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Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.

Unidos Podemos denuncia que las partidas contra el cambio climático son “de las que más se reducen» en los Presupuestos

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EFE.- Unidos Podemos ha denunciado que la lucha contra el cambio climático es una de las partidas «que más se reducen» en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 a pesar «de los compromisos teóricos» ratificados, pasando «de los 27 a los 21 millones de euros».

Además, López de Uralde ha reclamado explicaciones acerca de las intenciones del Gobierno con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, estaría lista este año y, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no se podrá redactar hasta que haya una normativa europea aprobada sobre esta materia.

Por otro lado, el parlamentario conservacionista ha añadido que, según datos facilitados por España a la Unión Europea, en 2017 se registró un aumento de las emisiones, en concreto, «el primero en 7 años». Así, ha explicado que las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas en España «se dispararon más de un 10%» el año pasado, respecto a 2016, lo que, además, supone que la industria «acumule alrededor del 40% de todos los gases invernadero» en España. «Este dato suele marcar cada año el total del balance de emisiones, que España debe comunicar a la Unión Europea y a la ONU para cumplir con sus compromisos contra el calentamiento global», ha denunciado.

Pero, además, Unidos Podemos denuncia que el país se sitúa como «uno de los Estados europeos en los que más crecieron estos gases el pasado ejercicio«. Con estos datos sobre la mesa, que plantea la formación morada, López de Uralde ha recriminado al Gobierno que considere adecuado reducir las partidas en los Presupuestos en materia de «actuaciones para le prevención de la contaminación y el cambio climático». El portavoz ya se mostró muy crítico con las cuentas propuestas por el Ejecutivo para 2018. A su juicio, las partidas «van en contra del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático» y «alejan» a España «de la transición energética».

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

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Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

Podemos achaca a la «escasa voluntad política» del Gobierno los retrasos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos achaca los retrasos del Gobierno en la creación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a su «escasa voluntad política» así como a su «nulo compromiso» con este problema. En este sentido, la formación morada ha denunciado que el Ejecutivo anunció recientemente que el proyecto de ley de Cambio Climático se retrasa hasta que esté lista la normativa europea sobre este mismo tema.

Así lo aseguraba el ministro de Energía, Álvaro Nadal, alegando que en España siempre se han hecho las leyes así, transponiendo una norma aprobada por la Unión Europea, y que ahora no se iba a cambiar este procedimiento. Sus palabras sorprendieron, principalmente, porque la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró en varias ocasiones que la nueva Ley comenzaría a redactarse en 2018. Para Unidos Podemos, las palabras de Nadal «no tienen sentido», como tampoco lo tiene «esperar a una normativa europea, cuando hay países como Francia, Reino Unido o Suecia, que ya tienen sus Leyes de Cambio Climático».

«Incluso dentro del Estado, ante el vacío de legislación climática por parte del Gobierno, las comunidades autónomas han cogido la delantera, y ya hay leyes en Baleares o en Cataluña, en donde, según recuerdan, está recurrida por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el secretario general del grupo parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y su falta de compromiso «con los acuerdos internacionales ya firmados contra el cambio climático».

Por su parte, el portavoz de Cambio Climático de la formación, el diputado de Equo Juan López de Uralde, cree que «ya es imposible seguir mirando para otro lado o echar balones fuera» sobre este materia. En este sentido, recordó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía de que, «si se continúa con las políticas actuales, será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC».

El Ministerio de Energía prorroga hasta octubre el plazo para que los consumidores vulnerables renueven el bono social de electricidad

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EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido prorrogar 6 meses el plazo para solicitar el nuevo bono social de la electricidad, con lo que los consumidores que disfrutan actualmente de sus ventajas tendrán hasta el mes de octubre para pedir su incorporación al mismo. De este modo, según aclaró el departamento que dirige Álvaro Nadal, los consumidores acogidos al anterior bono social mantendrán los descuentos en sus facturas durante este período adicional.

El día concreto en el que vencerá el plazo para solicitarlo dependerá de la fecha de publicación de la orden ministerial que estipulará la prórroga, pero dado lo avanzado de la tramitación de la normativa será dentro de octubre, explican fuentes del Ministerio. La citada orden, que ya se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública, clarifica también algunos aspectos de los formularios de solicitud del bono social tras las consultas recibidas por los usuarios y compañías eléctricas.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico, en la oficina de la compañía o a través de su página web.

Podemos pide datos a Competencia

Por su parte, diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que piden a este organismo que publique el número de personas que habían solicitado la renovación del bono social a finales del mes de febrero. En la misiva, los parlamentarios Yolanda Díaz, Josep Vendrell y Lucía Martín piden también a Competencia que publique el número de personas acogidas al bono social antes de la entrada en vigor del real decreto que modificó la anterior regulación.

También solicita a la CNMC que los desglose por categorías de acceso y publique una comparativa entre los que había y los que hay ahora, así como un análisis y valoración de las campañas de difusión para la renovación del bono social, y los motivos que puedan explicar si finalmente hay un «descenso radical» del número de beneficiarios. Según indican los diputados en la carta, dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, si finalmente «el número de personas acogidas no se correspondiera con las personas ahora beneficiarias, estaríamos ante un escándalo mayúsculo».

Además, Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, en las que piden que diga si dispone de datos que indiquen que menos de medio millón de personas han renovado su derecho al bono social entre los más de dos millones que podrían hacerlo. Podemos también pregunta si recibió el Gobierno sugerencias para que se incorporara en el decreto la obligatoriedad de renovar el derecho a percibir el bono social y si considera que ha sido suficiente la publicidad realizada para informar de la obligatoriedad de renovarlo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si va a adoptar una medida de urgencia para que las personas que ya tienen derecho al bono social no tengan que renovarlo ante la deficiente campaña de publicidad y si se plantearían extender el plazo de renovaciones hasta el 31 de diciembre. También pregunta si el Gobierno considera que la normativa facilita la captación de clientes domésticos por parte de las comercializadoras en el mercado libre, tras los casos de traspaso sin consentimiento que ha habido de clientes de tarifa regulada al mercado libre, así como si va a introducir garantías para que no se corte el suministro a personas que no puedan pagar facturas.

Unidos Podemos propone no renovar las licencias de las centrales nucleares para poder cerrarlas en el año 2024

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Europa Press. – El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los diputados instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España. De esta manera, conforme vayan expirando las que están en vigor, todo se pretenderá cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.

Ejemplos de eso, lo tendríamos con la central de Almaraz (Cáceres) que cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.

Para este grupo político, «Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética». Por todo esto, Unidos Podemos pretende, también, actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para «garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)».

 

Terrenos que vuelvan a ser utilizados y «sin peligro»

Para la formación morada, «las instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original «pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente». La proposición ha sido firmada por Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible.

Por último, destacar que la iniciativa desea que se modifique la ley española para «establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, «garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales».

Unidos Podemos propone reformar el sistema de nombramientos del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para garantizar su independencia

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Europa Press.– Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que propone una «profunda reforma» en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano.

El texto recoge que los miembros del Consejo del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada. «El objetivo de esta proposición de ley es adaptar el organismo a la creciente demanda social en materia de transparencia, información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica», explicaron los firmantes de la iniciativa, el portavoz morado de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde, y el portavoz de Energía del mismo grupo, el diputado de En Comú, Josep Vendrell.

Los morados destacan que, en los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones «la progresiva pérdida de independencia» del CSN, y las limitaciones a la participación en cualquier proceso de decisión. Por ello, también plantean ampliar el derecho de acceso ciudadano a sus registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados, que tengan alguna implicación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siempre que dichos documentos no se encuentren en proceso de elaboración o conciernan a comunicaciones internas. Igualmente, piden que las sesiones plenarias del CSN, que actualmente son a puerta cerrada, seAn de carácter público.

López de Uralde se ha mostrado «convencido» de que «una mayor transparencia en las actividades del CSN redundará en más seguridad para las centrales«. «La participación ciudadana garantizaría en el largo plazo un seguimiento más riguroso de la seguridad nuclear”, ha explicado. Por su parte, Vendrell ha señalado que esta proposición de ley «pretende garantizar la plena independencia del CSN, evitando que el organismo regulador y supervisor esté al servicio de los intereses y las políticas del gobierno de turno«. El diputado ha insistido que «el CSN es un organismo fundamental para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica y en los últimos tiempos esa transparencia e independencia se han visto cuestionados por la actuación del presidente del CSN».

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

El Senado rechaza pedir el cierre de la nuclear de Cofrentes en 2021 porque el PSOE ve necesario el ATI

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y los votos a favor de Unidos Podemos y Compromis, una moción de Unidos Podemos para instar al Gobierno a cerrar y posteriormente desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando termine su actual permiso de funcionamiento en marzo de 2021.

Además, la moción también pedía al Gobierno que no autorizase la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos al considerar que es «innecesario» puesto que la central tiene capacidad de almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre. La propuesta reclamaba asimismo la aprobación de un Plan de cierre de centrales nucleares y su progresiva sustitución por fuentes renovables. En su argumentación, la formación morada repasa los sucesos notificados de la planta valenciana y asegura que Cofrentes está envejecida y es propensa a incidentes, además de ser «absolutamente prescindible».

Respecto al ATI, considera la moción que se trata de una «palpable demostración del fracaso en la gestión de los residuos nucleares» en España y asegura que la instalación es «innecesaria«. Asimismo, el senador de Esquerra Republicana, Xavier Castellana, reclamó la transferencia de las competencias nucleares al «País Valenciá» y la creación de una oficina de seguridad nuclear dependiente de la Generalitat Valenciana que supervise «cualquier» central en ese territorio.

Por su parte, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, justificó la abstención de su grupo parlamentario porque «estando de acuerdo en el fondo» y a pesar de coincidir en su voluntad de cierre de la central nuclear valenciana, discrepa de la moción en cuanto a que considera imprescindible y urgente construir el ATI de residuos nucleares de la planta.