La Justicia rechaza de nuevo suspender la ampliación de la zona protegida que entorpece la construcción del ATC

EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Gobierno central contra el auto que denegó la suspensión cautelar de la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), que afecta a la construcción del ATC en Villar de Cañas.

En el auto se reproducen muchos de los argumentos esgrimidos en diciembre para denegar la medida cautelar, se recuerda que la nulidad del acto administrativo recurrido debe ser apreciada «de manera evidente, de un simple vistazo», mientras que en este caso no se puede afirmar que la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha se ha adoptado «al margen de los intereses ambientales a cuya tutela se dirigen los procedimientos iniciados».

«No urge para seguridad nuclear»

Asimismo, entiende que no está justificada la urgencia de suspender cautelarmente el procedimiento amparada en la necesidad de construir el ATC por motivos de seguridad nuclear, ya que hasta el momento no ha existido una instalación semejante y no se prueba «la imposibilidad de adopción de alternativas que, aunque puedan ser algo más costosas económicamente, resulten igual y admisiblemente seguras«. En lo relativo a una supuesta invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma, la Sala subraya que precisamente determinar la concurrencia de las competencias estatales en materia energética y las autonómicas en material ambiental será la solución de fondo al litigio, y por tanto «impone descender al análisis último del fondo del asunto», lo que no cabe cautelarmente.

La resolución no es firme y cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras que el procedimiento principal, al margen de esta denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Tras esta resolución, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha opinado que «la justicia vuelve a avalar la política medioambiental» del Ejecutivo castellanomanchego. Hernando recordó que se trata del «segundo portazo» que la justicia da al Gobierno central por su «obcecación».