Queremos mentiras nuevas

Y esto viene a cuento de que el Gobierno, definitivamente, va a aprobar una subida de la electricidad del 2,3% para el primer trimestre del año culminando el despropósito de un desgobierno energético. Una subida de mentirijillas. Con este afán por caer simpáticos en las encuestas, por no gestionar, por no negociar con los sectores concernidos, por considerar que la mayoría absoluta es una patente de corso, nuestro Gobierno casi se descuida y podría llegar a haber decidido una subasta por debajo de la inflación anual, de la inflación subyacente o de la que convenga, o por debajo de la que van a experimentar los trenes de cercanías.

Y todo ello, además, se produce con esa capacidad que tiene la política para decidir posible lo imposible: el resultado de las urnas habilita para transgredir la economía. Una subida administrada de este tipo se produce, además, con la obligación de pagar la financiación y las fracciones pasadas del déficit, manteniendo la prodigalidad del sistema de subsidios, con nuevos impuestos a la generación y con dudas sobre el comportamiento del Ejecutivo sobre el aval del déficit tarifario de este año; todo ello, con gran desparpajo y sin pudor y manipulando a la sociedad sobre la realidad de los precios de la energía. Todo en uno, oiga.

Pero es más: en el devenir de los hechos de estas dos semanas que desembocan en la decisión de hoy, hay más costes y más graves por su propia intangibilidad. El primero, el del sistema institucional económico español, que ha sido certificado como un atrezo o como un trampantojo en manos del Gobierno de turno. La nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, acreditada como una comparsa; nace desprestigiada y muere en el primer acto. Atentos, en todo caso, porque desde la Unión Europea se vigila muy de cerca la instrumentación grosera de este engendro de los populares.

En días pasados, el catedrático Luis Garicano afirmaba que la Administración ya no cumplía su función. Y eso es lo que está pasando en este sector, porque las funciones de los órganos reguladores independientes y del propio Gobierno en la política energética, económica y gubernamental, han perdido su papel en una sociedad avanzada. Han sido sustituidas directamente por la búsqueda de fórmulas temerarias, para evitar el oprobio de anunciar a la ciudadanía una subida de precios de la energía, por otra parte, consecuente con las decisiones pasadas irresponsables de las que nadie quiere hacerse cargo en una política adanista. Eso es todo y todo es eso.

Segundo: en estas dos semanas se han introducido sospechas sobre el funcionamiento de los mercados, basadas únicamente en evidenciar las carencias y contradicciones de la política energética y en cómo los mercados recogen su zozobra y deriva en manos populistas populares. Se ha demonizado a las empresas y se ha consentido un envenenamiento sin precedentes entre sectores de la vida económica y empresarial, del que todos los mercados han tomado buena cuenta.

Con esta decisión vergonzante, se vuelve a un comportamiento semejante al de gobiernos precedentes socialistas y populares: taponar los precios, que la electricidad sea un suministro intervenido desde la política a la vez que se inflan los costes regulados, que las empresas y mercados deben estar al servicio de los intereses electoralistas, y que no hay política energética coherente que pueda casar un equilibrio entre sostenibilidad económica, medioambiental y de suministro.

Precios de mentira para una política engañosa. Pero no son mentiras nuevas, son las mismas de siempre.