La difusión por parte del diario económico Cinco Días de la operación de adquisición de un paquete del 3% de Iberdrola por parte de EDF a dos meses de las elecciones (en este territorio mortecino que son la disolución de las Cámaras, ha desatado todas las alarmas mediáticas y políticas. Además, la propia urdimbre que plantea la operación, la vinculación o aquiescencia del gobierno francés (con foto de Sarkozy y Zapatero, siempre según los sutiles mensajes que traslada la versión de este rotativo) en las que además se involucra a Gas Natural y ACS, nos devuelve a lo más granado de las teorías conspirativas, dignas de los mejores tiempos de la Oficina.

La noticia recibió muchos desmentidos ayer incluso por parte del Presidente de la empresa francesa, pero parece claro que las aguas están muy revueltas, que esto no se va a quedar aquí y que la influencia de la actuación regulatoria española es decisiva en hacer atractivo el valor de las eléctricas. Lo que sí parece claro es que el banco francés Natixis declaró un aumento de la participación en Iberdrola hasta el 3,79 % y como ayer se produjo una considerable subida de las acciones de Iberdrola. Primero por la propia recuperación de los mercados bursátiles y segundo todavía se desconoce si hay operadores que están actuando en el mercado para tomar posiciones en la compañía en una acción coordinada. ¿Podemos estar ante movimientos orientados a ‘secar’ el mercado?

En primer lugar, el formato de la operación recuerda mucho a la operación Enel-Acciona para la adquisición de Endesa. También recuerda la teoría/práctica de comprar barato que ha presidido los negocios relacionados con las OPAS promovidas en esta legislatura. Muchos fueron los que en aquel momento ya apuntaron la posibilidad de que entrase Iberdrola en estas quinielas, como segunda parte del episódico proceso que dio lugar al cambio en el accionariado de la entonces primera eléctrica española. Por otra parte, ya circulaba la versión del interés de la alemana E.ON en Iberdrola.

Evidentemente, sin que se sepa hasta el momento que punto está detrás el Gobierno, salvo las insinuaciones a que se refiere Cinco Días, ya ha tenido un papel preparatorio: el trabajo previo hecho por Ignasi Nieto de saqueo a las eléctricas españolas para depauperarlas y ponerlas en almoneda, vía regulación. La erosión de valor a las empresas españolas energéticas, que avanzamos ayer, ha sido una constante en este breve y lacerante año y medio de titularidad al frente de la Secretaria General de Energía.

Como lo es también, a ‘sensu contrario’, la capacidad de ‘engordecer’ los ingresos de los ‘afines’, véase el caso Red Eléctrica, como no ha sufrido en Bolsa y como la regulación supone la mejor garantía del Estado. Es la vuelta a la regulación vía control de rentas, de premiar a los buenos y castigar a los malos, de usar el gobierno y los decretos con discrecionalidad, como elemento simplemente de ejercicio de poder, no de política. Así, la bolsa tiene que descontar en el caso de la energía siempre el efecto ’Secretario General’.

Puede resultar paradójico que las empresas españolas sean puestas en el escaparate simplemente por las propias acciones regulatorias que emanan del Gobierno (lo que, además no ocurre en el resto de países de nuestro entorno que se lo piensan dos veces).

Por ello, si fruto de que tenemos las tarifas más bajas de Europa, de que se toman medidas que no se toman en la Unión Europea de detraer derechos de emisión, se avanza en un modelo de subastas de capacidad crecientes sin horizonte, modelo ni límite, se ‘esquilman’ las empresas y se tienen que malvender, quiere decirse que el responsable político tiene que dar explicaciones sobre hechos de esta gravedad. Se trata de que exista libertad de mercado, de capitales, de propiedad, sin intervención, sin cartas marcadas, sin comportamientos políticos asimétricos, sin acciones regulatorias deliberadas, con estabilidad jurídica, con confianza y credibilidad, con respeto y conocimiento por los comportamientos de los mercados financieros.

No obstante, todos tenemos la obligación de avisar a posibles nuevos entrantes (E.ON, EDF,…) de cómo es el paño, aunque algunos ya lo saben. Para que no se encuentren como Enel con un Gobierno y un Secretario General de Energía que expropia ingresos y actividades, apenas recién llegados. Que entiendan la forma de administrar la discrecionalidad y la inestabilidad regulatoria. Que se den cuenta con que facilidad se utiliza para por la vía de la excepcionalidad del Real Decreto Ley, más propia de las repúblicas bananeras que de un país avanzado, occidental y europeo.

Lejos esos tiempos en que las eléctricas eran uno de esos valores estable, refugio, previsibles en su evolución dada las necesidades de inversión y las actividades que desarrollan. Desde luego, con esta forma de utilización de la regulación, no. Con este Secretario General de Energía, no. Con este gobierno, no.

La constatación, por el casi, ya ex Presidente del Congreso, Manuel Marín, de que el Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión no podrá ser tramitado como proyecto de ley viene a confirmar lo que ya todos sabíamos. Que se trataba de una tomadura de pelo, en general al electorado, y a la vez una utilización torticera del Parlamento. Una ‘encerrona’ en la que el propio Partido Popular y otras formaciones políticas cayeron bajo la promesa de que este trámite permitiría suavizar esta barbarie, antes de que se corrija en los Tribunales.

Nada de eso, por tanto, una inocentada regulatoria más, que responde al ninguneo institucional al que ya estamos acostumbrados desde las instancias del Ministerio de Industria. Otro ejemplo: ayer conocíamos que las recomendaciones en materia de la retribución de los nuevos activos de transporte del gas iban a ser tenidas en cuenta formalmente. Es decir que se tramitará por Real Decreto, pero con el mismo contenido que la Orden Ministerial, a la par que se aprobaba la retribución del gas por Orden Ministerial hoy mismo. Y se manda la nota a los medios para confundir y hacer creer que se atienden los criterios de la CNE. En realidad, nada de que el Real Decreto volviera a la Comisión Nacional de Energía antes de su trámite posterior al Consejo de Estado y al Gobierno, y que atendiese al resto de criterios técnicos o metodológicos que pedía el regulador independiente: homogeneizar y sistematizar sistemas retributivos y acercarlos a los existentes en el transporte de electricidad.

En suma, se orillan estas recomendaciones y, lo que es peor, se vuelve a erosionar por la vía del ‘cumplo’ y ‘miento’ (una fórmula de caso omiso), la conformación institucional del sector energético para reforzar al Secretario General de Energía en su ejecutoria sin controles efectivos superiores y sin relación con los agentes del sector. Por ello, todo este ejercicio de trileros, evidentemente, para no modificar sus pretensiones iniciales y ‘llevarse el gato al agua’. Como en otras ocasiones, en las que, cuando la Comisión Nacional de Energía emite informes y enmiendas a la totalidad de lo que recibe de Industria, éste responde modificando ligeramente los porcentajes o ajustando los ‘puntos básicos’ de las inversiones y lo remite al BOE sin pudor. Ya pasó el año pasado con la retribución de las actividades de transporte de gas a principios de este año o con la reforma del R.D. 436/2007.

Todos estps, ejemplos en los que la Secretaria General de Energía, ejerce implacable e irremediablemente de regulador único y considera al regulador independiente como un molesto trámite que cumplir con celeridad, en una política de tierra quemada con sus posibles contrapesos. Lo que pasa es que esta consideración ya la ha extendido al Consejo de Estado, al propio Parlamento y a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en horas bajas dada la ausencia de una tutela efectiva del Ministerio de Economía.

Esta práctica regulatoria, basada en una concepción radical de la posesión de la verdad, de acaparar el ‘conocimiento’ de lo que hay que hacer (aunque no haya política energética), de satanizar posiciones diferentes es fuertemente abrasiva para el funcionamiento del sector. Al mismo tiempo es fuente de inseguridad jurídica y de acciones arbitrarias, en la medida de que lo que en muchos casos lo que se le reclama es mayor rigor, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, ajuste al modelo de liberalización de nuestro país, coherencia con las políticas medioambientales y energéticas, correlación con las directrices de la Comisión Europea, informes de impacto económico, justificación a los tratos diferenciales y a las arbitrariedades recogidas, o bien eliminación de las mismas.

Como estamos en el día de los Santos Inocentes, lo podemos calificar de inocentadas regulatorias más en el sector energético, sino fuera por su gravedad y repercusión en un sector tan importante de nuestra economía y por las consecuencias, sobre empresas, inversores y consumidores.

Como siempre, como todo el año.

Para ser rigurosos en las apreciaciones y frentes en las que se libra el efecto del decretazo que la Secretaría General de Energía ha puesto en marcha para la detracción de derechos de emisión asignados a las eléctricas, por el procedimiento del ‘escote’ entre las empresas, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Desde el político, el jurídico, el de legalidad, el de lo mediático, hasta el de los mercados financieros.

– El de la política. La primera cuestión de la intervención de Ignasi Nieto ha sido la de dar por sentado la oposición del Partido Popular (chantajeándole con la palabra consumidor), en un ejercicio de retórica política que trata además de atormentar al resto de partidos, que podrían dar al traste con la pretensión de Nieto si votasen en contra de la medida de corte demagógico, de dudosa legalidad y que va a enfangar aún más, si cabe, la regulación española. Por tanto, no caben argumentos de legalidad, caben posicionamientos políticos maniqueos de ‘el que no está conmigo, está contra mi’. Utilizar ese truco burdo de jugar a satanizar al Partido Popular, para desplazar al resto del arco parlamentario, en pos de su iniciativa y así sean cómplices de la misma. Una coacción (poco sutil, a la vista de las formas poco ‘refinadas’ utilizadas a tal efecto) procedente del ejercicio pendular de la política y que sus señorías tendrán que valorar en su justa medida y que deben inscribir en las formas que el propio Secretario General de Energía ha mantenido en público en sus intervenciones en sede parlamentaria. Un ejercicio de ‘frentismo’, para defender lo indefendible desde el punto de vista jurídico. La excusa política: el sufrido consumidor. Al que no se le consulta para que viva engañado con una tarifa por debajo de su importe real y provoque, con consumos mal indiciados cuyos efectos desconoce, la elevación del déficit tarifario. Eso con la energía más barata de toda Europa y que no se ha sabido gestionar de cara al inminente proceso de liberalización real. Consumidor al que tampoco se le consulta para subirle la retribución a Red Eléctrica con el asentimiento de la Secretaria General de Energía, tan belicosa en otras cuestiones. Incluso en el ámbito político sería razonable valorar y señalar con el dedo al Ministerio de Economía para identificar si era conocedor de esta medida y qué valoración ha hecho la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de ella o si era una cuestión de ésas de las que se ha quejado Pedro Solbes, que conocía demasiado tarde.

– El de lo jurídico, ámbito del que ineludiblemente no se va a escapar esta medida de Ignasi Nieto, aunque no sea él quien reciba el resultado de la sentencia. De forma que, aunque resultase convalidado en el Congreso el Real Decreto elaborado por Industria para la detracción de derechos de emisión, la capacidad de recurso ante los Tribunales de Justicia sigue intacta, presente y vigente en toda su capacidad y con toda su potencia. Y va a ser difícil justificar el carácter de urgencia de una cuestión de estas características. La energía más barata de Europa. La detracción de derechos para un período digamos que amplio, 2008-2012, perfectamente conocido. ¡Y es urgente! Como en su momento le fue al propio Partido Popular difícil de justificar las razones de urgencia de una reforma laboral y, así le fue, posteriormente aunque fuera testimonialmente. Porque un Real Decreto Ley supone siempre saltarse a las instituciones del Estado y violentar la acción política del Parlamento, en su conjunto. Sólo por eso, sus señorías tienen motivos para observar con lupa la propuesta de Real Decreto que envía el Ministerio de Industria y meter en cintura comportamientos tan anómalos, y al menos, introducir racionalidad.

– El de la legalidad. Que no es exactamente lo mismo a lo jurídico. Legalidad que consiste en cómo al sector eléctrico se le valoran y detraen los derechos de emisión y al resto de sectores afectados por la Directiva del mercado de emisiones. Legalidad que consiste en la perversión del Plan Nacional de Asignaciones, la utilización torticera de la Directiva Marco, la defenestración de la política medioambiental, puesta en almoneda de forma oportunista para los intereses de reducción del déficit tarifario y sin ningún criterio, por una vía que supone abrasar cualquier sombra de legalidad. Y, para colmo, realizar en sus declaraciones el ejercicio de la confusión, para escaparse de la responsabilidad sobre la asignación gratuita de derechos de emisión, incluso de los criterios censurados por la Unión Europea porque podían incluso suponer ayudas de estado. Cuando hasta el Secretario General de Energía ha hecho ruedas de prensa junto con el Secretario de Estado para el Cambio Climático.

– El de los mercados financieros. Que no mienten, y dejan patente el fuerte castigo a las empresas eléctricas españolas, fruto de la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria. ¿Quieren más ejemplos? El fiasco de las subasta del déficit tarifario ex ante. Por falta de seguridad jurídica, de incapacidad de gestionar una garantía institucional, dado que apelar a la crisis de los mercados financieros es algo tan manido como acusar al sol del melanoma y no de la exposición al mismo. Vean como, en sentido contrario, si han entendido muy bien las señales que ha dado la Secretaria General de Energía en torno a Enagás y Red Eléctrica. La unión de las eléctricas en torno a esta cuestión y el sorpresón para Enel en su entrada en Endesa, son evidencias de que las cosas no se pueden hacer así. Una cadena de despropósitos que se une a la eliminación de la garantía de potencia y que nos lleva a los apagones. Si este Gobierno ha decidido esquilmar a las empresas del sector energético, y ahuyentar la inversión, al menos sería razonable que lo dijera con transparencia y no utilizase dos discursos. El de seducción a los no expertos y de la realidad. Porque al final la realidad es la que prevalece sobre las intoxicaciones oficiosamente oficiales y los mercados no se creen la política energética de este equipo ministerial. Es vox populi en todos los papeles medianamente informados que circulan sobre el sector. Hoy, en el sector energético, el riesgo es su regulador.

– Las falacias, una tras otra para los incautos. La primera es difundir interesadamente (intoxicar) la consideración de que el precio de la energía recoge los precios de los derechos de emisión, cuando se ha demostrado que no es cierto y depende de otras cosas. De hecho, luego afirma que el precio de la energía se reducirá cuando haya un año húmedo, es decir con hidraulicidad (se encomienda a las rogativas). Pero, ¿en qué quedamos? En segundo lugar, la pretendida defensa de los consumidores. A los que se les va encareciendo su factura futura con los correspondientes intereses derivados de la generación del déficit tarifario, concepto que no es consumo. El señor Nieto, dijo en un periódico que los consumidores no van a pagar deudas del pasado. Es que lo están pagando ya. Otra falacia. Salvo el déficit 2007, el denominado ex ante, que no han logrado colocarlo. En tercer lugar, y para los votantes más ecologistas al arco más cercano a la izquierda, que es una ‘cuestión de política medioambiental’ ¡Si esta solución penaliza hasta las tecnologías que no emiten CO2! Y, si no vean ustedes, el comportamiento y la convicción del Secretario General de Energía en sus negociaciones con el sector eólico y fotovoltaico, la “vocación ecologista” que tiene de dar seguridad a estas industrias. Otra vez los dos discursos y las falacias: el ecologista para el elector y la acción de la Secretaria General de Energía.

– El de lo mediático. El encuentro selectivo con los medios de comunicación del Secretario General de Energía para defender sus posiciones regulatorias, trasluce que Nieto está en campaña (vean las fotos del ultimo mes en varios períodicos del Secretario General) y, en segundo lugar, que conoce los efectos y la gravedad de lo que ha hecho. Por eso, intenta condicionar por la vía de convencer a través de argumentos y la gravedad de las aseveraciones a través de los informadores y argumentos generalistas. Confirma, solo con sus actos, las peores hipótesis que un regulador puede evidenciar. Que se echa al monte de los teletipos de agencia, para intentar colocar su mercancía en una huida hacia delante. Pero eso es inútil en los mercados financieros, más bien provoca lo contrario.

Lo que si empieza a coger peso es la preocupación existente en amplios sectores del Partido Socialista por los comportamientos del propio Ignasi Nieto y, en general, del actual equipo en energía, que ven este deslizar vertiginoso por un tobogán sin freno. Soportando una crisis sin sentido, que ha enervado a todo el sector y lo ha puesto unánime en contra, con el papelón de tener que defender y votar algo que saben que tendrá un coste político presente y futuro. Viviendo semejante escándalo innecesario e inoportuno. ¿Ha llegado muy lejos Nieto, con este Real Decreto Ley, el riesgo de apagones y la garantía de potencia, en esta carrera sin retorno de, además, convocar a los medios selectivamente para ‘convencerles’ de una acción posiblemente ilegal? Pero, además, del coste económico, la posibilidad de desandar lo andado, queda el coste en credibilidad del sistema político, de su utilización interesada, poco meditada e inmadura. El descrédito en términos de seguridad regulatoria que es la base de un sector económico, con gobierno de un signo o de otro, es un elemento que nuevamente este Secretario General pone en almoneda. A las pruebas y a los resultados nos remitimos. Todo ello está en juego con una decisión tan grave.

Señorías, sepan que están jugando con ustedes. Con esta medida, con este Real Decreto Ley, se estafa a todo el arco parlamentario, a la izquierda y a la derecha, incluso al propio Partido Socialista. Se es cómplice de la desmesura en la actuación contra las empresas eléctricas. Por la vía del que no está conmigo está contra mí, para legitimar la comisión de un atropello, cuyos costes, van más allá de la política y de la economía. Es quebrar la confianza que necesita una sociedad para funcionar. Una burla al Parlamento en forma de comunión con ruedas de molino.

Y, si no, léanse el artículo de Xavier Albistur. No sientan la vergüenza y la gravedad que arroja que alguien, de este nivel y conocimiento, con peso, autoridad y criterio de este sector, explique con todo detalle este desastre regulatorio que no puede ser producto de complicidades políticas.