Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que el texto se remitirá, básicamente sin modificaciones sobre el anteproyecto aprobado el 12 de julio, a las Cortes para su tramitación, a pesar de las recomendaciones contrarias del regulador energético, que no fueron atendidas.
A pesar de haber escuchado las críticas de la CNE sobre el «peaje de respaldo» al autoconsumo de electricidad, que es el que abonarían los usuarios con autoconsumo conectados a la red cuando generan la electricidad para uso propio, y el tratamiento diferencial para las renovables en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, el Ejecutivo mantuvo su posición inicial.
En concreto, el regulador energético se mostró en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética, por lo que reclamó la eliminación del gravamen.
Sin embargo, defendió que los usuarios con sistemas de autoconsumo que estén conectados a la red para abastecerse cuando carezcan de producción propia tienen que pagar el peaje, porque acceden a las instalaciones del sector eléctrico al igual que el resto de consumidores y que de lo contrario, «todos le estaríamos pagando» ese acceso.
Frente a esta posición, el ministro dijo que el Gobierno «es muy partidario del autoconsumo» y recordó que esta es «la primera vez que se regula en España».
El ministro justificó el nuevo gravamen a la electricidad que se produzca para uso propio asegurando que «a los que se enganchan a la red se les impone un peaje porque de lo contrario todos los demás estarían pagando su parte» y «el resto del sistema» estaría financiando a este consumidor.
La CNE también criticó que se estableciera un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables en los sistemas extrapeninsulares e insulares y reclamó criterios homogéneos con el resto del territorio nacional. Esta denuncia «tampoco la hemos atendido», dijo el ministro.
El ministro explicó que aunque «es verdad» que para determinadas actividades se fija una retribución superior, «es así porque aún con esa retribución superior el coste general para el sistema eléctrico disminuye», y por eso no incluyó la recomendación.
Soria insistió en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la Unión Europea y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes, lo que da origen al déficit de tarifa.
Por ello, la reforma energética aprobada tiene el triple objetivo de «garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes» y frenar su impacto en los consumidores.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, afirmó que este proyecto de Ley se remite a las Cortes tras el informe «favorable» del Consejo de Estado y de obtener las correspondientes consideraciones por parte de la CNE y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
El proyecto de Ley forma parte del paquete normativo de la reforma energética aprobado el pasado 12 de julio, con el que se reordena el sector y se equilibran ingresos y gastos para detener la generación de déficit tarifario.
La nueva norma establece los parámetros para una rentabilidad razonable de los proyectos empresariales regulados, busca incrementar la flexibilidad para adaptar las retribuciones a la situación de la economía y las necesidades del sistema o establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables.
El Proyecto de Ley aprobado se complementa con un paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales que se encuentran actualmente en tramitación.
Al respecto, el ministro de Industria dijo que el proyecto de ley forma parte de la reforma «integral» del sector eléctrico el cual, tiene «muchos problemas», pero el fundamental es que los precios son superiores a la media de la Unión Europea, mientras que los ingresos son más bajos y provoca el llamado déficit tarifario acumulado que, según Soria, en mayo alcanzaba los 26.000 millones de euros y que para este año, se incrementará en unos 2.500 o 3.000 millones de euros.
El Gobierno espera que la ley, que inicia su tramitación parlamentaria, y el resto de reales decretos, pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2014.
El PSOE advierte de que podría recurrir la Ley del Sector Eléctrico
Las reacciones no se hicieron esperar y el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, advirtió al Gobierno de que si no retira la Ley del Sector Eléctrico, o no se utiliza el trámite parlamentario para modificar «radicalmente» el planteamiento de esta política, contando con la participación de todos y la negociación con los grupos, recurrirá la Ley ante el Tribunal Supremo.
Morán consideró que el Gobierno dibujó un panorama «muy oscuro» menoscabando la competitividad de la industria «en el momento en el que más apoyo necesitaba» y con «nefastas» consecuencias para el desempleo.
Además estimó que el Ejecutivo está «perpetrando destrozos» en materia energética a lo largo de la legislatura, llevando el déficit de tarifa a cifras récord, mientras que el recibo de la luz experimentó subidas sin precedentes que empobrecieron a la sociedad «hasta límites insoportables».
Para Morán, la Ley aprobada hoy está «condenada a su imprescindible derogación, incluso antes de ser promulgada» por haber sido elaborada «a espaldas de los agentes afectados y en contra los consumidores», con una opacidad «duramente criticada por todos».
El responsable socialista entendió que la nueva norma apaga el autoconsumo, «cortocircuita» las energías renovables, y «desconecta» a España de Europa.
Por ello apeló al «sentido común de quien tiene la responsabilidad última de no hacer más daño al país», al tiempo que reiteró la necesidad de que la política energética se considere como una estrategia de país y, por lo tanto, como una política de Estado que debe construirse desde amplios consensos.
Asimismo, UGT replicó que esta normativa «supondrá un aumento de precios en el recibo de la luz, menos inversión, menos calidad y seguridad del servicio y menos empleo», y criticó «la falta de transparencia que ha impedido un debate público sosegado».
UNEF lamenta el lanzamiento de una reforma «discriminatoria»
Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) lamentó la «escasa consideración» mostrada por el Gobierno al aprobar el proyecto de Ley del Sector Eléctrico sin atender las recomendaciones de «los organismos reguladores independientes, CNE y CNC», y consideró que esta posición del Ejecutivo profundiza en el carácter «discriminatorio» de la reforma.
Tanto la CNE como la CNC emitieron sendos informes críticos con el nuevo «peaje de respaldo» al autoconsumo de electricidad, una medida que la propia asociación fotovoltaica calificó de «impuesto al Sol» y consideró un freno a «la única alternativa de supervivencia que le quedaba al sector en España».
La patronal reiteró además que, «tal y como se ha planteado, la reforma profundiza en el carácter retroactivo de las normas anteriores, agravando la inseguridad jurídica en el país, ahuyentando a los inversores y comprometiendo la viabilidad de miles de instalaciones de pequeños inversores que acometieron sus proyectos confiando en el BOE».
El sector fotovoltaico, indicó UNEF, tiene una deuda con los bancos de cerca de 20.000 millones de euros. «Cualquier medida adicional supondrá que no se pueda pagar esa deuda» y que se genere «un nuevo impacto sobre el sistema financiero nacional», advirtió.
La asociación empresarial consideró además que «las reformas planteadas por el gobierno eliminan definitivamente un sector puntero que ha llegado a dar trabajo a 40.000 personas y que aún supone el sustento de 7.500 personas».
Por último, sostuvo en alusión al autoconsumo que «la norma aprobada por el Consejo de Ministros va contra corriente con respecto a países del entorno europeo, como Alemania o Italia, que han apostado» por este actividad.
La Ley eléctrica está hecha «a la medida de las grandes empresas»
Por último, la organización Ecologistas en Acción aseguró que el proyecto de Ley del sector eléctrico está hecho «a medida de las grandes» eléctricas y añadió que va en perjuicio de la ciudadanía, la economía estatal y local y el medio ambiente.
A su juicio, el paquete de medidas incluye «medidas tan escandalosas» como el impuesto al autoconsumo a partir de renovables y lo disfraza «eufemísticamente» como peaje de respaldo. Por ello, consideró que es necesaria una reforma eléctrica, pero «muy distinta a la que impulsa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo».
Así, la organización manifestó que es «urgente» una planificación estratégica en la que las medidas de ahorro, eficiencia e implantación de energías renovables sea «un pilar básico».
Además, insistió en que el sistema precisa de transparencia y control público, de modo que la electricidad deje de estar controlada por un «oligopolio de grandes empresas cuyo único objetivo es incrementar sus cuentas de resultados a costa de los bolsillos de la ciudadanía y el deterioro del medio ambiente».
Ecologistas en Acción añadió que la nueva ley carga sobre los consumidores la «nefasta» regulación y la falta de planificación del sector que, según recordó, acumula una deuda de unos 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones.
«Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética», insistió la organización en un comunicado.
Igualmente, añadió que esta reforma es «una estocada a las energías renovables», tanto para las plantas que están en funcionamiento como las nuevas plantas que se pudieran instalar en el futuro.
La organización insistió en que el objetivo de la reforma es asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico en el que estaban entrando nuevos actores en juego en los últimos años y estaba creciendo el autoconsumo, al tiempo que el consumo descendió. Eso era, según concluyó, un escenario que las eléctricas «no están dispuestas a asumir».
