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Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

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Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

Elecciones 28-A: Medidas para bajar la factura de la luz y cómo afrontar la expansión del autoconsumo de energía eléctrica

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Javier Angulo.- El Gobierno del PSOE suspendió en octubre durante 6 meses el impuesto del 7% que pagan todos los generadores de energía eléctrica. Esta carga fiscal ha vuelto en abril y, a pesar de que la ministra Teresa Ribera justificó el estar a las puertas de las elecciones para no prorrogar esta suspensión, nada recoge su programa electoral sobre este impuesto.

Por eso sorprende la ausencia en el programa socialista de medidas con un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. La baza a jugar por los socialistas, en una hipotética legislatura completa de Gobierno de Pedro Sánchez, es acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. De esta forma, el PSOE compromete una fórmula “que traslade eficazmente” al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa comunitaria esta intervención socialista en el mercado eléctrico mediante su reforma.

Donde el PSOE ha actuado con más decisión es en la regulación del autoconsumo de energía para favorecer su expansión. Lo hizo en octubre eliminando los cargos al autoconsumo, el conocido como impuesto al Sol. Y ha sido en abril, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de autoconsumo en uno de sus viernes sociales. Mediante este decreto, se habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida por parte de la comercializadora eléctrica.

No parece que el PP vaya a recuperar la normativa que gravaba al autoconsumo conectado a la red eléctrica, a tenor de lo expuesto en su programa electoral. Es más, otra medida impulsada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el impuesto del 7% a la generación eléctrica, es ahora expresamente rechazada. Los populares se comprometen a eliminar específicamente este impuesto y afirman que trabajarán en políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Asimismo, el PP recalca que priorizará las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible. En este sentido, creen firmemente que serán útiles las interconexiones para crear un mercado interior europeo de la energía.

Quién sí propone un cambio revolucionario es Unidas Podemos, con la creación de una empresa pública de energía. Esta futura empresa, que lideraría también la instalación de más energías renovables, tendría el cometido de transformar el mercado eléctrico e ir hacia un recibo de la electricidad más bajo. Los de Pablo Iglesias consideran que “la estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más”. Por ello, se comprometen a que el término fijo no sea superior al 25% de la factura. Por otro lado, en lo que respecta a la energía consumida, Unidos Podemos promete que los primeros kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche.

Pablo Iglesias contra las eléctricas

También tendría un impacto en la factura de los consumidores vulnerables bajar el tipo de IVA al 10% para todos sus suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). Asimismo, la formación morada anuncia que no se acometerán proyectos sobredimensionados de infraestructuras energéticas y comprometen una vez más una auditoría de costes del sector eléctrico. En este sentido, los de Pablo Iglesias arremeten nuevamente contra las empresas energéticas, a las que tachan de “oligopolio”, y prometen eliminar sus “privilegios”. Para ello cuentan con intervenir el mercado eléctrico para que el precio lo marquen las renovables, que tendrían una retribución estable aparte, y acabar con el sistema marginalista, así como con establecer un cargo a la que consideran sobrerretribución de centrales hidroeléctricas y nucleares.

Vinculado a la reforma del mercado eléctrico y al autoconsumo, desde Unidas Podemos aseguran que incentivarían la compra de electricidad a las instalaciones renovables ciudadanas. De hecho, también prometen una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido.

Quién sí se atreve a fijar un objetivo de reducción en la factura de la luz es Ciudadanos. Los de Albert Rivera se ven capaces de bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestosy la introducción de mayor competencia en el mercado eléctrico. Para ello se proponen dos vías: por un lado, Ciudadanos asegura que limpiará la tarifa eléctrica eliminando los costes “heredados de la nefasta gestión del PP y del PSOE”, con una senda de reducción del déficit tarifario acumulado y de los costes políticos. Por otro lado, los naranjas premiarán la eficiencia en el consumo con precios más reducidos para los que moderen su demanda.

Desde Vox también apuestan por reducir los impuestos y los costes regulados de la factura de la luz. Y se ven con capacidad para ajustar los costes del sistema eléctrico en 1.000 millones de euros. Asimismo, los de Santiago Abascal advierten que la fuerte penetración de energías renovables, con bajos costes variables, provocará un abaratamiento aparente del precio de la energía eléctrica con facturas con un alto coste fijo y bajo coste variable. A juicio de Vox, esta estructura tarifaria llevaría inevitablemente a la pérdida de la eficiencia, sin penalizar a los que derrochan, y, adicionalmente, encarecería la factura a las familias de renta baja.

Por ello, desde Vox proponen definir tarifas e impuestos que graven el consumo para no elevar la parte fija de la tarifa. Asimismo, la formación conservadora muestra su preocupación con el autoconsumo y se muestra partidario de imponer cargas a los que optan por esta modalidad para que financien las redes, pero de una forma diferente a la del PP. Vox quiere que los consumidores afronten una tarifa de acceso a la red por tramos de consumo, que establezca descuentos para los primeros KWh consumidos, mientras que los autoconsumidores no tendrían derecho a este descuento.

Elecciones 28-A: Eficiencia energética, rehabilitación de edificios y medidas de apoyo al consumidor doméstico vulnerable y a la industria electrointensiva

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Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.

Elecciones 28-A: Propuestas para transformar la movilidad hacia la descarbonización

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Javier Angulo.- La transición a una movilidad sin emisiones es uno de los mayores retos que presenta la descarbonización de la economía. En este sentido, la apuesta por el coche eléctrico es transversal en los programas de los diferentes partidos políticos, pero no es la única. Precisamente quién lo fía todo a la movilidad eléctrica parece ser el PSOE. El partido gobernante presume en su programa del paquete normativo de Energía y Clima que ha presentado en los últimos meses de legislatura.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se propone una creciente electrificación del sector del transporte, estableciendo obligaciones de instalación de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, uno de los puntos más controvertidos por la inversión que exigiría a corto plazo a los empresarios de gasolineras. Asimismo, el PSOE plantea una Estrategia de Movilidad Sostenible que incentive un transporte menos contaminante en los municipios.

Ni una palabra de los socialistas sobre el diésel y el establecimiento de plazos para prohibir los vehículos de combustión. Unos plazos que sí menciona el programa electoral del PP, para rechazarlos de plano y apostar por la libertad de los ciudadanos para elegir su medio de transporte. A juicio de los populares, “debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”. Por ello los de Pablo Casado centran su apuesta en cambiar la fiscalidad para promover la renovación del parque móvil. Más en concreto, el PP habla de reformar el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos y vincularlo a sus emisiones y su consumo energético.

En cuanto al apoyo a los vehículos alternativos, el PP se compromete a impulsar la movilidad eléctrica con una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas para vehículos por todo el territorio nacional. Además, también ofrece recursos para apoyar las inversiones en I+D+i y ampliar las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y la financiación de estos vehículos. A nivel municipal, también prometen avanzar en la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones.

Quién sí se ofrece a poner cifras concretas sobre la mesa es Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren elevar hasta el 25% para 2025 la cuota de mercado de los coches eléctricos o los que funcionen con tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Un objetivo extremadamente ambicioso frente al 6,6% de cuota de mercado que alcanzaron estos vehículos en 2018 en conjunto con los híbridos. Y no hay que olvidar que los vehículos que utilizan gas quedarían fuera de los cálculos de Unidas Podemos, que pretende transformar ese hipotético 25% en un 70% en 2030 como paso previo al 100% en 2040 para cumplir con el Horizonte Verde prometido.

Para conseguirlo, Unidas Podemos contempla implementar ayudas a la compra de vehículos alternativos, apartado en el que los híbridos también recibirán apoyo económico:en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15% y el 20% del precio de adquisición. Asimismo, apuestan por crear una red inteligente de infraestructuras de recarga diseñada desde la empresa pública de energía que la formación morada pretende crear y que tendría un protagonismo creciente en la gestión de las redes de distribución. Donde sí apuestan por la colaboración entre el sector público y privado es en aunar esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías de baterías, vitales para un sistema eléctrico sustentado cada vez más por energías renovables y para el propio funcionamiento del vehículo eléctrico.

Precisamente una de las apuestas más decididas del programa electoral de Ciudadanos es incrementar el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. Asimismo, tres compromisos se reparten el protagonismo en su ambición por una movilidad sin contaminación: incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes, impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y conseguir un transporte público renovado que sea 100% sostenible.

Quién presenta una hoja de ruta para la movilidad bastante diferenciada es Vox. Los de Santiago Abascal apuestan por un Plan de ayuda para renovación del parque de vehículos. En este sentido, apuestan por impulsar la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos, cualquier tipo de propulsión. Para ello contemplan incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo solo para vehículos eléctricos.

Para Vox, la movilidad eléctrica presenta dos interrogantes: por un lado, no ven que pueda ofrecer una alternativa en el segmento de los transportes pesados, por lo que para este tipo de vehículos apuestan por desarrollar modelos y motores más eficientes, así como por el uso del gas natural vehicular; por otro lado, piden actuar con precaución en el despliegue de puntos de recarga ya que el desarrollo de las baterías puede variar considerablemente la inversión que se estima necesaria en redes. Así, el programa de Vox resalta que el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia induciría unas elevadas inversiones en las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir

Esto no significa que Vox no contemple medidas para hacer más atractivos para el consumidor los coches eléctricos. Con esta intención los de Santiago Abascal proponen dejar exento del Impuesto sobre la Electricidad la recarga de energía de los vehículos eléctricos en los puntos de recarga. Junto a la propuesta para rebajar durante 5 años el IVA en la compra de vehículos eléctricos del 21% al 10%, desde Vox aseguran que esta exención permitirá reducir los costes asociados al uso de este tipo de vehículos, haciendo “más atractiva” su compra.

Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

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Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

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Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

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Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

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Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.