Brasil autoriza la fusión de Neoenergia y Elektro, originando la mayor compañía de Latinoamérica, controlada por Iberdrola con un 52%

EFE.- El organismo responsable de combatir los monopolios en Brasil autorizó la fusión de Neoenergía y Elektro, ambas participadas por la española Iberdrola y cuya unión dará lugar a la mayor eléctrica de Latinoamérica por número de clientes, según fuentes oficiales. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), entidad dependiente del Gobierno brasileño, aprobó «sin restricciones» la operación al considerar que «no genera efectos nocivos a la competencia», según un informe.

La eléctrica brasileña Neoenergia, participada en un 39% por Iberdrola, anunció la incorporación de la actividad y negocios de Elektro, propiedad de la eléctrica española. Tras la integración de Elektro en Neoenergia, los estatales Banco do Brasil y Caixa serán titulares de aproximadamente el 9,35% y el 38,21%, respectivamente, del capital de la nueva Neoenergia, de la que Iberdrola Energía controlará el 52,45%. La compañía resultante, además de cotizar en bolsa, será la mayor empresa eléctrica de Brasil y la primera de Latinoamérica por número de clientes con 13,4 millones.

El CADE alegó que «en el mercado de comercialización de energía eléctrica no hay una jurisprudencia clara sobre su delimitación», si bien el sector está sujeto «a una intensa regulación» por parte de la reguladora Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). «Aneel fiscaliza los agentes del mercado y regula los precios que los consumidores finales por la electricidad suministrada por las empresas, de forma que la integración vertical en este segmento no es capaz de suscitar preocupaciones en cuanto a la competencia», justificó el órgano.

Para cerrar la operación, Neoenergia ejecutará una ampliación de capital que será suscrita en su totalidad por Iberdrola, que, en contraprestación, entregará los activos de Elektro. Según el pacto alcanzado entre las partes, Iberdrola tendrá derecho a nombrar a la mayoría de miembros del consejo de administración de la eléctrica y la obligación de canalizar todas sus inversiones en Brasil a través de la compañía. Si se agregan las cifras correspondientes al 2016 de Elektro y Neoenergia, la compañía habría generado unos ingresos de 9.000 millones de dólares y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 1.060 millones de dólares.

Deberá suprimir una cláusula «abusiva»

Por otro lado, un juzgado de Vitoria ha condenado a Iberdrola a suprimir de sus contratos de suministro eléctrico una cláusula «abusiva» porque «limita y obstaculiza derechos del consumidor» y genera «un importante desequilibrio entre derechos y obligaciones». En concreto la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria ha ordenado eliminar una cláusula por la que se mantenía un servicio «accesorio» de atención técnica aunque se decidiera contratar el suministro a otra compañía, si el cliente no lo indicaba de manera expresa.

En la sentencia, dictada tras una denuncia de la Unión de Consumidores de Euskadi, se explica que en el «contrato de adhesión» que ofrece Iberdrola para contratar el suministro eléctrico existe la posibilidad de adherirse a un servicio «adicional» marcando una equis en la casilla. Si el consumidor decide cambiar de compañía «tiene que emitir dos declaraciones de voluntad independientes, separadas y diferenciadas», una para darse de baja en el suministro y otra para anular «los servicios accesorios o complementarios».

Esto «implica un procedimiento distinto del empleado para la activación del servicio», ya que «a la hora de activarlo, se vincula a un suministro de electricidad o gas natural, pero al suspenderlo Iberdrola «solo va a entender que se quiere desvincular en parte de las prestaciones contratadas». La jueza concluye que la cláusula acarrea «obstáculos» para el «cese» del contrato «causando en contra de las exigencias de la buena fe, un importante desequilibrio de derechos y obligaciones de las partes». La magistrada explica que la energía no es «un sector cualquiera» porque es «un bien de primera necesidad» y, consecuentemente, «exige un protección prioritaria de los poderes públicos», especialmente ante «una nueva realidad» de contratación.