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La potencia renovable lleva 8 años congelada en España y pone en riesgo los compromisos europeos de 2020, según Anpier

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Europa Press.– La potencia renovable en España lleva 8 años congelada y pone en riesgo los compromisos de 2020, según la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier). En un estudio, Anpier pone de manifiesto que la evolución de la potencia fotovoltaica en España ha estado íntimamente ligada a los distintos desarrollos normativos y a la seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio.

En este sentido, indica que los continuos cambios regulatorios retroactivos y la moratoria renovable socavaron el interés de los inversores, que ante la inseguridad jurídica del sector renovable español decidieron derivar sus inversiones a sectores y países con una regulación más estable. «Esta parálisis podría derivar en incumplimiento de los objetivos de penetración de renovables adquiridos con Europa», advierte Anpier. Asimismo, indica que a causa de la inseguridad jurídica y de las restricciones normativas, España sólo alcanza un 1% del total de potencia fotovoltaica mundial. Para paliar esta situación y aprovechando la reducción de costes de las tecnologías de estos últimos años, el Gobierno estableció un sistema de subastas que tenía como objetivo la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Actualmente, el 70% de la potencia renovable en España, sin considerar la gran hidráulica, se localiza en manos de 17 empresas. Frente a la concentración existente en la eólica y termosolar, la solar fotovoltaica es la tecnología más atomizada en número de propietarios. No obstante, recientemente se viene observando cómo la potencia comienza a ser agrupada por algunas compañías y grandes fondos de inversión que superan los 100 megavatios (MW) de capacidad. Según Anpier, esta reestructuración societaria ha sido consecuencia directa de los diversos ajustes retroactivos sufridos por la tecnología que ha derivado en problemas de solvencia e incluso en la quiebra de muchos pequeños propietarios, los cuales se han visto obligados a vender sus instalaciones a precios muy bajos.

Así pues, considera que el futuro reparto del sector renovable español dependerá de lo que finalmente se ejecute. Asumiendo que toda la potencia subastada se ponga en funcionamiento, la distribución de los principales agentes del sector evolucionará de dos maneras muy diferenciadas en los dos sectores principales, eólico y fotovoltaico. Mientras que el primero desagrega la potencia entre más compañías, el segundo tiende a una mayor concentración de la capacidad.

«Esta es la disyuntiva que debe resolver el nuevo Gobierno: ha de fijar la clave de la propiedad del nuevo modelo de generación energética que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética», señala Anpier. Para la asociación, no se puede mirar al futuro sin resolver el «tremendo error» que se cometió en el pasado.

«Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese», argumenta. Por eso ve «imprescindible» devolverle a este colectivo la seguridad jurídica.

A nivel mundial, la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento, potenciada principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en algunos países de Asia, como China, India o Japón, según el anuario de Anpier. Este último año se ha superado la barrera de los 400 GW acumulados, superando los 393 GW nucleares en el mundo. Por otro lado, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, esto es, los países con mayor potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total.

La Alianza por el Autoconsumo pide al comisario Arias Cañete su mediación para lograr una regulación más favorable en España

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Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo, conformada por 40 organizaciones sociales, ha reclamado al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que medie ante el Gobierno español para propiciar un cambio regulatorio más favorable para el autoconsumo y para que deje de oponerse a que la Unión Europea asuma medidas efectivas para garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía de estar en el centro del sistema energético.

La organización, conformada por asociaciones como APPA, Anpier, CECU, COAG, CCOO, Adicae o Amigos de la Tierra, entre otras, señala que ha remitido a Arias Cañete una carta en la que piden que interceda ante el Ejecutivo de España para que solucione con urgencia «las barreras artificiales que la regulación actual impone al desarrollo del autoconsumo«. Asimismo, traslada al comisario europeo su preocupación por la posición contraria al autoconsumo y a la participación ciudadana en la energía que está mostrando el Gobierno de España en las negociaciones europeas sobre la política energética comunitaria a 2030.

Además, la Alianza por el Autoconsumo destaca la «preocupante parálisis» del sector, que está perjudicando el desarrollo de instalaciones de autoconsumo, tanto en viviendas como en empresas, debido a las barreras administrativas, técnicas y económicas establecidas por parte del Gobierno. Asimismo, subraya la importancia del autoconsumo como elemento clave para el cambio hacia un nuevo modelo energético y para el cumplimiento de la legislación europea.

El Supremo avala los cargos al autoconsumo que aprobó el Gobierno en 2015 y niega que haya impuesto al sol

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el Real Decreto 900/2015, conocido como impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

La sentencia no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de impuesto al sol que se le había dado a la normativa. Así, el Alto Tribunal considera que «no hay por tanto impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite».

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe impuesto al sol propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, como es lo habitual, la consume efectivamente.

En lo que se refiere a las cuantías de las sanciones, otros de los temas que los recurrentes criticaban, el Supremo destaca dos extremos. Primero, que una instalación de autoconsumo no tiene por qué ser una instalación pequeña o de un sujeto particular, sino que puede ser una empresa con una considerable entidad económica e industrial. Y, en segundo lugar, que existe una horquilla para imponer las sanciones, sin que ello exija que se aplique siempre las de cuantía superior. De esta manera, indica que existiría vulneración del principio de proporcionalidad si los mínimos fuesen claramente exorbitantes, siendo 600.001 euros para las infracciones graves y 6.000.001 para las muy graves.

Respecto a la retroactividad, el tribunal considera que la aprobación de un nuevo régimen pro futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede en puridad ser calificado de norma retroactiva. Asimismo, sobre la vulneración de la normativa comunitaria por no existir un procedimiento autorizatorio, rechaza la alegación señalando que existe un procedimiento simplificado de autorización para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red en el Decreto 1699/2011. El Gobierno aprobó el decreto sobre autoconsumo eléctrico en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

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Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

Anpier asegura que impulsar la energía solar dejaría 162 millones de euros en Zamora

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EFE.- El impulso de la energía solar supondría en Zamora, en el caso de que la mitad de las familias optasen por este tipo de fuente energética, una cuantía de 162 millones de euros entre el ahorro de los sistemas de autoconsumo y los beneficios de instalaciones para el abastecimiento de la red eléctrica general.

El cálculo, referido a la ciudad de Zamora, lo ha realizado la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que celebra en la Cámara de Comercio e Industria de Zamora una jornada sobre generación social fotovoltaica para promover esta energía limpia.

La jornada se enmarca dentro de la tercera edición del programa Camino del Sol, que bajo el eslogan «Las familias queremos participar en la producción de energía», recorre 27 localidades españolas para trasladar a la ciudadanía los beneficios de esta fuente energética.

Con este tipo de jornadas, los productores de energía solar fotovoltaica también pretenden concienciar a los políticos y los responsables de las distintas Administraciones autonómicas de la urgencia de promover la energía solar.

Anpier ha reclamado un nuevo marco normativo que elimine las restricciones legales actuales que bloquean el acceso de los españoles a la generación de energía solar, tanto para autoconsumo como los parques fotovoltaicos que proporcionen energía a la red general.

La asociación también ha creado una aplicación web que permite conocer el ahorro y los beneficios de este tipo de energía.

En el caso de la capital zamorana, si el 20% de las familias invirtieran en parques fotovoltaicos lograrían unos ingresos de 107 millones de euros en 25 años. Además, si otro 30% de las familias zamoranas optara por instalar sistemas de autoconsumo lograrían un ahorro en su consumo energético cifrado en 48 millones de euros en 25 años.

Además, si el Ayuntamiento de Zamora apostara por el autoconsumo para los edificios públicos y el alumbrado de al ciudad ahorraría cerca de 76 millones de euros.

Sumados todos los ahorros y beneficios, una vez amortizada la inversión inicial realizada, el beneficio total para Zamora sería de 162 millones de euros y anualmente se evitarían 65.000 toneladas de CO2, según los cálculos de la asociación de productores fotovoltaicos.

Anpier ha denunciando el «atropello» sufrido en los últimos años por los 62.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que han soportado recortes de hasta del 50 por ciento de la tarifa regulada que ofreció el Estado por el suministro de este tipo de energía.

Fernández Vara ve en Extremadura proyectos fotovoltaicos para “ser autosuficientes energéticamente” pero cree que el Gobierno favorece a la eólica

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EFE.- El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, asegura que la región podría ser autosuficiente energéticamente con tecnologías como la fotovoltaica, con proyectos presentados ante la Administración regional para instalar unos 2.000 megavatios, pero cree que las subastas del Gobierno favorecen a la eólica. Así lo anunció en Camino del Sol, una iniciativa de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) que recorre las comunidades autónomas para promover el impulso de un modelo de generación energética renovable y social.

Fernández Vara señaló que Extremadura tiene suficientes recursos para generar energías renovables, ya sean la hidráulica o, en este caso, la fotovoltaica, y que puede contribuir a paliar el cambio climático y a que los consumidores puedan ahorrar en sus facturas. No obstante, ha continuado, en 2007 hubo «una burbuja especulativa» para fomentar las placas fotovoltaicas y que muchas personas «se forraron» con su elaboración y venta, al igual que sucedió con «el ladrillo». Luego, años después el Gobierno central derogó las ayudas al sector y ahora el país «no tiene definido un modelo energético«, y esta cuestión sólo surge cuando hay polémicas como el cierre de las centrales nucleares».

El Gobierno mira al norte

Según Fernández Vara, por su parte Extremadura siempre ha abogado por las renovables, que son «un camino sin retorno» de cara al futuro. Ante todo esto, ha explicado que está muy contrariado por la última subasta del Gobierno central sobre las renovables, que sigue beneficiando a la eólica, a lo que ha agregado que «si el sol hubiera estado en el norte, no habría sido así». Por todo esto, ha apoyado las demandas de Anpier en favor de estas energías.

Por su parte, el presidente de esta entidad, Miguel Ángel Martínez-Aroca, le ha pedido que contacte con los presidentes de Murcia, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, Fernando López Miras, Susana Díaz y Emiliano García-Page, respectivamente, ya que son regiones con condiciones similares y afectadas también por las decisiones del Gobierno central. Ha explicado que la nueva subasta de energías beneficia casi en su totalidad a las compañías mientras que la mayoría de la población sufre la subida de las facturas, lo que ha calificado como «una aberración» energética que únicamente ocurre en este país.

Anpier afirma que Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año, Castilla-La Mancha se sitúa en las 3.114, Murcia está en 3.182 y Extremadura registra 3.106 horas de sol para generar energía; cuando la media de los países de la Unión Europea se queda en, tan sólo, las 1.720 horas solares para la producción de energía. Martínez-Aroca ha declarado en Extremadura que «las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta», y ha denunciado que «el marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación».

Anpier asegura en su Camino del Sol que Extremadura obtendría beneficios millonarios si la normativa impulsara la generación social fotovoltaica

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EFE / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) inició este miércoles su tercera edición del Camino del Sol para presentar a la ciudadanía, a los políticos y a los responsables de todas las administraciones autonómicas «las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse cada uno de ellos«. En este sentido, Anpier ha asegurado que los municipios extremeños obtendrían beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica.

Por ello Anpier ha organizado una jornada, que se celebrará este jueves en Mérida, en la que participará el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para abordar la producción social fotovoltaica. Con el eslogan Las familias queremos participar en la producción de energía, esta asociación visitará 27 ciudades españolas en todas las comunidades autónomas para «trasladar las urgencias que, en materia energética, ha de afrontar el país», según ha indicado la asociación.

En el acto intervendrán el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca; el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez; y el delegado de Anpier en Extremadura, Juan José López Vivas. Martínez-Aroca se reunirá el viernes con el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro; y con la jefa del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Esperanza Martínez. Además, la asociación ha informado de la creación de una aplicación que permitirá visualizar «el potencial generador de energía fotovoltaica de todos los municipios extremeños de hasta 100.000 habitantes«.

Por último, ha recordado que 62.000 familias españolas, de las que 4.600 eran extremeñas, «destinaron sus ahorros para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético» en España, solicitado por el propio Estado, y ahora «ven cómo este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos». En este sentido, Anpier ha denunciado que el Gobierno pretende «expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado, para mantenerlo en modo oligopolístico».

El final de este Camino del Sol tendrá lugar el 21 de octubre en Navarra, con un congreso que congregará, como en ediciones pasadas, a más de 1.000 productores de toda España en Pamplona. Anpier promoverá en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que «sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general«.

Anpier asegura que Madrid obtendría beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) sostiene que los pueblos madrileños podrían obtener beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica, por lo que anunció la celebración de una jornada informativa en Madrid este miércoles. El acto está enmarcado en la III Edición del Camino de Sol y es uno de los 27 actos que la asociación organiza por toda España bajo el eslogan Las familias queremos participar en la producción de energía.

A través de estos actos, pretenden trasladar a la ciudadanía las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse «todos y cada uno de ellos». En esta edición, Anpier promueve el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos; algo que, asegura Anpier, sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales «bloquean» el acceso de los españoles a la generación en cualquier modalidad: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

UNEF, Anpier, Px1NME y ecologistas piden al Gobierno un cierre progresivo de las centrales de producción eléctrica no renovable

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Europa Press.- Organizaciones sociales y empresariales como los fotovoltaicos de UNEF y Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Fundación Renovables, Amigos de la Tierra o Greenpeace exigen al Gobierno «el cierre progresivo de todas las centrales eléctricas no renovables». Las organizaciones consideran que la reciente subasta de energías renovables demuestra un importante interés por invertir en estas tecnologías a precios de mercado, sin incentivos y consideran que el volumen de inversión podría ser mucho mayor con un plan de subastas.

La planificación del Gobierno, indican, debe contemplar la total descarbonización y desnuclearización del sector eléctrico, impidiendo la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y de carbón, y garantizando su sustitución con renovables a través de un calendario de subastas periódicas de renovables. Según dicen, el plan debe incorporar la implantación de tecnologías sostenibles de generación renovable, almacenamiento, redes inteligentes y gestión de la demanda, ya disponibles a cada vez menor precio. «Resulta esencial establecer criterios adicionales a los puramente económicos en la subasta, como cupos para proyectos con participación ciudadana o impacto positivo en el empleo», señalan.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.