas en recursos autóctonos, como la eólica», al tiempo que indica que los sistemas de apoyo deben ser «estables y respetar las expectativas legítimas sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, por lo que recomienda a los gobiernos que eviten cambios retroactivos».

Frente a esta posición, la AEE denunció que la reforma energética «pretende modificar las reglas del juego para todas las instalaciones en marcha, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello provoca y los problemas financieros a los que aboca al sector».

La asociación también «comparte plenamente» con la Comisión Europea que «el camino es ir eliminando progresivamente los incentivos a las renovables, a medida que los sectores avancen en reducción de costes y eficiencia».

«Pero AEE también considera que este objetivo debe ir ligado al de la eliminación progresiva de los apoyos a los combustibles fósiles y a una fiscalidad medioambiental más clara en la lucha contra el cambio climático», afirma.

Las nuevas subastas forman parte de la reforma energética anunciada en julio por el Gobierno y tienen como objetivo reducir el coste de este servicio para la tarifa eléctrica, que Industria cifró en 748 millones de euros sólo para 2013.

Hasta agosto, este servicio ocasionó un coste de 456 millones de euros y se convirtió, al incrementarse en un 41%, en la partida del sistema eléctrico que más subió con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según consta en la última liquidación del sistema publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecen las condiciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y se afirma que la asignación del servicio se realizará a través de un procedimiento de subastas gestionado por el operador del sistema.

De este modo, se sustituye al anterior sistema de autorización por parte de Industria y firma de un contrato con REE. La rebaja en los pagos a los adjudicatarios y la reducción de su número reducirán el coste de este servicio.

Antes de las subastas, el operador del sistema, Red Eléctrica, remitirá no más tarde del 30 de junio de cada año a la Secretaría de Estado de Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta justificada del requerimiento de potencia interrumpible. En las subastas para este servicio, la CNMC «actuará de supervisora».

La gran industria ya expresó su rechazo a este recorte, al considerar que supondrá una reducción de ingresos para unas empresas que ya sufren, a modo de pérdida de competitividad, un fuerte encarecimiento de la electricidad, lo que puede abocarlas a la deslocalización.

Según aclara la norma firmada por José Manuel Soria, el objeto de la subasta es la asignación de bloques de potencia interrumpible para cada periodo de entrega. Para ello, existirán dos tipos de productos: uno mediante bloques de reducción de demanda de 5 MW y otros de bloques de reducción de demanda de 90 MW, con muy alta disponibilidad.

Cada producto lleva asociadas tres opciones de interrupción del suministro en respuesta a una orden de REE, que son una de ejecución instantánea, otra con preaviso mínimo de 15 minutos y otra con preaviso mínimo de dos horas.

«La ejecución de cada una de las opciones tendrá una duración máxima de una hora, estableciéndose un máximo de dos ejecuciones consecutivas«, apunta la orden ministerial.

Además, la interrupción no podrá superar las 240 horas anuales para el producto 5 MW, con un máximo de 40 horas mensuales, ni las 360 horas anuales para el producto 90 MW, con un máximo de 60 horas mensuales. La liquidación de este servicio se realizará de forma mensual.

Hasta ahora, REE sólo podía emitir órdenes de interrupción de suministro ante situaciones de emergencia, circunstancia que, dada la sobrecapacidad del sistema eléctrico, lleva varios años sin producirse.

Con la nueva orden, la reducción de potencia podrá ser tanto por motivos técnicos, esto es, por una emergencia, como por motivos económicos, que se producen cuanto esta interrupción procura un menor coste para el sistema que la aplicación de los servicios de ajuste del sistema.

Hasta siete enmiendas a la totalidad tuvo que presenciar el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre uno de los puntos claves de su reforma; la nueva Ley del Sector Eléctrico, sometida a debate en el pleno del Congreso de los Diputados. Ni siquiera contó con el apoyo del representante de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, el único favorable a los Presupuestos Generales del Estado para 2014 en el debate de la semana anterior. Toda la oposición coincidió en reprochar al ministro «la falta de diálogo» y las «consecuencias negativas» que la reforma tiene para «las energías renovables y el autoconsumo».

Comenzó el turno de intervenciones el ministro José Manuel Soria. No entró en los detalles del texto legislativo, lo que le valió la reprimenda de algunos diputados que consideraron insuficientes sus explicaciones. Soria insistió en que el objetivo principal de la reforma es acabar con el déficit de tarifa. Recordó que desde 2005 los costes del sistema se han triplicado en un contexto de disminución de la actividad económica y de descenso de la demanda eléctrica. El ministro también comentó que las primas al régimen especial se han septuplicado. Por ello defendió todas las medidas tomadas y señaló que la alternativa hubiera sido «subir la luz un 42%».

Déficit de 4.500 millones en 2013

El titular de Industria señaló que el déficit de tarifa en 2013 se situó en 4.500 millones después de que los ingresos del sistema eléctrico fueran de 18.000 millones mientras los costes reconocidos alcanzaban los 22.500 millones, lo que se suma a los 26.000 millones de déficit de tarifa acumulada. Ante esta situación, el ministro señaló como objetivo «eliminar el déficit de tarifa con una reducción significativa de los costes fijando un marco normativo estable desde un punto de vista económico y financiero y que suponga el menor coste posible para los consumidores». En este sentido, señaló que los ingresos del sistema «deben ser suficientes», por lo que defendió el mecanismo recogido en el proyecto de ley que establece una subida automática de los peajes en caso de cualquier desajuste entre ingresos y costes del sistema “que se sitúe por encima del 2 % de los costes estimados para ese año o del 5% del total de la deuda acumulada en ese momento”.

José Manuel Soria insistió en la reforma como solución a los problemas del sector eléctrico y confió en que el déficit de tarifa “no vuelva a ser una carga para consumidores y empresas eléctricas”. Por ello destacó que “subir la luz un 42 % no era posible porque ya entre 2005 y 2011 el precio subió un 67% y desde principios de 2012 ha subido otro 4,9%”. A pesar de afirmar que “la razón de ser de un sistema energético es que el factor de la electricidad no sea una restricción a la competitividad”, el ministro descartó una posible bajada de los peajes, la parte regulada de la factura de la luz y que es fijada por el Gobierno “mientras el sistema eléctrico acumule deuda”.

Además de la lucha contra el déficit tarifario, José Manuel Soria defendió escuetamente el nuevo marco retributivo para las actividades reguladas afirmando que “es un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable, que introduce certidumbre y da confianza a los inversores, y se garantiza la rentabilidad de las energías renovables«; respecto a la regulación del autoconsumo, el ministro destacó la necesidad del pago de un peaje de respaldo para “evitar que se aprovechen de la utilización de la infraestructura de un sistema pagado por el resto de consumidores eléctricos” y recordó que los autoconsumidores no pagarán ni la energía autoconsumida ni los impuestos asociados a esa energía.

Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor

La reforma también crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw y se mantiene la Tarifa de Último Recurso (TUR) «pero sólo para los consumidores vulnerables», incluyendo un nuevo descuento sobre el precio voluntario, el llamado bono social.

La ley también abre la posibilidad de que la Administración central, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla asuman puedan llevar a cabo planes de ahorro y eficiencia para mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas y para renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales.

Finalmente, se habilita la posibilidad del cierre temporal de instalaciones de producción bajo «estrictos criterios de garantía de la seguridad de suministro» -la llamada ‘hibernación’-, se refuerzan los mecanismos de control del sistema de Inspección, del registro de actividades y del control del fraude, y se fortalece el régimen sancionador.

Oposición muy crítica

Los partidos de la oposición en el Congreso rechazaron de forma generalizada el proyecto de ley de reforma eléctrica presentado por el Gobierno, argumentando que mantiene los privilegios del oligopolio energético a la vez que se perjudica a las energías renovables y se impide el desarrollo del autoconsumo, sin conseguir sin embargo solucionar el problema del déficit tarifario o conseguir una electricidad más barata.

El portavoz socialista de Energía, José Segura, aseguró que este proyecto es «inútil para su único objetivo, reducir el déficit tarifario, ineficaz para reducir la dependencia exterior, que consolida; anacrónico porque aleja al país del modelo energético europeo, injusto porque hace recaer sobre las familias la mayor parte del coste de la energía, suicida tecnológicamente porque arroja por la borda el liderazgo en renovables e insostenible medioambientalmente al dejar en mera retórica vacía de contenido la política de ahorro y eficiencia».

Además, José Segura criticó toda la trayectoria legislativa energética de este Ejecutivo, que provocará múltiples reclamaciones por la retroactividad de muchas de las medidas aprobadas. Por último, criticó que se ignora tanto a los grupos políticos como a los ciudadanos, «que soportan las descabelladas ocurrencias que se perpetran mes tras mes» y que se ven empujados a una mayor pobreza energética.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó la actitud de un Gobierno «absolutista, temerario, irresponsable y profundamente equivocado, que continúa cavando en el pozo con las mismas medidas» y que supone «una clara involución» que no permitirá afrontar los retos energéticos del futuro, ni avanzar en la independencia energética ni garantizar el derecho a una energía «limpia». Además, Ortiz reprochó que el Gobierno acepte todas las reclamaciones del «cártel eléctrico» con respecto al déficit tarifario sin cuestionarla, y propuso una alternativa a esta «contrarreforma» que supone «consolidar un sistema obsoleto, insostenible económico y medioambientalmente, que hará al país más vulnerables» y que abunda en la pobreza energética.

«Poner al sector al servicio del interés común y no al revés, ésa es la reforma que necesita este país», añadió la diputada, que cargó duramente contra el «oligopolio» eléctrico que, pese a la caída del consumo y la crisis, registra mayores beneficios y que ha «secuestrado al Gobierno«, lo que conlleva asimismo la «asfixia financiera» de las renovables y las trabas al autoconsumo.

«Peronismo eléctrico»

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, rechazó una «política errática» en materia energética y calificó la reforma como un “parche muy grande que esconde los problemas debajo de la alfombra”. Carlos Martínez Gorriarán lamenta que “en lugar de liberalizar el mercado, se hace una ley que mezcla oligopolio y populismo, una especie de peronismo eléctrico”. Por ello, lamenta que en lugar de favorecer medidas que hagan que el sector sea más competitivo y que los consumidores paguen menos, “tratan de parar el reloj en la evolución de un sistema que no para de cambiar», reprochó, en referencia a la «penalización» del autoconsumo y a las renovables. También criticó el concepto de rentabilidad razonable por su imprecisión.

Josep Sánchez Llibre, de CiU, lamentó que con esta ley el Gobierno haya «perdido una gran oportunidad» para llegar a un gran pacto «sólido y estable» que haga competitivo al sector a medio y largo plazo, y aporte al desarrollo económico. «Sería urgente clarificar cuál es el modelo de futuro antes de adoptar medidas para reducir el déficit tarifario«, recomendó. Además, pidió una «alternativa» al sistema de generación de precios, que tiene un impacto importante en el déficit de tarifa, y lamentó que el Ejecutivo se «apropie» de competencias autonómicas y que se «impida la posibilidad de crecer» de las renovables. «El autoconsumo era uno de los temas más esperados, pero lejos de fomentarlo la reforma lo penaliza», añadió.

Para Teresa Jordà (ERC), el proyecto va «radicalmente en contra del interés general y a favor del oligopolio, manteniendo un sistema injusto e ineficiente» y sin afrontar la «necesidad de cambiar de modelo energético apostando por las renovables». «Están agravando el problema de la dependencia energética, que ya supera los 45.000 millones de euros en importación”, pronosticó, criticando también que se «castigue» el autoconsumo mientras se permiten los «escandalosos beneficios de la mafia eléctrica española, cuyos privilegios no se eliminan».

La diputada del BNG, Rosana Pérez, cree que con esta norma se mira «desde un punto de vista mercantilista» lo que debería ser un «servicio esencial», al buscarse la sostenibilidad financiera del sistema sin presentar medidas para garantizar unos costes accesibles para todos los ciudadanos. «Y no se pone solución a las causas estructurales del déficit de tarifa y del mercado oligopolístico, que son un sistema de generación de precios opaco e injustos», añadió, criticando que se frenen las renovables y se castigue el autoconsumo.

Por Compromís-Equo, Joan Baldoví comenzó con los brazos en alto su intervención para escenificar “el atraco” que supone una normativa que ha sido “dictada” por las grandes empresas energéticas a las que ha calificado como «grandullones codiciosos que quieren impedir que haya una verdadera democracia energética y repartirse ellos solos el negocio«. A juicio de Baldoví, “la ley busca consagrar los beneficios de la patronal aunque perjudiquen a los consumidores y hundan las renovables» para añadir finalmente «manos arriba, esto es un atraco. Nos quieren robar el sol y usted, señor ministro lo quiere permitir».

Más sombras que luces

Por el PNV, Pedro Azpiazu, cree que este proyecto «presenta más sombras que luces» para afrontar los retos del futuro, que pasan por garantizar la competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro. Además, criticó la «falta de diálogo» del Gobierno y rechazó la «voluntad recentralizadora» también en este sector y también advirtió de que el déficit «no está resuelto«. Maite Ariztegui (Amaiur) coincide en que «una norma que debería hablar de luz lleva a la oscuridad más profunda» con un único objetivo «recaudatorio» y advirtió de que “la retroactividad es jugar con trampa; no creo que les guste que Europa vuelva a darles un tirón de orejas” en referencia a la sentencia sobre la doctrina Parot.

Carlos Salvador (UPN) pidió un «gran acuerdo nacional desideologizado» sobre el futuro de la energía y lamentó que el sector viva «instalado en la inseguridad jurídica, la improvisación y las dudas». Además, cree que sería «una gran equivocación» dejar de apoyar a las fuentes renovables, por las que lamentó “su persecución” y señaló que la regulación del autoconsumo «no puede servir para impedir el autoconsumo«.

Pedro Quevedo (CC-NC) lamenta que el proyecto no «revisa un modelo disparatado, oscuro, caro y con una grave indefinición de lo que es relevante para el futuro» por culpa de una «obsesión por el déficit de tarifa que no conduce a su resolución» a pesar de haberle dado «un golpe de muerte a las renovables» que son la «garantía de independencia en el futuro» y señaló que la nueva regulación sobre autoconsumo “es un castigo que no sirve para promoverlo sino para complicarlo”. También reivindicó el final de la moratoria a las primas para las nuevas instalaciones renovables en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.