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El PP acusa al Gobierno de paralizar el ATC «de tapadillo» y pedirá explicaciones a la ministra en el Congreso

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, criticó la decisión «de tapadillo» del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) y ha asegurado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique esta decisión.

Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando, según ha recordado, existe en la Cámara baja una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión. De hecho, ha señalado que Ribera «hurtó al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

En cuanto a la paralización del ATC, el diputado ha mostrado su preocupación porque desconoce cómo va a garantizar el Ejecutivo la seguridad y la protección radiológica del país sin un almacén así. «Y si la pueden garantizar, me gustaría saber cuáles son las alternativas», ha apuntado. Del mismo modo, alerta del sobrecoste que supondrá que, sin ATC, todas las centrales nucleares tengan que tener su propio Almacén Temporal Individual (ATI) para los residuos nucleares.

«Estamos hablando de una instalación promovida por el PSOE y que contó con el acuerdo casi unánime de ambas Cámaras», ha recordado Mariscal, para señalar que el Ejecutivo socialista ha contravenido ahora el acuerdo parlamentario para tomar una decisión que, a su juicio, «carece de argumentos» y que se toma «por motivos políticos«. El portavoz popular quiso responder, además, a los que rechazaban el ATC por ser contrarios a las centrales nucleares. Para el diputado, el ATC «no tiene relación directa con el futuro o no» de estas plantas, sino con la gestión de residuos.

“Para hacer las cosas bien”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, destacó, sobre la decisión del Ejecutivo central, que es una «gran noticia» y que a partir de este momento se analizará la situación «para hacer las cosas bien». En este sentido, ha señalado que hay que analizar las posibilidades de «presente y futuro de los residuos nucleares«, al tiempo que ha considerado necesario que se cumpla la declaración de impacto medioambiental del proyecto. Asimismo, criticó que la decisión de elegir Villar de Cañas para almacenar residuos nucleares fue «política», algo que tocó «los corazones de los castellano-manchegos», a los que ha reconocido su «tesón» en la voz del presidente regional, Emiliano García-Page.

“Insuficiente” para la plataforma anti-ATC

Por otro lado, la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC «es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto». Según reiteró la plataforma, «los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos», es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes «para dar el carpetazo definitivo al proyecto inmediatamente».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la «autorización previa o de ubicación», para así «impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar el almacén nuclear en Villar de Cañas». El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la «autorización de construcción» del ATC. Pero «nada ha decidido», sobre la «autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas», apuntaron desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene «un argumento de peso» para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, «se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo«. Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, «la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida». Por ello indicó que están «satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto».

Más de 300 personas secundan la 9ª marcha a Villar de Cañas contra la instalación del ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- Más de 300 personas secundaron la 9ª Marcha a Villar de Cañas convocada por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca que, bajo el lema Ni en tu pueblo, ni en el mío. No al cementerio nuclear, llegó a este municipio conquense después de atravesar los terrenos en los que se construirá el silo.

Así lo explicó la portavoz de la plataforma, María Andrés, quien resaltó que, un año más, «mucha gente del pueblo, que nunca ha querido el ATC», les han recibido a la entrada de Villar de Cañas, acompañándoles hasta la Plaza del Ejido, donde Andrés ha leído un manifiesto en el que ha recordado que se trata de un proyecto ante el que «nadie nos ha preguntado, decidiendo sobre un tipo de gestión de residuos que nadie nos preguntó si queríamos por las consecuencias que tenía».

En su alocución, la portavoz indicó que este año «toca ponernos las pilas» dado que, ha subrayado, el Gobierno de Mariano Rajoy «quiere seguir adelante con el proyecto», por lo que va a «encontrar de frente» a este colectivo. «Entendemos que la única razón para seguir adelante con el proyecto está relacionada con las redes clientelares», aseveró Andrés, al tiempo que ha puntualizado que la plataforma lo ha denunciado en varias ocasiones ante la Fiscalía Anticorrupción «y lo seguirá haciendo».

“Beneficia al marido de Cospedal”

A este respecto, ha insistido en que la designación de esta localidad conquense para albergar el ATC «se hizo de manera oscura, en un pleno en donde no constaba en el orden del día» y se decidió en Consejo de Ministros «por una decisión política», ya que, ha alegado, los terrenos en donde se pretende construir «tienen problemas geológicos reconocidos por los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«. Asimismo, a su juicio, la gestión económica del proyecto ha ido «totalmente ligada a que haya cierta gente que salga beneficiada», citando a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro que, denuncia, «se han llevado 36 millones ya y suma y sigue«.

Tras sostener que existen «muchísimas razones para seguir insistiendo», ha advertido de que la plataforma «lo seguirá haciendo hasta que se consiga pararlo«: la siguiente cita será en junio en Salamanca. Finalmente, Andrés ha lamentado que la 10ª marcha pueda coincidir con el inicio de la construcción del ATC, en referencia a la posibilidad de que en enero «se pudiesen tener permisos ya para empezar a trabajar«. «Esperemos que haya más palos en las ruedas en medio y sigamos haciendo otras marchas sin que se haya movido tierra», ha concluido.

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

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Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.

La Plataforma contra el ATC nuclear en Villar de Cañas teme una declaración ambiental positiva antes de fin de año

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EFE / Europa Press.- La Plataforma de Afectados por la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca) asegura que la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy es «inminente», podría estar tramitada antes de finalizar 2017, y en ese caso «quedaría despejado el camino para que conceder la primera autorización» del ATC.

La Plataforma ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un documento de alegaciones para rebatir los elaborados por ENRESA en los que, según la Plataforma, la empresa de residuos nucleares “defiende” que el ATC es “compatible” con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito en sus límites ampliados por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha; algo con lo que no está de acuerdo la Plataforma. Uno de los portavoces, Carlos Villeta, denuncia que el almacén nuclear se quiere levantar en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y que esto se barajó «en su momento como motivo de exclusión» para poder acoger el ATC.

Según ha indicado la Plataforma, de esta manera la empresa pública demuestra que «las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear no parecen un impedimento para una inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental». Este colectivo ha recordado que desde la redacción del impacto ambiental «se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC», y ha considerado que tampoco se han evaluado «las afecciones debidas al transporte, ni se ha dado a conocer el proyecto a los 215 ayuntamientos por los que pasarían los convoyes de residuos nucleares».

Otra portavoz de la plataforma, María Andrés, ha indicado que «el empeño» del Gobierno central en construir el ATC es un indicio claro de su intención de mantener la vida de las nucleares más allá de los 40 años recogidos en el VI Plan de Residuos Radiactivos. Por último, han avanzado que la Abogacía General del Estado ha ampliado la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, y las próximas semanas la Plataforma presentará el escrito de respuesta a estas denuncias en las que ya está trabajando.

Colectivos antinucleares se manifiestan en Villar de Cañas contra el ATC mientras el Gobierno defiende que “es necesario para España”

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Europa Press.– El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, asegura que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) y combustible gastado de Villar de Cañas (Cuenca) es «algo necesario para España» después de unas 500 personas, según los organizadores, hayan participado en la marcha a pie a Villar de Cañas desde Casalonga, convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para posicionarse en contra de la instalación en la localidad.

Una marcha, bajo el lema No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío, que ha transcurrido en un ambiente festivo, según indicó la portavoz de la Plataforma, María Andrés, quien ha señalado que ha sido un día de reencuentro y participación de «mucha gente». Andrés ha explicado que entre las razones que les han llevado a convocar esta manifestación está el hecho, como dicen «alto y claro cada año», de que «nadie» les preguntó ni les ha tenido en cuenta. «No queremos un cementerio nuclear ni que Villar de Cañas sea el apoyo a fuentes de energía nuclear en este país».

Este proyecto «está todavía en pañales» y «no tiene ningún permiso para poder trabajar toda la parte nuclear», indicó. «El ATC ni está ni por el momento se le espera», recalcó. Sobre las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a la ZEPA del Hito, Andrés considera que «es importante» tener en cuenta que «siempre ha habido un grupo importante con la intención de que el ATC salga adelante». «Pero la realidad es que no tiene declaración de impacto ambiental, no tiene permiso de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear ni permisos municipales, con lo cual no puede seguir adelante”, señaló.

Tanto la MÍA como la plataforma rechazan la implantación del ATC y reclaman un calendario de cierre de las centrales nucleares cuando cumplan los permisos vigentes para reducir lo más posible la generación de residuos. También reclaman un debate sobre el volumen y alternativas para los residuos desde el punto de vista de la seguridad pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental. Las organizaciones seguirán movilizándose y el próximo 10 de junio se producirá una gran manifestación en Madrid en contra de la energía nuclear en toda la Península Ibérica, tanto en España como en Portugal.

En esta marcha participó el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, quien ha afirmado que Cuenca «es símbolo de naturaleza y el ATC sería un lastre para el futuro de la provincia«. Por esa razón, ha señalado que el Gobierno regional «dará la batalla hasta el final para que el ATC no se instale en nuestra región y continuará anteponiendo los valores medioambientales a los intereses nucleares».

Cuadrado ha asegurado que la Junta de Comunidades «apuesta por un modelo de desarrollo diferente, basado en un modelo energético renovable» y que la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas «perjudicará seriamente a sectores que ahora mismo son claves para la economía provincial». En este sentido, ha afirmado que el ATC «no es una lotería, como nos han querido vender, sino una hipoteca para muchos, muchos años, que vamos a pagar entre todos», ha remarcado. Además, ha explicado que los técnicos de la Consejería «llevan mucho tiempo trabajando para catalogar los valores naturales de esta zona y todos los informes avalan la ampliación del espacio protegido ZEPA».

También participaron varios miembros de Izquierda Unida, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, y el coordinador provincial, Jacobo Medianero, quien señaló que esta manifestación «vuelve a mostrar que son muchos los factores que hacen inviable el cementerio nuclear, entre ellos la disconformidad social con el mismo». «Una movilización que, como ha quedado patente, vuelve a crecer y tiene que ser un elemento clave para que no nos condenen a albergar los residuos nucleares de toda España», señaló Medianero, para pedir a la ciudadanía «que actúe contra el ATC sin esperar a ver qué sucede en unos u otros procesos judiciales o tramitaciones administrativas que no pueden ser la única oposición al basurero nuclear”.

Además, Medianero ha recordado los argumentos que, a día de hoy, son más que conocidos por todos, como «la poca idoneidad de los terrenos, cada vez más patente, la falta todavía de declaración de impacto ambiental, la posible revisión del POM de la localidad o la proliferación de almacenes individuales que hacen menos necesario una instalación tan costosa como ésta».

Desde el PSOE regional también se ha pronunciado al respecto la diputada del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Torralba, quien ha querido dejar claro que tanto desde el Ejecutivo regional como desde la formación política «vamos a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para que ni en esta localidad conquense ni en ningún otro lugar de la región nos traigan la basura nuclear».

Para la diputada del Grupo socialista, «el medioambiente tiene que estar muy por encima de cualquier proyecto nuclear», a lo que ha añadido que el modelo que defienden los socialistas y casi todos los ciudadanos en esta región, «menos los dirigentes del PP», se basa en la obtención de energía a través de fuentes sostenibles y renovables. «Está claro que esta elección fue política y pensando en los intereses del PP más que en los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», ha apuntado, para agregar que el ATC puede «servir de tapón a otros desarrollos como el turístico o el agrícola porque la cercanía de un cementerio nuclear ahuyenta cualquier otro tipo de inversión».

La Plataforma anti ATC denuncia que Enresa adjudica trabajos en Villar de Cañas «a dedo» y con el proyecto paralizado

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EFE / Europa Press.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha denunciado que la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) ha adjudicado por tercera vez de forma directa unos trabajos relacionados con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, aunque el proyecto está «paralizado». Según indicaron, es la tercera vez que Enresa realiza una adjudicación sin someterse al trámite de oferta pública, pero esta vez ha sido la de mayor cuantía, de unos 300.000 euros.

Este proyecto se adjudicó al mismo grupo de empresas constituidas en una Unión Temporal de Empresas que actualmente se encuentran realizado sondeos de 200 metros en los terrenos designados para construir el ATC, según la Plataforma. Se trata de trabajos de caracterización de los terrenos para el ATC, complementarios a los que se están realizando en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), del informe para la autorización previa o de construcción emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Plataforma ha indicado que se concentrarán, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para protestar frente a la sede de Enresa el 28 de marzo. La portavoz de la Plataforma, María Andrés, subrayó que Enresa «debería ser absolutamente escrupulosa en la adjudicación de dinero público y, en este caso, ni siquiera se han guardado las formas». Además, recordó que el ATC está «paralizado» desde julio por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito puesta en marcha por el Gobierno regional y también porque no tiene ni «planeamiento urbanístico» ni «ninguno de los cuatro permisos pertinentes».

Finalmente, añadió que los abogados de la Plataforma están estudiando las contrataciones por si procediera tomar alguna medida. Asimismo, este colectivo ha aplaudido que el CSN tenga que entregar a Transparencia Internacional España algunos informes relacionados con el ATC, y recordó que la Plataforma también había pedido estos informes. Por ello confía en que el CSN, «ante este toque de atención, cambie su forma de actuar e incremente su transparencia«.

«No hay nada que ocultar»

Por su parte, el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, señaló, sobre la presentación de los informes del ATC, que «todo lo que clarifique este situación es bueno», pues a su modo de ver «no hay nada que ocultar». Así respondió Gregorio sobre la solicitud del CSN al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una prórroga de 15 días para entregar los informes que este órgano le instó a entregar a Transparencia Internacional. Además, sobre la denuncia de la Plataforma sobre los contratos adjudicados por Enresa, Gregorio señaló que «es una cosa que tendremos que mirar».

Podemos pide la comparecencia en el Congreso del presidente de Enresa para explicar por qué continúan las inversiones en el ATC

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Podemos solicitó la comparecencia del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, para que informe sobre las inversiones que se están realizando en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Por ello, los diputados de Podemos, Juan López de Uralde y Josep Vendrell, solicitan a Zaballa que explique por qué se siguen adoptando decisiones sobre el ATC cuando está paralizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pretende impedir su construcción declarando la protección ambiental del terreno.

Según Vendrell, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «una vez invertidas importantes cantidades de dinero público», se sienta suficientemente presionado para levantar la paralización de la obra. Por ello, tachó de «grave irresponsabilidad» el «poco respeto que este Gobierno y sus satélites, como Enresa, sienten por el dinero de los ciudadanos y no dudan en dilapidarlo con tal de imponer una instalación que nunca debió ser planteada».

«Que Enresa haya sacado a licitación contratos por un valor de 417 millones de euros, como denuncia Ecologistas en Acción, y que se hayan comprometido licitaciones por unos 70 millones es de una irresponsabilidad insólita en un Gobierno en funciones», denuncia Vendrell. Por su parte, López de Uralde reprochó a Enresa que siendo una empresa pública, «se salte la legalidad por motivos estrictamente políticos» y reclamó la paralización del ATC.

También la Plataforma contra ATC

De igual forma, la Plataforma contra el ATC de residuos nucleares reclamó al Gobierno en funciones del PP la paralización del proyecto y que cese el «derroche» de dinero público. Sin embargo, según la Plataforma, el Gobierno central «lejos de darse por vencido, no ha parado de mover ficha» y Enresa ha adjudicado nuevos contratos, como el del servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento ATC en Villar de Cañas por 41.125 euros; y el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación por 38.508,50 euros. Además, añade que la SEPI pretende contratar a 40 nuevos empleados que irán íntegramente a labores relacionadas con el ATC.

Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «Rajoy está haciendo con el ATC lo mismo que Cospedal hizo en la región, acelerar la tramitación de los expedientes relacionados con el ATC, hasta el punto de aprobar el POM de Villar de Cañas ahora anulado». La Plataforma, que el pasado 14 de febrero cumplió seis años, está solicitando a la ciudadanía que firme la petición contra el ATC en el portal Change.org, donde ya van recogidas más de 1.600 firmas.

Afectados por la ampliación de la zona protegida que paraliza el ATC alegan contra el procedimiento por «inconcreción y arbitrariedad»

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Europa Press / EFE.- Mientras la Plataforma contra el Cementerio Nuclear celebra un acto en Cuenca este miércoles, en el cuarto aniversario de la designación de Villar de Cañas como sede del ATC, celebrando «el bloqueo del proyecto» y cantando villancicos «antinucleares», la Plataforma de Afectados por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito han presentado alegaciones en el procedimiento de participación pública de esta ampliación por «su inconcreción, inseguridad jurídica, ilegalidad, arbitrariedad, abuso del derecho y fraude de ley».

La abogada de esta plataforma, Pilar Martínez, señaló que este proceso «tiene como única finalidad la paralización del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» y ha destacado que este hecho «resulta notorio por la prensa y se deduce de las declaraciones públicas de algunos de sus protagonistas». Martínez ha comentado que en el escrito presentado se alega «el vacío y carencia de efectos jurídicos del acuerdo de inicio del procedimiento» en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 28 de julio, así como «la falta de participación pública y audiencia a los interesados, incumpliendo normativa nacional y europea, y el incumplimiento de la Directiva Hábitats y el procedimiento para la propuesta de listas LIC».

La abogada también remarcó la «falta de delimitación adecuada del espacio y la ausencia de memoria económica», señalando además que la ampliación supone «una burla al ciudadano, a las leyes y a las instituciones estatales y europeas con grave perjuicio para la generalidad de la ciudadanía y el desarrollo de la zona». También anuncian la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración autonómica. Finalmente, considera que la ampliación de la ZEPA «carece de criterios orientadores de las políticas sectoriales y las actividades económicas y sociales, vulnera el artículo 45 de la Constitución, supone un estrangulamiento económico de la zona y priva a los ayuntamientos y entidades locales de su capacidad».

Villancicos antinucleares contra el ATC

El Consejo de Ministros decidió el 30 de diciembre de 2011 que Villar de Cañas sería la ubicación del ATC. Por ello, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear prevé celebrar un acto este miércoles en Cuenca para conmemorar los 4 años de la designación de Villar de Cañas y celebrar «el bloqueo del proyecto» cantando villancicos «antinucleares». Uno de los portavoces de la Plataforma, Carlos Villeta, aseguró que «es un momento más de celebración que reivindicativo, porque estamos en un buen momento», ante lo que consideran un bloqueo del proyecto.

Villeta reivindicó que «siempre hemos tomado las cosas con humor, aunque no es ninguna broma que nos quieran imponer un cementerio nuclear», y por eso este año han optado por cantar villancicos «antinucleares» ante el nacimiento de la Plaza de la Hispanidad, en el centro de Cuenca. El portavoz de la Plataforma ha reconocido que el proyecto ha sufrido cuatro años de «altibajos», pero ahora mismo se encuentra con la oposición de todas las fuerzas políticas a excepción del PP.

«Los partidos políticos han visto, tanto en las regionales como en las generales, que lo más lógico era decir no al cementerio nuclear, dejando solo al PP, lo cual dificulta cada vez más que se pueda instalar el ATC aquí», aseveró. Villeta recuerda que desde la Plataforma siempre han sostenido «que los terrenos no eran válidos, que no había consenso y que se estaba usando el dinero para otros usos distintos al cementerio nuclear», y añade que «poco a poco la opinión pública se ha dado cuenta de ello y ya hay una oposición amplísima».

Castilla-La Mancha irá los tribunales españoles y de la Unión Europea si el Gobierno declara el ATC de interés general

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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que si el Gobierno de España declara el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) como de interés general, el Ejecutivo regional irá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». Otros que irán a los tribunales serán desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo la ampliación de área protegida medioambientalmente desarrollada por el Ejecutivo autonómico para impedir el ATC. Además, el CSN anuncia que escuchará a más técnicos.

La guerra entre administraciones acaba de comenzar: «cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», indicó Martínez Guijarro. El vicepresidente afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page «está cumpliendo los compromisos que asumieron con los ciudadanos de Castilla-La Mancha» en referencia a la instalación del ATC que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca).

También indicó que se está analizando el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, ya que «su tramitación en tan solo 48 horas llama mucho la atención», indicó la Junta. Por último, ha recordado que los informes técnicos señalaban que la opción de la instalación del ATC en esta localidad conquense era la cuarta opción y la decisión de hacerlo aquí fue «un acuerdo político que se cerró entre Cospedal y Rajoy sin tener en cuenta estos informes».

Ampliar el área protegida medioambientalmente

Por su parte, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca propondrá la ampliación de las 25.000 hectáreas que el Gobierno castellano-manchego quiere incluir bajo la protección de la Red Natura 2000 en el entorno de la Laguna del Hito (Cuenca), que incluirían el espacio donde está previsto el emplazamiento del silo nuclear de Villar de Cañas.La portavoz de la Plataforma, María Andrés, ha asegurado que «aunque se ha puesto el foco mediático en las especies de aves, en las 10.000 grullas, en la solicitud realizada por la Plataforma se recoge la presencia de valores naturales muy notables que merecen ser conservados«, según ha informado la Plataforma, como «las comunidades gipsícolas, las especies piscícolas o las Lagunas de Casalonga».

Finalmente, la portavoz de la Plataforma exigió que el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, «debería explicar cómo se presentó la candidatura al ATC, en un pleno en el que el asunto no figuraba en el orden del día».También criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «ha repetido que los residuos nucleares se están enviando a Francia y que cuestan 60.000 euros diarios», alegando que «ambos argumentos son falsos«.»El órgano oficial de comunicación de Enresa reconoce que no se paga un solo euro por los residuos, puesto que la gran mayoría se encuentran en las propias centrales nucleares, bien en las piscinas anexas a los reactores o en almacenes individuales en seco«, explicó Andrés.

Villar de Cañas pide justicia

El Ayuntamiento de Villar de Cañas y los demás municipios y vecinos afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que recurrirán «a todas las instancias legales» la decisión del Ejecutivo autonómico ampliar la zona protegida de la Laguna del Hito ya que la considera «un fraude de ley». A su juicio, se está «intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que contempla«. Según el Consistorio, el Gobierno regional «pretendía proteger terrenos que fueron excluidos por la Sociedad Española de Ornitología, como áreas importantes para las aves».

En concreto, según el Ayuntamiento, SEO/BirdLife estableció el 31 de diciembre de 2010 «que buena parte de los terrenos de Villar de Cañas y la zona de implantación del ATC en particular, no tienen el interés ni relevancia que pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni se ven afectados en absoluto, por la ocupación ni el paso de las aves«. En el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Sí Queremos el ATC en Villar de Cañas, que ha señalado que esto «invalida por completo las pretensiones de paralizar el ATC» con el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El CSN atenderá dudas técnicas

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizará en una próxima reunión tras las vacaciones las «dudas e incertidumbres» planteadas sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del organismo regulador, según fuentes del regulador atómico. Estos técnicos expresaron sus reservas a través de una nota informativa conocida «con posterioridad a la redacción de la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear» sobre el emplazamiento del silo. Esa nota estaba firmada por el jefe de área del CITI y los geólogos que integran el departamento. Destacaba los esfuerzos a realizar para superar la inestabilidad del terreno para construir el silo pero no así su construcción.

Según consta en las actas publicadas por el CSN sobre aquella reunión, la nota fue dirigida al director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, quien no la incluyó en el informe de evaluación, ni tampoco en la PDT; por lo que los consejeros del CSN desconocían su contenido el pasado lunes 27, momento en el que se debatía la primera autorización de emplazamiento del silo nuclear. Dado el desconocimiento de los consejeros, salvo Cristina Narbona que sí había tenido acceso a la misma a través de un medio de comunicación, se invitó a Munuera al pleno del CSN.

Ante los consejeros del CSN

En la reunión, Munuera explicó que decidió no incluir la información por su «carácter absolutamente anómalo y fuera de procedimiento», «que los firmantes califican de informativa» y que se «aparta de las categorías manejadas en los expedientes de evaluación técnica, normalmente notas interiores o de evaluación técnica firmadas por el autor y revisadas por su superior jerárquico». A su vez, Munuera argumentó que no le dio trascendencia técnica a dicha nota, ya que su objetivo era «poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la PDT y que contestó a los signatarios de la nota que estas consideraciones estaban fuera de las competencias de esa área«.

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.