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La Comisión Europea autoriza el plan de ayudas a las energías renovables de Polonia

Europa Press.- La Comisión Europea ha autorizado el plan de ayudas de 40.000 millones de zlotis polacos (9.400 millones de euros) con el que Polonia quiere impulsar la generación de electricidad a través de fuentes renovables. El Ejecutivo comunitario considera que este esquema fomentará el desarrollo de diferentes tecnologías renovables y ayudará a Varsovia a alcanzar sus objetivos medioambientales y climáticos para 2020. Además, ha subrayado que la medida incrementará la cuota de energías renovables producidas en Polonia y minimiza cualquier distorsión que pueda causar sobre la competencia.

«El programa de apoyo polaco aumentará la proporción de energías verdes en el mix energético polaco y facilitará la transición energética del país. También preservará la competitividad de aquellas compañías que son dependientes de la energía», destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Los beneficiarios de este plan de ayudas serán seleccionados mediante subastas competitivas. Las dos primeras rondas tuvieron lugar en diciembre de 2016 y junio de 2017 y se organizarán más hasta el 30 de junio de 2021.

Prima condicionada a precio real

De esta forma, las pequeñas instalaciones renovables con una capacidad de hasta 500 kilovatios (kW) se beneficiarán de tarifa de suministro, mientras que las instalaciones con una capacidad por encima de este umbral recibirán una prima por encima del precio de mercado, aunque únicamente si en los próximos años el precio de mercado de la electricidad está por debajo del precio emitido en las subastas.

La Comisión Europea autoriza el plan de ayudas de Alemania a la instalación de paneles solares en edificios de alquiler

Europa Press.- La Comisión Europea aprobó el programa de Alemania que otorga ayudas públicas a propietarios que instalan paneles solares con una capacidad de hasta 100 kilovatios en azoteas de edificios de viviendas con el objetivo de suministrar electricidad a sus inquilinos.

En concreto, este apoyo se concreta mediante primas pagadas por encima del precio del mercado que el propietario obtiene de los residentes de los apartamentos. El presupuesto estimado de este programa es de 4 millones anuales y está aprobado durante 10 años. El Ejecutivo comunitario explicó que este sistema de ayudas permite que los propietarios de edificios participen de forma activa en la transición de Alemania hacia un suministro de energía bajo en carbón y sostenible, al mismo tiempo que ayuda a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos medioambientales.

Bruselas aprueba el régimen español de ayudas a las renovables

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España de ayudas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado y que contribuirá a cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica tanto a nuevos beneficiarios como a aquellas centrales que se acogían al régimen anterior. En total, cuenta con unos 40.000 beneficiarios y los pagos en 2016 en virtud de este plan ascendieron a 6.400 millones de euros, según explicó el Ejecutivo comunitario. Los beneficiarios de este sistema reciben una prima por encima del precio de mercado de electricidad. La ayuda tiene el objetivo de compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad al mercado, así como de obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

Avala las subastas de renovables

Las ayudas a nuevas centrales se conceden desde 2016 a través de subastas competitivas, en la que los beneficiarios reciben compensaciones únicamente si el precio de mercado cae a niveles «muy inferiores» con respecto a los precios actuales. Esto, señala Bruselas, ayuda a garantizar la financiación de los proyectos y completarlos a tiempo. La Comisión Europea ha explicado que en las subastas de mayo y julio de este año compitieron diferentes tecnologías y se adjudicaron ayudas a más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado el régimen español de ayudas a las renovables para determinar si se ajusta a la norma europea que exige subastas competitivas y garantiza que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Finalmente, arribó a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables y se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

«Las últimas subastas de energía procedente de renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen contribuirá a ello», aseveró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

APPA Fotovoltaica cree que se crearán 28.000 empleos con la puesta en marcha de los 3.909 MW de la subasta

Europa Press / EFE.- APPA Fotovoltaica considera que los 3.909 megavatios (MW) de potencia fotovoltaica adjudicados en la última subasta de renovables generarían, de llevarse a cabo todos los proyecto, más de 27.900 nuevos empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, que debería concluir en diciembre de 2019, y elevarían a más de 18.800 los puestos de trabajo permanentes en este sector para los próximos 20 años.

Las compañías instalarán solar fotovoltaica

El presidente de la asociación, Jorge González Cortés, valoró positivamente el resultado de la subasta y ha destacado que «grandes compañías» se han sumado a esta tecnología. En este sentido, se felicitó por el hecho de que estas compañías, que «durante años han sido grandes detractores de la fotovoltaica, hayan comprendido que el esfuerzo que se realizó durante años era para conseguir, precisamente, esta reducción de costes». González Cortés subrayó que si no hubiera sido por el apoyo «decidido» de algunos gobiernos, la sociedad y el sector empresarial a nivel mundial, la fotovoltaica «jamás habría conseguido este desarrollo tecnológico«. «Eso es algo que debemos recordar cada vez que alguien nos hable de las primas a las renovables», añadió al respecto.

Además, consideró necesario «no olvidar a las familias y las pequeñas y medianas empresas que siguen sufriendo los recortes retroactivos a inversiones que estaban garantizadas por el BOE». APPA Fotovoltaica pide así al Gobierno que, una vez «constatado que la fotovoltaica ha alcanzado la plena competitividad», que «deje de poner trabas» a su desarrollo y la convierta «en un pilar estratégico para crear industria, empleo y riqueza autóctona«. Según el banco de inversión Lazard, el coste de la fotovoltaica se ha reducido en un 85% en los últimos siete años.

Nadal asegura que «el coste eléctrico sería hoy 10 veces más barato si se hubiera tenido paciencia» con las renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirma que la luz sería «hasta 10 veces más barata en España si se hubiese tenido un poco de paciencia» a la hora de llevar a cabo instalaciones de renovables.

En este sentido considera que España fue líder en energía solar a costa de instalar «todo y muy caro», lo que actualmente «se ha visto repercutido en el recibo». «Hemos invertido mucho dinero en una tecnología que hoy en día nos parece obsoleta«, ha apuntado. Así, lamenta que el coste del megavatio por hora era entonces de 490 euros, mientras que en la última subasta se situó por debajo de los 40 euros, ha apuntado.

Aunque ha destacado que el coste de la energía en España «está bajando», Nadal reconoce que es «de los más caros de Europa» debido al coste adicional en renovables que arrastra el sistema. En este sentido, ha explicado que España cuenta con 10.500 millones de euros de sobrecoste por decisiones políticas del pasado que se anteponían al precio y la competitividad. «Pagamos 7.000 millones en primas a las renovables, que son las más caras del mundo porque se instalaron en una etapa en la que costaban mucho esas instalaciones«, lamentó.

Según Nadal, en España se instaló una tecnología «muy madura y cara» y «ni siquiera se subían los precios al tiempo que los costes», lo que generó un déficit que ahora se está pagando. «Nuestro país tiene una de las energías más caras por decisiones que se tomaron en el pasado sin importar los costes ni lo que iban a durar en el tiempo», ha apostillado, un lastre que España aún pagará «durante muchos años«.

Nadal asegura que la luz sería un tercio más barata si se hubiera hecho un desarrollo «pausado» de renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que si los 30.000 megavatios (MW) instalados en España de energía renovable se hubieran implantado «de manera más pausada, con menos impulso político, con menos deseo y más realismo», en vez de «7.000 millones de euros en primas que pagamos todos los años por 25 años, estaríamos pagando como mucho 300 o 400 millones y tendríamos una factura de la luz un tercio más barata de lo que ahora mismo estamos pagando».

La factura eléctrica sufraga cada año unos costes totales superiores a los 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 17.000 millones corresponden a costes regulados, entre los que se incluyen los incentivos a las renovables, mientras que el resto procede del coste de la energía en el mercado mayorista. El ministro criticó además que, «en la transición energética, muchas veces se pone por delante la ideología o los buenos deseos», cuando hay que «trabajar sobre realidades y costes».

Además, ha incidido en la mejora de la competitividad y ha instado a que el debate de política en España «se centre más en esto», en vez de hablar solo de que «el problema es de reparto». Por otro lado, ha reflexionado sobre la «revolución energética-climática y la digital». Respecto a la primera, ha indicado que afrontamos una «transición energética» hacia una energía más limpia, un cambio «costoso», que hay que hacer «con extremo cuidado».

Nadal abogó por «minimizar» las primas renovables y tomar decisiones «en los tiempos adecuados», siendo «muy realista con cómo va a funcionar la tecnología». Nadal critico que el «haber metido tanta energía fotovoltaica» en España con «una tecnología inmadura y a un precio muy caro» ha supuesto «una factura del orden de 2.000-3.000 millones de euros todos los años», como consecuencia de «precipitarse», en vez de «esperar a que la tecnología se desarrollase adecuadamente bien».

El ministro ha insistido en que «si vas muy por detrás no estás en el cambio tecnológico, pero si vas excesivamente por delante, y te puede más el deseo que la realidad, cometes errores y unos sobrecostes tremendos en el sistema» y ha destacado que la política energética requiere «consensos políticos» y «mucha visión», porque las decisiones se tienen que basar en «realidades y sobre visiones parciales que tratan de construir y aportar» y no utilizar esta cuestión «demagógicamente o políticamente para desgastar al otro».

Nadal ha subrayado que el Gobierno central tiene que asumir su «parte de compromiso» en la lucha contra el cambio climático, en lo referente al denominado Paquete de Invierno de la nueva normativa europea sobre energías renovables. «Nuestra estrategia pasa por aportar como hemos hecho antes», indicó para, a continuación, recordar que España tiene un objetivo de alcanzar el 20% de energías renovables para 2020 y «hay que fijar» el de 2030, teniendo en cuenta de que España es «una isla energética». Al respecto ha apostado por hacer una «ligazón» entre objetivos medioambientales y el nivel de interconexión energética y reivindicó «un consenso» sobre esta cuestión entre las fuerzas políticas.

No quiere prescindir de nada

En lo que respecta a la producción energética ha considerado que España no dispone de un avance tecnológico «lo suficientemente maduro» como para «prescindir de alguna tecnología» en el sistema energético y así «todavía hay que dar respaldo» a las energías renovables, lo que «cuesta mucho dinero». Por eso ha incidido en que la transición «hay que hacerla con cuidado y al menor coste posible». A su juicio, es «difícil» prescindir de gas y carbón, puesto que este último «ofrece un seguro del que es difícil prescindir, ya que nos da un seguro para la utilización de la energía térmica».

«Por eso es bueno que vayamos con esa idea constructiva al debate político», ha subrayado, para señalar, a continuación, que «el 90% de las propuestas» que recibe de política energética no consisten en «disminuir los costes del sistema y mejorar la competitividad», ni tampoco en «hacer más óptima a menor coste esta transición«, sino que pasan por el «no me cobres a mí esos costes, rebájamelos y dáselos a otros».

De este modo, ha criticado que «muchas» propuestas sobre autoconsumo no son eficientes como, a su juicio, tampoco lo es que cada uno pueda definir su potencia todos los meses. «Yo no pago cuando no consumo pero lo que no pago yo lo paga otro«, subrayó. En definitiva, ha opinado que «no son constructivas», sino «juegos de suma cero», lo cual «no es una manera de hacer política energética», porque ésta tiene que hacer que «todo el sistema cueste menos».

Sobre la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV, contemplada en el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año, Nadal ha indicado que está pactado que «no le cuesta un euro al resto de consumidores», por lo que deberá aparecer una partida presupuestaria «en el presupuesto de 2018». A ello añadió que existe la «dificultad» de que Europa lo invalide como ayuda de Estado. «Hay celos competenciales que complican la cuestión y que me gustaría que se resolviesen», incidió.

Por otra parte, cuestionado sobre los terrenos de la central nuclear de Lemoniz y la de Garoña, ha apuntado que se reunirían los Ministerios de Energía y Medio Ambiente para abordar la «desafectación» de las tierras de la primera, que «debería ir razonablemente rápido«. «A base de perseguir judicialmente a los funcionarios de Medio Ambiente, pues se lo piensan todo mucho, luego queremos rapidez pero es que todo se lleva a la Fiscalía y muchas veces quedan sobreseíadas las causas, pero muchas veces quedan años y años para que al final se archiven», ha reflexionado.

«En eso hay que tener sensatez, porque si no, se atascan expedientes que es lo que está pasando», ha añadido. Sobre Garoña ha indicado que el Gobierno central «no ha tomado ninguna decisión» y hay «tiempo hasta julio». Además, Nadal ha opinado que, «desde el punto de vista del conjunto del sistema energético, Garoña no es tan importante«, aunque si desapareciera el parque nuclear en el país «la subida del precio energético sería del 25%».

Navia (Energía) advierte de que nadie debe invertir en renovables en España pensando que las condiciones de partida son inmutables

EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha advertido, en referencia a los cambios que pueda haber en las legislaciones de apoyo a las renovables, que ningún inversor debería invertir pensando que las políticas y las condiciones de inicio son «infinitas y sin límites«.

Daniel Navia ha aseverado que el cambio de legislación que hizo España, que recortó las primas a las renovables, cuestión por la que recientemente el fondo Eiser ha ganado un arbitraje en el CIADI a España, multada con 128 millones de euros, «no es único e irrepetible» en la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía ha afirmado que esas ayudas, que reconoció que en un determinado momento impulsaron «políticas ambiciosas» en renovables en España «no eran sostenibles financieramente».

Navia ha señalado que la aplicación o no de la retroactividad en la normativa de inversiones depende de que sea «sostenible» económicamente y no de lo que se escriba en una directiva, frente a lo manifestado por el eurodiputado socialista José Blanco, quien también intervino en el debate. Blanco, que es ponente de la propuesta legislativa del Parlamento Europeo sobre energías renovables, ha pedido que haya compensaciones «adecuadas» si proyectos en marcha se ven afectados negativamente por una pérdida de los esquemas de apoyo que había cuando planificaron su inversión.

Respecto a las prioridades que se fija España en las negociaciones de los objetivos para el desarrollo de la Unión de la Energía, considera que la primera es «superar la barrera física» que suponela falta de interconexiones entre países y conseguir que esas interconexiones sean un objetivo vinculante de la Unión Europea. En su opinión, cree que España puede ser más ambiciosa en su política de avance en materia de renovables si se hacen las interconexiones y se establece un respaldo financiero para acometer las inversiones que sean necesarias.

Navia ha señalado, por otra parte, que no se puede prescindir actualmente de ninguna tecnología y, con relación al carbón, subrayó que en España, que no tiene acceso al gas ruso ni al del Mar del Norte, aporta seguridad en el suministro en unas condiciones razonables como se vio en enero pasado. Sin embargo, el socialista José Blanco no ve razonable que sólo se contemple el coste inmediato en la lucha contra el cambio climático, pues el beneficio «más inmediato» que se debe perseguir es la salud de los ciudadanos.

Además, ha indicado que si en la última subasta de renovables los proyectos, que no han obtenido primas, se han adjudicado a un coste menor es porque en su día se hizo una apuesta que permitió al sector desarrollarse y ha añadido que, si se quieren seguir abaratando, hay que seguir haciendo una «apuesta importante». También recriminó que la falta de interconexión energética en Europa no puede ser una excusa para no hacer los deberes para ampliar la generación y el uso de energías renovables.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

¿Qué se paga con la tarifa eléctrica regulada?

EFE.– La tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos 12 millones de consumidores, sigue siendo una gran desconocida a pesar de la polémica que ha suscitado durante las últimas semanas la brusca subida de la electricidad en el mercado mayorista, que parece haber empezado a remitir. De hecho, en numerosas ocasiones se ha confundido la evolución del precio en el mercado mayorista con el comportamiento de la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Si dejamos al margen los contratos de suministro firmados por los consumidores que están en el mercado libre, unos 13 millones, el primer dato a destacar es que el coste de producción representa tan sólo el 35% de la tarifa regulada. El 65% restante corresponde a impuestos (IVA e Impuesto de Electricidad), al margen de comercialización, al alquiler del contador y, sobre todo, a los llamados peajes de acceso, que suponen en torno al 40% del recibo de la luz y que fija el Gobierno.

Aunque los peajes están congelados e incluso bajaron en 2016, no faltan los expertos que cuestionan algunos de los conceptos que engloban. El capítulo de costes regulados incluye la retribución de dos actividades necesarias para hacer llegar la electricidad a hogares y empresas: el transporte, que permite llevar la energía desde las centrales hasta las subestaciones, de la que se ocupa Red Eléctrica de España; y la distribución, que la reparte entre los consumidores finales.

Pero también son costes regulados las primas a las energías renovables; la compensación a los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) por sus mayores costes de producción; la recuperación del déficit tarifario acumulado en ejercicios anteriores; los pagos por capacidad, para que siempre haya centrales de reserva, y la financiación de la interrumpibilidad, el descuento aplicado a las empresas a las que se puede cortar la luz en caso de necesidad. Si se eliminaran algunos de estos conceptos, la tarifa regulada bajaría sensiblemente, pero habría que determinar de qué forma se pagarían, por ejemplo, las primas a las renovables.

Mención especial merece la recuperación del déficit tarifario, una bola de deuda de más de 20.000 millones de euros que empezó a gestarse en los gobiernos de José María Aznar por la decisión de no subir la tarifa más del 2% durante varios años y que se disparó con la política de ayudas a las renovables en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa «pesada mochila» se sigue pagando a través de la tarifa, aunque la reforma energética acometida por el Gobierno del PP ha conseguido, aparentemente, eliminar el déficit.

Sin embargo, lo que disparó la polémica en las últimas semanas ha sido la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Hay razones que pueden explicar la subida: la ola de frío, que ha disparado la demanda; la ausencia de agua y viento, que ha obligado a utilizar centrales más caras; el encarecimiento del petróleo y el gas natural, y el parón de varias nucleares francesas. Pero tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizan si, además, hubo algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.

El Ministerio de Energía ha tomado medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista y conseguir precios más competitivos. En la situación actual, los precios del mercado eléctrico mayorista los marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible. Energía ha incorporado la figura del «creador de mercado», que ya existe en otros países europeos, para conseguir más liquidez en Mibgas, el mercado gasista organizado. Además, obligará a los operadores dominantes del sector gasista a ofrecer un volumen determinado de gas en el mercado. Ahora se espera que los precios de la electricidad se moderen a medida que suban las temperaturas, vuelva a soplar el viento y, si hay suerte, llueva.