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El PSOE advierte que alargar la vida útil de las centrales nucleares repercutirá en el recibo de la luz

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Europa Press.- El secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha advertido que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares «la vamos a pagar toda la ciudadanía en el recibo de la luz«. El PSOE se ha opuesto de este modo al decreto que quiere aprobar el Gobierno para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La nueva norma, según Morán, «deja expedita la vía al Ejecutivo para repercutir sobre el conjunto de los usuarios el coste de la prolongación de la vida útil del parque nuclear». Así, ha recordado que «no sólo no coadyuvará a impedir futuros incrementos del precio de la energía, tal y como el ministro afirma, sino que provocará una subida automática del precio a partir del momento en que se aplique, en la misma medida que desencadena la obligación de financiar con cargo al recibo de la luz el nuevo pago por capacidad para las eléctricas«.

El responsable socialista en materia de energía recordó que el modelo del Gobierno de Rajoy «se ha sustentado en sablazos a las economías familiares», además del «deterioro de la competitividad de la industria, parón de las energías renovables, una inseguridad jurídica que nos va a costar miles de millones de euros en indemnizaciones, y muchos territorios abandonados a su suerte en una transición energética que requeriría de estrategias económicas y medidas sociales que brillan por su ausencia con el PP».

«Lejos de reconocer el fracaso de la política energética, el Ejecutivo no sólo no parece dispuesto a rectificar, sino que exige ahora a la oposición que respalde su modelo», se ha lamentado. Frente a esta postura, el PSOE ha reiterado su compromiso electoral de limitar la vida útil de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y su sustitución progresiva por energías renovables. «Y no estamos dispuestos a aceptar que se juegue con los empleos y el futuro de determinados territorios, para simplemente utilizarlos como coartada», ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que «no es razonable habilitar un pago específico por capacidad para seguir sosteniendo un parque de generación alimentado con fuentes energéticas fósiles importadas, cuando es precisamente la hiperdependencia exterior el talón de Aquiles del sistema energético español«. Por contra, según trasladó al ministro, sostiene que la norma debería formar parte del mecanismo de gestión de la reserva estratégica constituida por los recursos energéticos autóctonos, «y no para instalaciones cuyo funcionamiento dependa en exclusiva de fuentes energéticas importadas, y para las cuales se dispone de capacidad de decisión demostrada con la aplicación del procedimiento administrativo vigente».

La Sociedad Nuclear Española (SNE) pide que el debate sobre energía nuclear y transición energética “sea técnico y no ideológico”

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EFE.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, sostiene que el análisis sobre la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático se debe realizar atendiendo a las necesidades del país y con criterios técnicos, lo que requiere «quitar del debate político cuestiones ideológicas» sobre la energía nuclear. Gago ha recordado que se va a definir cómo va a ser el modelo energético de España hasta 2030, cuando las emisiones deben reducirse un 30% respecto a 1990.

Gago señala que son partidarios de la ampliación hasta los 60 años del funcionamiento de los 7 reactores nucleares operativos en España, argumentando que los informes técnicos avalan que las centrales existentes puedan seguir operando «con todas las garantías de seguridad al menos hasta los 60 años«, lo que permitiría producir 1.200.000 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo eléctrico español durante 4 años. «En España estamos todavía un paso más atrás de ese debate, en el de si las centrales se cierran a los 40 años de operación», lamenta Gago, que considera que técnicamente cerrarlas no está justificado.

Durante 2016, la energía nuclear fue por sexto año consecutivo la primera fuente de generación eléctrica, con un 21,4% del total, pese a que la potencia instalada representaba solo el 7%. La industria nuclear aporta 2.780 millones de euros al PIB español y contribuye a la generación de 30.000 empleos, de los cuales 8.500 son directos. En el mundo hay 449 centrales en operación, 60 en construcción y 167 planificadas para cubrir las grandes necesidades de electricidad que están previstas.

En el caso de España, la SNE precisa que, como técnicos son partidarios de la creación de nuevas centrales, pero se trata de una gran inversión por lo que las compañías eléctricas necesitan que se les asegure una garantía de suministro en un plazo que les permita amortizar el desembolso, un modelo que ha aplicado el Reino Unido. Si se plantean las garantías de recuperación de la inversión y de que la retribución a la generación nuclear es suficiente, la SNE estaría a favor de la construcción de nuevas centrales, «siempre contando con la aceptación de la sociedad», precisó Gago.

Entre las ventajas de la energía nuclear ha mencionado que aporta mucha estabilidad a la red de distribución, al no depender de factores externos como la renovable, y que no emite CO2, mientras que la principal desventaja es la generación de residuos radiactivos. La 43ª Reunión Anual de la SNE congregó en Málaga a más de 600 congresistas, que analizarán el papel de la energía nuclear contra el cambio climático.

Folgado (REE) aboga por replantear los impuestos especiales que paga la electricidad y propone prorrogar 10 años más las nucleares

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EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, expuso la conveniencia de que el Gobierno central se replantee los impuestos especiales con los que se grava la electricidad. En este sentido, Folgado indicó que se debe pensar «para ver cómo, con mentalidad fiscal global, la energía eléctrica no paga impuestos especiales» como los que también soportan el alcohol, el tabaco o el petróleo.

«Nos jugamos mucho» por el peso de la electricidad en los costes empresariales y su incidencia en la competitividad, ha señalado Folgado, que recordó que ahora no solo se paga un tributo por energía generada sino también otro del 5% que se estableció en su día para «subvencionar el carbón», y «aunque esto ha ido cayendo el impuesto sigue». Asimismo, Folgado se ha referido al escenario que debe afrontar España en una situación económica que le «permite» abordar este reto, que tiene a su juicio como primer pilar la eficiencia.

Después de subrayar que «no hay energía más sostenible que la que no se consume», ha recordado que en 2016 el 80% del déficit comercial español fue por el coste energético, de ahí la importancia de las renovables. Folgado ha indicado además que tanto administraciones como empresas y particulares deben adoptar sistemas que permitan un menor consumo y aplicar tecnologías que optimicen el que se realiza, al tiempo que apuesta por «un cambio masivo en la sostenibilidad de la edificación».

Avance de la movilidad eléctrica

Ha defendido también el desarrollo de una movilidad sostenible con un desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías, y del automóvil eléctrico e híbrido para personas, algo que ha augurado que contará con el impulso de los ayuntamientos, que para 2025 pondrán «claras limitaciones» al coche tradicional. A estas medidas añadió la necesidad de aplicar «políticas sociales» al consumo eléctrico, como se hace en distintos países europeos mediante «una bajada de tarifas para las menores rentas». Todo ello sin olvidar la «importancia» de contar con redes de interconexión para el transporte de la energía.

En referencia a su origen ha recordado que la renovable debe ser para 2020 el 27% de la primaria, lo que supone el 62% de la producción eléctrica, un ratio que ya alcanzó una comunidad autónoma como Navarra el año pasado. «Pero la generación renovable también puede ser nuclear», ha puntualizado, aseverando que «lo más razonable es alargar la vida de las centrales nucleares 10 años», pese a que los «efectos colaterales» que puede acarrear el uranio. En todo caso subrayó que para 2040 «prácticamente todo será energía renovable sin nucleares» y eso conlleva otros retos, como el del almacenamiento.

Salida de las renovables navarras

Por otro lado, Folgado aseveró que, «con la objetividad propia de quien ve todo el parque nacional», la salida de Navarra a su producción de energía renovable «obviamente es por el País Vasco y Europa». «Antes podía evacuar sus energías excedentarias a Castilla y León y Aragón, pero es que ellas se han desarrollado mucho en eólicas, en mayor cantidad de lo que demandan, y por lo tanto no hay mucha salida por ahí», argumentó.

Y ha añadido que si se quiere «el desarrollo de Tierra Estella y no tener restricciones al crecimiento en sectores como automoción, biomedicina, agroindustria, industrias químicas o papelera, se necesita no tener la espada de Damocles de minicortes o falta de capacidad de evacuación de la energía«. «Eso es lo que permite capitalizar la energía renovable siempre y a un determinado precio», ha subrayado Folgado.

El Foro Antinuclear de Extremadura pedirá el cierre de Almaraz con actos en Mérida y Navalmoral

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EFE.- El Foro Extremeño Antinuclear reivindicará el cierre y desmantelamiento de la central de Almaraz en Mérida y Navalmoral de la Mata con actos que se celebrarán este jueves y este sábado. El colectivo, al que pertenece Ecologistas en Acción de Extremadura, sumará su reivindicación a las de otras asociaciones en los actos previos al Día de Extremadura, concentrándose a las 11.00 de este jueves en la Plaza de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde acontecerá el acto institucional.

También el FEAN, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), se concentrará el sábado en Navalmoral de la Mata a las 12.00 en El Jardincillo, para realizar diversas actividades reivindicativas. En este recinto se realizará una performance, por medio de una instalación de gran tamaño, que simulará un desmantelamiento simbólico de la central, seguido de unos talleres para la creación de alternativas para la región. El acto se cerrará con la actuación del cantautor portugués Pascoal Moreira y con la participación de distintas organizaciones portuguesas.

Para el FEAN es imprescindible seguir exigiendo el cierre de Almaraz y el máximo compromiso del Gobierno de Extremadura ante la posibilidad de que se renueve el permiso de explotación de la central, que expira en el año 2020. La organización insiste en que el Ejecutivo extremeño «ha bajado los brazos en esta lucha», asumiendo así la ampliación de la vida útil más allá de dicha fecha, con lo que la instalación alcanzaría los 60 años de actividad. Para este colectivo, la presencia de nucleares en el mix energético dificulta y bloquea la entrada de las renovables que, aparte de ser energías limpias y sostenibles, generarían miles de puestos de trabajo en la región, tan necesitada de empleo de calidad.

El Gobierno de Navarra solicita el desmantelamiento «sin demora» de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.– El Gobierno de Navarra ha acordado solicitar al Ministerio de Energía que sea denegada la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» así como su desmantelamiento. Dicha solicitud figura en el escrito de alegaciones aprobado por el Gobierno de Navarra para su presentación en la fase de audiencia relacionada con la tramitación de la renovación de la autorización de la explotación de la central nuclear.

La central nuclear fue inaugurada en 1971 y se declaró su cierre definitivo por la Orden Ministerial 1.302/2013, debido a que su propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad. Sin embargo, la empresa titular solicitó posteriormente su reapertura hasta el 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad. La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha señalado que son 9 las alegaciones del Gobierno Foral contra la reapertura de Garoña, central ubica a orillas del río Ebro a un centenar de kilómetros, aguas arriba, de Navarra. La primera, ha destacado, hace referencia al «incumplimiento del deber legal» por parte del Ministerio de aportar a Navarra «todo lo actuado».

Otras alegaciones, según explicó Beaumont, se refieren a la antigüedad de Garoña, el marco normativo vigente, el recorrido que ha tenido la explotación desde 1970, el «cierre unilateral» decidido por Nuclenor en 2012, la normativa que rige para una posible renovación, la «no concurrencia de interés público alguno» en su continuidad, la «inadmisible» falta de fijación de un plazo determinado para su fin y los límites que tiene la competencia del Gobierno en la materia.

Tras conocer los planes de Nuclenor de operar Garoña hasta 2031, el Gobierno de Navarra adoptó, el 27 enero de 2016, un acuerdo por el que solicitaba al Estado que no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada porque «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral». También argumentaba que durante sus más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido «serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes», y se recordaba que su reactor es gemelo del reactor de la central de Fukushima, afectada por un grave accidente.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra decía que, durante los dos años y medio que entonces llevaba cerrada, la demanda eléctrica no se había visto perjudicada y que la posible reapertura de la central «no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí por el contrario a intereses económicos particulares».

Asimismo, el 2 de marzo de 2016 el Gobierno de Navarra acordó comparecer ante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se le tuviera por personado como interesado en el procedimiento de autorización de la reapertura de Santa María de Garoña reclamada por Nuclenor, de forma que le fuesen comunicadas las incidencias que se produjeran y se le diera audiencia, todo ello antes de dictarse la resolución.

“La antigüedad, la falta de seguridad y de evaluación ambiental”, principales alegaciones de los ecologistas contra la continuidad de Garoña

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Europa Press / EFE.- Ecologistas en Acción y Greenpeace, organizaciones ecologistas personadas en la audiencia abierta por el Ministerio de Energía, sobre la posible renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegarán en contra de esa posibilidad “la edad avanzada de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear”.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, considera que tanto en España como en el resto del mundo hay «una división en la industria» sobre la energía nuclear y ha recordado que Iberdrola, propietaria al 50% con Endesa de Nuclenor (el titular de Garoña), se ha mostrado partidaria de «desistir» de la continuidad de ese reactor, mientras Endesa espera la decisión del Gobierno.

«Iberdrola lanza muchas señales a favor del cierre nuclear pero el retraso en Garoña tiene que ver con el pulso de las elites industriales, entre los que están a favor y los que están en contra de ir prescindiendo de la nuclear a distintos ritmos. A nivel mundial, las empresas ven el futuro sin energía nuclear, frente al Gobierno, que no es independiente en este pulso y se ha mostrado a favor de la energía nuclear en el futuro», reflexionó.

En este contexto, ha expuesto que alegarán que hay «suficientes indicios» que apuntan a que Garoña «no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad, con bidones de residuos que se corrompen o megafonías clave que no funcionan». «La apertura de Garoña es una temeridad», ha sentenciado Castejón, a su vez físico experto en fusión termonuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Por ese motivo, la organización presentará alegaciones para poner de manifiesto el estado de la central y denunciar la forma en la que se está desarrollando el proceso de estudio de su reapertura. Castejón ha recordado que en el último acta trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se apreciaba la «absoluta dejadez» de la propietaria, Nuclenor, en el mantenimiento de la central. Había piezas caducadas o con fechas de caducidad «falseadas«, y la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja intensidad es «pésima», con rotura de bidones y esparcimiento de residuos.

Además, Ecologistas en Acción ha calificado de «irregular» el proceso administrativo que se ha seguido hasta llegar al actual punto, en el que el Gobierno central debe decidir si autoriza o no la renovación del permiso de explotación. A su juicio, el CSN emitió un informe favorable a pesar de que Garoña no ha introducido las mejoras exigidas y sin estar aprobada la última guía de seguridad, ha apuntado Castejón.

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha denunciado la «falta de democracia» que en su opinión implica la ausencia de un debate «real» sobre Garoña, comprometido por el Gobierno central y sustituido por un «corto» plazo de alegaciones. Ecologistas en Acción ha insistido en que el Gobierno central anunció un debate público previo a la decisión, pero ese debate «ha sido inexistente». A su juicio, esta situación evidencia una «falta de democracia» en torno a las decisiones sobre energía nuclear, pues el Gobierno y el sector eléctrico desean prologar la vida útil del parque nuclear «sin que se produzca un debate sobre el futuro energético».

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Raquel Montón, califica de «inédito» este «plazo de 6 meses que se han sacado de la manga», en el que no han podido consultar el expediente técnico completo de Garoña. «Dicen que hemos tenido 5 meses para evaluarlo, pero solo nos han trasladado el informe favorable del CSN que está publicado en su web», criticó.

En todo caso, ha indicado que Greenpeace expresará en sus alegaciones lo que reclama «desde siempre»: la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, algo que considera que es necesario en base a la legislación española e internacional y que, de no haberse modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares (RINI) para permitir que Garoña pudiera solicitar la renovación de su licencia, que expiró en julio de 2013, el titular debería haber «empezado de cero», lo que conllevaría pedir una nueva solicitud de autorización que incluiría una evaluación de impacto ambiental.

Montón ha detallado que en sus alegaciones añadirán «todos» los requisitos que se han dejado de pedir a Garoña por los cambios de normativa, los últimos sucesos de «la central más vieja de Europa» y, sobre todo, insistirá en que aumentar la actividad de la central por la mitad de su vida útil inicial es aumentar por un 50% los riesgos asociados a una planta nuclear, así como sus residuos. «Son argumentos como para plantearse tanto los estudios económicos como de impacto ambiental», ha comentado.

A su juicio, ni el Gobierno ni las empresas saben «como salir del entuerto en el que se han metido» porque considera que si estas claramente no quisieran poner en marcha la central no se habrían esforzado en cambiar la normativa y que ahora que cuenta con los parabienes del CSN están «estirando y alargando la decisión» con un ficticio proceso de participación pública. «Esto es una evidencia de que no hay una auténtica voluntad ni participación pública. No tiene lógica que se dilate el proceso todo este tiempo», opina Montón, que sin embargo, no ve sentido dar una autorización y dejar a criterio de la empresa la decisión final, porque abriría la puerta a una indemnización por lucro cesante.

Entre las entidades con posibilidad de alegar está también el Gobierno autonómico de La Rioja, que ha adelantado que no va a presentar ninguna pero sí que trasladará al Ministerio que dirige Álvaro Nadal el mandato del Parlamento de La Rioja que votó por que se instara al Gobierno central al desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

La central nuclear de Vandellòs 2 envía la documentación técnica para renovar su licencia pero aún tiene margen para solicitarla

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EFE / Europa Press.- La central nuclear de Vandellòs 2 ha enviado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la documentación exigida para poder renovar su licencia, que vence en el 2020, según indicaron fuentes de ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), que gestiona las dos centrales nucleares catalanas en Tarragona. El envío de esta documentación no implica aún que ANAV pida renovar la explotación.

La exhaustiva documentación enviada es meramente técnica y abarca desde el plan de gestión de residuos y una proyección de generación de residuos hasta el mantenimiento de los materiales, entre muchos otros aspectos técnicos. Hasta ahora, los trámites de renovación de licencias debían iniciarse 3 años antes de que expiren. Pero recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la reforma del sistema de renovación de las licencias de las centrales nucleares, de tal forma que no tendrán que tomar esta decisión hasta que quede un año para cumplir la licencia, pudiendo conocer la planificación energética nacional antes de pedir la renovación. Este informe técnico será la base para que el CSN y el Ministerio evalúen el estado de Vandellòs.

Ascó aún dispone de margen

De esta manera, la central de Vandellòs sigue los pasos dados por la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que el pasado 7 de junio ya remitió al Ministerio esta documentación. En el caso de Vandellòs II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la autorización de diez años expira el 26 de julio de 2020, cuando cumplirá 40 años, el máximo de vida útil. Por su parte, para los reactores de Ascó I (Endesa 100%) y II (Endesa 85% e Iberdrola 15%) la caducidad estaba fijada para finales de septiembre de 2021, por lo que Ascó remitirá esta documentación técnica el año que viene.

La nueva normativa establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerá los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París. El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares puedan plantearse «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación» una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix.

Para el Gobierno, esto «favorecerá su coherencia con la política energética y redundará en una mayor previsibilidad de las mismas», señala la orden ministerial que establece que las centrales podrán presentar su solicitud de renovación de autorización una vez se disponga de la citada planificación. Sin embargo, en el caso de que esta planificación del Gobierno no estuviera aprobada dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, el titular podrá presentar la solicitud de una nueva autorización «con ocasión de tal presentación«.

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

La central nuclear de Almaraz envía al Ministerio de Energía la documentación para renovar su licencia más allá de 2020

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Europa Press.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha remitido al Ministerio de Energía la documentación respecto a la renovación de su licencia de explotación, una vez que expire en 2020. Así lo ha confirmado el responsable de Relaciones Institucionales de la central, Aniceto González, quien ha explicado que en primer lugar se ha remitido esta documentación y, posteriormente, la planta tiene de plazo hasta el 2019 para pedir oficialmente la renovación de licencia, que expira el 8 de junio de 2020.

De esta forma, Almaraz ha cursado toda la documentación para esta renovación de la licencia al Ministerio de Energía, quien a su vez, deberá darle traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Será este organismo, ha explicado González, quien deberá iniciar un proceso de análisis y evaluación sobre este asunto, y emitir un informe sobre la continuidad o no del funcionamiento de esta planta, que remitirá al Ministerio de Energía.

Cabe recordar que la última licencia de renovación de la central de Almaraz fue otorgada por el Ministerio de Industria el 8 de junio de 2010, por un periodo de 10 años, que expira en 2020. Ahora, la planta remitió la documentación y dispone de 2 años para realizar la petición oficial de renovación. En caso de que se realizara esta solicitud y fuera positiva, no se conoce el número de años por la que realizaría esta prórroga, señaló González.

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.