El Senado aprueba el crédito de 2.200 millones de euros para financiar las primas renovables

El Senado aprobó la normativa por la que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 conceden un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar los extracostes que los incentivos a las energías renovables suponen para el sistema eléctrico. Puesto que no se aceptó ninguna de las 25 enmiendas, ya no se precisa una nueva aprobación del Congreso de los Diputados.

Un debate que recogió reiteradas menciones por parte de la oposición a la necesidad de realizar una auditoría del déficit tarifario así como de una reforma integral del conjunto del sector eléctrico: el senador del PP, Francisco Utrera, emplazó al resto de portavoces a presentar este tipo de alegaciones a la Ley del Sector Eléctrico, en plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados desde el 4 de octubre.

Respecto a las críticas de la oposición que acusan al PP de culpabilizar a las energías renovables como generadoras del déficit de tarifa, Utrera las rechazó argumentando que las causas del déficit, “una anomalía que hay que corregir”, son múltiples y no se pueden centrar en ninguna de las tecnologías.

El proyecto de ley tuvo que superar dos propuestas de veto: por parte del Grupo Mixto, Jesús Iglesias (IU) justificó su propuesta de veto dado que, a pesar de las numerosas medidas adoptadas, “no se acaba de resolver el déficit tarifario”; por ello reclamó una auditoría antes de abonar ese dinero y se realice una “reforma integral” de la Ley del Sector Eléctrico ya que se ha configurado “un oligopolio cada vez más fuerte”. Son reivindicaciones que también apoyó Ester Capella (ERC), que realizó otra propuesta de veto argumentando que “es una indecencia” entregar 2.200 millones al sector eléctrico mientras se recorta en otros ámbitos.

Dos grupos parlamentarios, el PSOE y CiU, se han abstenido del veto porque, según Felipe López (PSOE), quieren hacer una “crítica constructiva” y evitar “dilaciones” del Estado con deudas que se puedan generar si no hay crédito extraordinario. Ferrán Bell (CiU) no respaldó los vetos porque supondría devolver la norma al Congreso, lo que no evitaría destinar esos 2.200 millones, pero sí empeoraría la situación del sector.

El senador del PNV, Jokin Bildarratz, criticó que el déficit tarifario lleva años sin solución, por lo que consideró el crédito extraordinario de 2.200 millones como un “parche” que demuestra el “fracaso” de una política energética “carente de visión extratégica”, opinión que compartió Rafel Brugera (PSC), senador de Entesa Catalana.

Ley para los SEIE

El Pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de fomento de la competencia y garantía de la seguridad de suministro en los sistemas eléctricos extrapeninsulares (SEIE), término que agrupa a las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla después de un debate en el que se incorporaron 3 enmiendas del PP y se rechazaron 71. El PSOE mostró una rotunda oposición al texto, al igual que Coalición Canaria, pero sus votos en contra fueron ampliamente superados por la mayoría del PP, cuya senadora Juana Pons reprochó “la incoherencia” de ambas fuerzas políticas pues son corresponsables de la Ley desde el momento en que el Ministerio de Industria pactó importantes cambios respecto al texto inicial con el Gobierno canario (CC-PSOE).

En la defensa de uno de los vetos del Mixto, Jesús Iglesias (IU) criticó que no se aprovechen las “particulares características” de las Islas para apostar por las renovables en vez de por el gas y que el Gobierno haya aprovechado para «colar de rondón» la regularización del fracking. Narvay Quintero (CC) justificó el segundo veto en que la futura norma no es la más adecuada para Canarias “porque se trata igual en materia energética a quienes son diferentes” en referencia a que las distancias y las conexiones con la Península no son las mismas que para las Baleares, Ceuta y Melilla y además “paraliza inversiones, crea riesgo de desabastecimiento e incentiva la inseguridad jurídica”.

Ramón Medina argumentó el veto del PSOE en que, a pesar de que consideran que el texto inicial mejoró bastante gracias a la negociación entre el Ministerio y la consejera de Empleo, Industria y Energía de Canarias, Francisca Luengo (PSOE), “el proyecto de Ley se realizó a espaldas de los territorios afectados, genera inseguridad jurídica, no garantiza competencia y no reducirá el coste de generación”. Además, Medina lamentó que no se haya aprovechado para dar un impulso a las renovables, no se incluyan infraestructuras para garantizar el suministro y se haya “dado cobertura” al fracking.

Pons (PP) les contestó que con el proyecto se garantiza el suministro, se apuesta por las energías renovables y se favorece la entrada de nuevos operadores para que haya más competencia, al tiempo que se regula la fractura hidráulica. CiU se abstuvo respecto a los vetos, a pesar de que “duda” de que el proyecto de ley pueda garantizar el suministro y disminuir los costes, según Ramón Alturo. Iñaki Anasagasti (PNV) alertó de la posible inconstitucionalidad de la norma, ya que vulnera competencias autonómicas en materia energética y de retribuciones.

Ahora el texto será remitido al Congreso de los Diputados, ya que en el Senado se han introducido modificaciones. Concretamente, el dictamen de la ponencia incorpora tres enmiendas del PP: se establece que las centrales eléctricas del régimen ordinario (es decir, todas excepto renovables y cogeneración) que hayan obtenido autorización administrativa entre el 1 de marzo y la entrada en vigor de la ley pero que no estén inscritas en el registro necesitarán de una resolución favorable del Ministerio de Industria para recibir la retribución establecida. En caso de que esa resolución sea desfavorable, no se prevé ningún tipo de indemnización. Además, el texto deja al desarrollo reglamentario el establecimiento del órgano competente para convocar las subastas de instalaciones de centrales de bombeo, que en la redacción anterior correspondía al Gobierno.