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El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

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Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Unidos Podemos pide que la CNMC investigue a fondo posibles irregularidades y alteraciones en la potencia de la factura eléctrica

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

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Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.

Unidos Podemos exige al Gobierno en el Congreso que prohíba las plataformas nucleares flotantes en aguas españolas

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Europa Press. – Unidos Podemos ha pedido al Gobierno que prohíba la presencia en aguas españolas a «cualquier buque que albergue una central nuclear flotante», ante la posibilidad de que pueda ser perjudicial «para la paz, el buen orden y la seguridad» del país. También le exige que se deniegue o impida el paso de estas embarcaciones por aguas territoriales.

Así, Unidos Podemos ha expuesto una proposición no de ley con la que pretende evitar controversias como las que han provocado en los últimos años diferentes submarinos nucleares estadounidenses y británicos en el puerto de Gibraltar.

Específicamente, los de Pablo Iglesias recuerdan con «referente histórico» el caso del ‘Tireless’, en el año 2000, que a causa de una fuga de refrigerante en su reactor ocasionó un vertido más de doscientos litros de agua radioactiva en el mar Mediterráneo.

«El atraque de este submarino, trajo consigo las labores consiguientes de reparación que hicieron permanecer durante más de un año en Gibraltar al submarino de infausto recuerdo», explicó el portavoz de Unidos Podemos de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde.

A estos casos vividos por la sociedad española se une, ahora, el impacto mediático que ha supuesto la inauguración, por parte de Rusia, de una gran central nuclear flotante, que se encuentra actualmente en el Océano Ártico. Cuenta con dos reactores nucleares de 35MW que permitirían abastecer regularmente a una población de más de setenta y cinco mil habitantes y asistir a plataformas petrolíferas, apuntó López de Uralde.

 

También en la Unión Europea

La iniciativa de Unidos Podemos quiere también impulsar ante la Unión Europea reformas normativas para lograr que se prohíba la presencia de reactores nucleares en aguas europeas.

Según ha indicado López de Uralde, España debe asumir un papel de clara oposición ante los riesgos emergente de este tipo de actividad en entornos frágiles, además de un rol de garante ante eventuales riesgos que entrañaría el paso de centrales nucleares flotantes por el mar territorial.

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

La oposición, a excepción de Ciudadanos, registra su vetada ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar los cargos

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Ciudadanos, han vuelto a registrar la proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar el llamado impuesto al sol, una iniciativa que el Gobierno llegó a vetar, lo que impidió su debate y tramitación en la Cámara Baja.

La iniciativa es prácticamente idéntica a la registrada en enero de 2017, si bien en esta ocasión Ciudadanos no ha respaldado su presentación, como sí hizo hace más de un año. La iniciativa está respaldada por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, una mayoría suficiente para garantizar su tramitación. Sin embargo, deberá sortear de nuevo el análisis del Ejecutivo, al que la Constitución le otorga la capacidad de vetar toda ley que tenga afectación en los ingresos y gastos. La oposición argumenta que esta ley no implicaría una modificación de las cuentas. Además, han recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dado la razón recientemente al Congreso en el conflicto de atribuciones entre ambos poderes.

Ciudadanos opina diferente en Europa

Acompañando a los diputados de todos los grupos firmantes de la iniciativa, excepto del PNV, EH-Bildu y Nueva Canarias, ha estado el representante de Alianza por el Autoconsumo, David Howell, que lamenta las ausencias de PP y Ciudadanos que «no sólo no apoyan, sino que además bloquean estas iniciativas de autoconsumo». «A nivel incluso europeo el Gobierno intenta frenar el progreso con el autoconsumo, pero curiosamente Ciudadanos vota a favor en el Parlamento Europeo. Y no lo apoya aquí en España», critica Howell, considerando que, por no avanzar en esta materia, «España hace el ridículo».

Sí ha subrayado, por el contrario, el interés mostrado por administraciones autonómicas y municipales por impulsar este tipo de fórmulas de consumo, la cual permitiría, según ha argumentado, una importante fuente de creación de empleo y un avance para lograr un futuro de energía 100% renovable. Además de eliminar el llamado impuesto al sol, la iniciativa impulsa el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa de esta fórmula.Según han comentado durante su presentación los grupos, la única modificación respecto a la iniciativa ya registrada en el Congreso pasa por reflejar el criterio del Tribunal Constitucional al respecto del autoconsumo compartido, que atribuía la competencia para regular a las comunidades autónomas.

El Gobierno de Canarias descarta que las plataformas petrolíferas que utilizan sus puertos tengan un riesgo medioambiental

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EFE.- El consejero de Industria de las Islas Canarias, Pedro Ortega, ha advertido contra quienes cuestionan el riesgo medioambiental derivado del fondeo de plataformas petrolíferas, que a su juicio no existe, y precisó que esta actividad ha generado una facturación de 102 millones de euros y ha dado empleo a más de 200 personas.

El diputado socialista Gustavo Matos, cuestionó si realmente hay una actividad de reparación naval o los puertos canarios se han convertido «en un parking» de plataformas. En ese caso, prosiguió, este «aparcamiento» compensa el coste ambiental que supone con impacto a la invasión de especies «muy agresivas» y de poner los recursos naturales en manos de empresas foráneas en una actividad en la que los canarios ocupan los puestos menos remunerados por falta de formación.

El consejero indicó que Canarias se ofrece como una base única para reparaciones navales y no debe desperdiciar ninguna oportunidad de empleo, por lo que reiteró que no entiende que se cuestione esta capacidad. «Es un sector que funciona a pleno rendimiento, está impulsando la economía y beneficiando al resto de sectores, además de generar valor», puntualizó Pedro Ortega, quien precisó que en el puerto de La Luz y Las Palmas hay 18 plataformas fondeadas y se espera otra, en el de Tenerife hay 9 y a lo largo del año se recibirán otras 3.

El diputado de Podemos, Francisco Déniz, advirtió de que no le cuadran las cifras dadas por Ortega porque no ve tantas empresas de reparación «por ningún lado» y sólo una de Noruega que subcontrata a las canarias. En su opinión, se está apostando «por un cementerio de plataformas» sin tripulación que provocan que un espacio enorme del puerto de Santa Cruz esté «lleno de arretrancos».

Agustín Hernández, del PP, pidió por el contrario continuar consolidando este sector, al tiempo que la nacionalista Socorro Beato, también opinó que se debe potenciar esta actividad «con un gran futuro» porque fortalece el comercio, la industria local y el área del metal. Por el grupo Mixto, Jesús Ramos se refirió al innegable potencial de esta actividad para la economía isleña pero, añadió, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos medioambientales, por lo que pidió estar vigilantes y cuidar de que los puertos no se conviertan en el retiro de instalaciones en desuso.

Un informe para la Comisión Europea pone en duda la viabilidad económica del gasoducto MidCat y Equo pide su suspensión

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Europa Press.- Equo ha reclamado la suspensión del gasoducto MidCat tras conocerse las dudas sobre su viabilidad económica contenidas en el informe encargado por la Unión Europea sobre la primera fase de este proyecto que debe unir España y Francia por Cataluña.

Previamente, la Comisión Europea había respaldado el proyecto, con un coste previsto de 3.000 millones de euros, que duplicaría la cantidad de gas que puede ser transportado a través de los Pirineos. La francesa Terega, propiedad de la italiana Snam, y la española Enagas quieren invertir en el proyecto. El proyecto ya encontró la oposición de la Comisión de Regulación de la Energía de Francia (CRE), que afirma que el MidCat elevaría los precios sin mejorar la seguridad de suministro.

Viable con menos gas argelino

El estudio, llevado a cabo por Poyry, una consultora contratada para supervisar la primera fase del proyecto, indica que es poco probable que el gasoducto sea económicamente viable y sostiene que sólo lo sería «en un escenario con un mercado ajustado en gas natural licuado». Así, indica que esa situación ajustada en el mercado del gas natural licuado podría estar causada por un descenso drástico de la exportación de gas desde Argelia a Europa, algo que las fuentes consideran improbable. Otros expertos han manifestado además que la infraestructura existente en los Pirineos está infrautilizada, incluso en los periodos de mayor demanda. «Si hubiera una demanda real para el MidCat, el mercado ya habría construido esas interconexiones», ha indicado un experto.

Equo pide suspender el MidCat

«Pedimos máximo rigor y transparencia en los cálculos y estudios sobre los que se apoyan las decisiones de inversiones» afirmó la responsable económica de Equo en el Congreso, Rosa Martínez, adscrita a la Comisión de Energía del Congreso en Unidos Podemos. En este sentido, Martínez ha exigido suspender este proyecto «hasta que esté demostrada su viabilidad ambiental, económica y se haya valorado concretamente su impacto en el precio de la energía», y ha expresado sus sospechas por los intereses que pueden esconderse tras esta infraestructura. «El proyecto tiene bastantes sombras respecto a los intereses de grandes empresas, en este caso, Red Eléctrica y Enagas, que son las principales beneficiarias, y las que toman la decisión sobre su necesidad», ha aseverado.

Además, Equo recuerdan que el comité de expertos del Gobierno sobre transición energética también expresó dudas acerca de la interconexión eléctrica entre Vizcaya y Francia. Así, señalan que las simulaciones del informe «reflejan que con la interconexión, por una parte se aumentan las emisiones, y por otra se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final». En este caso el gasoducto MidCat, apostilla la formación ecológica, «además de suponer un gran coste, estimado en más de 3.000 millones de euros, y generar un alto impacto ambiental, no sería sostenible, ni rentable según el análisis de costes y beneficios del informe encargado por la Comisión Europea».