Tour de force en el Gobierno por la separación jurídica y funcional de Red Eléctrica de España

La movilización para evitar la separación funcional y jurídica de los operadores de sistema y transporte ha librado en la última semana una nueva batalla. Si hace unos días, con motivo del dictamen que tenía que emitir la Comisión Nacional de Energía, la movilización fue formidable, la semana pasada se vivió un nuevo episodio, esta vez en el seno del Gobierno, que acabó con el hecho de que el Anteproyecto de Ley finalmente no se haya enviado a las Cortes Generales para su trámite parlamentario.

De hecho, es costumbre del departamento que dirige Miguel Sebastián que los proyectos normativos que elabora este área pasen dos veces por el Gabinete: una previa a los informes de los reguladores independientes, para su remisión a los mismos, y otra, tras esos informes, ya con destino el Parlamento tras la aprobación por parte del Ejecutivo.

Así, este último episodio tuvo lugar con motivo del último Consejo de Ministros en el que el departamento que dirige Rosa Aguilar, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se opuso a la transposición del tercer paquete de la normativa europea a la Ley del Sector Eléctrico, elaborado por el Ministerio de Industria y que ya contaba con informes de los reguladores independientes. La postura de este departamento ministerial se basaba, precisamente, en su oposición a esta separación jurídica y económica del operador de transporte, titular de este monopolio y transportista único y, a la vez, del operador de sistema del sector eléctrico español, hoy integrados en Red Eléctrica de España.

Parece ser que las posiciones contrarias a la separación jurídica y funcional en esta cartera ministerial provienen de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que dirige Teresa Ribera. De hecho, fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que ayer tuvo lugar una reunión entre las dos Secretarías de Estado, Energía y Cambio Climático, reunión en la que Ribera habría retirado las reservas a la separación económica y funcional por parte de Medio Ambiente. En un primer momento, Medio Ambiente se habría alineado con las posturas de Red Eléctrica de España y de su presidente Luis Atienza, contrarias a esta separación y a la ofensiva lanzada para evitarla.

De hecho, dicha separación se ha convertido en el más importante caballo de batalla para la compañía que preside Luis Atienza y ya anticipó que desde La Moraleja están dispuestos a poner toda la carne en el asador para evitar este cambio normativo, apelando en este caso a las líneas más políticas con el Partido Socialista, que pueden traer más de un quebradero de cabeza al actual Ministro de Industria.

No es necesario recordar que la vinculación política de la cúpula de REE se acentuó notablemente en esta última etapa bajo la presidencia de Atienza, que fue Ministro de Agricultura (área integrada dentro del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino), así como con la vinculación directa con Ferraz de Alberto Carbajo, actual Director del Operador de Sistema, y la participación en la elaboración del programa electoral socialista de responsables tan destacados de REE como Javier de Quinto.

Lo que parece claro es que no va a ser una cuestión pacífica y que nunca crear dos empresas y regular los posibles conflictos de interés entre las dos funciones dentro de una misma sociedad «holding» iba a tener un grado de controversia tan intenso.

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