El Ayuntamiento de Polanco, en Cantabria, no autorizará la central de Solvay-Viesgo

El Ayuntamiento de Polanco no concederá licencia a las empresas Solvay y Enel-Viesgo para instalar la central eléctrica de ciclo combinado que planean construir en los terrenos de la primera de ellas, aunque la planta obtenga todos los permisos de las administraciones autonómica y estatal.

«En Polanco tenemos claro que no vamos a dar licencia», ha anunciado el concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Luis Barrero, de Alternativa Ecológico Socialista (AES), edil que gobierna junto al PP el municipio donde estaría emplazada la planta.

Barrero ha asegurado en rueda de prensa que, si Enel-Viesgo y Solvay no retiran el proyecto y el Gobierno de Cantabria les concede la autorización ambiental integrada para la central eléctrica, «se encontrarían con que en Polanco urbanísticamente no cabe, y por tanto no obtendría licencia». En este sentido, ha señalado que si Enel-Viesgo y Solvay quisieran seguir adelante con la construcción de la central, «tendrían que ganarse la licencia en los tribunales».

Según ha explicado, esa central térmica no cumple los «parámetros urbanísticos» que marca la normativa municipal para autorizar una instalación de este tipo, en primer lugar porque la planta no guardaría la «distancia mínima» a los núcleos habitados.

El concejal de AES ha recordado que la central se levantaría «a menos de 200 metros de los núcleos urbanos de San Salvador, La Cadena o Rinconeda«, y a «menos de 1.000 metros en todo el municipio, salvo el pueblo de Rumoroso«. Por este motivo, ha pedido a Enel-Viesgo y a Solvay que retiren el proyecto y ha instado al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Angel Revilla, y la vicepresidenta, la socialista Lola Gorostiaga, a que rechacen la construcción de esa térmica.

«A Revilla le pido que se ponga la camiseta de Polanco y diga ‘térmica no'», ha manifestado el concejal, antes de reclamar al presidente «que lea con atención los estudios de ruidos producidos por Solvay, por la autovía y por la N-611″, así como los realizados sobre la salud, la calidad del aire y de las aguas en la comarca.

También ha recordado a Revilla que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha declarado nulo un acuerdo del Consejo de Gobierno de esa comunidad que autorizaba una central térmica de ciclo combinado de 400 megavatios de potencia a 500 metros de núcleos habitados.

Esa sentencia, que fundamenta la anulación del acuerdo en que el proyecto promovido por la firma Elerebro en Castejón «ha incumplido el mínimo de distancia de 2.000 metros del núcleo urbano más próximo», ha sentado, en opinión de Barrero, un precedente y puede avalar futuros fallos en el mismo sentido.

Gesa Endesa invertirá en Baleares 1.800 millones entre 2007-2011

Gesa Endesa invertirá 1.800 millones de euros en las Islas Baleares entre los años 2007 y 2011, de los que 1.200 millones serán «inversión pura» y otros 600 para llevar a cabo operaciones de mantenimiento, según informó el presidente de Endesa y de Acciona, José Manuel Entrecanales.

El empresario fue recibido en audiencia por el presidente balear, Francesc Antich, y recordó que la inversión realizada por Gesa Endesa en el archipiélago durante el periodo 2002-2006 se situó en los 1.400 millones de euros, por lo que en nueve años la compañía habrá dedicado 3.200 millones para mejorar su infraestructura en la Comunidad.

En declaraciones a los periodistas, Entrecanales subrayó la «buena presencia» de sus empresas en Baleares y se refirió al «mucho trabajo» que hay que hacer para potenciar la red eléctrica y la distribución de gas en las Islas Baleares.

El encuentro con el presidente balear ha sido «muy cordial» y durante el mismo Antich y Entrecanales han analizado la infraestructura energética balear y la próxima llegada del gas a Baleares, para lo cual será necesario establecer una red de distribución interna en cada isla.

También se mostró partidario el presidente de Acciona de mejorar, en general, las infraestructuras portuarias y, en concreto, las de Palma con el fin de habilitar zonas para la industria del mantenimiento de barcos y de «liberar» otras zonas del puerto próximas al casco histórico de Palma para respetar la centenaria estética de esta parte de la ciudad.

Otro de los asuntos por los que fue inquirido Entrecanales fue acerca de la construcción del nuevo Palacio de Congresos de Palma por cuanto Acciona, con un cinco por ciento, forma parte de la sociedad adjudicataria que construirá y explotará el nuevo edificio, de la que también forman parte las empresas Barceló (50 por ciento), Globalia (20 por ciento), Sampol (15 por ciento) e Iberostar (10 por ciento). El empresario madrileño restó importancia a las dificultades y retrasos que ha vivido este proyecto, situado en la fachada marítima de la capital balear, y respondió que los grandes proyectos precisan de «variaciones» y «nuevas soluciones» que siempre son necesarias.

Por otra parte, a día de hoy Acciona no prevé retomar un antiguo proyecto de que sus barcos realicen cruceros vacacionales, si bien trabaja en la construcción de nuevos buques para sus líneas regulares.

Esta ha sido una primera reunión entre el máximo responsable de Acciona y de Endesa y el mandatario autonómico, y en los próximos meses directivos de ambas empresas mantendrán encuentros con altos cargos y técnicos del Ejecutivo balear para desarrollar las numerosas iniciativas que pretenden llevar a término en el archipiélago balear.

Jose Luis Navarro ve el futuro mapa de Extremadura sin energía nuclear

El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, ha asegurado que ve el futuro de Extremadura sin energía nuclear, aunque reconoce que la región «si la central nuclear no existiera, por mucho que se desarrollen las energías renovables, hoy no sería autosuficiente en energía eléctrica».

En una entrevista con EFE, José Luis Navarro ha señalado que si mira el mapa energético de la Extremadura de 2020 lo ve «sin energía nuclear, con un peso mínimo del 20 por ciento de las renovables en el consumo, que la hidroeléctrica pueda tener el 30 o 40 el por ciento y el ciclo combinado el resto que falta».

Para el consejero extremeño, el actual auge de proyectos de energías renovables en la región viene marcado por el hecho de que «se han juntado un marco jurídico económico propiciado por el Gobierno, una liquidez que está saliendo del ladrillo y que busca destino para invertir, el compromiso del presidente de la Junta de agilizar los trámites en estos proyectos y la existencia de suelo disponible».

José Luis Navarro ha rechazado que Extremadura haya llegado tarde a las energías renovables y cita como ejemplo que cuando en 2010 se pueda ver «una foto nacional» de las mismas «se verá que el porcentaje en el que Extremadura contribuye en el conjunto del consumo, será más alto del que le correspondería por nuestro peso económico». Ante esta situación, el consejero defiende que «tiene que haber algún tipo de compensación» para Extremadura, que él ligaría a la Central Nuclear de Almaraz, «que es la que hace que aparezcamos como exportadores de energía».

«Si el Gobierno tiene que tomar la decisión de que en 2010 no se cierra Almaraz porque el sistema no lo soportaría, eso tiene que traducirse en un beneficio para Extremadura» y fijar el domicilio fiscal de la CNA «es una posibilidad», aunque «no hay una sola opción».

A su juicio, quedan bastantes años para que sea posible el cierre de una planta nuclear «porque no se puede olvidar que todas las energías renovables no garantizan el suministro», ya que, según dijo, «todos estamos de acuerdo en apostar por las renovables pero no estamos dispuestos a darle al botón y que no haya luz».

Las energías renovables impulsan el desarrollo rural de Castilla y León y emplean a 4.000 personas

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha destacado la importancia de las energías renovables en el impulso del desarrollo rural de la Comunidad y su contribución a la creación de empleo, con casi 4.000 puestos de trabajo directos.

Este tipo de energías aportan aproximadamente el 7,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, ha explicado la consejera en la clausura las II Jornadas sobre Energías Renovables celebradas en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

Ruiz ha asegurado que en Castilla y León existen actualmente más de ochenta empresas relacionadas con las energías alternativas, de las cuales más de la mitad son empresas locales que contribuyen al desarrollo del medio rural.

Esta Comunidad tiene un «potencial importante» en este tipo de energías, ha reconocido la consejera, para quien son «evidentes» las ventajas ambientales que conllevan en la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Según Ruiz, es necesario que el Gobierno de España diseñe «definitivamente y aclare una serie de lagunas que no están bien reseñadas y que paran la implantación» de estas energías, como sucede con las nuevas asignaciones de megavatios de energía eólica.

En el sector eólico, la Comunidad es «especialmente competitiva», ha señalado la consejera, quien ha añadido que tras las nuevas asignaciones se podría contar con más de 6.320 megavatios instalados.

Castilla y León cuenta con seis empresas que emplean a 665 trabajadores en la fabricación de los diferentes componentes necesarios para las placas solares, un sistema energético cuya afección medioambiental es «muy pequeña», según la consejera.
«Por el extenso territorio y la insolación anual de nuestra Comunidad, la energía solar es una de las apuestas de la iniciativa privada y del Gobierno Autonómico«, ha reconocido.

Además, la consejera ha destacado que Castilla y León es la primera comunidad de España en producción de energía hidroeléctrica, la cual, a pesar del impacto visual y de lo que afecta a la fauna piscícola, supone la ausencia de emisiones de dióxido de carbono.

La Comunidad cuenta también con un potencial forestal y agrario «importante» para su conversión en fuentes energéticas de biomasa y biocombustibles, ha explicado Ruiz, para quien éste es un sector aún «incipiente» que requiere de la ayuda de las que las administraciones para su implantación.

La consejera ha anunciado que la Junta de Castilla y León pretende haber implantado para el año 2010 el uso de energías renovables en los grandes hospitales, residencias de ancianos y edificios administrativos de la Comunidad.

La Xunta de Galicia establece un nuevo modelo de gestión eólica

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, explicó que se mantienen «vivos los criterios de política energética» en el nuevo decreto de aprovechamiento de energía eólica en Galicia, que «cumple los requisitos legales» y por eso fue aprobado.

En rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, Pérez Touriño dio cuenta del visto bueno al nuevo decreto, con el termina la tramitación del nuevo marco legal que sustituirá al hasta ahora vigente decreto 302/2001, y que permitirá desarrollar los objetivos de potencia eólica situados en los 6.500 megavatios autorizados en 2012.

Con este decreto, el Gobierno gallego establece un nuevo modelo de gestión eólica en el país, basado en la energía eólica como factor de crecimiento y respeto con el medio natural, y como progreso social.

Pérez Touriño informó de que pasó todos los trámites e informes pertinentes y que por ello el Consello estimó que cumple los requisitos necesarios, aunque precisó que puede ser sometido a cualquier tipo de impugnación. También dijo que el informe presentado por el titular de Industria, Fernando Blanco, revelaba que se había cumplido «de forma sustancial» la mayoría de criterios establecidos por el Consejo Consultivo y recalcó que se mantienen «vivos» los criterios de política energética, que «no los va a marcar ningún órgano».
«Puede haber empresas del sector que puedan tener otro criterio» pero «estamos en un Estado de Derecho y el tiempo dirá quién tiene la razón», manifestó.

En relación al decreto anterior, éste introduce novedades como garantizar el interés público del desarrollo de este tipo de energía mediante fórmulas de participación pública que aseguren el retorno social de las inversiones. Esta participación pública se recogerá en un documento voluntario de compromisos adicionales presentado por los solicitantes y podrá suponer hasta el 30 por ciento de la valoración total de los anteproyectos presentados.

Asimismo, el decreto introduce un mecanismo transparente en el procedimiento de admisión a trámite de las solicitudes de autorización; suprime los conceptos de plan eólico empresarial, parque eólico singular y parque eólico individual, e introduce el concepto de Área de Desarrollo Eólico (ADE) como base territorial de implantación del nuevo modelo.

El nuevo modelo prevé que la nueva potencia instalada deberá garantizar la estabilidad del sistema y la viabilidad económica financiera.
También será transparente y no especulativo y, mediante una orden, la Consellería de Industria determinará la previsión de potencia máxima expresada en megavatios que se tramitará en el periodo de referencia establecido en dicha orden.

Asimismo establece que las transmisiones de titularidad de un parque eólico requieren autorización administrativa previa de la Consellería.
Para estos efectos, se considera transmisión a terceros cualquier acto u operación jurídica que otorgue a aquellos la transmisión o control de acciones o participaciones por más del 50 por ciento del capital de la titular.

Gas Natural invertirá 210 millones de euros en la Comunidad de Madrid durante los próximos 4 años para ampliar su red de transporte y distribución

La red de distribución y transporte de Gas Natural en Madrid supera los 8.350 kilómetros de longitud y esta cifra aumentará sensiblemente de aquí a 2012. La gasista catalana tiene previsto invertir más de 200 millones de euros para suministrar a más ciudadanos de la Comunidad de Madrid. El Escorial será la localidad para la que está previsto el inicio del suministro durante el primer trimestre de 2008, y otros 21 municipios se conectarán durante los próximos cuatro años.

A lo largo de este año, Gas Natural ha invertido más de 40 millones de euros en la comunidad, con unas ventas de gas en el mercado regulado de la región de más de 25.500 GWh. El número de puntos de suministro se incrementó en 61.000, hasta superar los 1,62 millones. La red de transporte y distribución de gas natural se ha incrementado durante este año en casi 300 kilómetros, superando actualmente los 8.350.

Gas Natural ha celebrado este año el 20 aniversario de la llegada del gas natural a la Comunidad de Madrid, período durante el que ha multiplicado sus kilómetros de red por 4,6. En 1987 disponía de 1.800 kilómetros y contaba con 450.000 puntos de suministro localizados en seis municipios.

El gas natural vehicular

La compañía que preside Salvador Gabarró ha continuado trabajando para prestar una dedicación especial a la preservación del Medio Ambiente, y cuenta con la certificación de Medio Ambiente ISO 14001. Gas Natural ha fomentado este combustible para su uso en vehículos para reducir la contaminación urbana, con un total de 350 autobuses de gas en funcionamiento y 370 camiones de recogida de basura. Además, la compañía y la Comunidad de Madrid firmaron este año un convenio para convertir a Madrid en la primera ciudad española en introducir el gas natural en su flota de taxis, lo que ha permitido iniciar una prueba piloto con diez vehículos.

Acuerdan trasladar la planta eléctrica de Endesa al puerto de Melilla

La Ciudad Autónoma de Melilla, Endesa Generación y la Autoridad Portuaria han mostrado su voluntad de trasladar en ocho años la planta productora de energía eléctrica al puerto de Melilla, lo que dejaría libre un espacio de 20.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, donde se ubica actualmente.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien ha puntualizado que esta decisión «no tiene nada que ver» con los dos apagones generales que se han producido en los últimos días ya que este acuerdo llevaba negociándose «durante mucho tiempo».

Con esta declaración de voluntades, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y Endesa Generación se han comprometido a «sumar esfuerzos» para que las instalaciones de la planta productora se trasladen a la zona industrial del puerto, que se está sometiendo a un proyecto de ampliación para ubicar a las industrias «que están sobrando en la ciudad», ha señalado Imbroda.

La coordinación de estas obras las llevará a cabo una comisión que presidirá la Consejería de Medio Ambiente, y de la que también formarán parte la Autoridad Portuaria y Endesa.

Imbroda ha calificado este traslado como «una buena noticia», ya que permitirá recuperar 20.000 metros cuadrados de superficie que, aunque son propiedad de la Autoridad Portuaria, serán gestionados por la Ciudad Autónoma. Además, en la declaración de voluntades, Endesa Generación se ha comprometido a llevar a cabo un proyecto de «adecuación urbanística» para insonorizar sus nuevas instalaciones y adecuar su imagen «al entorno que le rodea».

La compañía eléctrica ha garantizado que mejorará los terrenos en los que se asienta actualmente la planta generadora de energía para «darle un entorno y ambientación que no desmerezca el centro de la ciudad».

La Junta de Castilla y León cree que es un error que por un objetivo ideológico se dirima el cierre de las centrales nucleares

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha expresado que le «duele» que la decisión sobre cerrar o no una central nuclear esté determinada por algún «objetivo ideológico» o compromiso político, ya que en su opinión deben primar exclusivamente los criterios de seguridad.

«Me duele que se proponga la eliminación» de una empresa energética de la Comunidad, en alusión a la burgalesa Central Nuclear de Santa María de Garoña, ha dicho Herrera ante centenares de empresarios durante la clausura del Foro «Alta Velocidad Empresarial«, organizado en Valladolid por Caja Burgos.

Al respecto, el presidente autonómico ha proclamado que el cierre «estará justificado por criterios de seguridad», que debe dirimir «la autoridad garante», en alusión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «pero planteado como un objetivo ideológico me parece un error», ha zanjado Herrera.

El pasado 25 de octubre, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, habló de la prórroga solicitada por la central de Garoña, que tiene permiso de funcionamiento hasta 2009 pero que ha pedido seguir funcionando durante otros 10 años. La presidenta del CSN explicó que la central podía haber pedido una prórroga de dos años, pero ha pedido una por diez, y explicó que por ello, además de la documentación «estándar» que se exige a las centrales que quieren prolongar su vida útil por dos años, a ésta se le han exigido datos adicionales relacionados con la gestión y el envejecimiento de los materiales.

Sin embargo, el pasado 21 de noviembre la presidenta del Consejo subrayó ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso que «una central más vieja no necesariamente es más insegura», en referencia a la seguridad de la planta de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España de las que permanecen abiertas.

En este sentido, Martínez Ten aseguró que «el mayor número de incidentes no están teniendo lugar en Garoña, sino en Ascó y Vandellós«.

Energías Renovables de la Región de Murcia pone en marcha un parque eólico de 28 MW en Jumilla

A los cinco parques eólicos existentes en la Comunidad de Murcia se une desde ayer el parque eólico Los Almendros II, con 14 aerogeneradores de 2 MW de potencia unitaria, con lo que la capacidad instalada del parque asciende a 28 MW. El parque ha sido promovido por Energías Renovables de la Región de Murcia, una compañía de la que Iberdrola Renovables es el principal accionista, con el 50% del capital social.

Con esta nueva instalación, Murcia cuenta con una potencia renovable de casi 140 MW.

Iberdrola Renovables ha alcanzado una capacidad de 7.342 MW al cierre de los nueve primeros meses de 2007, cifra que supone un incremento del 80% respecto a los 4.076 MW con los que contaba al finalizar el mismo periodo de 2006 y que consolida su liderazgo en el sector eólico mundial.

Con la nueva potencia de energía renovable puesta en marcha entre enero y septiembre del presente ejercicio -516 MW a lo largo del tercer trimestre-, la Compañía ya cuenta con 7.000 MW instalados en parques eólicos -2.965 MW de ellos fuera de España- y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas.

El parque renovable de IBERDROLA RENOVABLES en España, que se ubica en la actualidad en 13 comunidades autónomas, ha incorporado entre julio y septiembre de este año 162 MW eólicos: 98 MW en la comunidad autónoma de Andalucía, 48 MW en Castilla y León, 12 MW en la Región de Murcia y 4 MW en el País Vasco.

La Xunta acuerda un recurso ante el Constitucional por los parques eólicos en el mar

El consello de la Xunta ha acordado interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) contra un Real Decreto del Ejecutivo central que regula la tramitación de los parques eólicos en el mar. Así lo apuntó el presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, que indicó que se trata de un «típico» conflicto entre administraciones que se reproduce «con relativa frecuencia».

La Xunta pretende con esta actuación, señaló, defender su competencia en la materia, ya que no está de acuerdo con el criterio establecido en el real decreto. El presidente indicó que no se trata del primer litigio con el Ejecutivo central y recordó que también se había entablado por los horarios comerciales en Galicia, lo que se resolvió mediante el diálogo político sin tener que llegar al Constitucional. Quedan, sin embargo, sin solventar, asuntos como el Derecho Civil gallego y la formación continua.

El Gobierno gallego ya había presentado el pasado septiembre un requerimiento de incompetencia ante el Ejecutivo central por considerar que la regulación contenida en el decreto no es respetuosa con el esquema constitucional y estatutario de distribución de competencias, al desplazar la de la Comunidad autónoma en materia de autorización de instalaciones eléctricas.

La Xunta entiende que la respuesta del Gobierno del Estado no tiene apoyo en la jurisprudencia constitucional, por lo que en la reunión de se decidió seguir los trámites para la interposición del conflicto de competencias.

El Real Decreto, argumenta la Xunta, ya advierte en su exposición de motivos que con la regulación se procede a una redistribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas. La Xunta entiende que le avala la jurisprudencia constitucional.