La copla decía, que la falsa moneda de mano en mano va y ninguna se la queda. Y, algo así parece que pasa con el déficit tarifario. Parece que va pasando de mano en mano, de gobierno en gobierno, de administración energética (en la anterior legislatura hubo dos), de legislatura a legislatura y ninguno acomete este problema, produciéndose un efecto acumulación que puede alcanzar niveles sofocantes y que requiere una acción gestora combinada, basada en la propia culminación del proceso de liberalización de las tarifas eléctricas.

El déficit tarifario surgió en un principio como una diferencia en la estimación de las tarifas eléctricas con los costes que arroja el mercado de generación, es decir un deslizamiento en los costes de generación de la energía sobre las previsiones anuales del tope que impone la tarifa. Esto ocurría cuando las tarifas se fijaban de forma anual (ahora se fijan trimestralmente, aunque fijas, fijas, lo que se dice fijas parece que ya son), se determinaban teniendo en cuenta que la Ley del Sector Eléctrico indicaba que las tarifas debían atender a los costes y, con el transcurso de lo que pasaba durante el año, la misma podía resultar deficitaria, lo que quiere decir ser insuficiente para cubrir los costes (no ser aditiva). En los primeros años, estos déficit eran pequeños y su origen era fundamentalmente un error de cálculo motivados por la propia evolución de precios. El déficit tarifario, se financia a 15 años.

Hoy el déficit tarifario se trabaja a conciencia, es decir, es deliberado. O bien se fijan tarifas que se reconocen insuficientes desde el primer momento (en el mismo momento en que se promulga el decreto o la orden ministerial ya se sabe que están generando déficit). O bien, desde hace dos años, se convierte en un déficit ex ante (se calcula ese déficit generado el día que se aprueban y se reconoce a la vez que se fija la tarifa, de una sola tacada. Es como si hubiese un pago al contado por los consumidores y otro pago a plazo –el déficit-). Hay quien sostiene que reconocer el déficit ex ante es incumplir la propia ley en la medida que supone fijar tarifas que no cubren los costes.

Las cifras de déficit que se vienen generando los últimos años son desbordantes. En esto, cada gobierno debe ser responsable de su déficit tarifario, generado con sus decisiones tarifarias. En 2008, previsiblemente acabaremos (de acuerdo a las previsiones más optimistas), con mas de 16.000 millones de euros acumulados, una cifra que multiplica el déficit tarifario con el que este gobierno entró al poder. Bien es cierto que se ha pasado por situaciones en que los costes de generación han sido muy diferentes. Durante los gobiernos del Partido Popular, asistimos a una evolución muy favorable del dólar y a unos precios internacionales de la energía y del petróleo mucho más bajos que los de hoy. Eso, en todo caso, es un tema de mala suerte, o de planificar un mix de energía más barato, o un escenario internacional que no se puede esconder y que hay que responder de forma responsable.

Por ello, eso no quiere decir que la solución, ante un escenario diferente pueda ser la misma, incluso incrementada. Es decir, por su propio volumen y por sus distorsiones presentes y futuras: en primer lugar, el déficit se traslada, se financia a quince años; en segundo lugar el importe del déficit acumulado y financiado se va incrementando de forma acumulativa, la proporción creciente en la tarifa deja menos margen para el propio crecimiento de la misma, aumentan los intereses como costes financieros y, en momentos como el actual, con crisis de liquidez, su colocación se hace más difícil y más cara. Con todo el mayor efecto es el del espejismo de los consumidores que no saben lo que gastan y lo que comprometen al futuro. Pero hay más. Empiezan a definirse atajos regulatorios: se imponen soluciones creativas desde la esfera de los reguladores, que de facto, suponen el no reconocimiento de facto de parte del precio de la energía generada. Por ejemplo, la detracción de los derechos de emisión, la posible reinvención de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) o la determinación de precios de la energía para las casaciones de empresas que generan energía y que distribuyen de un mismo grupo por poner algunos ejemplos.

Comienza una nueva legislatura y aunque no se conoce todavía si se producirán cambios en la administración energética, parece que la voluntad para resolver este problema no está encima de la mesa. No es país, o no es el momento, para abordar problemas gestores de este calibre, con la inflación galopando y con la desaceleración económica en la nuca. En los programas políticos de los partidos no figura el abordaje del déficit tarifario para que deje de ser un mal endémico y acumulable. Las declaraciones que leemos de los partidos así lo acreditan. El punto de partida es reconocer el problema y su importancia y, en esa fase, todavía no estamos.

¿Hasta cuando esta patata caliente?

La primera consecuencia de que hayamos conocido la noticia de que la tarifa eléctrica permanecerá estable para este segundo trimestre es demostrar como se hacen buenos dichos populares como ‘los extremos se tocan’. Y esa relación de extremos es la que podemos encontrar entre el comportamiento político de esta administración en materia de la tarifa eléctrica y la actuación del denominado tardofranquismo para dilatar el impacto de la crisis energética del año 1973.

La tarifa eléctrica recoge entonces todos esos elementos taumatúrgicos que recogían el pan, el pollo o el butano: el control de sus precios, para tener tranquilizada a la población y como elemento que garantice la estabilidad política. Hoy, en el coste del suministro eléctrico no ocurre como en el caso de la gasolina y gasóleo cuando utilizamos el transporte y pagamos el combustible: que recogen la evolución del precio de las materias primas. Se imaginan, por ejemplo, que los combustibles no recogieran el precio del petróleo (como ocurrió en la crisis energética de 1973 con Franco en previo a la tromboflebitis), que el pan no recogiera el precio de la evolución en el mercado de los cereales o que como había pasado hasta hace poco que la vivienda no recogiera el precio del suelo (con el fin de ser “sociales” y todo eso). En este caso, y sólo en este caso, el gobierno, vuelve a un modelo despótico, nos protege (pero por su bien).

En el fondo, esta primera consecuencia incide en el hecho de que es más fácil negar la realidad, politizarla que afrontarla o gestionarla, de la manera más ortodoxa para la economía, los agentes y las empresas. El Gobierno tiene que salir del laberinto y del secuestro mental de la bajada de tarifas reales que ocurrió ente el año 2000 y el 2004. Sencillamente, porque estamos ante otra realidad muy diferente.

El segundo análisis es apreciar como la tarifa eléctrica se ha quedado devorada en manos de la política. Política es que la tarifa quede petrificada por que hay elecciones. En cuatro años, ya saben: autonómicas, municipales, legislativas y europeas: en suma, pocas oportunidades para que la tarifa se adapte a la realidad, a lo que está pasando. Y, luego, una vez conocido el resultado de las elecciones porque el gobierno entrante quiere hacer méritos ante la población. O porque el Secretario General vigente quiere permanecer y también quiere hacer méritos y tener un enfrentamiento político poco oportuno.

O porque las encuestas se desmandan y la crítica arrecia. O porqué… hagan la lista de las posibles situaciones. La política no puede, considerar que todo lo puede, que los votos pueden perturbar la realidad, y por ello no debe superponerse a lo que son movimientos de los mercados y de los comportamientos de los propios agentes, cebados por los precios artificialmente bajos de que disfrutamos.

El tercer análisis tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo diantres se pretende abordar el cambio climático con políticas que incentivan el consumo a base de energía barata? Ya puede el señor Presidente del Gobierno plantear un Ministerio del Cambio Climático, sino hay convicción política de que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos no hay manera. Sin tarifas ciertas no hay política contra el cambio climático. El mejor método para enviar señales ciertas en un mercado libre son los precios.

El cuarto, son las consecuencias futuras de estas decisiones. La más obvia, más déficit o más intereses futuros para financiar la deuda que vamos contrayendo los consumidores actuales en perjuicio de nuestros hijos. Sobre todo por lo que es una decisión mantenida que perdura en el tiempo. La más retorcida, la propia de las tentaciones intervencionistas a las que nos hemos visto acostumbrados: regateo en la garantía de potencia (poniendo el riesgo la tan cacareada garantía de suministro) o soluciones bochornosas como la detracción de derechos de emisión, la resurrección de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) o la fijación de precios en las casaciones de oferta en el mercado eléctrico. Todo ello, ingeniería y contabilidad creativa que va erosionando la confianza y la calidad regulatoria, para reducir por la via de la expropiación bananera el precio de la electricidad.

La única solución, y es una que sólo se puede hacer al principio de una legislatura es abordar la separación de las tarifas de la política. Que se fijen por un órgano regulador independiente no sujeto a las veleidades de la controversia política. ¿Se imaginan ustedes lo que podrían hacer señores como Ignasi Nieto y los que hablan de ‘responsabilidad política’ (realmente responsabilidad electoral, democracia por votocracia) en el puesto de Jean Claude Trichet, en cuanto vieran un poco oscuro el horizonte económico? ¿Se imaginan a Nieto subiendo los tipos de interés en el Banco Central Europeo (Esta comparación es sólo un supuesto. Hagan, por ello, una abstracción del personaje concreto y de la situación concreta, para no caerse en el vértigo)?

Y, sobre todo, la consecuencia final es que: no sean tontos, sean manirrotos. Aprovéchense ¡alegría! Consuman kilowatios a troche y moche. Sepan leer los mensajes que emite esta Administración. No se dejen engatusar con mensajes bienpensantes para incautos que sufren el oprobio de la propaganda oficial para ciudadanos concienciados con el ahorro y ello medio ambiente. Con la inflación en ristre y con el déficit tarifario creciente, es que señores, la energía es gratis y tiene que seguir barata. El kilowatio es el incienso de nuestra sociedad.

No se corten. O que nos lo expliquen de una santa vez el porqué nos incentivan a consumir.

La existencia de un monopolio en un mercado se caracteriza en el ámbito de cualquier sector económico por la consecución de costes superiores y precios más altos a los que se obtendrían de configurar un mercado liberalizado con más operadores. Esto implica que el monopolio produce una serie de ineficiencias en un sistema económico. Esto es algo que constituye una constatación desde el punto de vista de la ciencia económica

Existen situaciones en que es posible, e incluso justificable (aunque cada día menos) la existencia de un monopolio. Es el ejemplo del monopolio natural: aquel que se produce como consecuencia de que el tamaño mínimo eficiente del mercado en el que opera es tan alto, de forma que no existen incentivos a la entrada de otros operadores o bien en el comienzo del desarrollo de una actividad en que la inversión a realizar para su puesta en marcha es muy elevada y no se puede fraccionar. Otro de los criterios es que el monopolio desarrolla una actividad en que los operadores privados no entrarían: la seguridad pública o el Ejército, son dos ejemplos. Con la existencia de mercados cada vez mayores, con un número importante de consumidores, es difícil encontrar situaciones en que es eficiente la conformación o mantenimiento de monopolios.

En otras ocasiones, legalmente puede existir un mercado, pero, de facto, existe un comportamiento monopolístico por parte de los agentes, cuando no existe competencia real. La ineficiencia se muestra en forma de empresas con un tamaño superior al que en otras condiciones sería capaz de actuar otra empresa de forma equivalente, pero con menores costes o de forma más eficiente y competitiva, siendo además capaz de trasladar estos ahorros a los mercados, vía precio y vía inversiones.

Red Eléctrica: de empresa pública a empresa monopolistica

Al mismo tiempo los monopolios desarrollan una capacidad de condicionamiento a la Administración muy importante, lo que garantiza su propia pervivencia e incluso su tendencia expansiva al crecimiento, es decir a ocupar la actividad, expulsando posibles agente privados. Por ejemplo, aquellas actividades con empresas monopolísticas suelen estar dirigidas y presididas por representantes de su accionista más específico, el Estado. Por tanto, provienen de la política o de la escala de mando de la Administración, en lugar de la gestión privada e incluso alimentan cierta suspicacia hacia quienes tienen un perfil más empresarial. Existe incluso una cierta complicidad internacional entre empresas públicas o empresas monopolísticas, de comprensión y de cercanía, incluso con las administraciones públicas de otros. Por ello, podemos apreciar como los estatalistas y monopolistas, se alinean y se unen entre sí, en una coalición o colisión, como se quiera ver.

Influencia sobre el regulador: monopolio con la reforma de la Ley del Sector Eléctrico y retribución de su actividad de transporte

Un ejemplo paradigmático en nuestro país y dentro del sector energético, es el de Red Eléctrica de España, ex empresa pública, conformada como monopolio a raíz de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico en junio de 2007, lo que ha conllevado una relación de influencia adicional en el ámbito regulatorio creciente, espiral, que se retroalmienta, que ha condicionado el recientemente aprobado decreto de retribución de las actividades de transporte, de forma que el regulador principal, en este caso el Ministerio a través de la Secretaría General de Energía, se ha saltado a la torera todas las críticas que le había dirigido la Comisión Nacional de Energía (CNE), excepto el procedimiento de determinación de valores unitarios de los activos. Todo ello, a pesar de que en Red Eléctrica, además de la SEPI, hay accionistas privados y fondos de inversión, pero su comportamiento por su influencia en el regulador y por su propia conformación legal reciente, es monopolística. El mejor de los mundos posibles.

Además, fruto de esta vinculación, Red Eléctrica elabora informes de apoyo a la Secretaria General de Energía contra las empresas que operan en el sector, está dirigida por un ex ministro y, con su carácter expansionista, ha retirado a las distribuidoras de la actividad de transporte en la red de 220 kV en las ciudades, sin contar que lleva detrás de la operación para la integración de Enagás (algo cada vez más indisimulado, aunque ahora haya una cierta parada en esta pretensión, fruto de la época electoral), desde hace tiempo para ocupar toda la actividad de operador de sistema y transporte tanto el mercado eléctrico como en el del gas.

Una situación desigual y asimétrica

Otro paralelismo evidente existe entre estatalismo y monopolio. En el ámbito europeo, la legislación no establece diferencia alguna por el régimen de propiedad de las empresas, ni derivados de su titularidad, ni de su comportamiento en el mercado como monopolístas, a la hora de valorar como operan en los mercados o como intervienen en el ámbito exterior a través de la adquisición de otras empresas de otros países. Así, los monopolios o pseudomonopolios estatales campan por sus anchas, con legislaciones proteccionistas de su actividad en sus países de origen (y en coalición con sus reguladores propios), con menores requerimientos de rentabilidad que los operadores privados y con la salvaguarda de que vía el procedimiento de la ‘acción de oro’, u otros semejantes, son inexpugnables. Es por tanto, una curiosa forma de entender eso de la libertad de circulación de capitales, lo que se convierte en una defensa encubierta del estatalismo. Así, recientemente hemos asistido a la anulación de la ley Rato por el Tribunal de Luxemburgo, una ley que ponía coto a las empresas de titularidad estatal de otros países que quisieran realizar una operación corporativa con empresas españolas privatizadas. Era hora de que alguien del gobierno español y con experiencia europea como Pedro Solbes, lo reforzara.

Por eso, están apareciendo con más insistencia, voces críticas, cada vez más autorizadas, con esta tabla rasa asimétrica y peligrosa, desincentivadora de procesos de liberalización. Hoy, muchos años más tarde la aprobación del Tratado de Roma y de los sucesivos acuerdos de reforma de la Unión, no tiene sentido una mantener una situación asimétrica anacrónica, que perjudica a los países que han realizado procesos de liberalización de sus mercados.

En Francia, EDF es un pseudomonopolio de carácter estatal. Opera absorbiendo un 80 % del mercado eléctrico francés y la titularidad del Ministerio de Economía es también del 70 %. Decía el profesor Barea el pasado sábado en Cinco Días, como el aumento de beneficio de EDF había sido en 2007 del 0,2 % con respecto a 2006 y las ventas crecieron un 1,2%. EDF tiene aproximadamente una potencia instalada de 128.500 MW y 156.500 empleados.

Los ratios de eficiencia de EDF no tienen comparativa con los de su objetivo corporativo Iberdrola. Mientras que en 2007, la compañía ha aumentado sus ventas en un 58,5 % % y su beneficio un 58,5% (principalmente derivado de sus operaciones exteriores) Tiene una capacidad instalada de 42.000 MW aproximadamente y 30.000 empleados. Hagan cuentas.

Consecuencia: los monopolios y empresas estatales se unen en sus comportamientos análogos. Tienen que ser alimentados para garantizar su pervivencia y son engordados a partir de la eficiencia de los operadores privados, vía expulsión de actividad o vía mayor retribución. ¿Y como se alimentan? Gracias a la tesorería generada por sus negocios bien protegidos por sus respectivos gobiernos, que son juez y parte, reguladores y propietarios. Con esa tesorería se pueden comprar empresas privadas y eficientes, para seguir creciendo. Ahí está otra conclusión, para quien se sitúe en el grupo de los colaboracionistas públicos o privados, que los hay.

(Atención, pregunta, ¿se imaginan a un Secretario General de Energía, como el actual, en Francia erosionando vía regulatoria los ingresos de EDF?)