En el informe que este organismo realizó sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, la CNC solicitó que esta nueva regulación incluya dentro de los objetivos «no sólo la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético, sino también la necesidad de garantizar una competencia efectiva entre los operadores del sector».
En este punto, cuestionó la forma en que se retribuye a las distintas tecnologías de generación en el «pool» eléctrico, donde se establece una rentabilidad fija para distintas instalaciones productivas que representan una parte importante de la oferta. «Este sistema puede introducir incentivos perversos para las empresas a la hora de ofertar en el pool de manera que se distorsione la competencia», advirtió.
«El hecho de que la retribución se conciba como una retribución fija sobre unos costes reconocidos puede afectar a la eficiencia dinámica a la hora de invertir y mejorar la eficiencia de sus instalaciones individuales«, apuntó, para añadir que esto podría suponer un incremento en el precio de producción.
Por ello, apostó por exigir «mayor información y supervisión», de manera que la retribución se ajuste a la evolución de los costes de cada activo, y por que este mecanismos sea provisional hasta que se cree uno nuevo.
En cuanto a la asignación de nueva potencia, propuso la introducción de mecanismos competitivos, especialmente en los territorios no peninsulares, y reclamó actuaciones «concretas» que refuercen la separación de actividades de generación, distribución y comercialización de la electricidad para incentivar la competencia entre operadores en el sector.
Eliminar el apoyo al carbón autóctono
Asimismo, la CNC propuso la supresión del mecanismo que obliga a quemar preferentemente carbón nacional para la generación de electricidad. En este sentido, reiteró que esta medida «ha demostrado producir alzas en el precio de la electricidad y no es compatible con un mercado en libre competencia, al margen de su posible incompatibilidad con el régimen de ayudas públicas de la Unión Europea». De este modo, las restricciones por garantía de suministro se adelantarían en un año la fecha prevista para su desaparición, a finales de 2014.
La CNC consideró que «la obligación del uso» de esta tecnología «no responde a parámetros económicos eficientes» supone «distorsionar el normal funcionamiento del mercado mayorista», ya que desplaza a otras tecnologías «más eficientes» y redunda en mayores precios.
El organismo de competencia también consideró que la hibernación prevista para algunas instalaciones como los ciclos combinados de gas debe estar debidamente justificada y debe ser proporcional al objetivo que sirve, lo que implica que no se recurra a esta opción «más de lo que sea necesario» ni pagar más que los costes de la hibernación propiamente dicha. El mecanismo de selección de instalaciones para su hibernación debe ser «competitivo» y debe atender «siempre» a las necesidades del sistema sin que por ello «pueda llevar una sobre retribución», dijo la CNC.
Para justificar su propuesta, la Comisión recordó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) cifró en 400 millones de euros anuales el sobrecoste que esta medida supone para los consumidores eléctricos.
Esta propuesta choca con el Plan del Carbón 2013-2018, que se ultima estos días, y que, según los sindicatos, garantizará que la generación eléctrica a base de carbón suponga un mínimo del 7,5 % del total más allá de 2014.
A favor del autoconsumo
Además, Competencia también habló de autoconsumo en su informe sobre el anteproyecto de ley, en el que mantuvo una posición similar a la de la CNE, que afirmó que los argumentos que expone el Gobierno para incluir el llamado peaje de acceso a los consumidores que quieren acogerse al autoconsumo eléctrico «no se encuentran justificados» y pidió que se retirase.
Sobre esta cuestión, la CNC consideró «imprescindible» que el régimen que finalmente se arbitre para el autoconsumo «no resulte arbitrario ni desproporcionadamente restrictivo». «Este sistema puede ser una fuente importante de presión competitiva en el sistema y para el resto de suministros convencionales», apuntó el organismo .
El autoconsumo es «una opción favorable a la competencia que sirve para disciplinar, al menos indirectamente, al sistema eléctrico cuando los costes del mismo son lo suficientemente elevados como para que, con economías de escala y de red muy inferiores, la opción del autoconsumo sea económicamente racional. De esta forma, también desde el punto de vista de competencia la autoproducción descentralizada no debería ser innecesaria o desproporcionadamente desincentivada, más bien al contrario«.
«En un contexto de insuficiente competencia en los mercados eléctricos mayorista y minorista, el autoconsumo se constituye como una alternativa voluntaria del consumidor, cuando éste lo considere económicamente interesante, para evitar el suministro de energía a través de los canales tradicionales», recordó el organismo.
En su informe, la Comisión concluyó que el Ministerio debe reconsiderarse la regulación propuesta al entender que «se debería evitar la introducción de trabas innecesarias y desproporcionadas al desarrollo del autoconsumo».
Aunque reconocieron desde la CNC que «parece razonable que se responsabilice de algunos de los costes del sistema en términos análogos a los demás sujetos consumidores», afirmaron que «no se daría un cumplimiento adecuado al principio de proporcionalidad si se obligara a satisfacer al sujeto autoproductor peajes o cargos adicionales a los existentes para el resto de los consumidores teniendo en cuenta la energía que autoconsume y que no vierte a la red».
Aunque no lo menciona, la CNC se posicionó en contra del llamado «peaje de respaldo», que es el que abonarían los usuarios con autoconsumo conectados a la red cuando generan la electricidad para uso propio.
Desde Competencia recordaron que desde instancias europeas se está incentivando el autoconsumo porque «presenta determinadas ventajas que deben ponderarse antes de la introducción de posibles medidas que lo desincentiven».
En el caso de España, la CNC apuntó que su posibilidad de desarrollo «resulta particularmente interesante por varios motivos» para reducir la «alta dependencia energética» del país y porque «España ha sido un territorio propicio para la instalación de energías renovables», entre otros.
Desde la Comisión, aseguraron que «al penalizar al autoconsumo se penaliza, en la actualidad, a una tecnología concreta, esto es, a la producción de energía a través de paneles solares fotovoltaicos».
Unificar los derechos del consumidor
En lo referido a los consumidores, Competencia pidió retoques en las subastas Cesur, que deberían eliminar los riesgos identificados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en sus informes con el fin de asegurar una formación de precios competitiva y eficiente, con el objeto de «asegure un suministro seguro y de calidad, pero también al menor coste posible para el consumidor final».
Además, planteó la necesidad de recoger de manera unificada todo el catálogo de derechos que asisten al consumidor, especialmente los que se refieren al cambio de suministrador, y consideró que el cambio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es «más formal que real, ya que no se introducen avances liberalizadores que impliquen la eliminación de tarifas reguladas o su aplicación a colectivos más reducidos».
Por su parte, en lo que se refiere a la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) y el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la CNC aseguró que los cambios son «más formales que de fondo» y que «no se observan avances de signo liberalizador que impliquen la eliminación de tarifas reguladas o su aplicación a colectivos más reducidos».
En este sentido, Competencia sostuvo que esta circunstancia «choca con el que debería ser uno de los principales objetivos en un contexto de reforma global de la normativa que afecta al sector eléctrico» y que pasa por «avanzar a medio plazo hacia el progresivo acceso de clientes al mercado libre, hasta llegar a la abolición completa de las tarifas reguladas».
Por último, la CNC pidió que se expliciten las competencias y la labor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en varios artículos del texto normativo.
