La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha comunicado a Sniace que no autorizará su proyecto para construir una fábrica de bioetanol en los terrenos que la empresa posee en Torrelavega si no propone un emplazamiento que esté más alejado de las viviendas que existen en esa zona.

Medio Ambiente ha notificado en concreto a Sniace que, con el emplazamiento que propone, no obtendrá la autorización ambiental integrada que precisa para construir esa planta de bioetanol, en la que la empresa tenía previsto invertir 65 millones de euros.

El Consejería exige a Sniace que cambie la ubicación de la planta, «alejándola del cierre del recinto fabril y de las viviendas colindantes, de forma que se cree una zona transición y de seguridad entre las instalaciones industriales y la zona residencial», explica el Gobierno de Cantabria en un comunicado de prensa. El departamento de Medio Ambiente ha tomado esta decisión tras estudiar los informes sectoriales y las alegaciones presentadas por varias asociaciones ciudadanas y ecologistas respecto a esa planta.

Sniace dispone ahora de 15 días para presentar una nueva propuesta de ubicación que cumpla con las condiciones exigidas por la Consejería de Medio Ambiente, para volver a iniciar el proceso necesario para obtener la autorización ambiental integrada.

«De no presentarse una ubicación alternativa en el plazo señalado, la Consejería de Medio Ambiente procedería a dictar una resolución denegatoria motivada, poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones», añade el Gobierno cántabro.

Sniace promueve esa planta a través de sus filiales Green Source y Sniace Biofuels, con la sociedad de inversiones Cantabria Capital Sgecr como socio minoritario. Esa sociedad de capital riesgo está formada, a su vez, por el Banco Santander (50%), el Gobierno cántabro (20%), Caja Cantabria (20%) y la Ceoe-Cepyme (10%).

Según la información que la propia empresa facilitó el año pasado al Ayuntamiento de Torrelavega, la planta tendría capacidad para producir unos 126 millones de litros anuales de bioetanol y otras 114.000 toneladas al año de DDG, un subproducto de la destilación del cereal utilizado en la alimentación de animales.

Sniace calculaba que esa fábrica de Torrelavega consumiría unas 325.000 toneladas de cereal (trigo, cebada o maíz) al año, que serían suministrados por los agricultores de las zonas limítrofes y por las importaciones realizadas a través del Puerto de Santander.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido que «esta Comunidad puede y debe convertirse en la líder nacional» en el sector de las energías renovables.

Herrera ha inaugurado II Feria Internacional de la Bioenergía, Expobioenergía 2007, que reúne en Valladolid hasta el próximo domingo a cerca de 250 participantes de Europa y América.

Herrera, en declaraciones a los periodistas, ha destacado que la Feria, que espera unos 28.000 visitantes hasta el próximo domingo, convierte a Castilla y León en «referente nacional e internacional» de las energías limpias. Asimismo, ha recordado que los planes del Gobierno asignan a esta Comunidad Autónoma un potencial para producir el 20 por ciento de todas las energías no contaminantes que se generen en España.

La Junta, además, trabaja en la elaboración de un plan propio, que se espera que esté listo en 2008, para potenciar la denominada bioenergía, procedente principalmente de biomasa forestal o agrícola.
El objetivo es, según el presidente, favorecer «un crecimiento equilibrado» de este sector, «sin conflictos con otras fuentes energéticas en la Comunidad«.

Herrera ha destacado que el Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido a Castilla y León como la Comunidad «con mejor índice de sostenibilidad». Además, se ha referido a la importancia del sector de la energía para generar empleo en el medio rural, no sólo de tipo agrícola, por los cultivos para uso energético, o forestal, para aprovechar la biomasa, sino también por la industria auxiliar.

La Junta ha invitado a la edición de 2008 de esta Feria anual a los comisarios europeos de la Energía, Andris Piebalgs, y de Agricultura, Mariann Fischer, consciente de la importancia de este sector en la Unión Europea.

La Feria de Muestras de Valladolid acoge este certamen en el que participan expositores de 18 países, en unos 15.000 metros cuadrados, 8.000 de ellos cubiertos.

El certamen lo organiza, con el apoyo de instituciones como la Junta, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), que tiene su sede en Valladolid.

Castilla y León pide Gobierno una regulación que fomente los biocarburantes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado al Gobierno una regulación específica que garantice el consumo de los biocarburantes que se producen en España. Ha señalado que esa regulación es necesaria para garantizar que esa producción «tenga entrada en los mercados».

En declaraciones a los periodistas, Herrera ha recordado que Castilla y León cuenta con una fábrica de estos combustibles menos contaminantes, en la provincia de Salamanca, aunque varias más están en construcción en distintas provincias de la Comunidad Autónoma.

Estos carburantes pueden tener mercado en el consumo doméstico o en el transporte, pero existe «una enorme resistencia» para «darlos salida», tanto desde «el Gobierno» como por parte de «algunas compañías energéticas», según el presidente de la Junta. Además, la Unión Europea (UE) «no siempre está acertando en las reservas estratégicas de producción», ha añadido Herrera.

Al respecto, ha recordado que la UE ha tenido que suprimir la obligación a los agricultores de dejar el 10 por ciento de las tierras en barbecho, ante la creciente demanda de cereales.

El aumento de la demanda de cereales para la producción de biocarburantes no es el culpable, sin embargo, del alza de precios del cereal, porque solo se destina el 5 por ciento de ellos a este tipo de combustibles, ha precisado Herrera.

Endesa ha decidido recurrir la sanción de 661.000 euros impuesta por los servicios técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta por dos cortes totales de luz que sufrió la ciudad en 2006 al sufrir la autonomía un cero de tensión.

Según informaron a los periodistas fuentes de la empresa en la ciudad, Endesa no está conforme con la resolución de los dos expedientes, por lo que elevará un recurso de reposición contra la sanción económica acordada.

La empresa mantiene que no es la responsable de los dos cortes sufridos por la Ciudad Autónoma, por lo que no están conformes con el contenido del escrito de sanción.

La portavoz del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel (PP), ha anunciado que la sanción se produce como consecuencia de los expedientes sancionadores abiertos contra Endesa por los dos fallos de luz los días 25 de octubre y 1 de noviembre de 2006.

En cada uno de los dos casos se ha acordado, con el informe de los servicios técnicos-jurídicos que han desestimado las alegaciones de Endesa, una multa a la central de 330.556,66 euros como responsable de una infracción grave, según la Ley del Sector Eléctrico.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de modificación de la Ley de Garantía del Suministro Eléctrico de la Comunidad de Madrid, que multiplica por 10 las sanciones actuales, de manera que las multas por infracciones muy graves por apagones podrían ser de hasta 30 millones de euros.

Así lo ha indicado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, quien añadió que dos casos muy graves serían la interrupción de suministros esenciales o interrupción de la prestación del servicio durante más tiempo del establecido en la normativa vigente, cuando se deriven daños graves a la actividad desarrollada o perjuicios para la población.

Asimismo, se incorpora a la lista de faltas muy graves el incumplimiento de las instrucciones de ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas impartidas por los órganos competentes, cuando dicho incumplimiento ponga en riesgo la garantía del suministro o en peligro manifiesto a las personas, bienes o al medio ambiente.

De esta manera, las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 6 hasta 30 millones de euros, las graves con multa desde 600.000 euros hasta 6 millones y las leves con multa de hasta 600.000 euros.

En cuanto a las infracciones graves, se considerarán, entre otras, el incumplimiento en relación con la dotación mínima de equipos auxiliares de emergencia, la no comunicación a la Administración de las incidencias relativas a la interrupción del suministro o la interrupción superior al límite establecido si no hay perjuicios para la población afectada.

La lista de infracciones se cerraría con las leves, relativas al incumplimiento de la normativa en los apartados que no tengan la consideración de infracción grave o muy grave.

El proyecto de Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez superado el trámite parlamentario en la Asamblea regional.